DOSSIER:
1. Aprueban en Colombia polémica ley de seguridad
La nueva ley de seguridad fue impulsada en noviembre, luego de las masivas protestas antigubernamentales registradas durante tres meses este año, que dejaron más de 40 muertos, 3 mil heridos y daños a la infraestructura pública. Foto Ap / Archivo
Bogotá. El Congreso de Colombia aprobó el miércoles un proyecto de ley impulsado por el gobierno que ha causado rechazo en algunos sectores que lo señalan de ir en contra del derecho a la movilización social.
La nueva ley fue impulsada en noviembre, luego de las masivas protestas registradas durante tres meses este año en contra de una reforma fiscal, la inequidad y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía que dejaron más de 40 muertos, 3 mil heridos y daños a la infraestructura pública.
Con 60 votos a favor y 10 en contra fue aprobada la “ley de seguridad ciudadana”, como fue bautizada por el gobierno que la promovió como una forma de fortalecer instrumentos jurídicos y económicos para “contrarrestar la delincuencia en las ciudades” y regular las armas “menos letales”.
Los congresistas de oposición se negaron a votar el proyecto al considerar que “viola de manera abierta y flagrante principios fundamentales de la Constitución”, como el derecho a la vida y a la movilización social, según explicó el senador Iván Cepeda durante la plenaria.
El senador opositor Roy Barreras aseguró que demandará ante la Corte Constitucional la norma a la que sólo le resta la firma del presidente de la República para convertirse en ley. “Lo que acaba de aprobarse criminaliza la protesta, legitima la justicia por mano propia, legaliza formas de paramilitarismo urbano, autoriza a disparar a los jóvenes, también a los indígenas”, advirtió Barreras.
El proyecto de ley aumenta penas para quienes atenten contra la infraestructura, el sistema de transporte público masivo e instalaciones militares o de policía. También para quienes utilicen máscaras que sirvan para ocultar la identidad comúnmente usadas durante las protestas.
Incluye también la “legítima defensa privilegiada” para particulares que se podrá ejercer cuando un “extraño” use “maniobras o mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente” en lugares privados o vehículos. “La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno”, aclara el proyecto de ley aprobado.
Juan Pappier, experto para Colombia de Human Rights Watch (HRW), indicó a The Associated Press que esta nueva ley no es suficiente para “enfrentar el deterioro de la seguridad en zonas remotas del país y para prevenir nuevos hechos de brutalidad policial contra manifestantes”.
HRW documentó en un informe sobre las manifestaciones recientes en Colombia que la policía estaría detrás de al menos 25 muertes por disparos de arma de fuego, impacto de cartuchos de gas lacrimógeno y una golpiza. En una investigación paralela la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que las víctimas de la policía serían 28 personas.
“El gobierno de Duque comete un grave error al creer que los problemas estructurales de Colombia se pueden solucionar creando nuevos delitos y aumentando penas de cárcel”, agregó Pappier sobre la nueva norma.
El gobierno celebró la aprobación de la ley en el Congreso. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, indicó en un comunicado que es “garantista” de los derechos y libertades de los ciudadanos y a la vez “implacable” con la delincuencia.
El ministro del Interior, Daniel Palacios, resaltó que la ley aumenta las condenas para quienes asesinen periodistas, miembros de la fuerza pública y defensores de derechos humanos, uno de los principales problemas del país.
Ap
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2. ¿En qué consiste la polémica ley de seguridad que está a un paso de promulgarse en Colombia?
La normativa agrava las penas y aumenta las consideraciones para los casos de legítima defensa, pero desde la oposición dicen que limita la libertad de protesta y es "una licencia para matar".
Congreso de Colombia, en BogotáWikipedia
El Senado de Colombia aprobó este martes un polémico proyecto de ley sobre seguridad ciudadana que aumenta las penas para muchos delitos y brinda mayores contemplaciones para aquellas personas que agredan a un tercero en acciones de legítima defensa, aunque desde la oposición critican que la normativa se podría usar para restringir manifestaciones.
El texto, que ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes el lunes, ahora debe ser analizado por la comisión de conciliación, a cargo de superar las discrepancias entre ambos recintos. Después, con las adaptaciones finales, iría directo a Presidencia para su promulgación final.
La iniciativa, impulsada desde los ministerios de Justicia, Defensa y del Interior, propone cambios en el Código Penal y sus procedimientos judiciales, junto a renovadas normativas de seguridad y convivencia ciudadana.
