ÓMICRON AGUDIZA CRISIS SANITARIA, POLARIZA EUROPA Y LLENA DE INCERTIDUMBRE AL MUNDO

Por Sergio Ferrari 

Europa, nuevamente epicentro mundial de la pandemia, no disimula su creciente preocupación. El aumento en flecha de contagios y de la protesta social, marca ya la cotidianeidad de un continente que podría pagar, en los próximos cuatro meses, el pesado costo de 700.000 muertes adicionales según la Organización Mundial de la Salud. La presencia confirmada en suelo europeo, a partir del viernes 26 de noviembre, de la variante Ómicron agrava aún más la ya preocupante prognosis.

Cifra impresionante barajada por la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De mantenerse la actual tendencia de infecciones, 25 países de la región sanitaria europea – que incluye a 53 naciones de este continente y de Asia Central –podrían carecer de suficientes camas en los hospitales en los próximos meses. Según las mismas estimaciones, las unidades de cuidados intensivos de 49 de estos países corren el riesgo de atravesar una situación de estrés alto o, incluso, extremo, entre diciembre de este año y marzo de 2022.

Si bien a mediados de noviembre casi el 70% de la población de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo había recibido al menos una dosis de la vacuna anti- COVID 19, las desigualdades son significativas. Bulgaria, con la tasa más baja, llegaba al 25% de su población con la pauta completa, en tanto Rumania y Croacia oscilaban en el 45% y Eslovenia, República Checa y Polonia no alcanzaban el 60%. Fuera de la Unión Europea, Rusia, contabiliza apenas a fines de noviembre un 37% de su población vacunada con las dos dosis.

A este panorama de por sí incierto y con la quinta ola que vuelve a inundar el continente, la variante “sudafricana”, denominada Ómicron, agrega un factor de desconcierto e incertidumbre. Poco se conoce, en realidad, a nivel científico, sobre la misma. Aunque la misma OMS anticipa que debido a la cantidad de mutaciones que contiene, su posible impacto – reinfecciones y eventual menor efecto de las actuales vacunas, todo a verificar — la convierten en una variante “preocupante.

La caída de los valores de las bolsas de valores, el cierre de fronteras internacionales e incluso, intraeuropeas, son señales significativas de la perplejidad que crea la nueva variante en este ya enrarecido ambiente pandémico.

La quinta y nueva ola pandémica en el Viejo Mundo parece ser imparable. Situación que llevó a Hans Kluge, director de la OMS-Europa, a enfatizar en las últimas horas que para vivir con este virus y seguir con nuestra vida diaria necesitamos un enfoque que vaya más allá de la vacuna. “Eso significa recibir las dosis estándar y una de refuerzo si es ofrecida, pero también incorporar medidas preventivas en nuestras rutinas”. En la evaluación del organismo onusiano, solo la vacuna no da respuesta a este recrudecimiento y es imprescindible reinstaurar masivamente la distancia social, la higiene de manos y la generalización de la mascarilla, usos que en diversos países se fueron diluyendo de a poco.

Bélgica registró un aumento de 64 % de casos la última semana de noviembre en relación a dos semanas atrás, en tanto las hospitalizaciones incrementaron un 54% y los decesos un 44%. En Francia, el 23 de noviembre, el Ministerio de Educación daba cuenta de 6.000 clases cerradas debido al COVID, 2.000 más que la semana precedente. En el pico de la ola de abril del año pasado se llegó a contabilizar 11.000 clases confinadas.

En Alemania, donde las autoridades debaten sobre la opción de establecer la obligatoriedad de la vacuna – por ahora solo el 68% cuenta con las dos dosis–, se registraron casi 45.000 nuevos casos el 27 de noviembre. Para señalar la complejidad de la situación, el ministro de Salud lanzó el tétrico eslogan: al terminar el invierno (es decir para marzo 2022) estaremos “vacunados, curados o muertos”.

Con menos del 70% de vacunados, Austria, que superó los 11.000 casos el 26 de noviembre, había dado un paso desafiante el lunes 22 de noviembre: decretó un nuevo confinamiento general hasta el 13 de diciembre con la excepción de los establecimientos escolares. En paralelo, anticipó la obligatoriedad por ley de la vacuna anti-COVD a partir de febrero del año próximo.

Suiza – con una población de 8,6 millones de personas — registró 8.033 nuevos casos el último miércoles viernes de noviembre. Los mayores de 12 años íntegramente vacunados llegan al 74.37%, cifra considerada insuficiente por las autoridades. Sin embargo, estudios que se realizan en algunos cantones indican niveles mucho más altos de seroprevalencia, es decir con presencia de anticuerpos. Este dato positivo anticipa que, si bien el sistema hospitalario puede tensarse en los próximos días, no llegaría al nivel que debió enfrentar a fines del año pasado, en lo más alto de la peor ola. Especialistas y epidemiólogos subrayan el impacto muy positivo de la vacunación en tanto colchón protector de la población. Constatan que un alto porcentaje de las actuales hospitalizaciones y pacientes en cuidados intensivos son no-vacunados. Y certifican que el actual incremento explosivo de contagios en Suiza no se traduce por el momento en un crecimiento proporcionalmente alto de hospitalizaciones, entubaciones y decesos.

