PERÚ, SUMERGIDO EN EL CAOS

Con su popularidad diezmada e investigado por corrupción, solo intenta sobrevivir a un Congreso que se esfuerza por echarlo.

Clarín.com

Pedro Castillo cumple un año como presidente de Perú con su popularidad diezmada por la inestabilidad en su gestión e investigado por presunta corrupción, aunque en las zonas rurales se cree que la culpa no sólo es de Castillo, sino del Parlamento, aún más odiado, que buscó removerlo dos veces.

En el último pueblo de una vía de los Andes, a 153 kilómetros de la capital, donde aún se habla jaqaru, una lengua indígena en extinción diferente al quechua y que existía en tiempos de los Incas, María Acevedo, de 51 años, asegura que los ricos que siempre han dirigido los hilos del poder desde la capital "no dejan trabajar'' al primer presidente de origen rural en dos siglos de República.

"Queremos que llegue a los cinco años, que trabaje, que cumpla, ¿por qué lo van a botar?'', dijo la mujer que tenía un pañuelo amarrado en la cabeza y vestía un traje rojinegro, que usan las mujeres en su comunidad. "Queremos que aprenda, nadie entra a ser presidente sabiendo'', indicó Acevedo, dueña de una pequeña tienda de comestibles, con primaria incompleta y quien votó por Castillo.

Está preocupada por el alza de los precios de los alimentos y combustibles que han impulsado protestas en Sudamérica, incluyendo varias ciudades de Perú, pero -a diferencia de los pobres que viven en las colinas desérticas de la capital urbana de 10 millones de habitantes- Acevedo obtiene alimentos de sus cosechas de tubérculos, así como de la crianza de ganado y animales de granja.

Arnulfo Casas, un profesor jubilado de 70 años que trabajó décadas en la Amazonía y regresó a Tupe para cuidar a su mujer enferma, tiene más dudas.

Castillo "ha prometido muchas cosas, como cambios estructurales, mucha gente ha confiado, pero, actuando como presidente, tiene muchas deficiencias, eso hace que los compueblanos estén desconfiando'', dijo frente a su juguería, cuyos letreros están escritos en jaqaru, una lengua hablada por apenas medio millar de peruanos.

Casas se queja con amargura del Congreso. "Los partidos que han perdido no dejan trabajar (a Castillo), todo es oposición'', comentó el hombre que usa un sombrero negro. "La mayoría de los pobladores de la sierra y la selva queremos que Castillo legalmente continúe'', añadió.

Desde 2016 Perú vive en una crisis política caracterizada porque los Parlamentos y presidentes de turno buscan eliminarse por desacuerdos entre sí. En 2019 el presidente Martín Vizcarra (2018-2020) disolvió el Congreso y convocó elecciones legislativas.

En 2020 el nuevo Legislativo removió a Vizcarra. El nuevo presidente, Manuel Merino, duró menos de una semana y renunció por marchas que dejaron dos muertos y 200 heridos. Francisco Sagasti llegó al poder y tras nueve meses entregó el puesto a Castillo.

Este último ofreció luchar contra la corrupción, elevar los impuestos a las ganancias mineras, masificar el gas natural, reescribir la constitución y acabar con supuestos monopolios que elevan los precios del gas doméstico y las medicinas. También prometió que iba a seguir cobrando su sueldo de maestro y expulsar a delincuentes extranjeros en 72 horas luego de iniciada su gestión.

"En los diversos sectores sociales hay una serie de expectativas no cumplidas que han generado desilusión y un clima de descontento y desgaste'', dijo Rodrigo Gil, profesor de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

La frase "no más pobres en un país rico'' -que permitió a Castillo ganar por apenas 44.000 votos a Keiko Fujimori, hija del único exmandatario peruano preso por asesinato y corrupción- está escrita en un muro a la entrada de Tupe, pero ha comenzado a borrarse tras un año, igual que la popularidad del mandatario, que ha caído de 38% a 19%, según los sondeos del Instituto de Estudios Peruanos.

El Parlamento es más impopular. Tiene 85% de rechazo, 12% de aprobación y 3% de indecisos, según la misma encuesta. El Congreso perdió tiempo y dinero investigando un supuesto fraude en las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Castillo.

