REFORMA TRIBUTARIA DE PETRO, ¿"UNA REFORMA DE JUSTICIA SOCIAL Y EQUIDAD"?

Álvaro Roslik

El Gobierno de Gustavo Petro presentó la reforma tributaria con la que pretende recaudar para el desarrollo de la agenda social de cambios propuesta en su campaña política. El economista Manuel Martínez explica a Sputnik el énfasis de las medidas en el combate a la evasión impositiva de los sectores acomodados y una política de 'impuestos verdes'.

El lunes 8 de agosto, a menos de 24 horas de la toma de posesión del cargo de presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro despachó a través de su ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, un proyecto de reforma tributaria enfocada en financiar los programas sociales orientados a la población más vulnerable y las capas sociales medias del país.

La reforma tributaria pretende recaudar ingresos por alrededor de 26.000 millones de dólares en 2023, equivalente a un 1,8% del PIB colombiano. El ministro Ocampo la definió como "una forma de hacer más equitativo nuestro sistema tributario y combatir la evasión para generar recursos para una política en favor de los sectores menos favorecidos".

El presidente Petro explicó durante la ceremonia de cambio de mando que el trasfondo de la nueva reforma tributaria es "simplemente el pago solidario que alguien afortunado hace a una sociedad que le permite y le garantiza la fortuna", y que llevar "una parte de la riqueza de las personas que más tienen y más ganan, para abrirles las puertas de la educación a toda la niñez y la juventud, no debe ser mirado como un castigo o un sacrificio".

Según el economista de la Universidad Nacional de Colombia Manuel Martínez, el propósito fundamental de la reforma de Petro "es la reducción de la deuda social histórica que se ha tenido con la población vulnerable, con la población más pobre de Colombia", y que "contribuya fundamentalmente a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema y una reducción en la desigualdad de ingresos".

"La igualdad es posible si somos capaces de crear riqueza para todos y todas, y si somos capaces de distribuirla más justamente. Por eso proponemos una economía basada en la producción, el trabajo y el conocimiento. Y es por ello por lo que proponemos una reforma tributaria que genere justicia", afirmó el nuevo jefe de Estado colombiano en su discurso de posesión del cargo.

El impacto fiscal de la reforma tributaria en términos redistributivos reduciría la pobreza, según Martínez, en un 4,9% y la pobreza extrema un 4,8%. "Colombia, recordemos, tiene una de las pobrezas más altas de América Latina; después de la pandemia, no se recuperó lo suficiente".

"Es una reforma que realmente busca redistribuir el ingreso a partir de cobrar impuestos efectivamente, al 2,4% de los más ricos de Colombia, que son los que ganan más de 10 millones de pesos [2.300 dólares], de salario o ingresos mensuales".

"Colombia tendría un coeficiente de Gini [medición de la desigualdad a partir de la desigualdad de ingresos en una población] por debajo del 0,50 por primera vez en la historia", afirma Martínez.

La reforma busca "hacerle pagar a los de mayores ingresos, los impuestos correspondientes que tendrían que pagar", porque en Colombia, "las personas del 1% de la población más rica no estaban pagando los impuestos que tenían que pagar, porque habían deducciones, todo tipo de erosiones tributarias", destacó el economista de la Universidad Nacional de Colombia.

Una de las estrategias recaudatorias planteadas en el proyecto de reforma tributaria es la unificación de todos los ingresos de las personas naturales, sean ganancias ocasionales, dividendos, rentas u otros.

Además de mantener una sobretasa de impuestos de renta del 3% por encima del impuesto de renta general, se crearán impuestos orientados a la lucha contra el cambio climático, específicamente a las empresas del sector minero y energético. "Las que exportan carbón y petróleo, se les va a poner un impuesto a las exportaciones del 10% por encima de un umbral que se determina a partir de precios históricos".

El principal objetivo es que esos sectores sean los que paguen de alguna forma la transición energética, la reducción de las desigualdades, los programas sociales, "y además se avance y acelere el proceso de transformación productiva hacia sectores industriales, agropecuarios y dejar de depender tanto de las rentas petroleras y de carbón", subraya Martínez.

A las zonas francas, "se les va a poner un programa de internacionalización, porque hay empresas que se aprovechan del beneficio tributario, pero no exportan, entonces se les va a poner unos requisitos de desempeño en términos de exportación".

