GARANTÍAS PARA LA PROTESTA, DEUDA HISTÓRICA, SIN PARAR LA VIOLENCIA POLICIAL NO HAY NI HABRÁ GARANTÍAS DEL DIÁLOGO

El Comité Nacional de Paro, en un comunicado, le exigió al gobierno colombiano garantías para el libre ejercicio de la protesta social y detener la violencia en contra de los manifestantes. Bajo esas condiciones se podrían iniciar las negociaciones.

El comunicado, que fue publicado antes de las declaraciones de Iván Duque dando la orden de desplegar la máxima capacidad de las Fuerzas Armadas para levantar los bloqueos en las vías, pide al Gobierno abstenerse de cualquier medida que atente contra el derecho a la protesta social.

Dentro de las exigencias, se pide retirar completamente al Ejército y al ESMAD del control de las protestas y ordenar a los miembros de la Policía que se abstengan de utilizar armas de fuego y otras que generen heridas en las acciones por el control de las protestas, también mencionando a los civiles armados que han disparado y atentado contra la vida de varios manifestantes.

Así mismo, se pide que la Policía Nacional deje de hacer detenciones indiscriminadas y masivas en contra de las personas que participan en las protestas. Vale la pena resaltar que según el último reporte de Temblores ONG, del 28 de abril al 18 de mayo, 1.139 manifestantes han sido detenidos arbitrariamente y los casos de violencia policial han aumentado a 2.387 casos.

También, a raíz de la violencia que han sufrido las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el marco de las protestas, se exige que haya garantías de protección para estas personas.

En el contexto del paro nacional, se ha podido evidenciar la vulneración de los derechos humanos que han tenido que sufrir varios manifestantes y no manifestantes por parte de la Fuerza Pública en lo ancho y largo del país, como los casos de abuso sexual, asesinatos y detenciones arbitrarias.

Por estos motivos, en el comunicado del Comité Nacional de Paro, se pide adoptar prontas medidas específicas para detener la violencia sexual que ejerce las autoridades como medida de control y hacer un inspección en las capturas hacia las mujeres, donde la persona que ejerza esta acción sean personas del mismo sexo que la detenida, y así mismo, que no sean llevadas a un establecimiento o lugar donde predomine el género masculino.

Por estos hechos, en el comunicado se expresa que el Presidente de la República y el comandante de las Fuerza Pública, deben condenar de manera explícita los abusos que se han cometido por parte de miembros de la Fuerza Pública hacia la población, de igual manera, responsabilizar a los miembros que han tenido incidencias en actos violentos y homicidas de la misma organización.

Otra de las exigencias es sobre los casos de estigmatización por parte de autoridades públicas, el Comité pide al Gobierno que se abstenga de esta actividad y de clasificar de “vandalismo criminal” y “terrorismo vandálico” a las personas que salen a protestar, por eso mismo, en el comunicado se presenta la exigencia de que el Gobierno debe condenar los discursos de odio.

En este punto se aclara que las negociaciones serán sobre el pliego de emergencia que fue presentado el 19 de junio de 2020 y sobre las nuevas exigencias que se han presentado en el marco del paro nacional, como el retiro de la reforma al ICETEX, retirar el proyecto de ley 010 sobre la reforma a la salud y derogar el decreto 1147 de 2020.

También, se pide que el Gobierno debe acordar una mesa de negociación con las y los jóvenes y las diversas ciudadanías movilizadas que no está representadas en las organizaciones sociales.

Así mismo, se evidencia que en el caso de llegar a un acuerdo sobre las garantías para el ejercicio de la protesta, y para la mesa de negociación, este debe ser un proceso protocolizado con la presencia del presidente en la mesa de negociación.

Por último, se aclara que se seguirá acordando corredores humanitarios que permitan el paso de la misión médica, de insumos médicos, alimentos esenciales y combustibles.

Por: David Carranza Muñoz - dcarranza@elespectador.com

Un campesino del Catatumbo, un universitario del Valle y una indígena del Cauca han sido violentados de distintas formas cada vez que quisieron alzar la voz junto a sus comunidades. El paro nacional de este año volvió a probar que el derecho a la manifestación en lugares públicos es un tema pendiente en Colombia.

Luis Felipe Zorrilla sabe desde joven los riesgos de protestar en Colombia. En 2011, cuando era estudiante de música en la Universidad del Valle y sus compañeros rechazaban en las calles la reforma a la educación superior del gobierno Santos, tuvo que auxiliar a su profesora de piano, una mujer de la tercera edad, porque agentes del Esmad tiraron gases lacrimógenos dentro de la facultad. Una década después, a sus 34 años y en Jamundí, el sitio donde vive y protestó desde el 28 de abril de 2021, resistió las noches de zozobra con esos recuerdos en la cabeza. Ólger Pérez, campesino y líder social del Catatumbo, hace memoria de los días del paro nororiental de 1987. Dice que desde hace más de 30 años, cada vez que las comunidades de su región se organizan para hacer una movilización, el Estado los señala de estar infiltrados por las guerrillas. En los meses siguientes a la manifestación del 87 fueron asesinados 13 de sus organizadores. En la relación del Estado con la ciudadanía que se manifiesta en las calles, vías y trochas ha primado la violencia, antes que el diálogo.