Gastaron más de 55.000 dólares y 10 meses para elaborar un informe que se archivó. Intentaron destituir dos veces a Castillo por su presunta incapacidad moral, sin alcanzar los votos necesarios. Un audio de la presidenta del Parlamento, María Alva, filtrado a la prensa en junio, describe con groserías a Castillo.

"No quiere ir al Congreso, no tiene cómo defenderse, está solo y está cagado'', dijo Alva, quien reconoció su voz.

Castillo, de 52 años, afronta cinco investigaciones: cuatro por corrupción a cargo de la fiscal general, Liz Benavides, y una por el presunto plagio de su tesis de maestría en Psicología Educativa que fue presentada en 2012 en la provincia de Tacabamba, donde estudió y trabajó como profesor.

Es el primer presidente investigado en funciones. No sorprende en un país donde casi todos los exmandatarios de los últimos 40 años están indagados por corrupción o lavado de activos ligados a multinacionales, como la constructora brasileña Odebrecht. Uno se suicidó en 2019 antes de ser capturado por la policía y otro está detenido en Estados Unidos esperando una extradición.

"Algunos piensan que acá vamos a doblegar, a pesar de que se meten con tus hijos, con tus padres, con tu familia, en 11 meses no hay una sola prueba'', dijo Castillo en el sur y en referencia a las indagaciones dirigidas por la fiscal general, quien cuando asumió el cargo aseguró que irán "tras la investigación de cualquier acto delictivo ya sea del más poderoso o cualquier ciudadano común''.

La fiscal Benavides sospecha que el presidente sería líder de una red que recibía dinero de licitaciones de obras públicas. Castillo lo niega, pero su círculo de confianza señalado estuvo prófugo cuatro meses: su exsecretario, Bruno Pacheco, a quien la fiscalía halló 20.000 dólares en un baño de su oficina del palacio presidencial; su sobrino Fray Vásquez y el exministro de Transportes, Juan Silva.

El presidente dice que no llegó al poder para "meter las uñas'' en el tesoro público y que si le demuestran que "robó un centavo al país" pedirá cadena perpetua para sí mismo, su padre lo desheredará y también se someterá a la justicia campesina, que castiga a los ladrones con azotes en el trasero.

En febrero, en medio de una tercera ola de COVID-19, cambió a un ministro de Salud que impulsaba la vacunación por un médico que había promocionado un tipo de agua que supuestamente retrasaba el envejecimiento.

Tras el derrame de miles de barriles de petróleo frente al Pacífico, reemplazó a su ministro del Ambiente por un bachiller de geografía sin experiencia que renunció a los ocho días. Desde febrero, el ministerio de Agricultura ha visto pasar a cuatro secretarios pese a la extendida crisis por la escasez y encarecimiento de fertilizantes rusos debido a la guerra de Rusia en Ucrania.

Por los 19 ministerios del gobierno han pasado 58 secretarios en menos de un año, una marca en la historia nacional. Castillo ha juramentado a cuatro primeros ministros. Uno duró tres días luego que la prensa descubrió que tenía denuncias por violentar a su esposa e hija.

El Ministerio del Interior tiene un séptimo secretario porque el anterior, Mariano González, fue sacado a los 15 días tras organizar un grupo policial para buscar al entorno fugado del presidente.

Tras su remoción, González llamó "pobre diablo'' al primer ministro y confesó en una televisora que era un infiltrado que aceptó al cargo para "recuperar la democracia'' y que hará "lo necesario para que caiga Castillo''.

"Es realmente una aberración'', dijo a radio Exitosa el antecesor de Castillo, el expresidente Francisco Sagasti (2020-2021) en referencia a los cambios de ministros que paralizan las políticas públicas y generan incontables cambios en puestos intermedios y de base. Sagasti es el único ex mandatario sin investigaciones por corrupción que gobernó nueve meses.

Las redes sociales y los medios muestran los descuidos de Castillo, quien a veces se equivoca al leer discursos o suelta datos incorrectos. En Washington, durante un cita de la OEA en septiembre, dijo que en Perú habían muerto más de 215.000 personas por COVID -cuando la cifra de 199.000 fallecidos- y en abril se refirió a la guerra entre Rusia y Croacia, en vez de Ucrania.

Lo acusan de terrorista, los comparan con un burro o con el cómico mexicano Cantinflas. En una boda de Lima se presentó una parodia con un muñeco vestido como el presidente que es acribillado entre aplausos.

