DOSSIER:
Intransigencia presidencial
1. El 12 de mayo, nuevo capítulo para el paro nacional
Lunes 10 de mayo. El intento por darle cuerpo a un diálogo fluido que permita levantar el paro nacional empezó mal. A pesar que el Comité de Paro redujo las exigencias a unas pocas, como expresión de voluntad para empezar la negociación, el gobierno en cabeza de Iván Duque no aceptó.
Según Diógenes Orjuela, del ejecutivo de la CUT y a nombre del Comité de Paro, el Gobierno parecía estar presente en una reunión de las realizadas durante el intento de negociación entablado para solucionar las demandas del 21N de 2019.
Ante tal actitud, en realidad una medición de fuerzas por parte del Gobierno, el Comité de Paro convocó al país a una nueva jornada nacional para el próximo miércoles, apoyándose para ello en el citado paro que para igual fecha tenía definido el magisterio nacional, a lo cual también debe sumarse los paros aprobados por estudiantes de universidades como la Nacional y de Antioquia, entre otros. El pulso sigue y su desenlace aún está por perfilarse en su totalidad.
La propuesta del Comité de Paro
El Comité expuso como fundamentales, para el arranque de la negociación, resolver las siguientes demandas:
-Desmilitarizar las ciudades;
-vacunación masiva contra el covid-19.
-El retiro de la reforma a la salud
- Implementación de una Renta Básica
- Subsidio a la nómina para pequeñas empresas
-Matrícula cero para universitarios de estratos 1, 2 y 3.
-Eliminar la alternancia educativa.
Intransigencia presidencial
La delegación por parte del país nacional para este intento de diálogo, también manifestó: "no hubo empatía por parte del Gobierno con las razones y peticiones que nos han llevado al paro nacional, ni con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de manera desproporcionada contra los manifestantes. Hemos exigido que se pare la violencia oficial y privada contra los que ejercen el legítimo derecho a la protesta".
De manera sorprendente, ampliaron, el presidente protegió en todo momento a los miembros de la Policía, claramente involucrados en la violación de los derechos humanos, expresado en los crímenes padecidos por la población en diversas partes del país. El Gobierno parece confiar además, en: 1. su estrategia de represión y 2. en una negociación fracturada, apartir de citar a negociación a cada sector social por a parte.
Mientras se discutía entre las partes, el aparato armado del establecimiento accionaba sus unidades en distintas partes del país para levantar bloqueos y despejar vías. Al momento de escribir esta noticia no se tenía reporte de heridos, detenidos y asesinados, pero ningún procedimiento de estos se lleva a cabo sin consecuencias de distinto orden para la población que alza su voz.
En estas circunstancias, ante la estrategia desplegada por el gobierno de turno para responder a las demandas nacionales, concentrada en la creciente militarización del país, con una desbocada violencia oficial, parapolicial y paramilitar, Colombia puede estar a las puertas de una multiplicación de asesinatos, desapariciones y violentados por los integrantes del Esmad y de la Policía en general, así como del ejército, ahora desplegado al interior de barrios.
Una realidad con un amplio escenario para que así sea concretada, toda vez que desde los diversos componentes del establecimiento decidieron “rodear” al actual gobierno, no importa las diferencias que tengan con el mismo. Primero las instituciones –así sean el motivo de la crisis– que el país nacional, es su mensaje.
Como país dependiente y sobre el cual no quita la vista el imperio, queda por conocerse lo que desde allí decidan sobre la crisis nacional. En la medida que la misma se profundice y tienda a desequilibrar el poder regional, no es de extrañar que muevan sus hilos.
Otros factor por considerar en la evolución que tengan las futuras negociaciones entre las partes es el peso que pueda significar la presencia como obsrvadores de Naciones Unidas y la Iglesia Católica.
Al mismo tiempo que abre el diálogo, el presidente llama a reforzar la presencia policial en Cali
2. Colombia: fracasa la reunión de Iván Duque con el Comité Nacional del Paro
Amnistía Internacional, la CIDH y la ONU expresaron preocupación por la represión a la marcha indígena en Cali, epicentro de las protestas que ponen en jaque al gobierno colombiano desde hace doce días.
