La estrategia militar no ha logrado detener la expansión de los grupos armados y recomienda al próximo gobierno de Gustavo Petro revisarla y proteger a los civiles
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Un informe de la ONU señala que al menos 562 defensores de la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos fueron asesinados en Colombia entre 2016 y 2021. Foto Afp / Archivo
Bogotá. Al menos 562 defensores de la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos fueron asesinados en Colombia entre 2016 y 2021, según un informe sobre violencia divulgado el martes por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los defensores continúan siendo blanco de grupos armados y en lo que va de 2022, la ONU ha verificado 22 asesinatos. Los principales responsables de los homicidios son los grupos armados ilegales que buscan el control del territorio para las economías ilícitas, dice el informe.
La violencia se ha agudizado en los últimos años en Colombia, pese a que en 2016 el Estado firmó un acuerdo de paz con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para detener cinco décadas de confrontaciones. Persisten otros grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC.
“En algunos lugares estos grupos parecen suplantar algunas de las funciones propias del Estado y regulan muchos aspectos de la vida comunitaria, incluso tomando decisiones en temas familiares o de justicia local”, aseguró Juliette De Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada ONU DH, durante la presentación del informe.
El informe concluye que la estrategia militar no ha logrado detener la expansión de los grupos armados y recomienda al próximo gobierno de Gustavo Petro revisarla y proteger a los civiles.
Para reducir y luego eliminar a los grupos armados ilegales, la ONU recomienda implementar una “política eficaz de desmantelamiento” concertada con la sociedad civil, el desarrollo de una estrategia de sometimiento colectivo y considerar ” genuinamente” el llamado de las poblaciones afectadas por la violencia que piden acuerdos humanitarios o de paz.
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