En la Feria Internacional del Libro de Lima 2022 se ha presentado un libro infantil llamado "El burrito que no quería ser presidente'', en cuya portada se ve a un jumento con banda presidencial y un sombrero similar al que usó el mandatario y es característico de los campesinos de los Andes.

Castillo ha confesado que no lee periódicos ni mira televisión porque "tienen su propia agenda''. Su difícil relación con los medios, sobre todo de Lima, empezó durante la campaña electoral que lo llevó al poder.

"En la campaña hicieron de todo conmigo'', recordó en enero. "Cuando yo salía a los medios de comunicación y decía `esto voy a hacer por el Perú', como candidato, me daba cuenta de que los periódicos y las pantallas al siguiente día nunca hablaban de lo que hablaba'', añadió.

La prensa local concentra sus reportes en los avances de las investigaciones fiscales sobre la presunta corrupción del mandatario y en seguir el debate de cuál es el mejor camino para reemplazar a Castillo.

El gobierno ha enviado un plan de ley para encarcelar con hasta cuatro años de cárcel a quien difunda investigaciones a nivel fiscal. La iniciativa es considerada un retroceso, según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

"Es un gobierno muy precario. Está concentrado en sacar el cuello fuera del agua y respirar día a día para sobrevivir, no tiene la capacidad de mirar el horizonte en el mediano y largo plazo para cuando venga el temporal, superarlo relativamente bien'', dijo el profesor universitario Gil.

Agencia AP

PB

Pedro Castillo Terrones, presidente de Perú.

POR CARLOS NORIEGA /

La derecha y los grupos dominantes en Perú le declararon la guerra al maestro rural desde el primer día

Ha sido una gestión dubitativa y con nombramientos de ministros sin capacidades para el cargo, lo que alimentó los ataques opositores. Ha habido cuatro gabinetes. La derecha parlamentaria ha intentado dos veces destituir al mandatario utilizando arbitrariamente la ambigua figura de la “incapacidad moral”.

Un año de esperanzas y desilusión, de expectativas y frustraciones, de incertidumbre, de maniobras desestabilizadoras desde una derecha golpista que no aceptó su derrota electoral, y de una sucesión de errores, inoperancia y escándalos de corrupción en el gobierno. Así ha sido el primer año del gobierno del maestro rural y sindicalista de izquierda Pedro Castillo Terrones, que se cumple este 28 de julio. Un año de polarización extrema en una guerra sin pausa entre el Ejecutivo y el Congreso controlado por la derecha, en el cual el fujimorismo y otros grupos de ultraderecha marcan la pauta. Un primer año de gobierno que abre un escenario de muchas dudas de que Castillo pueda terminar su presidencia.

La llegada al poder de Castillo, un campesino que viene de una de las zonas más pobres y excluidas del país, significó una reivindicación de las poblaciones andinas, rurales, de las provincias y los sectores populares históricamente marginados, que en las elecciones derrotaron a los grupos de poder económico y los sectores sociales y políticos dominantes concentrados en Lima que tuvieron como candidata a Keiko Fujimori.

Una reivindicación que llegó en el año del bicentenario de la independencia del país y que despertó la ilusión del inicio de un cambio histórico. La derecha y los grupos dominantes le declararon la guerra desde el primer día. Las esperanzas y expectativas con el nuevo gobierno de corte popular y reinvindicativo eran muchas, y el reto enorme. Pero Castillo no ha estado a la altura de ese reto. Con una gestión dubitativa, débil, sin convicción para implementar las promesas de cambio, que fueron abandonadas, una notoria carencia de reflejos y capacidades políticas para enfrentar la guerra declarada por la derecha, un entorno implicado en denuncias de corrupción, la insistencia en nombramientos de ministros sin capacidades para el cargo convertidos en presa fácil para los ataques opositores, y una vocación por el sectarismo y la división en el partido de gobierno, Castillo ha terminado, involuntariamente, jugando a favor de la derecha y su apuesta para desacreditar y destruir no solamente su gobierno, sino cualquier opción de cambio.

