POLÍTICA TRIBUTARIA DE DUQUE FAVORECE SIN PUDOR A LOS RICOS, Y A LOS MÁS RICOS ENTRE LOS RICOS

Dicen una cosa y hacen otra. La política tributaria del gobierno Duque favorece sin pudor alguno a los ricos, y a los más ricos entre los ricos. Los que viven en miseria, pobreza y vulnerabilidad, siguen recibiendo lo menos de lo menos, quedando 21 millones de connacionales por fuera de esa precaria política económica y social.

Por medio de un monólogo, así trascurrió la difusión y “discusión” de la hoy Ley 2155 de 2021, o reforma tributaria, un proceso en el cual fueron claros los participantes con los que se intercambiaron pretensiones.

La amplia discusión del proyecto de reforma, que según el ministro de Hacienda caracterizó la elaboración de la misma, no cuadra con la realidad en la que no imperó el debate, aquel a través del cual cada una de las partes presenta sus fundamentaciones a través de sus argumentos. Contrario a ello primó la coincidencia, pero no soportada en una “coincidencia por discernimiento”**, pues algunos de los denominados “consensos”, reflejan logros de la movilización de los jóvenes y mujeres, las poblaciones más afectadas con la pandemia, que demandaron cambios en el orden y privilegios tributarios. Monólogo y no debate, pues la ley “consensuada” no contó con los mecanismos de comprensión y discusión para la formación de consensos, sino que se recurrió a los mecanismos de la economía del poder, y el resultado está a la mano: una ley que no produce un orden social y fiscal justo, como lo demuestran los hallazgos que aquí se plasman.

En el trámite congregacional de la hoy reforma tributaria, una de las primeras medidas descabezadas por el órgano legislativo, con el aval del gobierno nacional, fue la lucha contra la evasión. El Proyecto de reforma que entró al Congreso de la República tenia un articulo que buscaba reducir la brecha entre los avalúos catastrales y los valores comerciales de los bienes inmuebles (haciendas, casas, apartamentos, entre otros). Este articulo fue eliminado con el argumento que afectaba la reactivación económica. La evasión y la elusión fiscal en Colombia, es uno de esos grandes flagelos del sistema tributario, en el que los grandes conglomerados económicos, así como el uno por ciento y el uno por mil más rico son los grandes beneficiados; además de todos los grandes capitales que se encuentran en la ilegalidad, como en la informalidad.

En Colombia esconderle los bienes y los ingresos al Estado paga. Tarde o temprano el Gobierno, en alianza con el legislativo, producen una norma de rebaja de penas, de intereses e incluso de tarifas para quienes lo defraudan. En el artículo 2° de la ley 2155 de 2021 se creó el “impuesto complementario de normalización tributaria” con una tarifa del 17 por ciento para todos aquellos contribuyentes que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes. El artículo 49 señala que los deudores de multas por infracciones a las normas de tránsito tendrán derecho a unas condiciones especiales de pago. El artículo 51 otorga beneficio de la auditoría a los declarantes, por parte de la Dian, para quienes en su liquidación privada del impuesto sobre la renta y complementarios incrementen su impuesto neto de renta en por lo menos un porcentaje mínimo del 35 o del 25 por ciento.

De acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 2155 de 2021, mediante el cual se modificó el artículo 5 de la Ley 1473 de 2011, se obliga al Gobierno Nacional Central a tener un balance primario neto estructural del orden “de -4,7% del PIB en 2022, -1,4% del PIB en 2023, -0,2% del PIB en 2024 y 0,5% del PIB en 2025, independientemente del valor de la deuda neta que se observe” (Parágrafo Transitorio 1°).