Principales modificaciones
El Gobierno de Iván Duque y sus aliados en el Congreso proponen como posible solución al problema de la inseguridad un aumento en los castigos. Así, el homicidio agravado –cometido contra un servidor o exservidor público, periodista, juez de paz, defensor de derechos humanos o miembro de una organización política o religiosa–, que hoy tiene penas de hasta 50 años de cárcel, subiría a los 58 años y tres meses de reclusión máxima, informa El Tiempo.
A su vez, la intimidación con armas de todo tipo, será considerada delito, y su castigo podría ser desde los cuatro a los seis años de privación de la libertad, repasa El País. El hurto, tendría condenas de dos a cuatro años, si la cuantía es inferior a cuatro salarios mínimos. En cambio, la prisión sería de cuatro a nueve años si lo robado equivale a cuatro salarios mínimos o más.
Además, quienes dañen infraestructura destinada a la seguridad pública o el transporte, recibirían penas que oscilan entre los cuatro y 12 años. Si los responsables portan máscaras o elementos para ocultar su rostro, se podría aumentar la cárcel con la mitad o dos terceras partes del castigo original.
Manifestación en Bogotá, Colombia, el 20 de julio del 2021Santiago Mesa / Reuters
Otro de los puntos que tuvo en cuenta el Congreso fue el delito de instigación a delinquir, en un país atravesado por el crimen organizado. Si esta práctica se realiza para hurtos o dañar bienes ajenos, se contempla de cuatro a seis años de cárcel. Si la conducta se utiliza para los delitos de genocidio, homicidio, desaparición forzada, secuestro, tortura, traslado o desplazamiento forzoso y violencia contra un servidor público, la prisión podría ser de entre diez y 20 años, con una multa de entre 800 y 2.000 salarios mínimos.
En cuanto a los reincidentes, la normativa menciona la figura de "peligro para la comunidad". Este aspecto apunta a que, aquellos individuos que vuelven a delinquir tras ser liberados, si portan armas para amenazar, podrían volver a prisión de manera más expeditiva.
La reforma también prevé cambios en cuanto a la legítima defensa, que es cuando un ciudadano agrede a otro para resguardar su propia integridad física, ante un peligro inminente. Con los cambios, se quitaría la responsabilidad penal incluso para proteger la propiedad privada, cuando se produzca un ingreso violento a la misma, incluyendo a vehículos particulares.
Posiciones cruzadas
Este proyecto se impulsa luego del Paro Nacional del 2021, que incluyó masivas movilizaciones, disturbios, fuertes operativos represivos, homicidios y violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, según un reciente informe de Naciones Unidas.
Ahora, la oposición colombiana afirma que esta nueva normativa apunta a restringir la protesta social y dar vía libre a los uniformados para continuar con su accionar coercitivo: "Una cosa es salir a controlar a los manifestantes y otra es salir a matar, como sucedió en Cali. 48 muertos, casi todos jóvenes", enfatizó la congresista Aída Avella, de la Unión Patriótica (UP).
En contrapartida, Paloma Valencia, del oficialista Centro Democrático (CD), dijo que el proyecto "no criminaliza la protesta". Y añadió: "La separa de la infiltración del vandalismo, de los bloqueos, de la destrucción del sistema de transporte, de los bienes públicos y privados. La protesta no es ni puede ser violenta".
Sobre el aumento de penas para quienes porten mascarillas en contextos de tensión, el candidato presidencial y actual senador del Nuevo Liberalismo, Rodrigo Lara, cuestionó este punto controversial: "Cualquiera que esté, por casualidad, en un momento de destrucción de una estación de Transmilenio, o acompañando simplemente por idealismo, usando un tapabocas negro, se entendería que está en esta causal". Y preguntó: "¿Con qué criterio puede el juez aplicar esta norma?".
El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático (PD), expresó que la ley "que aprueba el uribismo" es "un compendio de disposiciones que legalizan prácticas criminales oficiales, paramilitares y de particulares". También la tildó como "una licencia para matar" y "una nueva aberración de corte fascista de este Gobierno".
Más allá de las críticas, junto a otros legisladores opositores envió dos cartas, una dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otra a tres congresistas estadounidenses: Patrick Leahy, Jim McGovern y Alexandria Ocasio-Cortez, para "que se tenga en cuenta esta ley a la hora de aprobar fondos para Colombia".
Entre sus puntos principales, se alerta que el uso de la legítima defensa podría usarse contra "comunidades desplazadas" en casos de tomas de tierras, "como denominan las comunidades indígenas a esta modalidad de protesta".
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