Ha sido un año convulsionado. Castillo inició su gestión convocando a otros sectores de izquierda para armar un frente progresista. Fue un buen comienzo. Pero duró poco. Desde su propio frente interno se encargaron de dinamitar esa alianza de gobierno. El secretario general del partido oficialista Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, empeñado en monopolizar el gobierno para su partido y para él mismo, se convirtió en el principal enemigo de ese frente progresista que le podía dar estabilidad al gobierno. Su prioridad fue atacar a los aliados de Castillo que no eran de su partido, para lo que no dudó en aliarse con la ultraderecha. El sectarismo de Cerrón, quien se declara marxista-leninista y le gusta usar un lenguaje de ultraizquierda pero hace pactos con la extrema derecha, sumado a las denuncias de corrupción que se comenzaron a conocer y el abandono de las promesas de cambio, terminaron en unos pocos meses con el frente progresista. Después vino la división en PL. Las ambiciones de poder de Cerrón lo han distanciado de Castillo. En votaciones últimas en el Congreso los legisladores cerronistas han votado de la mano con la derecha en contra del gobierno. Así, Castillo llega a su primer año en la presidencia cada vez más solo y aislado.

En este primer año de gobierno, Castillo ha tenido cuatro gabinetes ministeriales, todo un récord. Uno de sus jefes de gabinete fue un legislador de ultraderecha, que duró apenas unos días. Un nombramiento que revela la falta de convicciones de Castillo. Ha cambiado ministros una y otra vez. Una muestra de esa alta rotación son los siete ministros que en un año han pasado por el Ministerio del Interior. En sus primeros meses de gestión, los del frente progresista, Castillo pudo mostrar éxitos en la política económica y la campaña de vacunación contra la Covid-19, pero bajo la presión de Cerrón, y la guerra de la derecha, sacó a sus dos ministros más exitosos, los de Economía y Salud. El Ministerio de Economía pasó del reconocido economista de izquierda Pedro Francke, que impulsaba una reforma tributaria para aumentar los impuestos a las grandes empresas mineras y a la riqueza, a un tecnócrata neoliberal, el actual ministro Oscar Graham, que archivó esa reforma.

La derecha parlamentaria ha intentado dos veces destituir a Castillo utilizando arbitrariamente la ambigua figura de la “incapacidad moral”. En ambos casos fracasó en conseguir los dos tercios de los votos del Congreso unicameral para consumar el golpe parlamentario. Ahora esa derecha promueve dos acusaciones constitucionales contra el mandatario para destituirlo. Una es por el absurdo cargo de traición por haber declarado en una entrevista periodística su simpatía con facilitar una salida al mar a Bolivia. La otra es por cargos de corrupción que están en investigación. Para aprobar una acusación constitucional y remover al jefe de Estado por esa razón no se necesitan dos tercios de los votos sino solamente la mitad más uno de los 130 congresistas. Por eso la derecha apuesta ahora a esta vía. Y también pretende destituir por este mismo mecanismo a la vicepresidenta Dina Boluarte, para así despejar el terreno para capturar desde el Congreso el poder que perdió en las elecciones.

En un país donde los últimos presidentes están presos o procesados por corrupción, la aparición de una figura como Castillo, ajeno a la clase política, fue vista como una opción de cambio también en este terreno. Pero en esto Castillo también ha sido una decepción. Su entorno, incluidos su exsecretario personal, ministros y dos de sus sobrinos, están acusados de corrupción. Las denuncias de malos manejos en la asignación de obras públicas y el cobro de coimas en los ascensos policiales salpican a Castillo. El Presidente asegura inocencia. Las denuncias están en investigación en la Fiscalía.

Si a Castillo le ha ido mal en su primer año de gobierno, al Congreso opositor le ha ido peor. Según una encuesta de Ipsos de este mes, Castillo tiene un rechazo del 74 por ciento y una aprobación del 20 por ciento, mientras en el caso del Congreso controlado por la derecha el rechazo ciudadano se eleva a 79 por ciento y su aceptación baja a 14 por ciento. En este escenario, se escucha con cada vez más insistencia el “que se vayan todos”. Eso pasa por un adelanto de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Hay una pregunta que domina el debate político y las charlas en las calles al cumplirse el primer año del gobierno de Castillo: ¿Podrá el presidente terminar el mandato de cinco años para el que fue elegido? La insistencia en este interrogante es un reflejo de la debilidad de un gobierno que camina en la cornisa, amenazado por sus opositores que lo quieren hacer caer y por sus propias carencias y problemas internos. Las apuestas de si Castillo termina o no su gobierno no favorecen al presidente.

Página/12, Buenos Aires.