Para tener un marco de referencia de lo que esto significa, el comportamiento histórico puede resultar relevante. El déficit primario (ingreso total menos total de gastos, sin contabilizar el pago de intereses) promedio en el periodo 2010-2019 fue del orden de los $2.5 billones de pesos. El déficit primario calculado con base en el recaudo de impuestos (ingresos tributarios menos total de gastos, sin contabilizar el pago de intereses) promedio en el periodo 2010-2019 fue del orden de los $18 billones de pesos. En los próximos 10 años el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2021 espera pasar de este nivel de déficit a un superávit del orden de los 13 billones de pesos por año. Esto significa tener un cambio en esas diferencias del orden de los 16 billones de pesos por año (contabilizando todos los ingresos) o de 31 billones de pesos por año (aprox. 3% del PIB). Esto realza la necesidad de una reforma fiscal estructural, pues el ajuste por el lado del gasto público no es posible, dadas las demandas de la ciudadanía, del sistema de seguridad social, del sector rural, entre otros.

Adicionalmente, esta restricción no es para esta administración, sino que se le impone a la venidera, la cual debe entrar sobre la base de una propuesta de reforma tributarias estructural que cumpla con los principios del Estado Social de Derecho y gradual para no afectar abruptamente a las empresas y las personas naturales.

Sin decoro alguno el Gobierno ha llamado la atención a la ciudadanía sobre el ‘gran’ aporte de las empresas al permitir aumentar la tarifa nominal del impuesto sobre la renta al 35 por ciento. Pero las apariencias engañan. La ciudadanía también debe saber que ese incremento es sobre la base de no reducirles las gabelas tributarias otorgadas durante años a través de los beneficios fiscales, como de los descuentos tributarios.

Y no es poco. Estos beneficios fiscales ascienden en estos momentos a $40 billones a través de los Ingresos No Constitutivos de Renta; $13 billones por Rentas Exentas y $5 billones por descuentos tributarios. Si el Gobierno y el Congreso de la República eliminaran estos beneficios y, los gravara a la tarifa del 35 aludida, obtendría un recaudo adicional de $24 billones. Con el aumento de la tarifa al 35 por ciento, el recaudo tan sólo crece en $4 billones.

Así la ruleta, resulta claro el negocio realizado por parte de los grandes conglomerados: incrementar la tarifa, sin reducir y mucho menos eliminar los beneficios tributarios, es lo que hace que las tarifas efectivas resulten siendo muy reducidas. El consenso es sobre la base de mantenerles los cerca de 250 beneficios tributarios vigentes, reportados por la Dian.

Una decisión a todas luces injusta y desigual para el país, o si queda alguna duda veamos: las tarifas efectivas de tributación de un mini-mercado (7.2%) o de una tienda de vestidos (5.9%), o de una empresa de consultoría (9.2%) o de un restaurante (7.8%), las cuales fueron calculadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, son superiores a las del sector financiero (1.57%), o minero (5.35%) (Cuadro 1).

La decisión del gobierno, consecuente con su carácter, fue la de no gravar al uno por ciento y al uno por mil más rico del país, conservándoles la actual tarifa efectiva de tributación.

En el marco del consenso logrado, se favoreció a cerca de 40 mil personas que pertenecen al uno por ciento y al uno por mil más rico del país; pues se aprobó no gravar sus patrimonios, mantenerles los beneficios fiscales actuales, lo cual conlleva a protegerles las actuales tarifas efectivas de tributación que oscilan entre el 2 y el 5 por ciento de sus ingresos brutos.

Una decisión que contrasta con los altos niveles de concentración del ingreso y de la riqueza. El ingreso medio declarado por el 1 por ciento y el uno por mil, fue superior 300 y 1.300 veces, respectivamente, al de una persona que declara y se encuentra en la menor escala. Según los registros de la Dian, el coeficiente Gini de concentración del ingreso para las personas naturales es de ¡0.6159!

En cuanto a la riqueza, el 1 por ciento y el uno por mil tiene un patrimonio promedio 700 y 3.700 veces superior, respectivamente, al de una persona que pertenece al conglomerado de menor riqueza. El coeficiente Gini de concentración de la riqueza es de ¡0.6819!

Mientras por un lado actúa así, por el otro es todo lo contrario, y niega la aprobación de la renta básica de emergencia para el 70 por ciento de las personas que se encuentran en pobreza y vulnerabilidad monetaria, como a los micronegocios.

