1. Informe de la ONG sobre la represión a las protestas
Human Rights Watch denuncia "abusos gravísimos" de la policía de Colombia
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, aseguró que la fuerza policial "sigue actuando con una cultura de conflicto armado" y "unos procedimientos que no son precisamente de cercanía con la ciudadanía".
Imagen: AFP
Human Rights Watch (HRW) presentó este miércoles un primer y duro informe en el que denuncia "abusos gravísimos" de la fuerza policial en el contexto del paro nacional que vive Colombia desde el pasado 28 de abril. La ONG acusa a la policía de estar presuntamente implicada en 20 homicidios en medio de las masivas protestas contra el presidente Iván Duque, y destaca que el gobierno "debería tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos e iniciar una reforma policial profunda". El documento está basado en entrevistas a más de 150 personas en 25 ciudades colombianas e incluye a víctimas, familiares, testigos presenciales, funcionarios judiciales y del gobierno de Duque, entre otros.
En el informe, HRW afirma haber recibido denuncias creíbles sobre 68 muertes ocurridas desde el inicio de las manifestaciones. "Hasta ahora hemos confirmado que 34 de estas muertes ocurrieron en el contexto de las protestas incluidas las de dos policías, un investigador judicial y 31 manifestantes o transeúntes. Personas armadas vestidas de civil también han atacado a manifestantes y han causado la muerte de por lo menos cinco de ellos", sostiene la ONG.
El organismo de derechos humanos dice tener evidencia que apunta a que la policía mató a 20 de esos manifestantes en el mes y medio que va del paro; 16 de ellos con armas de fuego, tres por el uso indiscriminado de armas menos letales como gases lacrimógenos y uno por golpiza. HRW señala además que la cifra del ministerio de Defensa de más de 1.100 manifestantes heridos podría ser más alta, ya que no todos los casos fueron reportados.
Fuente: Human Rights Watch.Por otra parte, advierte que más allá de la estimación de la Fiscalía, que señala que 1.136 personas fueron detenidas, al menos 5.500 más fueron privadas de su libertad utilizando una figura que le permite a la policía "trasladar" a individuos a centros de detención para su supuesta protección. En cuanto a la cifra de desaparecidos, la de HRW alcanza las 419 personas, de las cuales 309 ya fueron localizadas.
HRW ve con buenos ojos la iniciativa de Duque para reformar al cuerpo policial, aunque considera que algunas medidas son "cosméticas" al no apuntar a una transformación de fondo. La organización recomienda transferir la policía del ministerio de Defensa al ministerio del Interior o a un nuevo ministerio de Seguridad, como ocurre en otros países de América latina.
"La policía sigue actuando con una cultura de conflicto armado, con unos procedimientos que no son precisamente de cercanía con la ciudadanía", explicó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en una rueda de prensa virtual. Para Vivanco, el presidente Iván Duque ha sido "lento y no ha estado a la altura de la necesidad de condenar en términos inequívocos las violaciones gravísimas de los derechos humanos" por parte de uniformados.
Insistir en que se trata de "manzanas podridas" es "un error" y un "esfuerzo por minimizar" que "no ayuda a promover una reforma de fondo" en la fuerza pública, subrayó Vivanco. También pidió aportar pruebas sobre la responsabilidad de las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN en los disturbios, ya que esa afirmación del gobierno genera "más rabia en aquellos que protestan" y los "estigmatiza".
Con un conflicto armado que lleva más de medio siglo, Colombia enfrenta un movimiento inédito de protesta compuesto en su mayoría por jóvenes que exigen un cambio de rumbo al gobierno, una profunda reforma de la policía y un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos, sociales y sanitarios del coronavirus.
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Fuente:
2. Brutalidad policial contra manifestantes
Human Rights Watc
Yinson Andrés Angulo Rodríguez, Edwin Villa Escobar, Marcelo Agredo Inchima, Kevin Antoni Agudelo, Santiago Andrés Murillo, Nicolás Guerrero. Seis de los jóvenes asesinados por la policía en Colombia durante el paro nacional.