"Se buscará facilitarle a las pymes [pequeñas y medianas empresas] que puedan pagar impuestos incluso menores en algunos sectores, sobre todos los que tienen que ver con educación, salud, cultura, como sectores estratégicos y con impacto social van a ser sectores que tendrán más facilidades para pagar sus impuestos y formalizarse, entre otras", complementa el economista.

El proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo colombiano entra a trámite ordinario en el Congreso de la República y tiene que hacer todo el trámite legislativo tanto en el Senado como en Cámara, en las comisiones económicas.

Colombia tiene una larga tradición de reformas tributarias, pero según Martínez, la importancia de la reforma de Petro recae en la población objetiva a la cual se busca beneficiar a partir de los impuestos específicos comprendidos en ella.

"Es una reforma que a diferencia de todas las otras reformas tributarias, porque Colombia tenía la tradición de presentar una reforma cada año y medio, es que eran reformas orientadas a aumentar los impuestos cada vez más a las clases medias y a los pobres", lo que se convirtió en uno de los ejes de la revuelta popular que tuvo lugar entre el 28 de abril y el 15 de junio de 2021, lamenta Martínez.

"La oposición se opondrá en algunos aspectos". Por primera vez, "va a ser una reforma que protege a los trabajadores, y que pone a pagar principalmente a los más ricos, a las empresas de carbón y petróleo y al sector financiero". Ese es el objetivo de la reforma y "ellos serán quienes se van a oponer por supuesto, pero va a quedar en evidencia quiénes han sido históricamente los congresistas que han apoyado con lobby parlamentario a esos sectores específicos", apunta el economista.

"La sociedad que está movilizada, que está en la calle, que el domingo salió masivamente a acompañar la posesión de Petro y de Francia Márquez, evidentemente se va a sentir respaldada por esta reforma tributaria porque es una reforma de justicia social y que busca la equidad por medio de la redistribución del ingreso, cobrándole a los que más tienen para poder financiar los programas sociales a los que menos tienen", concluye Martínez.

"Seremos iguales cuando el que más tiene al pagar sus impuestos lo haga con gusto, con orgullo, sabedor que ayudará a su prójimo, niño, niña, bebé, joven, mujer, a crecer sano, a pensar, a vivir con la plenitud que da la nutrición y la educación del cerebro y del alma", manifestó Gustavo Petro, primer presidente de izquierda colombiano de la historia, durante la ceremonia de asunción presidencial en la Plaza Simón Bolívar de Bogotá el pasado domingo 7 de agosto.

El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, radicó el articulado este lunes. Estos son los ejes principales del proyecto.

Presentación de la reforma tributaria ante el Congreso. Archivo Portafolio

PORTAFOLIO

El proyecto de ley de reforma tributaria para la Igualdad y la Justicia Social, como fue llamado el articulado por parte del Gobierno de Gustavo Petro, fue radicado este lunes 8 de agosto para su socialización y análisis.

En términos generales, la iniciativa que se debatirá en el Congreso de la República, propone limitar los beneficios tributarios para las personas que tengan ingresos superiores a los diez millones de pesos mensuales, y que, según cálculos del Gobierno, tan solo representan el dos por ciento de la población.

- En este renglón se unificarán todas las rentas y a partir de esta medida el contribuyente pagará de la misma manera por ganancias ocasionales y dividendos como hoy en día lo hace por ingresos laborales.

- Un trabajador que gane menos de $10 millones no pagará más impuestos.

- Por su parte, las personas con patrimonios superiores a los $3.000 millones pagarán una tasa que arranca en 0,5%. Aquellos con patrimonios superiores a los $5.000 millones pagarán el uno por ciento.

“Este proyecto de reforma tributaria tiene como objeto avanzar fundamentalmente en dos dimensiones: primero, en disminuir las exenciones inequitativas de las que gozan las personas naturales de más altos ingresos y algunas empresas, así como cerrar caminos para la evasión y la elusión tributaria; y segundo, en lograr la consecución suficiente de recursos para financiar el fortalecimiento del sistema de protección social. Lo anterior se alcanza a través de ajustes al sistema tributario, que permiten avanzar en materia de progresividad, equidad, justicia, simplicidad y eficiencia”, señala la iniciativa radicada ante la Presidencia de la Cámara de Representantes.

- La iniciativa ofrece, además, nuevas herramientas a la administración tributaria para hacer un mayor control a la evasión en Colombia, pues según diversos estudios en el país, la evasión puede superar los $50 billones. Las normas antievasión se complementarán con un avance adicional en la modernización de la Dian.

- La propuesta no contempla un incremento a los impuestos que paga el aparato productivo nacional, pero si se limitarán los beneficios tributarios.

