CASI UN MES DE PARO, SIGUEN MOVILIZACIONES, UN GOBIERNO QUE NO DA SOLUCIONES Y UN FUTURO INCIERTO

Miles de colombianos se movilizarán este miércoles en las principales ciudades del país en respuesta a la convocatoria del Comité Nacional del Paro para impulsar las negociaciones con el Gobierno.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés Tello llamó a fortalecer las movilizaciones este miércoles y el viernes próximo cuando se cumple un mes de las protestas en contra del Gobierno de Iván Duque.

Como parte de las acciones de protestas, el líder sindical instó a realizar actos culturales, cacerolazos en la noche y otras iniciativas pacíficas en el contexto del paro.

A pesar de haber alcanzado un preacuerdo con el Gobierno para avanzar en las negociaciones, el Comité Nacional del Paro acusó al presidente Iván Duque de dilatar el diálogo para hallar respuestas a las demandas populares exigidas por la mayoría de los ciudadanos.

La comisión gubernamental aplazó para el jueves la firma de un acuerdo, dijo Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores que integra el Comité.

El gobierno de Iván Duque no quiere atender las negociaciones que podrían darle salida al paro, denunció Arias por medio de su cuenta en Twitter.

Desde el 28 de abril miles de colombianos se mantienen protestando contra la agenda neoliberal de Iván Duque que afecta a millones de ciudadanos.

Aunque el Gobierno anunció el retiro de la reforma tributaria gracias a la presión popular, las protestas sociales continúan contra las políticas de Iván Duque con un cada vez más creciente pliego de demandas.

En ese contexto, las fuerzas policiales y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y el ejército iniciaron una fuerte represión con saldo de más de dos mil casos de violencia contra los manifestantes, en particular, más de 40 muertos.

Ante ese escenario de violencia de la fuerza pública, el Congreso realizó dos mociones de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, a quien responsabilizan por la represión contra los manifestantes.

Organizaciones de derechos humanos y no gubernamentales como Temblores ONG registran al menos 50 muertos en las protestas, cientos de heridos y desaparecidos; además de 37 manifestantes con lesiones oculares, entre otros abusos, a manos de la fuerza pública.

Tuluá vivió el martes enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos de protestantes y episodios de caos urbano, en los que resultó muerto el joven Camilo Arango producto de la represión policial.

En medio de una jornada de protestas en Tuluá, departamento del Valle del Cauca, se reportó en horas de la noche un incendio en el Palacio de Justicia del municipio.

De acuerdo a información de la Policía, las llamas han arrasado buena parte del tejado y el segundo piso de la institución judicial de esta ciudad ubicada al norte de Cali.

Tuluá vivió el martes enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos de protestantes y episodios de caos urbano, en los que falleció el joven Camilo Arango producto de la represión policial.

"Ataques como los de esta noche en Tuluá dejan de ser vandálicos y se convierten en actos terroristas. La protesta pacífica es legítima, la violencia es delito", consideró el ministro de Justicia colombiano, Wilson Ruiz, quien condenó el ataque.

También se registró un ataque contra la sede de la Fiscalía en Tuluá. Sin embargo, en este último caso no hubo mayor afectación más allá de la ruptura de algunos vidrios de la fachada.

A pesar de la condena por parte de funcionarios del Gobierno en relación al incendio del Palacio de Justicia, la senadora Griselda Lobos de Comunes llamó a quienes responsabilizan a los manifestantes a no mentir.

'¿Quiénes se benefician quemando el Palacio de Justicia en Tuluá? Con seguridad los manifestantes no. Dejen de mentirle al país y dejen de buscar pretextos para justificar la violencia y represión', remarcó la congresista.

Cali y la región del Valle del Cauca y el vecino Cauca han sido el epicentro de las protestas y movilizaciones sociales contra el presidente Iván Duque, que han dejado al menos 43 muertos y cientos de desaparecidos.

El estallido social, que reclama un país más justo y solidario ante el deterioro económico que agudizó la pandemia, deja de momento más de 2.000 heridos.

Durante la noche del martes, en Bogotá se reportaron nuevos episodios de represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y la policía contra manifestantes

El partido Comunes denunció que las fuerzas policiales realizaron capturas de jóvenes en el barrio La Igualdad, Kennedy, en esta capital.

El representante a la Cámara del Congreso por esa fuerza política Sergio Marín denunció que la policía lanzó gases dentro de un barrio residencial donde había niños y adultos mayores.