Urge una reforma policial para prevenir futuros abusos
(Washington D.C.) – Miembros de la Policía Nacional de Colombia han cometido abusos gravísimos en contra de manifestantes en su mayoría pacíficos durante las protestas que empezaron en abril de 2021, señaló hoy Human Rights Watch. El gobierno de Colombia debería tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos e iniciar una reforma policial profunda para garantizar que los agentes respeten el derecho de reunión pacífica y los responsables de abusos sean llevados ante la justicia.
El 28 de abril, miles de personas salieron a las calles en decenas de ciudades de Colombia en protesta contra un proyecto de reforma tributaria. El gobierno retiró la propuesta algunos días después, pero las manifestaciones continuaron por motivos que incluyen la desigualdad económica, la violencia policial, el desempleo y la falta de servicios públicos adecuados. En reiteradas ocasiones los policías han dispersado manifestaciones pacíficas de manera arbitraria y empleado la fuerza de forma excesiva, y a menudo brutal, incluso mediante el uso de municiones letales. Human Rights Watch ha documentado numerosas muertes cometidas directamente por policías, así como violentas golpizas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias de manifestantes y transeúntes.
“Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Se necesita una reforma seria que permita separar claramente a la Policía de las Fuerzas Militares y asegurar una supervisión y rendición de cuentas adecuada para impedir que estos abusos vuelvan a ocurrir o queden impunes”.
Aunque la mayoría de las protestas han sido pacíficas, algunos individuos han cometido actos graves de violencia, como quemar estaciones de policía y atacar a policías, dos de los cuales han muerto.
Human Rights Watch entrevistó, en su mayoría por teléfono o videoconferencia, a más de 150 personas ubicadas en 25 ciudades de Colombia, incluidas víctimas, sus familiares y abogados, testigos presenciales, funcionarios judiciales, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y defensores de derechos humanos. Human Rights Watch también se reunió con la vicepresidenta de Colombia, quien también es la canciller; el director de la Policía; el fiscal general; y el director de la justicia penal militar.
Miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses (Independent Forensic Expert Group, IFEG) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (International Rehabilitation Council for Torture Victims, IRCT), organización internacional integrada por reconocidos expertos forenses, elaboraron dictámenes sobre algunas de las evidencias de abusos. Human Rights Watch consultó registros policiales y médicos, necropsias, fotos y videos de las víctimas, publicaciones de organizaciones de derechos humanos e informes de prensa. Human Rights Watch también corroboró más de 50 videos publicados en redes sociales y obtuvo información de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y los Ministerios de Defensa y de Interior acerca de la respuesta del gobierno ante abusos cometidos en protestas anteriores.
Human Rights Watch ha recibido denuncias creíbles sobre 68 muertes ocurridas desde el comienzo de las manifestaciones. Human Rights Watch recibió denuncias de estas muertes a través de organizaciones locales, incluyendo, entre otras, Temblores y la coalición de organizaciones de derechos humanos Defender la Libertad. Human Rights Watch documentó cada uno de los casos de forma independiente y con evidencias de primera mano.
Hasta ahora, hemos confirmado que 34 de estas muertes ocurrieron en el contexto de las protestas, incluidas las de dos policías, un investigador judicial y 31 manifestantes o transeúntes, de los cuales al menos 20 parecen haber muerto a manos de policías. Personas armadas vestidas de civil también han atacado a manifestantes y han causado la muerte de por lo menos cinco de ellos.
Las autoridades colombianas deben llevar a cabo investigaciones prontas, independientes y rigurosas sobre todos los casos de abuso policial y otros hechos graves de violencia, incluyendo por parte de hombres armados de civil que atacaron a manifestantes, señaló Human Rights Watch. También deben investigar a los agentes de policía que podrían haber incumplido su deber de proteger a manifestantes de ataques armados cometidos por particulares.