. En línea con políticas internacionales, la iniciativa permitirá redistribuir los beneficios que generan los altos precios del petróleo, el carbón y el oro. Para ello se establece un impuesto a la exportación de estos productos equivalente al 10% del exceso sobre un precio base.

Es decir, si el precio del petróleo es de US$95 por barril y el precio de referencia (que fije la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH) es de US$48, el impuesto aproximado es del 4,6% a las exportaciones extraordinarias.

- El proyecto incluye los impuestos a las emisiones de carbono y de salud pública es decir los que cobijan a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultra procesados.

Hay que señalar que el impuesto al carbono recae sobre el contenido de carbono equivalente de todos los combustibles fósiles incluyendo los derivados del petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados para combustión.

Sumado a ello, no se permitirá la deducción de regalías del Impuesto Sobre la Renta. Lo anterior, porque las regalías son pagos que hacen las empresas por la explotación de una propiedad de la Nación.

Además de proponer la eliminación de los tres días sin IVA, se pone sobre la mesa la necesidad de cobrar este tributo cuando ingresen al territorio nacional bienes, cuyo valor incluso esté por debajo de los US$200 y provengan de países con los que Colombia no tiene Tratados de Libre Comercio vigentes. Esto implica que los bienes originarios de Estados Unidos exentos de este tributo, pero no los que no se producen en ese país.

PORTAFOLIO

Progresiva por el aumento de la renta y del patrimonio, pero con riesgo de afectar más a personas de pocos ingresos en su consumo, la propuesta de cambio fiscal podría tener un impacto mixto que acabará dependiendo de en qué se gaste la recaudación adicional

JORGE GALINDO

Fue una fallida reforma tributaria lo que definió el momento más crítico al anterior gobierno, el de Iván Duque: la práctica totalidad de su capital político (ya para entonces en disminución según las encuestas de aprobación presidencial) se disolvió tanto en su presentación como en la ola de protestas que generó. La prisa que se ha dado José Antonio Ocampo en presentar su propuesta, solo un día después de haber tomado posesión como Ministro de Finanzas, parece heredera del recuerdo de lo que entonces sucedió: el Ejecutivo entrante estrena capital político en una reforma que siempre resulta inevitablemente polémica, presentándola como progresiva, destinada a incrementar la solidaridad y la “justicia social” en Colombia. A tal efecto, su principal carta de presentación es el aumento de la tasa efectiva de impuesto sobre la renta (lo que al final se paga de los ingresos obtenidos, después de tener en cuenta normas, exenciones y deducciones varias) para las rentas de 10 millones de pesos en adelante: alrededor de 500.000 declarantes (entre los casi 40 millones de colombianos que hay mayores de 15 años) estarán aportando una proporción mayor de lo que ganan al fondo común.

Efectivamente, este resultado (que por ahora es apenas una estimación con datos de años anteriores) sería nítidamente progresivo, y con ello Ocampo espera introducir una primera diferencia con la fallida reforma Carrasquilla, que le fiaba más peso en la recaudación al impuesto sobre las ventas (de naturaleza menos progresiva al ser una tasa común a todos los individuos independientemente de su ingreso) y a una ampliación de la base de cotización a personas de ingreso medio. Este último elemento se quedaría fuera de la nueva reforma, y su ausencia indica tanto un posible cálculo político (hay muchos más votantes que ganan 3 o 4 millones de los que ganan 10 o 12) como una deuda adquirida con el futuro: el incremento de la presión fiscal sobre las rentas altas tiene un límite mucho más fácil de alcanzar que aumentos marginales sobre las clases medias, que con pocos puntos porcentuales permiten recaudar, en agregado, un volumen mayor.

La otra gran defensa del espíritu progresivo de la reforma que esgrime este gobierno es la introducción de un impuesto al patrimonio permanente, para aquellos declarantes con más de 3.000 millones de pesos en capital de cualquier tipo (también inmobiliario). En un cálculo grosero a partir de la World Inequality Database, resulta que esto afectaría a menos del 10% de los colombianos y a más del 1%, con lo que, efectivamente, queda poca duda sobre la progresividad de esta potencial medida.

Ahora bien: la reforma también incluye dos medidas que podrían resultar regresivas en el corto plazo, y ambas de calado. La propuesta de imponer tasas sobre las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados traen el riesgo de afectar más a los hogares de menor ingreso. La aproximación que el Departamento Nacional de Estadística (DANE) hace a la canasta de la compra de cada hogar según su nivel de ingreso (por orden de menor a mayor: pobre, vulnerable, clase media o ingresos elevados), y que reformuló en 2019 con la información de la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares, indica que los pobres y vulnerables dedican más del doble de su canasta que las personas ingresos altos a este tipo de bienes.