Asimismo, la organización defensora de los derechos humanos Lazos de Dignidad advirtió que el Esmad arremetió contra el espacio humanitario en el Portal de las Américas, apodado Portal de la Resistencia, por ser centro de lucha en estas jornadas de protestas.

El Comité Nacional de Paro acusó al presidente Iván Duque de dilatar las negociaciones para hallar respuestas a las demandas populares.

El colectivo anunció este martes el logro de un preacuerdo en relación con las garantías del Estado para la protesta pacífica, sin embargo, la comisión gubernamental aplazó para el jueves la firma del mismo.

El Espectador - RCN Prensa Latina - EFE

teleSUR - SH

Este miércoles, 26 de mayo, habrá una nueva jornada de paro nacional en varias ciudades del país, entre ellas, Bogotá, Cartagena, Bucaramanga, Neiva, entre otras.

Por: María Camila Castro

El comité del paro convocó a una nueva jornada de manifestaciones a nivel nacional para este miércoles, 26 de mayo, pese a que este lunes se terminará el documento de preacuerdos entre Gobierno y comité del paro.

Estos son los puntos de concentración en las principales ciudades del país como Medellín , Bucaramanga , Cartagena , entre otras:

En la capital del país se tienen previstos 10 puntos de concentración:

Universidad Pedagógica Nacional - 8:00 de la mañana.

Parque Nacional y Parque Hippies- 9:00 de la mañana.

Fontibón Calle 13 con 97 - 9:00 de la mañana.

Carrera 30 con Calle 26 - 9:00 de la mañana.

Terminal del Sur - 2:00 de la tarde.

Calle 2 sur con carrera 10 2:00 de la tarde.

Plaza de Bolívar - 10: 00 de la mañana.

Avenida 1ro de mayo con carrera 10ma, iglesia La Victoria - 10:00 de la mañana.

Portal Usme - 3:30 de la mañana.

Universidad Nacional - 8:00 de la mañana.

Por primera vez desde el inició del paro nacional , la marcha será en el sur de la ciudad. A las 10:00 de la mañana está convocada para salir una gran movilización desde el Parque del Poblado, que tomará la avenida de El Poblado hasta el Parque de Envigado y luego bajará al Parque del Artista en Itagüí.

Este miércoles se tiene previstas dos manifestaciones, la primera, liderada por el comité de paro del municipio de Soledad que convocó a partir de las 9:00 de la mañana una concentración en la sede de la empresa Air-e ubicada en la calle 19 con carrera 18 de este municipio ubicado en el Área Metropolitana.

La gran movilización será a partir de las 2:00 de la tarde, el punto de concentración es la Universidad Autónoma del Caribe y la marcha bajará por la carrera 46 hasta llegar a la Plaza de la Paz.

Este miércoles la marcha comenzará a las 9:00 de la mañana desde el puente Provenza hasta el centro de Bucaramanga.

"Vamos a tener delegaciones de varios municipios cercanos a Bucaramanga para realizar una gran manifestación contra el Gobierno Nacional. Esperamos tener a unas 20.000 personas marchando", aseguró Oscar Estupiñán, vicepresidente de la CUT en Santander.

La jornada iniciará desde las 5:00 de la mañana con bloqueos en la zona industrial de Mamonal. Estudiantes, sindicatos, organizaciones sociales y comunidades indígenas bloquearán los accesos a la altura de la Y del peaje de Ceballos, Albornoz, Membrillal y el peaje de la Heroica.

Por otro lado, docentes de los municipios de la zona norte de Bolívar se concentran en la Vía La Cordialidad y de allí marcharán a la zona industrial de Mamonal.

La marcha convocada saldrá desde el Éxito de granjas, Olímpica de Canaima, Centro de Convenciones, el puente El Tizón y finalizara en el parque Santander con un acto cultural.

Para garantizar el orden público y la seguridad, la Alcaldía de Neiva a través del decreto 366 estableció ley seca desde las cero horas del 26 de mayo hasta las 06:00 de la tarde. Igualmente queda prohibida la participación de menores de edad durante la movilización, el uso de máscaras, capuchas, pasamontañas o cualquier elemento que cubra el rostro y se suspende las actividades escolares, deportivas y recreativas.

La marcha tendrá como punto de encuentro la Plaza los Libertadores, en todo el centro de la ciudad, que recorrerá las calles de comercio y tomará la avenida 40 para, posteriormente, terminar en la sede del SENA que queda sobre la misma avenida.