Human Rights Watch obtuvo evidencias creíbles que indican que la policía mató al menos a 16 manifestantes o transeúntes con municiones letales disparadas con armas de fuego. En la gran mayoría de estos casos, las víctimas tenían heridas de bala en órganos vitales, como el tórax o la cabeza, lo cual, según aseguraron autoridades judiciales a Human Rights Watch, es consistente con que hayan sido causadas con la intención de matar.
Al menos una víctima más murió por golpizas y otras tres por uso indebido o excesivo de gases lacrimógenos o aturdidoras.
Más de 1.100 manifestantes y transeúntes han sufrido lesiones desde el 28 de abril, según datos del Ministerio de Defensa, aunque es probable que la cifra total sea mayor, dado que muchos casos no se han denunciado ante las autoridades.Human Rights Watch documentó los casos de nueve personas que sufrieron lesiones oculares graves, al parecer como resultado de cartuchos de gases lacrimógenos o proyectiles de impacto cinético disparados con fusiles antidisturbios. Siete de estas personas probablemente perderán la visión en un ojo.
Entre los heridos hay periodistas y defensores de derechos humanos que estaban cubriendo las protestas. Muchos de ellos estaban usando chalecos que los identificaban como miembros de la prensa o de organizaciones de derechos humanos.
El 3 de junio, el Ministerio de Defensa señaló que, desde el 28 de abril, la policía había detenido a más de 1.200 personas por delitos presuntamente cometidos durante las protestas. Los fiscales habían imputado a 215. La Fiscalía General de la Nación dijo a Human Rights Watch que cientos de detenidos fueron liberados luego de que un juez o fiscal determinara que sus derechos habían sido violados durante la detención o que no existían evidencias de que habían cometido un delito.
A su vez, la policía ha privado de la libertad a más de 5.500 personas sobre la base de una disposición legal que le permite “trasladar” a una persona a un “centro asistencial o de protección” para “su protección” o la de terceros. Human Rights Watch documentó múltiples casos de detenciones arbitrarias, incluyendo varios en los que la policía empleó la figura de “traslado por protección”.
El 14 de mayo, la Defensoría del Pueblo reportó que había recibido quejas en contra de miembros de la Policía por 2 casos de violación sexual, 14 casos de agresión sexual y otros 71 casos de violencia basada en género, incluyendo bofetadas y abuso verbal. Las organizaciones de derechos humanos colombianas han informadosobre más casos. Human Rights Watch documentó dos casos de violencia sexual por parte de policías contra manifestantes.
Human Rights Watch también documentó 17 golpizas violentas cometidas por la policía, en muchos casos con bastones. Una víctima, Elvis Vivas, de 24 años, murió en un hospital después de recibir una golpiza brutal por parte de policías.
Se ha informado que al menos 419 personas han desaparecido durante las protestas. El 4 de junio, la Fiscalía indicó que había localizado a 304 de esas personas. En algunos casos, quienes las reportaron como desaparecidas no sabían que estas personas habían sido detenidas.
Aunque la mayoría de las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica, algunos individuos cometieron actos graves de violencia, incluidas agresiones violentas contra policías y ataques a estaciones de policía con piedras y cócteles Molotov, saqueos e incendios de bienes públicos y privados. Al 2 de junio, más de 1.200 policías habían sido lesionados, al menos 192 de gravedad, dos agentes habían muerto y siete seguían hospitalizados, según el Ministerio de Defensa. Veinte policías fueron heridos por armas de fuego, según el director general de la Policía. El 29 de abril, varios individuos golpearon y abusaron sexualmente de una mujer policía mientras atacaban una estación policial en Cali.
