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¡ARREMETIDA!

¿Quién manda en Colombia? ¿El presidente?, ¿los militares? Y ¿Quién los manda a ellos?
La represión contra la sociedad civil empezó desde el mismo momento de la posesión del presidente actual, quien incrementó las persecuciones, los montajes judiciales y periodísticos, apoyado por unos medios cómplices, ejecuciones extrajudiciales...

Hernán Riaño


Desde el comienzo, el gobierno Uribe-Duque, con el plan predeterminado y anunciado en campaña de hacer trizas el proceso de paz, empezamos a ver una arremetida del gobierno Uribe-Duque contra reinsertados, líderes sociales, ambientales y comunitarios, miembros de juntas de acción popular, estudiantes, políticos y en general todo aquel que el gobierno considere “enemigo”.

Álvaro Uribe declaró “enemigos internos” a quienes no estuvieran de acuerdo con su ideología de ultraderecha y su sucesor continuó con ese régimen del terror. La arremetida de ha agudizado contra todos los sectores que no estén de acuerdo con ese pensamiento.

La represión contra la sociedad civil empezó desde el mismo momento de la posesión del presidente actual, quien incrementó las persecuciones, los montajes judiciales y periodísticos, apoyado por unos medios cómplices, ejecuciones extrajudiciales (mal llamados falsos positivos), encarcelamientos sin orden judicial, allanamientos contra todo aquel que osara protestar o solo denunciar los abusos del régimen.

Un claro ejemplo fue la masacre de unos campesinos en la vereda Alto Remanso de Puerto Leguízamo, Putumayo, en la que murieron un gobernador indígena, el presidente de la junta de acción comunal de la zona, su esposa y un menor de edad entre las 11 víctimas, puso en duda la legitimidad de las actuaciones del gobierno y demuestra la arremetida del mismo. El general Zapateiro mantiene su versión de que fue una operación legítima, incluso dijo que no era la primera vez que morían mujeres embarazadas y menores de edad en este tipo de operaciones (1). Muchas voces contradijeron las versiones oficiales; desde organizaciones de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, y hasta la fiscalía General de la Nación manifestó que no eran ciertas las primeras versiones oficiales, ya que encontraron varias inconsistencias. Pero supongamos que el ejército tenía razón y que esos colombianos estaban realizando acciones ilegales, ¿por qué no los detuvieron?, ¿no es su obligación llevarlos a la justicia para que, mediante un debido proceso, se les impongan las condenas a que haya lugar si resultan culpables?, ¿quién instauró la pena de muerte para esos compatriotas?

Otro caso, ahora en la capital. La semana anterior, en Ciudad Bolívar, fueron allanados el colegio ICES, Instituto Cerros del Sur, en Potosí y varias viviendas. El argumento con el cual allanaron el colegio fue: “Tenían una denuncia de que allá entraba y salía mucha gente”, según informó el profesor de la institución, Héctor Gutiérrez, a la emisora comunitaria Radio Sur. Con ese argumento debieran allanar a la Presidencia de la República, al Congreso, a restaurantes, centros comerciales y hasta el estadio El Campín, porque en esos lugares ¡entra y sale mucha gente!

También hemos visto la arremetida en el campo político, aunque esta se esperaba, por el resultado de las encuestas y las manifestaciones a favor de Petro. Todos los sectores vinculados a la extrema derecha y al uribismo han desplegado todas las armas para intentar frenar el ascenso a la presidencia de ese candidato. La tergiversación, la mentira, la calumnia, la manipulación y el agravio personal no cesan en esa campaña de desprestigio, que ojalá no termine en otro magnicidio como muchos han previsto. En esta campaña están muy comprometidos los medios de comunicación comerciales, que hasta tienen que desmentir sus informaciones preparadas, como lo hizo Noticias Caracol hace unos días. En España llevaron forzado al ex militar venezolano “Pollo” Carvajal, para que dijera si el chavismo había financiado campañas de Gustavo Petro. El noticiero del canal Caracol, pasó una noticia preparada y pregrabada como un directo desde el lugar de la noticia. La corresponsal dijo, palabras más palabras menos, que el interrogado había comprometido a Petro con esa financiación. Pero resulta que ¡no había habido interrogatorio!, que lo harían al otro día. Pero la pasaron, con una clara intención de dañar la imagen del candidato. ¿Cómo así que preparan una noticia sin tenerla? Falsearon la verdad, pero la pasaron (Valga la repetición) Y solo salen a presentar una descolorida “rectificación”. Pero no aclaran lo de fondo ¿Quién ordenó hacer la nota falsa, mentirosa y presentarla? (2).

Un hecho de mayor gravedad fue lo que pasó con el general Zapateiro ante un trino del candidato en el que denunció vinculaciones de oficiales de las fuerzas militares con el “clan del golfo”, la reacción del general fue, por lo menos, agresiva e inusitada, desconociendo su rol como militar no deliberante, incumplió la Constitución Nacional, en una serie de trinos se fue lanza en ristre contra Petro (3). Las reacciones no se hicieron esperar, por un lado, el presidente respaldó a su general y atacó al candidato, contrario a lo dispuesto por la Constitución, que también le prohíbe su participación en política (4). Pero las pruebas de esas vinculaciones serían abundantes, según las informaciones de prensa, presentamos algunas (5). Por el contrario, muchos respaldaron a Petro y condenaron las actitudes de Zapateiro y Duque, hasta Sergio Fajardo, competidor suyo en la contienda electoral (6). Y algunos medios se preguntan, si la intervención de Zapateiro es una participación política (7). Zapateiro asegura que dejará muchos como él en el ejército ¿Qué quiso decir? (8).

La pregunta que se hacen muchos, ante esta arremetida es, ¿si Petro gana lo dejarán asumir la presidencia y gobernar (9)? Válida pregunta para la “democracia más fuerte de América”, según dice la extrema derecha, que no quiere que gobierne otro que no sea de esa corriente política. Solo quedan las cifras de la arremetida de estos gobiernos: miseria total del pueblo colombiano, violencia sin precedentes contra los ciudadanos, hambre generalizada, 6402 falsos positivos y 5733 víctimas de la UP (10), solo para nombrar algunos. Y todavía hay colombianos que los respaldan. Unas preguntas finales ¿Quién manda en Colombia? ¿El presidente?, ¿los militares? Y ¿Quién los manda a ellos?
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