No es extraño que la juventud colombiana –cada vez más afectada por la desocupación y la pobreza– sea uno de los sectores más activos en las protestas. Sin embargo, está poco representada en las negociaciones. La estrategia del gobierno, que apuesta a una mezcla de represión y diálogo, ha venido contribuyendo a la erosión de la credibilidad de las instituciones, mientras los actores políticos comienzan a mirar hacia las elecciones presidenciales del próximo año.

En el último año, 3,6 millones de personas ingresaron a la condición de pobreza y 2,78 millones a la condición de pobreza extrema en Colombia. En 2020, 42,5% de la población vivió en condiciones de pobreza, lo que indica un aumento de 6,8 puntos porcentuales frente a la cifra del 2019 (35,7%). Hoy, en total, son más de 21 millones de personas las que subsisten con menos de 331.688 pesos mensuales (aproximadamente 88 dólares) y 7,47 millones de colombianos viven con menos de 145.004 pesos (aproximadamente 39 dólares). Las estimaciones sugieren que se ha retrocedido al menos una década de lucha contra la pobreza en el país.

Fueron las grandes ciudades las que más sufrieron los efectos de la pandemia y de las políticas de confinamiento. En Bogotá, por ejemplo, el número de personas que viven en condición de pobreza es de 3,3 millones; le sigue Antioquia (cuya capital es la segunda ciudad más importante del país, Medellín) con un total de 2,32 millones, Valle del Cauca (su capital es la tercera más importante del país, Cali) con 1,67 millones, Bolívar (1,71 millones), Córdoba (1,092 millones) y Atlántico (1,04 millones).

Dos de los sectores más afectados por la crisis en Colombia son las mujeres y los jóvenes. 46,7% de las mujeres en Colombia hoy vive en situación de pobreza, mientras que en el caso de los hombres el porcentaje es de 40,1. Según el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), «la brecha de género aumentó durante la pandemia y esto necesariamente golpea la incidencia de pobreza en aquellos hogares donde la mujer es cabeza de hogar». La situación de los jóvenes también se precarizó: la tasa de ocupación para el total de personas entre 14 y 28 años fue de 42%, con una disminución del 1,6% comparado con el trimestre enero-marzo de 2020 (43,6%). El desempleo joven fue 23,9%, con un un aumento de 3,4% frente al trimestre enero-marzo de 2020 (20,5%).

Esto último explica por qué los jóvenes han sido los protagonistas de la movilización social en Colombia, que se reactivó contra la reforma tributaria en abril pasado y prosiguió con otras reivindicaciones como el rechazo a la reforma sanitaria del gobierno. En las protestas del 2019 se habían organizado para llamar la atención sobre una situación que la pandemia solo contribuyó a empeorar. No solo estaban viendo sus expectativas de trabajo reducidas, sino que adicionalmente, sus posibilidades de obtener educación superior estaban decreciendo. Las universidades públicas no contaban con suficiente inversión estatal para ampliar sus cupos y el ingreso a universidades privadas los estaba dejando altamente endeudados. Para colmo, la pandemia no solo contribuyó a expulsar a los jóvenes del mercado laboral sino también del sistema educativo: en el 2020 un total de 243.801 estudiantes desertaron del sistema escolar oficial y no oficial, lo que corresponde al 2,7 %.

Si se ponen todos estos datos juntos es fácil entender por qué los barrios más pobres de las grandes ciudades han sido aquellos donde la movilización se ha tornado más multitudinaria. Se trata de una situación mala que ha empeorado ostensiblemente gracias a la pandemia. En muchos casos, además, estos son lugares en los que operan grupos ilegales (ya sean disidencias de la guerrilla, grupos dedicados al microtráfico o a otras formas de criminalidad) y que ven en estos jóvenes posibilidades de reclutamiento. Estos barrios recibieron y siguen recibiendo familias víctimas del desplazamiento forzado que lo abandonan todo para buscar protección en el anonimato que les brindan las ciudades grandes. Los jóvenes pertenecientes a estas familias sufren de un desarraigo que solo termina de acentuarse gracias a la falta de oportunidades laborales y de educación.

Por si todo lo anterior fuera poco, su relación diaria con la policía puede ser definida como una de tensión constante en la que el asedio, la detención ilegal y los abusos son el pan de todos los días. Lo que ya era un problema endémico solo empeoró durante la pandemia en virtud de los poderes adicionales que se le entregaron a la fuerza pública para hacer que el confinamiento y las medidas de bioseguridad se cumplieran. Mientras estos jóvenes y sus familias no hacían sino empobrecerse encerrados y sin posibilidad alguna de que esta difícil situación cambiara en el futuro más inmediato, en la calle la policía era cada vez más poderosa y más dueña del espacio público. Así las cosas, cuando la desesperada situación económica no se pudo contener más, el choque entre la frustración de estos jóvenes y la fuerza policial fue de una brutalidad sin precedentes en el pasado reciente colombiano.