En medio de llamados de organizaciones humanitarias para que cese la represión en Colombia, el presidente Iván Duque hizo un viaje relámpago a Cali, tercera ciudad del país y epicentro de las manifestaciones, y ordenó el mayor despliegue de las fuerzas de seguridad "para brindar seguridad a los ciudadanos". Horas más tarde, el presidente conservador se reunió con el Comité Nacional del Paro integrado por sindicatos y organizaciones que convocaron las protestas del 28 de abril hasta hoy. Un encuentro que culminó sin acuerdos: fue convocada una nueva jornada de manifestaciones para el miércoles.
"El gobierno no dijo nada en concreto en los dos temas centrales que se plantearon, las garantías de las protestas y el cese a la actuación desmedida de la fuerza pública contra la gente", expresó a la agencia Efe el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Diógenes Orjuela.
Duque arrancó esta semana una ronda de diálogos con varios sectores para intentar salir de la crisis política y social abierta con las multidinarias protestas, en las que decenas de miles de colombianos pidieron el fin de la ya extinta reforma tributaria, pero que han desembocado en otras peticiones como la retirada de una reforma de la salud y el fin de la brutalidad policial.
Pero sucede que al mismo tiempo que abre el diálogo, el mandatario llama a reforzar la presencia policial en las calles. Duque pidió que se realice "el mayor despliegue" de fuerza pública en la ciudad de Cali, epicentro de las protestas que vive el país desde el 28 de abril, mientras que el expresidente Álvaro Uribe, su mentor político, llamó directamente al "ocupamiento militar" de la ciudad.
"En función de las facultades constitucionales que tengo como presidente de la República para acompañar y dirigir las situaciones de orden público local, deben en este momento ustedes garantizar (...) el mayor despliegue que se tenga de capacidades de nuestra fuerza pública", dijo Duque en un mensaje dirigido a la delegación de gobierno que se encuentra en esta ciudad.
Sin dar más detalles de si se refiere a un despliegue militar, como el que permitió hace una semana, o a la Policía que ya se encuentra patrullando en todas las ciudades del país, el presidente hizo ese llamamiento "para brindar toda la tranquilidad en la ciudad de Cali".
Estas declaraciones se producen después de doce días de protestas, que comenzaron en rechazo contra la ya retirada reforma fiscal, y que resuenan con fuerza en Cali, cuya una población está azotada por el desempleo, la pobreza y es una región con graves problemas de seguridad.
Ataque a una marcha indígena
El domingo, hombres armados en vehículos de alta gama abrieron fuego contra la marcha indígena, cuando ésta entraba en Cali, a la altura de la zona de Cañasgordas, hiriendo a 10 miembros de la guardia indígena.
Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) informaron que sobre las 14:20 (16.30 de Argentina), la minga (marcha) indígena, compuesta por varias camionetas, fueron "atacados por una turba uribista en conjunto con fuerza pública", que pretendían quitar el bloqueo en esa zona de Cañasgordas, en el sur de la ciudad.
La población indígena con su marcha ha inundado la ciudad de Cali para unirse a los manifestantes y la guardia indígena patrulla por los barrios para evitar situaciones de desorden público o mediar en los enfrentamientos con la Policía.
Duque reiteró el mensaje que pronunció dos horas después del incidente de pedir a los indígenas que vuelvan a sus territorios. "En este momento y dadas las circunstancias de orden público es necesario que retornen a sus resguardos, toda vez que la situación de alteración del orden público puede suscitar en este momento confrontaciones con la ciudadanía", dijo el mandatario, quien por otra parte no se pronunció sobre el hecho de que haya civiles armados en las calles.
El mandatario también pidió a las autoridades locales que impongan restricciones a la movilidad para evitar "confrontaciones con la ciudadanía".
En Cali es donde se han vivido los hechos más violentos, sobre todo entre el 30 de abril y el 3 de mayo, con episodios de brutalidad policial contra los manifestantes que han dejado 35 muertos según organizaciones sociales.
Amnistía Internacional (AI) pidió este lunes que cese la violencia contra los indígenas que se están manifestando en Colombia. "Los ataques de civiles armados, algunos en presencia de la policía, en contra de la Minga Indígena en Cali son un reflejo de dinámicas de violencia que no cesan en Colombia y que se han acentuado en el contexto de las protestas sociales en el marco del Paro Nacional", expresó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas.
En esa misma línea, la oficina en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos manifestó su rechazo por los "ataques sufridos por la minga indígena en Cali y expresamos grave preocupación".