Grupos de manifestantes bloquearon calles y vías por períodos prolongados, lo cual en algunos casos restringió o impidió la distribución de alimentos o la circulación de ambulancias, sobre todo en los departamentos de Valle del Cauca y Cundinamarca. En ocasiones, estas restricciones dificultaron el acceso a insumos de salud, incluido el oxígeno para pacientes con Covid-19, indicó el Ministerio de Salud. Una bebé recién nacida murió el 23 de mayo luego de que los manifestantes bloquearan la ambulancia que la trasladaba entre Cali y Buenaventura.
“La violencia contra policías y los bloqueos que impidan el acceso a alimentos o servicios de salud son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial”, señaló Vivanco.
Casos de abusos cometidos durante protestas ocurridas en 2019y 2020 motivaron peticiones, incluyendo por parte de Human Rights Watch, de que se realizara una reforma policial.
La Policía colombiana depende del Ministerio de Defensa y con frecuencia ha sido desplegada para combatir a grupos armados junto con las Fuerzas Armadas, lo cual ha hecho que no exista una separación clara sobre las diferentes funciones de estas dos fuerzas. En situaciones de conflicto armado, el uso de la fuerza se rige por el derecho internacional humanitario, y las reglas son muy distintas a las de contextos civiles, tales como en protestas. Asimismo, los policías implicados en abusos a menudo son juzgados en tribunales militares, donde hay pocas probabilidades de que los agentes respondan por esos abusos dada su tradicional opacidad y falta de independencia.
Colombia necesita una Policía de carácter civil que esté entrenada para responder a las manifestaciones de una manera respetuosa de los derechos humanos, y cuyos miembros rindan cuentas por los abusos cometidos, dijo Human Rights Watch. Establecer una separación clara entre la Policía y las Fuerzas Armadas es un primer paso clave para ello.
El 6 de junio, el Presidente Iván Duque anunció una serie de medidas para “transformar” la Policía. Algunas de estas medidas, tales como la reforma al sistema disciplinario, podrían tener un impacto positivo para prevenir y sancionar abusos policiales, si son diseñadas e implementadas adecuadamente, sostuvo Human Rights Watch. Sin embargo, otras de las medidas anunciadas parecen ser más bien de carácter cosmético y, en general, las reformas propuestas no son suficientes para prevenir violaciones de derechos humanos y garantizar justicia por los abusos.
El Presidente Duque ha reconocido que la policía cometió algunos abusos y manifestado que los agentes implicados serían procesados y castigados. En el pasado, Duque ha rechazado otras propuestas de reformas policiales mayores, y ha señalado que su gobierno tiene “tolerancia cero” frente a abusos de la policía.
Sin embargo, el sistema disciplinario interno de la Policía, que no es suficientemente independiente, no ha castigado a los agentes responsables por abusos durante protestas en 2019 y 2020, conforme indican datos oficiales obtenidos por Human Rights Watch. La Fiscalía, que adelanta investigaciones penales, tampoco ha logrado avances suficientes en sus investigaciones sobre abusos cometidos durante esas protestas.
Ver abajo recomendaciones detalladas y más información sobre las conclusiones de Human Rights Watch.
Dispersión arbitraria de protestas pacíficas; uso excesivo de la fuerza
El gobierno colombiano ha desplegado a policías regulares y a miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para responder a las protestas. Los policías regulares asisten cada dos años a un curso de 45 horas sobre cómo actuar en manifestaciones pacíficas, pero no reciben capacitación específica sobre cómo responder a disturbios, dijo el director de la Policía a Human Rights Watch.
Asimismo, desde el 1 de mayo, el presidente Duque ha desplegado a soldados para “asistir” a la policía, pero no para emplear la fuerza contra manifestantes. El 28 de mayo, Duque aumentó el número de soldados desplegados y ordenó que varios gobernadores y alcaldes trabajaran en conjunto con las fuerzas de seguridad para adoptar las “medidas necesarias” para “levantar los bloqueos”.