Los electores suizos se pronunciaron el domingo 28 de noviembre sobre una Ley COVID, ejercicio único en el continente. Por segunda vez en menos de seis meses aceptaron en las urnas con 62 % de votos a favor las medidas implementadas por el Gobierno durante la crisis sanitaria, sea a nivel de la ayuda financiera a desempleados, empresarios afectados y trabajadores independientes, como con respecto a las medidas pandémicas restrictivas y la exigencia del pasaporte sanitario para poder participar en actividades públicas masivas.

Esta nueva ola pandémica y las restricciones adicionales que la acompañan provocaron, en la segunda quincena de noviembre, una efervescencia social significativa en varios países del continente. Con manifestaciones, en algunos casos, como en los Países Bajos y Bélgica, particularmente violentas. Pero también con protestas callejeras entre otros países en Croacia, Italia, Francia y Suiza.

Las protestas cada vez más concurridas y convocadas en paralelo en diversas ciudades del continente, aparecen como un nuevo fenómeno social de cierto peso.

El movimiento que se opone a las normas anti-COVID, de identidad difusa y con una gran heterogeneidad interna, ha tomado fuerza y sale a la calle. Aunque los actores principales son grupos ligados a la derecha y a la extrema derecha, confluyen también representantes de algunas formaciones de extrema izquierda, ecologistas y alternativas, así como jóvenes descontentos de barrios urbanos periféricos.

Dichos grupos cuestionan fundamentalmente el recorte de libertades que van de la mano de ciertas medidas anti pandémicas. Algunos, aunque muy minoritarios, denuncian las ganancias multimillonarias de las principales transnacionales productoras de vacunas.

En apenas 18 meses, la crisis sanitaria europea y sus consecuencias económicas, sociales, jurídicas e institucionales, provocan, también, nuevos comportamientos políticos y dan pie a cuestionamientos ideológicos de ciertos sectores de la población. Nace un nuevo tipo de protesta contra el Estado y contra las medidas “autoritarias” (a las que incluso califican de dictatoriales) y empieza a definirse un nuevo espacio social que podría, en el futuro cercano, alimentar la base de las fuerzas políticas de derecha y ultraderecha que disputan electoralmente cuotas de poder institucional.

Daniel Steinvorth, corresponsal en Bruselas del prestigioso cotidiano suizo Neue Zurcher Zeitung, en un artículo del 24 de noviembre analizaba las manifestaciones en los Países Bajos y relativizaba el contenido de las mismas. En su artículo, “Los que buscan la violencia siempre encuentran una excusa” se interrogaba, ¿qué expresa, en relación a la política pandémica del Gobierno, la actitud de estos jóvenes violentos, que celebran el motín como un acontecimiento? “Básicamente nada”, responde. “En cualquier caso, no significa que las medidas para combatir el virus sean tan controvertidas que lleven a la sociedad a los extremos”, reflexiona.

Para Steinvorth, la protesta tiene que ver más con un Estado social que se ha venido debilitando progresivamente que con la misma pandemia. Y recuerda que “los populistas de derecha llevan muchos años ganando popularidad. Ellos también contribuyen a la disminución de la confianza en la política”. Al mismo tiempo, recuerda, la delincuencia relacionada con las drogas y las bandas –que también es consecuencia de una política de integración fallida– aumenta la tensión social.

Y retrotrae su análisis a las protestas de enero pasado en los Países Bajos, en las cuales, delincuentes, militantes de extrema derecha, “pero también grupos de jóvenes bastante normales y aburridos, muchos de ellos de origen inmigrante, se amotinaron durante el toque de queda produciendo los disturbios nocturnos”. Y concluye: “esta situación inicial no ha cambiado diez meses después”.

Medios de prensa y analistas, en paralelo, se interrogan sobre la verdadera fuerza de estos sectores protestatarios. Y ponen sobre la mesa la pregunta clave de la sostenibilidad de su acción violenta: ¿son expresiones coyunturales que se desinflarán luego de la crisis pandémica? O bien, por el contrario, constituyen nuevas expresiones de una forma diferente de concebir la participación social. Y representan el origen de algo distinto, diluido, heterogéneo, pero marcadamente individualista y conservador, esencialmente anti Estado, que se consolidará aun después de esta crisis sanitaria.

A partir del martes 30 de noviembre hubiera debido reunirse en Ginebra, Suiza, la Duodécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, anulada a última hora debido el pico pandémico. Esta instancia ministerial es el órgano que toma las decisiones más importantes de la OMC sobre todos los asuntos comprendidos en cualquiera de los Acuerdos Comerciales Multilaterales.