Una decisión injusta a todas luces, ya que la pobreza aumentó en 3 millones 552 mil personas, al pasar de 17 millones 470 mil en 2019 a 21 millones 22 mil en 2020. Es decir, el 45.2 por ciento de las personas en Colombia se encuentran en pobreza. Cada una de ellas tiene que vivir con menos de 11.000 pesos al día, y los que se encuentran en miseria viven con menos de 5.000 pesos diarios.

Pero el desastre social no culmina allí. Es mucho más. El Dane clasifica como vulnerables a las personas que viven con menos de 22.000 pesos al día y con más de $11.000. El número de personas que en el 2020 estaban en esas condiciones sumaba 15 millones.

Así pues, en Colombia, el 72.9 por ciento de los habitantes o son pobres o son vulnerables. Valores que son superiores en el sector rural (91%) en relación con las cabeceras municipales (67.8%).

En la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), cuyos resultados entregó el Dane al país el pasado 2 de septiembre, le preguntaron a los hogares si recibieron recursos del programa Familias en Acción (P784S1), el cual tiene por objeto atender personas y hogares en pobreza o en vulnerabilidad. El resultado fue que el programa tan sólo llega al 8 por ciento de las personas (17% de los hogares) objeto de la política pública. Estos bajos niveles de cobertura se corroboran cuando tan sólo el 10 por ciento de las personas en pobreza tuvieron acceso al programa (21% de las familias); y el 5 por ciento de las personas (11% hogares) en vulnerabilidad.

En la política de adulto mayor (P784S1), cerca de un millón 400 mil personas dicen estar en el programa, de ellas el 57 por ciento son pobres, el 30 vulnerables, y el 11 por ciento de clase media. Hay cerca de 8.500 personas de la clase alta que se encuentran en el programa.

A los encuestados también les consultaron por las “Ayudas monetarias por la pandemia del coronavirus (Ingreso Solidario; pago adicional como beneficiarios de Familias en Acción, Adulto Mayor o Jóvenes en Acción; servicios públicos)” encontrándose que estas intervenciones llegaron aproximadamente a 3 millones de personas de las cuales el 52 por ciento eran pobres, el 30 por ciento vulnerables y un 12 de la clase media. Unas 15 mil personas de clase alta recibieron esta ayuda.

Finalmente, unas 400 mil familias señalaron haber recibido otro tipo de ayudas públicas.

En suma, de las transferencias entregadas a las familias para hacer frente a la pandemia del covid-19, según la ECV muestra que cerca de 16 millones 500 mil personas recibieron por lo menos una ayuda (entre ellas, Familias en Acción, Adulto Mayor, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario). De la población que se encuentra en pobreza, el 46 por ciento recibió por lo menos una ayuda, y el 34 por ciento de quienes clasifican como vulnerables. Dado el alto número de personas que se encuentran en vulnerabilidad o en pobreza, hay que resaltar que cerca del 30 por ciento de ellas no han recibido ningún tipo de ayuda, ¡y ellas son cerca de 21 millones de personas!

Es por estas deficiencias que presentan los registros administrativos del Estado para focalizar las intervenciones sobre este tipo de poblaciones, que un millón y medio de personas de la clase media recibieron ayudas durante la pandemia, así como unas 70 mil de la clase alta. Una realidad remediable implementando una política económica y social factible a todas luces: universalizar un monto digno de renta básica para las personas en pobreza o en vulnerabilidad.

El costo de erradicar la miseria de Colombia, a través de una intervención pública que complemente los ingresos por medio de una transferencia incondicional a las personas que se encuentran en pobreza extrema, de tal forma que su ingreso fuese igual al de la línea de indigencia ($145.004 mensual por persona) sería del orden de los 200 mil millones de pesos al mes (0.2% del PIB al año). Esta asignación es superior a los 160 mil pesos mensuales del programa de ingreso solidario (40 mil pesos por persona para un hogar compuesto por 4 miembros) que se aprobó en la reforma tributaria.

Bogotá, septiembre de 2021

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** Rojas, Víctor. 2012. La ética discursiva en las teorías del derecho de Habermas y Alexy. Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3088/1.pdf.

* Ingeniero eléctrico y economista.