El derecho internacional de los derechos humanos establece que las autoridades deben proteger las reuniones pacíficas y no deben dispersarlas incluso si consideran que son ilícitas. Las autoridades deben abstenerse de usar la fuerza a menos que esto resulte necesario y proporcionado para responder a incidentes específicos de violencia. Como norma general, las manifestaciones pacíficas que bloquean el tránsito pueden dispersarse solo si generan perturbaciones graves y sostenidas.
Sin embargo, Human Rights Watch ha documentado varios casos en los cuales agentes del ESMAD o policías regulares violaron estos principios al dispersar de manera arbitraria protestas pacíficas o usar la fuerza de manera indiscriminada o excesiva, incluyendo mediante el uso de armas letales.
Uso indebido de armas letales
Conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, las armas letales solo pueden emplearse cuando resulte estrictamente necesario para abordar un riesgo inminente para la vida o la integridad física. El uso de armas letales para dispersar reuniones o manifestaciones es siempre ilícito.
Conforme al derecho colombiano, la policía puede usar armas de fuego en defensa propia o para proteger a personas de un “peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida”.
La Policía colombiana indicó a Human Rights Watch que la policía regular y los miembros del ESMAD no han usado armas letales durante las manifestaciones.
Sin embargo, Human Rights Watch corroboró varios videos en los que se ve a policías disparando armas de fuego en el contexto de las manifestaciones, en circunstancias en las cuales no parecía haber un riesgo para la vida o la integridad física de una persona.
Human Rights Watch documentó 16 casos en los cuales la policía parece haber matado con municiones letales a manifestantes no armados. En al menos 15 de los casos, las víctimas tenían heridas de bala en órganos vítales: 7 tenían heridas en el tórax, 6 en la cabeza y 2 en el abdomen. Esas heridas son consistentes con haber sido causadas con la intención de matar, señalaron autoridades judiciales a Human Rights Watch.
Junio 9, 2021 12:00AM EDT
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Fuentes:
3. Las razones de Human Rights Watch para pedirle a Duque la implementación de "una reforma profunda" de la Policía en Colombia
La organización documentó que los uniformados mataron a 16 manifestantes desarmados mediante el uso de "municiones letales".
Una tanqueta de la Policía arremete contra manifestantes en Bogotá, ColombiaSTRINGER / Reuters
Más de 40 días después del inicio de las manifestaciones en Colombia, el Gobierno de Iván Duque continúa criminalizando la protesta social, mientras los organismos de derechos humanos exigen una reforma policial que atienda las causas estructurales de la represión por parte de uniformados.
Desde el 28 de abril que iniciaron las movilizaciones multitudinarias en Colombia, se han reportado 68 fallecimientos, de los cuales, 34 ocurrieron en el contexto de las protestas sociales, según ha podido comprobar la organización Human Rights Watch (HRW) con entrevistas a más de 150 testimonios.
Pese a que el Gobierno de Duque ha minimizado los abusos policiales y ha ofrecido promesas de justicia en estos casos, Human Rights Watch documentó en un reciente informe que la Policía sería responsable de al menos 20 muertes de manifestantes, mientras que cinco asesinatos de participantes en las protestas fueron ejecutados por "personas armadas vestidas de civil", una situación que despertó dudas en el país suramericano sobre la probable presencia de grupos paramilitares que actuaron con aval de las autoridades.
Enfrentamiento entre manifestantes y la Policía en Popayán, departamento del Cauca, ColombiaLUISA GONZALEZ / ReutersAdemás, se tiene conocimiento sobre la muerte de dos policías y un investigador judicial.
El violento actuar policial
Los incidentes aislados de vandalismo han sido la justificación del Gobierno colombiano para reprimir las manifestaciones. Las redes sociales fueron la vía que mostró cómo las autoridades utilizaron fuerza desmedida para apagar los reclamos. Después, las organizaciones de derechos humanos documentaron que la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) actuaron de manera arbitraria y habrían empleado la fuerza de forma excesiva y brutal.