Hay un problema adicional que dificulta aún más la situación y sus posibilidades de solución. La ciudadanía colombiana ha venido desarrollando una creciente desconfianza ante las instituciones estatales y ante los partidos políticos. En 2004, según el Observatorio de la Democracia, la satisfacción con la operación de las instituciones era de un 57,7% y hoy es de solo 18,2%. La falta de credibilidad de las instituciones estatales está acompañada, además, por una caída en la confianza frente a los medios de comunicación e incluso frente a las mismas organizaciones sociales.

Así las cosas, la única forma en la que muchos creen que se puede tratar de obtener respuestas frente a sus demandas es a través de la protesta. Han perdido la fe en que una respuesta adecuada se pueda lograr a través de la democracia representativa. La consecuencia inmediata es que los canales de comunicación entre el gobierno y la gente que protesta en las calles están taponados y truncados. Todos insisten en que la única salida a la actual situación, después de un mes de paro, es la negociación. Pero no es una tarea fácil identificar a los interlocutores. Si bien hay un Comité del Paro con quien el gobierno está intentado dialogar, la queja constante de quienes protestan es que los miembros del comité no los representan. Y no es un capricho. Para dar solo un ejemplo: la única persona joven allí representada es una activista del movimiento estudiantil universitario y ello contrasta con el hecho de que muchos de los jóvenes que protestan están saliendo del sistema escolar y tienen remotas posibilidades de ingresar a la universidad.

El gobierno, mientras tanto, ha preferido apostar con más vehemencia a una estrategia de orden público para tratar de contener la movilización. Constantemente criminaliza la protesta, hace un énfasis desproporcionado en el daño material que produce el paro, se presenta como víctima de intereses electorales y, haciendo uso de todas estas estratagemas, solo contribuye a restarle agencia y voz a quienes protestan. Si a eso se le suma su complicidad y nula actitud crítica frente al abuso policial, es fácil deducir que es el gobierno mismo quien ha contribuido a que el paro se prolongue y la protesta se haga cada vez más masiva.

La inmensa debilidad de la administración Duque, a quien ni siquiera su propio partido acompañó a sacar adelante la propuesta de reforma tributaria que desencadenó las manifestaciones, es el principal obstáculo para salir del atolladero. No tiene capacidad de convocatoria para liderar un diálogo de concertación alrededor de las medidas que es necesario adoptar y, por tanto, su única salida es muy poca zanahoria y grandes dosis de garrote en las calles. El garrote produce más escenarios de posibilidad para la violencia policial y la reacción de la comunidad internacional ante las violaciones a los derechos humanos lo hacen ver acorralado. Al punto que en una decisión sin precedentes, el gobierno nacional ha rechazado el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer una visita in loco que les permita evaluar la situación de derechos humanos en el país después de un mes de paro. Y luego señaló que sí, pero «no por ahora».

Lo más dramático es que cada día que pasa es un día que se pierde en el proceso de adoptar e implementar medidas de emergencia para ayudar a paliar la desesperación económica de tantas familias empobrecidas. Cada día que pasa, la estrategia del gobierno contribuye a minar más la confianza de la gente en las maltrechas instituciones colombianas. Los organismos de control que deberían velar por el respeto a los derechos de los ciudadanos han sido cooptados por el gobierno y perdido toda su capacidad de constituirse en entes de vigilancia del comportamiento del gobierno y de la fuerza pública.

La clase política, por su parte, parece sumida en un sueño profundo provocado por los intereses electorales ya activados con miras a las votaciones del año entrante. La izquierda partidista, siempre protagonista de las reivindicaciones sociales, ahora es cautelosa porque quiere evitar que la acusen del caos y los desmanes de la protesta. La derecha hábilmente espera al acecho porque sabe que una protesta degradada y desgastada es su mejor oportunidad para re-encauchar el discurso anti-«castrochavista» y el poder de la mano dura. Y, finalmente, el centro político ha tomado la decisión de iniciar su desvertebramiento justo en esta coyuntura. Las posibles salidas lucen remotas y el liderazgo político colombiano parece a la baja, ya con pocas dosis de imaginación.