"Urgimos porque se investigue y sancione el ataque que deja por lo menos 8 indígenas heridos, entre ellos varias mujeres lideresas y defensoras (...) Llamamos a la calma a todas las personas, especialmente en Cali, y al respeto a la vida y los derechos fundamentales", expresó la representante en Colombia de esa oficina, Juliette de Rivero, en Twitter.
Guevara Rosas también advirtió que los pueblos indígenas y afrodescendientes "han sufrido desproporcionalmente las consecuencias de la violencia, el conflicto armado y la falta de protección del Estado".
"Es inaceptable que los llamados urgentes a las autoridades para prevenir la violencia armada no fueron atendidos inmediatamente; por el contrario, varias autoridades, incluida la Policía Nacional, emitieron declaraciones estigmatizantes sobre la minga indígena y quienes se manifestaban pacíficamente en Cali", expresó.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su "profunda preocupación" por el ataque con armas de fuego contra la movilización indígena en Cali. "La CIDH insta al Estado de Colombia a investigar diligentemente los hechos incorporando un enfoque étnico-racial, esclareciendo la posible participación de agentes estatales, y sancionando a los responsables; así como a proteger la vida e integridad de personas indígenas", señaló el organismo con sede en Washington en su cuenta de Twitter.La CIDH advirtió sobre "el grave impacto colectivo que estos ataques tienen sobre los propios pueblos y comunidades indígenas en Colombia" y destacó "el rol de las guardias indígenas en la defensa de sus derechos".
En la madrugada de este lunes, los manifestantes y las autoridades locales de Cali llegaron a un acuerdo para levantar un bloqueo en la principal entrada a esa ciudad, mientras que la minga indígena anunció la apertura de un corredor humanitario por 24 horas.
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Fuente:
3. Fracasan negociaciones entre el CNP y presidente Duque en Colombia
Reuters, AFP y Sputnik
Las protestas en Colombia en contra de la reforma fiscal se han extendidos casi dos semanas. Foto Ap
Bogotá. La reunión entre el Comité Nacional del Paro (CNP) y el presidente de Colombia, Iván Duque, para avanzar en negociaciones con el que se buscaba dar fin a las movilizaciones y bloqueo de carreteras que el país vive desde hace 12 días concluyó sin acuerdo alguno, al tiempo que continuaron las protestas en varias ciudades del país.
Durante casi cuatro horas, la organización que reúne a sindicatos, movimientos sociales y universitarios habló con Duque en la sede de gobierno, sin acordar una salida a la crisis que deja 12 días de protestas con un reporte oficial de 27 fallecidos y centenares de heridos.
Sin embargo, las ONG Temblores e Indepaz dan cuenta de 47 víctimas mortales, "39 de ellas por violencia policial".
"No hubo empatía del gobierno con las razones, con las peticiones que nos han llevado a este paro nacional", dijo a periodistas el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, (CUT), Francisco Maltés.
Las manifestaciones, que completaron su décimo tercer día, fueron convocadas inicialmente para rechazar un plan de reforma fiscal. Pero cuando el gobierno retiró la polémica iniiativa hace poco más de una semana, los movimientos sociales mantuvieron las protestas y exigieron acciones contra la violencia policial, la histórica desigualdad social con una renta básica para las familias más pobres y mejoras a la salud y la educación, el retiro del proyecto de ley de salud y una vacunación masiva, cumplir el acuerdo de paz con la ex guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y desmantelar las organizaciones criminales y paramilitares. entre otras reividicaciones.
Diógenes Orejuela, del Comité Nacional de Paro y secretario general de la CUT, dijo que "fue una reunión fallida, una reunión que no produjo nada", y acusó al gobierno de esquivar la palabra negociación.
La representante estudiantil, Jennifer Pedraza, aseguró que el gobierno mantuvo una posición similar a la de 2019, cuando eludió una negociación de fondo. "El discurso del presidente Iván Duque fue complaciente con los usos excesivos de la fuerza pública sobre las manifestaciones y sobre la base de eso es imposible tramitar cualquier tipo de reivindicación", declaró a periodistas la dirigente estudiantil.
El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, aseveró que el gobierno rechaza la violencia y que habrá cero tolerancia con los miembros de la fuerza pública que violen la Constitución y la ley.