De las 20 muertes atribuidas a la Policía, en 16 casos los uniformados utilizaron "municiones letales" en contra de manifestantes que no estaban armados. En concreto, Human Rights Watch tuvo conocimiento de que al menos 15 víctimas presentaban heridas de bala en órganos vitales, lo que a juicio de las autoridades judiciales consultadas por la organización, probaría que las lesiones fueron "causadas con la intención de matar".
El uso de armas letales por parte de las instituciones de seguridad contradice el derecho internacional y la propia legislación colombiana, que establece que únicamente pueden utilizarse cuando hay "peligro inminente de muerte o lesiones graves", así como para evitar "la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida".
Aunque la Policía colombiana negó haber utilizado armas letales en el contexto de las manifestaciones, Human Rights Watch corroboró, por medio de material audiovisual, que los uniformados utilizaron armas de fuego cuando "no parecía haber un riesgo para la vida o la integridad física de una persona".
Además de las armas de fuego, las autoridades dispararon gases lacrimógenos directamente contra los manifestantes, dejando siete heridos y tres personas fallecidas. En este contexto de violencia desmedida, se tuvo conocimiento de que la Policía Nacional habría utilizado un sistema de lanzamiento de proyectiles múltiples, conocido como Venom, que permite disparar hasta 30 cartuchos de gas lacrimógeno, humo o aturdidoras por vez.
"Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas", señaló el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
Asimismo, la Policía habría golpeado brutalmente a 17 personas tras ser detenidas; una de las cuales murió por las lesiones. Por su parte, la Defensoría del Pueblo recibió quejas de mujeres que responsabilizaron a oficiales por dos casos de violación sexual, 14 de agresiones sexuales y otros 71 incidentes de violencia de género.
Investigación de abusos
Esta semana arribó a Colombia una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para recabar testimonios sobre los abusos cometidos durante las protestas antigubernamentales. La visita del organismo fue concretada tras la negativa inicial del Gobierno de Duque.
El equipo de la CIDH escuchará a víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para recibir sus testimonios sobre los abusos registrados en el contexto de las movilizaciones.
La visita del organismo coincide con la suspensión del diálogo con el Comité Nacional del Paro, después de que el Gobierno de Duque incumplió un preacuerdo que fijaba garantías mínimas para garantizar la protesta, según denunciaron los sindicatos y organizaciones sociales.
Proyecto de reforma a la Policía
En medio de las fuertes críticas contra las instituciones colombianas, Duque anunció que el 20 de julio presentaría ante el Congreso el 'Proyecto de Ley de Estatuto Disciplinario Policial'.
Esta propuesta del jefe del Ejecutivo incluirá la creación de una Dirección de Derechos Humanos al interior del organismo; un nuevo "Estatuto Disciplinario"; un sistema de recepción, trámite y seguimiento de quejas y denuncias contra autoridades; así como modificaciones respecto al "uso legal y legítimo de la fuerza, con la incorporación de prácticas y estándares internacionales", según comunicó la oficina de la Presidencia.
Impunidad en investigaciones
El anuncio fue recibido con escepticismo por parte de organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch destacó que la reforma al sistema disciplinario podría ser positiva para prevenir y sancionar abusos policiales, si se implementa correctamente. No obstante, otras de las medidas anunciadas "parecen ser más bien de carácter cosmético", aseveró la organización.
"El sistema disciplinario interno de la Policía, que no es suficientemente independiente, no ha castigado a los agentes responsables por abusos durante protestas en 2019 y 2020", apuntó Human Rights Watch.
En el caso de las protestas recientes, la Policía anunció investigaciones disciplinarias contra 117 agentes por posibles conductas indebidas. No obstante, solo cinco integrantes fueron suspendidos temporalmente, mientras que el resto seguía desempeñando sus funciones.
A juicio de Human Rights Watch, las investigaciones penales a cargo de la Fiscalía General de la Nación sobre los abusos cometidos durante las protestas tampoco registran avances suficientes.