En consecuencia, un impuesto de alrededor de un 10% sobre ultraprocesados (esa es la cifra mencionada en la presentación inicial del Ministerio de Hacienda) o similar para las azucaradas (que resultaría de asignar un punto porcentual por gramo de azúcar en cada 100 mililitros) terminaría suponiendo un impacto sensiblemente más importante en el bolsillo de los hogares que menos pueden soportarlo. No sucedería así, por cierto, con un eventual incremento sobre los combustibles, que por ahora se restringe a eliminación de exenciones en regiones frontera del país: el gasto en gasolina es mayor en los hogares de más ingreso, haciendo este tipo de gravamen menos regresivo.

Tanto una eventual imposición sobre la gasolina como las tasas a bebidas azucaradas, ultraprocesados o a las emisiones del CO2 (también mencionadas en la propuesta) descansan sobre un intento de reducir los problemas que crean ciertos productos; esto es, su espíritu es el de crear más bienestar a través de desincentivar ciertos consumos específicos. En jerga económica se diría que el precio de estos bienes debe incorporar sus externalidades negativas. El impacto inevitable es su aumento, que en un contexto inflacionario como el actual podría tener consecuencias particularmente perniciosas a contemplar, en tanto que la inflación también termina por afectar de manera desproporcionada a los hogares de menor ingreso.

El balance de la propuesta de Ocampo, por ahora mixto a la luz de estos datos, no estará completo en cualquier caso hasta que no se conozca el patrón de inversión del gobierno de Gustavo Petro. La otra cara inevitable de la recaudación es el gasto: en educación para los más necesitados o en favorecer a industrias amigas; en ampliación de la cobertura de pensiones para las rentas bajas o en nuevos programas públicos de dudosa eficacia; en transferencias y rentas mínimas o en prebendas regionalmente repartidas de cara a las elecciones de 2023. Es en esas partidas donde se suele jugar la progresividad real de cualquier acción fiscal.

En su primera acción legislativa, el nuevo gobierno de Colombia resalta su apuesta por el medio ambiente y manda un mensaje de tranquilidad a los mercados

JUAN ESTEBAN LEWIN

La reforma fiscal que presentó este lunes el Ministro de Hacienda del Gobierno de Gustavo Petro, José Antonio Ocampo, es el primer acto concreto del nuevo presidente de Colombia. Sus 69 artículos no cambian la estructura del sistema tributario, pero sí muestran los énfasis de la política económica que tendrá el primer gobierno elegido por la izquierda y dan claves para interpretar las palabras de Petro en su discurso inaugural de este domingo: “Los impuestos no serán confiscatorios, simplemente serán justos, en un país que debe reconocer como aberración la enorme desigualdad social en la que vivimos”.

Si uno de los temores frente a un gobierno encabezado por Gustavo Petro es un desmadre fiscal, el mensaje de la reforma es que no tiene fundamento. Solo presentar un proyecto de subir impuestos o quitar alivios tributarios, y para aumentar el recaudo total, es una primera señal en ese sentido.

En este caso, además, el documento presentado al Congreso es explícito en este objetivo: una de sus cinco secciones “exalta la estabilidad fiscal como un pilar inequívoco para lograr la provisión sostenida de bienes públicos”, como se lee en su introducción.

María del Pilar López-Uribe, profesora asociada en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, resalta que el ministro Ocampo dijo el lunes que el Gobierno está comprometido a cumplir la regla fiscal, es decir, a no gastar más de lo que le permite la ley. “Esta es una buena señal para las calificadoras de riesgo, pero está el otro lado de la moneda que es el lado del gasto, del cual no sabemos mucho todavía. Y eso es igual de importante para las calificadoras de riesgo”.

El discurso de posesión de Petro, las palabras de Ocampo al radicar el proyecto y el documento que lo presenta oficialmente como “Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social”, la exposición de motivos, coinciden en que se trata de una reforma que busca reducir la desigualdad tanto porque financiará gasto social, como porque se concentra en las personas de mayores ingresos. “Este proyecto de reforma tributaria tiene como objeto avanzar fundamentalmente en dos dimensiones. Primero, en disminuir las exenciones inequitativas de las que gozan las personas naturales de más altos ingresos”, dice la exposición de motivos.

