COLOMBIA: DOCE TAREAS PARA PETRO

x Luis Britto García

En Colombia operan a la vez varios ejércitos, cada uno con comandos propios e independientes. Ante todo, el nacional, relativamente aliado y a veces cómplice de oligarquías y fuerzas conservadoras. Para 2020, el Banco Mundial estima el gasto militar de Colombia en 3,4% del PIB, el segundo más alto de la región, sólo superado por el de Brasil. Cuenta con 240.000 efectivos; durante los casi tres cuartos de siglo de conflicto con frecuencia ha estado involucrado en extralimitaciones, colaboración con cuerpos irregulares y extranjeros, y violaciones de los Derechos Humanos. Ofreció Petro “Reforma progresiva de las fuerzas armadas, respondiendo a la terminación del conflicto armado”. O sea, disciplinarlas, sujetarlas al exclusivo comando de las autoridades nacionales y hacerlas plenamente responsables ante las leyes del país.

En Colombia opera un segundo ejército, el de EEUU, fuerza de ocupación instalada en 9 bases militares, en todos los aeropuertos e infinidad de otros enclaves estratégicos. Sus efectivos armados obedecen sólo a la potencia del Norte y se pretenden inmunes a leyes y tribunales locales; la Corte Suprema de Colombia desmintió esta pretensión, que sigue en pie. No anticipó Petro cómo decir “Go Home” a tan incómodas visitas, o más bien invasores.

Un tercer ejército es el complejo entramado de organizaciones paramilitares y redes delincuenciales parapolíticas vinculadas al narcotráfico. Con respecto a ellos propone Petro “Desmantelar de manera pacífica los grupos multicrimen, identificando financiadores, estructuras y vinculación con el Estado”.

Un cuarto ejército está formado por ramas de la insurgencia que retomaron las armas en legítima defensa de la vida y la justicia social ante el incumplimiento de los Acuerdos de Paz. Para ellos propone Petro “Garantizar los recursos necesarios para la atención y reparación a las víctimas del conflicto armado”.

Dos centurias de vida republicana dominadas por una oligarquía prepotente ligada con organizaciones criminales han acumulado cargas de corrupción de extensión y fuerza considerables. Para erradicarla propone Petro: “Fortalecer la vigilancia efectiva a toda la contratación pública”; “Proponer legislación para la protección al denunciante de la corrupción”; “Quienes reciban recursos públicos no podrán estar en paraísos fiscales”.

El Ejército y bandas paramilitares forzaron masivos desalojos de campesinos de tierras que luego fueron entregadas a oligarquías o transnacionales. Devolver sus fundos a los más de 7.700.000 despojados; garantizar su pacífica posesión, indemnizar parcialmente sus pérdidas, son tareas tan difíciles como imprescindibles: promete Petro “Impulsar estrategias jurídicas para acelerar los procesos de restitución de tierras”.

Según el Perfil Migratorio de Colombia, entre 1995 y 2020 han dejado su país 4.598.622 emigrantes. Deben ser más: parte de esos desplazamientos no se documentan: cálculos autorizados llevan al Presidente Maduro a estimar unos 5.600.000 personas originarias de Colombia sólo en Venezuela. Petro abre una esperanza de retorno.

Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, superado apenas por Brasil. La Cepal prevé que será el país de la región con mayor aumento de la pobreza, pasando de 36,3% en 2021 a 38% ó 39,2% en 2022. Mejorar la condición de los menos favorecidos siempre encontrará la oposición de los privilegiados. Como curándose en salud, declara Petro que “no propongo un programa de izquierda”. Pero promete instaurar un “Ministerio de la Igualdad”, incrementar la educación pública, gratuita y de mejor calidad incluso a los niveles técnico y universitario; condonar los créditos educativos, crear un banco público que implemente políticas populares, estimular emprendimientos y combatir la desigualdad; un plan de choque contra el hambre mediante asistencia alimentaria con productos comprados a pequeños y medianos productores de alimentos; proporcionar empleo con un salario básico a quienes no pueden encontrar trabajo, y activar la reforma agraria establecida por el Acuerdo Final de Paz, titulando terrenos.

Triunfa Petro con un escaso margen de unos 700 mil votos y enfrenta fuertes bancadas parlamentarias conservadoras. De sus políticas progresistas depende consolidar la derrota del uribismo.

La Deuda Externa colombiana llegó a los 172.790 millones de dólares en febrero de 2022, lo que representa el 48,8% del PIB del país: es decir, casi la mitad de todo lo que los colombianos crean y producen en un año. (https://www.elespectador.com/economia/deuda-externa-colombiana-aumento-y-llego-a-us172790-millones-en-febrero-2022). Con carga semejante, difícil será satisfacer a la vez las necesidades del pueblo y las ambiciones de la oligarquía. Para aliviar la injusticia, promete el Presidente electo “Desincentivar el latifundio improductivo en tierras fértiles incentivando a los propietarios a activar la producción, pagar los impuestos o venderlos al Estado” y “Desmontar gradualmente beneficios tributarios que distorsionan la competencia, incentivan la extracción minero-energética, y privilegian a personas de altos ingresos”.

Una poderosa y ubicua red mediática sostiene ideológicamente el poder de las oligarquías: la misma se encarnizará cada vez más contra Petro, quien debe regular legalmente la veracidad de la información y constituir medios de servicio público para difundirla.

Colombia se había convertido en apéndice diplomático de EEUU: se enroló como su “Aliado Especial Extra-Otan” y luego como “Aliado importante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)”, y participó en conatos de invasión contra países progresistas y fronterizos. Prometió Petro que renegociará los Tratados de Libre Comercio y auspiciará diálogos regionales “para construir las reformas que necesita Colombia para poder convivir en paz”. Ello implica menos OEA, TIAR y OTAN y más CELAC, ALBA y UNASUR. Tarea difícil pero indispensable cambiar hostilidad y agresión por paz, amistad y relaciones mutuamente beneficiosas para todos.