El presidente de Colombia, Iván Duque, en entrevista con la agencia Reuters, en BogotáLuisa Gonzalez / Reuters
La dependencia comunicó el 10 de mayo que inició 24 investigaciones sobre las protestas de 2019, y otras 5 sobre las movilizaciones de 2020. "Ningún policía había sido objeto de sanciones disciplinarias y la mayoría de los casos continuaban en etapas preliminares", denunció HRW.
En este contexto, la organización hizo un llamado urgente al Gobierno de Duque "para proteger los derechos humanos" e iniciar una "reforma policial profunda" que garantice el derecho a la reunión pacífica, y que en caso de registrarse abusos, los responsables "sean llevados ante la justicia".
Además, pidió a Duque que su Gobierno realice una "revisión exhaustiva de los protocolos, las prácticas y los equipos de control de multitudes de la Policía".
Para la organización, es necesario que Duque ofrezca una disculpa, en nombre del Estado colombiano, por los abusos policiales cometidos durante las protestas, a la vez que da garantías de reparación a las víctimas.
José Beltrán Contreras
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Una polémica imagen de un antidisturbios empuñando un cuchillo contra los manifestantes en Colombia se hace viral y provoca una investigación
Estas fotografías se suman a los reiterados cuestionamientos de los organismos nacionales e internaciones sobre la actuación policial durante las movilizaciones antigubernamentales.
LUISA GONZALEZ / Reuters
Las imágenes de un policía antidisturbios colombiano que saca un cuchillo de su uniforme, y lo empuña durante la contención de una manifestación, se viralizaron en la redes sociales y generaron que las autoridades abrieran una investigación.
La escena fue registrada en el corregimiento de Villagorgona, en el municipio de Candelaria Valle, del departamento del Valle del Cauca, que ha sido el más sacudido por las protestas. En la zona se produjeron disturbios y hechos de violencia, que incluyeron la quema de un estacionamiento de tránsito municipal por parte de encapuchados, en rechazo a la presencia de los agentes del cuestionado Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
En tres fotos, que han generado un fuerte rechazo en las redes, se aprecia cómo el miembro del Esmad saca de su rodillera un objeto, que pareciera ser un cuchillo de hoja blanca, y lo empuña con su mano derecha mientras mantiene una postura corporal de ataque. No hay imágenes de lo que ocurrió posteriormente.
Estos son los héroes del gobierno. Policía amenazó con un cuchillo a la primera línea de Candelaria, Valle del Cauca. No hay garantías para la vida en Colombia.
Tras la difusión de las gráficas en distintas plataformas sociales, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Juan Carlos León Montes, escribió en la cuenta de la institución que "ha sido identificado el uniformado que aparece portando lo que parece un elemento cortopunzante" y que "se adelanta una investigación para aclarar en el menor tiempo posible la situación".
Los internautas, que manifestaron sus comentarios de repudio en Twitter, llamaron a los uniformados "delincuentes" y "vándalos", ironizando con los señalamientos hechos por el Gobierno sobre los participantes en las acciones de calle. Del mismo modo, se preguntaron cómo actuar si un uniformado porta un cuchillo, debido a que defenderse podría significar un delito contra la autoridad.
Una actuación policial muy cuestionada
Estas imágenes se suman a los reiterados cuestionamientos de los organismos nacionales e internaciones sobre la actuación policial durante las movilizaciones antigubernamentales, que ya superan los 40 días. Al respecto, el presidente Iván Duque anunció el pasado domingo una "transformación" policial que estaría enfocada en la incorporación de prácticas y estándares internacionales en el "uso legal y legítimo de la fuerza".
Varias ONG, que han registrado las denuncias de excesos policiales, manejan un promedio de 60 personas muertas en el contexto de las protestas, de las cuales por lo menos 40 serían responsabilidad de los funcionarios de seguridad.
Estos y otros señalamientos están siendo revisados por una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), que realiza una "vista de trabajo" en Colombia desde el pasado lunes.
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