Unas 40 organizaciones solidarias de una decena de países europeos y americanos convocan, de todas maneras, para el 30 a una movilización frente a la sede del organismo rector del comercio mundial. El objetivo de la protesta: exigirle a la OMC que se levanten los derechos de propiedad intelectual y se facilite el acceso universal a la atención sanitaria, en particular, a las vacunas anti-COVID.

Las organizaciones convocantes sostienen que 10.000 personas mueren cada día de COVID en el planeta. “Mientras que los países ricos tienen acceso a los tratamientos, vacunas y diagnósticos contra el COVID, la mayoría de la población mundial, que vive en países de ingresos bajos y medios, tiene poco o ningún acceso a ellos”.

Esto se debe a que los derechos de propiedad intelectual, incluidas las patentes, protegen los beneficios de las empresas farmacéuticas. Las cuales, junto con los gobiernos de los países ricos, se oponen a la eliminación de estos derechos en la OMC, es decir rechazan democratizar la producción y acceso de las vacunas en todo el mundo.

El Llamado de Ginebra, elaborado por los promotores de la protesta, invita a movilizarse “para gritar nuestro desacuerdo con esta política de *apartheid* médico y para exigir el levantamiento de los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas, los tratamientos y los diagnósticos COVID”. (https://nov30noprofitoncovid.com/espanol/)

A un año y medio de comenzar a propagarse en Europa el coronavirus, la crisis sanitaria es ya mucho más que una cuestión sanitaria. La pandemia ha ido revolucionando comportamientos individuales, miradas colectivas y percepciones ideológicas. Desata un debate de sociedad, desafía a cada ciudadano a posicionarse con respecto al Estado y al Gobierno e interpela sobre los métodos para expresar consensos o diferencias sobre las nuevas normas vigentes. Silenciosamente, además, la sociedad europea, parece haberse ido fracturando con otro tipo de grieta social que desborda las contradicciones prepandémicas, por un lado los vacunados y por otro los antivacunas.

Desde que se dio a conocer la existencia de ómicron, la mutación más reciente del virus SARS-CoV-2, cada vez más países implementan restricciones de viaje con la esperanza de evitar o ralentizar la entrada de esta variante a sus territorios.

Estos cierres afectan principalmente a Sudáfrica, nación donde se descubrió, pero también a otros Estados cercanos como Esuatini (antes Suazilandia), Mozambique, Angola, Zambia, Malaui, Lesoto, Zimbabue, Namibia y Botsuana, y en algunos casos se han hecho extensivas a todo el continente africano.

Mientras los mercados recuperan cierta tranquilidad al considerar que en un inicio se sobrestimó la peligrosidad de ómicron, la Organización Mundial de la Salud alterna los llamados a la calma con advertencias acerca de los posibles riesgos. Por una parte, el domingo el organismo multilateral recordó que “comprender el nivel de severidad de la variante recién detectada tomará de días a varias semanas" y actualmente no hay información que sugiera que los síntomas asociados con ómicron sean diferentes de los de otras variantes; sin embargo, ayer sostuvo que la probabilidad de una propagación mundial es elevada, debido a las mutaciones que podrían conferirle la capacidad de escapar a una respuesta inmunitaria y darle una ventaja en términos de transmisibilidad. Hasta el domingo pasado no se había registrado ninguna muerte asociada a esta variante.

La propia OMS ha desaconsejado los cierres de fronteras y las restricciones adoptadas de manera casi automática en respuesta al surgimiento de ómicron, pues tales medidas imponen una pesada carga en las vidas y en los medios de vida, además de atacar la solidaridad global.

Esto es particularmente cierto cuando ya se detectó en al menos nueve naciones europeas –Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Italia, Portugal, Austria y República Checa–, así como en Australia, Hong Kong, Israel y Canadá, por lo que impedir los viajes desde o hacia el sur de África parece castigar a esta región sin contribuir de manera sustantiva a los objetivos de contención sanitaria.

En vez de dar pábulo a actitudes xenofóbicas o aislacionistas, el surgimiento de una nueva variante del coronavirus debería impulsar la reflexión en torno a la inequidad en la distribución de las vacunas disponibles contra el Covid-19. Ya se ha repetido que de nada sirve a las naciones ricas acapararlas e inocular incluso a los grupos de edad que menos los necesitan, pues mientras los países en desarrollo sigan incapacitados para proporcionar vacunas a porcentajes significativos de su población, el patógeno tendrá vía libre para continuar mutando y desafiando los esfuerzos de inmunización. No es casualidad que esta variante se detectara en un territorio donde apenas 23.8 por ciento de los habitantes tiene un esquema completo de vacunación, y en un continente donde sólo 27 por ciento del personal de salud está inmunizado.

Ómicron, como antes delta, muestra que el egoísmo y la ceguera de las naciones más avanzadas derivan en acciones contraproducentes para sus sociedades y para el resto del mundo, y deberían impulsarlas a cambiar sus estrategias en un sentido racional, humanitario y solidario. Acelerar la aplicación de vacunas tanto en África como en el res-to de regiones en desarrollo es el único camino sensato para poner fin a la pandemia y sus repercusiones socioeconómicas.