PERÚ: SE AGRAVA LA CRISIS POLÍTICA

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó un informe que acusa a Castillo de infracción constitucional por negarse a declarar ante esa comisión en una investigación por corrupción.

Se agrava la crisis en el gobierno de Pedro Castillo. A menos de un mes de que el profesor rural y sindicalista que llegó al poder como candidato de la izquierda cumpla su primer año en la presidencia, la derecha, que desde el primer día del gobierno ha apostado al golpismo, acelera sus planes para destituirlo y asaltar el poder desde el Congreso que controla. La inestabilidad del gobierno se acentúa, por las maniobras desestabilizadoras de la derecha, que en sus planes golpistas tiene el apoyo de los grandes medios, pero también por responsabilidad de una gestión presidencial que se ha alejado de sus propuestas de cambio, deambula en la inoperancia y la falta de rumbo, está salpicada por denuncias de corrupción, suma errores y nombramientos fallidos, y se debilita desde dentro por actitudes sectarias y divisiones en el partido de gobierno.

En una nueva ofensiva contra el gobierno, la derecha parlamentaria busca inhabilitar al presidente y a la vicepresidenta, Dina Boluarte, sacándolos de sus cargos para así tomar el poder. Si ambos caen, la jefatura del gobierno la asumiría quien en ese momento ejerza la presidencia del Congreso -ahora el cargo está en manos de la legisladora del partido Acción Popular María del Carmen Alva, muy cercana al fujimorismo y otros sectores de ultraderecha, aunque en la última semana de este mes se debe renovar la mesa directiva del Parlamento, la que sin duda seguirá en manos de la derecha-, con lo que el golpe impulsado por la extrema derecha quedaría consumado.

Como parte de ese plan, hace unos días la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por el fujimorista Héctor Ventura, aprobó un informe que acusa a Castillo de infracción constitucional por negarse a declarar ante esa comisión en una investigación por corrupción, y por las reuniones que al inicio de su gestión sostuvo en la vivienda de un amigo al margen de la agenda oficial y sin informar de esos encuentros. La acusación señala que en esas reuniones hubo encuentros con empresarios que luego ganaron licitaciones. Videos muestran a la lobista Karelim López, investigada judicialmente por su intervención en la licitación para construir un puente en la que se ha denunciado el pago de coimas, ingresando a la vivienda en la que Castillo recibía visitas. El presidente niega que ambos hayan coincidido en ese lugar. El informe de esta comisión parlamentaria señala que Castillo encabezaría una organización criminal para dirigir la entrega de licitaciones de obras públicas. El mandatario niega los cargos. La comisión parlamentaria admite en su informe que no tiene pruebas de la culpabilidad de Castillo, sino solo indicios y sospechas que deben investigarse -ya se están investigando en la fiscalía-, pero igual salta a acusarlo.

Antes de esta acusación, en el Congreso se presentó otra acusación constitucional contra el presidente por el disparatado cargo de traición por haber declarado en una entrevista periodística su simpatía con facilitar una salida al mar a Bolivia, declaración en la que no se habló de ceder soberanía y que no llevó a ninguna decisión de gobierno. Una acusación que revela la desesperación de la derecha por encontrar cualquier motivo para destituir a Castillo.

La derecha golpista sabe que no tiene los 87 votos -dos tercios del Parlamento unicameral de 130 miembros- para destituir a Castillo alegando “incapacidad moral”, algo que ya ha intentado sin éxito en dos ocasiones, por eso ahora recurre a la estrategia de la acusación por una supuesta infracción constitucional para inhabilitarlo en el cargo y sacarlo de la presidencia. Para aprobar la acusación constitucional no se requieren 87 votos, sino solamente una mayoría simple de 66 votos, lo que la ultra derecha encabezada por el fujimorismo que promueve el golpe parlamentario espera alcanzar en este nuevo caso. El riesgo para Castillo que eso ocurra es alto.

Si logra sacar a Castillo, la derecha necesita deshacerse también de la vicepresidenta para así tomar el poder. Por eso a Boluarte le han armado una acusación constitucional acusándola de haber desempeñado siendo ministra de Desarrollo e Inclusión Social un cargo en la directiva del Club Departamental Apurímac, que agrupa a los migrantes de esa región que viven en Lima, como es su caso, cuando la Constitución prohíbe a un ministro ejercer cualquier otro cargo con excepción de la docencia. La vicepresidenta se defiende señalando que al ser nombrada ministra renunció a sus funciones en el mencionado club y que las gestiones posteriores que hizo eran exclusivamente de regularización administrativa para tranfererir su cargo. En el Congreso lo que pesa no son los argumentos, sino la fuerza de los votos y el afán obsesivo de la dercha por derrocar al gobierno de Castillo.

Mientras la derecha avanza en el objetivo de cerrar el círculo del golpe parlamentario, el oficialismo se divide. El secretario general del partido oficialista Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, le exigió públicamente a Castillo que renuncie al partido, acusándolo de actuar para romper la bancada oficialista para formar su propia agrupación política y por no cumplir con las promesas de campaña. Bajo la amenaza de Cerrón, Castillo renunció esta semana a PL. La bancada de PL ha tenido sucesivas divisiones en este primer año de gobierno. De los 37 parlamentarios con los que comenzó el gobierno, solo 16 legisladores se mantienen en PL fieles a Cerrón. Los renunciantes se han dispersado formando otras bancadas que apoyan al gobierno. Castillo promueve la formación de un nuevo partido, el Partido Magisterial.

La ruptura de Cerrón y PL con Castillo se hizo evidente esta semana cuando los parlamnentarios cerronistas votaron junto con la derecha para censurar al ministro del Interior, Dimitri Senmache, que se ha visto obligado a dejar el cargo menos de dos meses después de haberlo asumido. Se le acusó, sin pruebas, de haber permitido la fuga del exministro de Transportes Juan Silva y de un sobrino de Castillo, investigados judicialmente y con orden de detención preventiva por cargos de corrupción en licitaciones de obras públicas. Senmache es el cuarto ministro censurado por el Congreso en menos de un año de gobierno.

Cerrón juega al radicalismo de izquierda, pero en más de una ocasión se ha convertido en un aliado de la ultraderecha parlamentaria, sumando sus votos a la aprobación de normas ultraconservadoras contra las polīticas de igualdad de género y ahora a las acciones para debilitar al gobierno. El sectarismo de Cerrón ha bloqueado alianzas del gobierno con otros sectores progresistas que lo habrían fortalecido y ha contribuido decisivamente a su aislamiento. El secretario general de PL quería el gobierno solo para su partido, y ahora que ha perdido posiciones en el Ejecutivo saca a Castillo de PL y vota junto con los golpistas para destituir a un ministro, lo que ha sido un duro golpe para el gobierno. Los votos del cerronismo contra el ministro del Interior son una advertencia a Castillo de lo que podría ocurrirle a él si no cede a sus presiones para que le dé más poder a Cerrón y a PL.

Página12