Resaltó que el encuentro se agendó para para buscar una salida a las protestas y cierres de vías que se dan en el país desde el pasado 28 de abril, y por lo mismo se trató de una reunión exploratoria.
"No esperábamos una respuesta porque no era el espíritu de esa reunión hacer una declaración conjunta y presentar al país un acuerdo", dijo a la prensa Miguel Ceballos. Agregó: "Sí era el espíritu y lo sigue siendo (…) construir un espacio respetuoso y productivo de acuerdo".
El ministro del Interior, Daniel Palacios recalcó que el pliego de peticiones pasó de ocho puntos a 108, lo que aleja las posibillidades de un acuerdo.
En tanto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) manifestaron su preocupación por el ataque a tiros ayer a indígenas que participan en una marcha conocida como Minga, y se dirigían a Cali en apoyo a las movilizaciones.
El domingo, habitantes de un barrio del sur de Cali se enfrentaron con los indígenas luego de que intentaron quitar las barricadas que los mantiene encerrados en sus calles desde que comenzó la protesta, lo que derivó en fuertes enfrentamientos, en los cuales algunos de esos habitantes sacaron armas y dispararon contra los participates en la Minga, de los cuales hay nueve heridos, denunció el Consejo Regional Indígena del Cauca; la policía metropolitana de Cali reportó que cuatro personas resultaron heridas por los manifestantes.
Durante los disturbios varios vehículos fueron incendiados y algunas viviendas resultaron averiadas.
Los indígenas señalan a esos residentes de haber actuado "como paramilitares" y de ser partidarios del uribismo, movimiento liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, que rechaza las manifestaciones y bloqueos así como los acuerdos de paz con las FARC.
Pese a que el mandatario se había negado a viajar a Cali, el epicentro de las protestas, lo hizo antenoche después de los reclamos de las autoridades locales y de congresistas de su propio partido, el derechista Centro Democrático, tras los enfrentamientos del domingo.
El gobierno asevera que los bloqueos mantienen a Cali, al igual que a otras ciudades del país de 50 millones de habitantes, con desabastecimiento de alimentos y combustibles.
Nuevas manifestaciones se realizaron ayer en en rechazo al gobierno de Duque en varias ciudades del aís. En Cali hubo nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la policía en el sector de El Ancla al oeste de la capital del departamento Valle del Cauca, cuando los uniformados se presentaron para retirar barricadas y retirar los bloqueos, informó Noticias Caracol.
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4. Gobierno de Colombia y dirigentes de paro nacional no logran acuerdo para acabar protestas
© Sputnik / Alfredo Molano Jimeno
BOGOTÁ (Sputnik) — Los integrantes del Comité Nacional del Paro (CNP) de Colombia anunciaron que no se logró ningún acuerdo con el Gobierno durante el primer encuentro que sostuvieron ambas partes para buscar una salida a las protestas y cierres de vías que se dan en el país desde el pasado 28 de abril.
"No llegamos a un acuerdo porque no hubo ninguna empatía por parte del Gobierno a las razones que llevaron a este paro nacional", anunció a la prensa y a través de Facebook Live Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), una de organizaciones que integra el CNP.
El dirigente añadió que "no se ha tenido empatía con las víctimas de las violencias que se han ejercido de forma desproporcionada con los manifestantes que han protestado pacíficamente".
La reunión, que duró alrededor de cuatro horas, se realizó en el Palacio de Nariño (sede del Gobierno, en Bogotá) y estuvo encabezada por el presidente Iván Duque.
Maltés anunció que "el paro nacional continúa" y convocó a una nueva movilización nacional para este miércoles.
Por ahora no hay una nueva fecha establecida para que las partes se sienten de nuevo a la mesa.
Colombia cumplió el lunes 13 días de protestas que iniciaron el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo.
Sin embargo, las manifestaciones se han mantenido para exigir otras medidas al Gobierno, entre ellas retirar el proyecto de reforma a la salud, desmilitarizar los campos y ciudades, cumplir el Acuerdo de Paz, y desmantelar las organizaciones criminales.
¿Se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en Colombia?
En el marco de esas movilizaciones han sido documentados abusos de la Fuerza Pública, algunos de cuyos integrantes han disparado armas de fuego contra personas y reprimido con violencia a manifestantes.
Ante tales abusos, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia.
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