Sin embargo, el grueso del dinero recaudado vendrá de empresas: en los cálculos que presenta la propia exposición de motivos, los impuestos a las personas más ricas suman el 0,56% del PIB en 2023, mientras los diferentes ajustes a las empresas generales suman 1,01%.

Eso no significa que no haya énfasis en las personas de mayores ingresos: aumenta los impuestos a todos quienes reciben al mes más de 10 millones de pesos, poco más de 2 mil dólares. Lo hace por ejemplo poniendo a pagar renta a las pensiones desde ese valor, aumentando las tarifas de ese mismo impuesto a otros ingresos desde ese monto, y bajando los techos de los valores que se pueden restar al calcular el impuesto, como ahorros para vivienda. Además, busca hacer permanente el impuesto al patrimonio, que hoy es temporal y solo aplicaría a quienes tienen un patrimonio por 3 mil millones de pesos (unos 700 mil dólares) o más.

La reforma refleja varios de los ejes del discurso de Petro y de la nueva ola de izquierda latinoamericana, que se suman a la lucha contra la desigualdad que es el mascarón de proa del proyecto.

Uno de esos ejes es el ambiente, un asunto que ha estado entre las prioridades de Petro desde hace un cuarto de siglo, y que fue uno de los diez puntos del decálogo de gobierno que presentó en su discurso inaugural: “Protegeré nuestro suelo y subsuelo, nuestros mares y ríos. Nuestro aire y cielo”. El proyecto de reforma tributaria lo refleja al crear un impuesto a los plásticos de uso único y al aumentar el ya existente impuesto al carbono.

Otro de los puntos es la salud, como parte de una preocupación más amplia por la función del Estado en el bienestar de los demás. Esa mirada está en la propuesta de reforma a la salud de su ministra, Carolina Corcho, que busca aumentar la función estatal en la protección de la salud y Petro aludió a ella en otro punto de su decálogo: “Somos una sociedad solidaria, que se preocupa y ocupa del prójimo. Que su Gobierno también lo sea”, dijo. Al respecto, la reforma crea impuestos específicos para la venta de bebidas azucaradas y de alimentos ultraprocesados, que buscan más proteger la salud que lograr recaudo. “Esto no es para generar plata, el recaudo ideal de estos impuestos es cero” dijo Ocampo este lunes, al explicar el proyoroecto.

El tercer punto, el más ajeno a una reforma impositiva, es el de la igualdad de género, después de que Petro prometió, en su decálogo, gobernar “con y para las mujeres de Colombia”. El penúltimo artículo de la reforma tiene justamente esa mirada. Le ordena a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la administración tributaria, definir qué información se debe incluir en las declaraciones fiscales para hacer estudios y “proponer disminuciones de inequidades estructurales”

Si bien la reforma en general no se enfoca en aumentar impuestos a las empresas, revela una mirada diferenciada a distintos sectores, algo propio de un Gobierno que defiende una política económica que busque impulsar unos sectores y descansar los ingresos del Estado en otros.

De un lado, por los impuestos saludables o ambientales, la industria de plásticos o los productores de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados tendrán una carga adicional. Por otro, sectores beneficiados por exenciones como el hotelero o la llamada “economía naranja” perderían ese sitial privilegiado. Y, por último, el sector financiero tendría una carga adicional: pagaría un 3% más en impuesto de renta que cualquier otro, algo que creó el Gobierno Duque como un apoyo temporal por la crisis económica, y que la reforma de Petro propone mantener de forma definitiva.

A lo largo de su campaña presidencial, Petro hizo gran énfasis en la necesidad de modificar la estructura económica para dejar de depender de la extracción de productos básicos, y especialmente de los hidrocarburos y el carbón. Eso se refleja en la reforma, por ejemplo al prohibir que se reste en el impuesto de renta el pago de las regalías, el dinero que se hace al Estado por extraer bienes del subsuelo, que es estatal. Eso aumenta el impuesto que paga ese sector, y a eso se suma un impuesto nuevo del 10% de las exportaciones de petróleo crudo, oro y carbón cuando el valor de esos productos pase cierto umbral, que hoy sobrepasan de lejos. Por ejemplo, el umbral del crudo es de 48 dólares en el índice WTI, que hoy está en alrededor de 90 dólares.

El reto de esa lógica es que la reforma haría que los ingresos del Estado dependan más del sector que Petro busca reducir en tamaño e importancia, lo que aumentaría el tamaño del reto económico de la transición energética que ha planteado como una de sus banderas.