Colombia en su Constitución establece que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”. También, tras la violencia que se desató en las protestas de finales de 2019 y luego del asesinato de Javier Ordóñez en Bogotá en septiembre de 2020 a manos de agentes de la Policía, el Ministerio del Interior tuvo que emitir en enero el decreto 003 de 2021, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, a través del cual creó el “Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica”. En este se ordena la primacía del diálogo, un enfoque diferencial para proteger a poblaciones vulnerables; y la proporcionalidad de la fuerza, cuya aplicación “debe ser de la forma en la que menos lesione e interfiera en la efectividad de los derechos fundamentales de todas las personas”, entre otros. Sin embargo, solo por nombrar algunos casos, el 28 de abril de 2021 en Cali el agente de policía Luis Ángel Piedrahíta habría matado a Marcelo Agredo, de 17 años, tras dispararle luego de que este le pegara una patada; se investiga el caso del suicidio de una joven en Popayán quien horas antes había denunciado que fue violentada sexualmente por un grupo de policías; y, hasta el 17 de mayo, organizaciones de derechos humanos (DD. HH.) han reportado 1.139 detenciones arbitrarias

La Defensoría del Pueblo reportó 42 personas fallecidas y 104 presuntas violaciones a los DD. HH. desde que comenzó el paro nacional, el 28 de abril, hasta el 12 de mayo. La ONG Temblores registró, hasta el 17 de mayo, 2.387 casos de violencia policial, 18 víctimas de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública y 146 casos de disparos de arma de fuego de la Policía.

Zorrilla, Pérez y Aída Quilcué, líder del pueblo Nasa, coinciden en que el Estado históricamente le ha dado un tratamiento militar a la protesta y eso ha puesto en riesgo sus vidas. “Estamos en un país donde la orden es matar, la orden es darle ese tratamiento de guerra y eso nos tiene en una situación muy difícil”, dice Quilcué, quien ha dirigido procesos de reivindicaciones indígenas y sabe lo difícil que es ser líder social y alzar la voz en Colombia: su compañero sentimental fue asesinado por militares en 2008 y su hija fue víctima de un atentado. Ólger Pérez también es testigo de lo macabro que puede ser dirigir comunidades para exigir derechos en el país: ha sufrido cinco atentados, dos hermanos suyos fueron asesinados y un sobrino está desaparecido desde 1999.

Jerónimo Castillo, director del área de seguridad y política criminal e investigador de la Fundación Ideas para la Paz, advierte que a pesar de las difíciles circunstancias a las que se ven sometidos quienes se manifiestan, la ciudadanía protesta porque cree en el Estado. “Aquí hay unos grupos sociales y políticos que están protestando para que el Estado intervenga. Y el Estado no es la Policía y el Ejército. Esto exige unos procesos de negociación. Estamos en una nueva época. Si no lo asumimos así, podemos llegar a escenarios más violentos”, dijo Castillo.

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El presidente Duque en la apertura de las mesas de diálogos ha querido bajar el tono y evitar las estigmatizaciones. “Es injusto señalar a todo aquel que se expresa pacíficamente en las calles como un vándalo o un terrorista”, dijo, y agregó que tiene una línea de “cero tolerancia con cualquier conducta de un miembro de la Fuerza Pública que sea violatoria de los DD. HH., de la Constitución y la ley”. Como parte del estatuto creado en enero, el 17 de mayo, 19 días después del inicio del paro, el Gobierno convocó la activación de la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas, cuyo objetivo es proponer un mecanismo de mediación entre la Policía y la ciudadanía.

La violencia que se presenta en las movilizaciones en Colombia llamó la atención de la ONU, que pidió al Gobierno que garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica y expresó su preocupación por la llamada “asistencia militar”. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó una visita al país para observar la situación de los DD. HH. tras recibir diversas denuncias de uso excesivo de la fuerza durante las protestas.

Quilcué, al igual que muchas de las personas que están en las calles, exige una reforma a la Policía con urgencia. Mientras tanto, le pide a la comunidad internacional que esté vigilante. También, que haga las recomendaciones necesarias al Gobierno: “no es posible que hoy en Colombia no tengamos garantías para protestar”.

Luis Zorrilla asegura que el Estado debe esclarecer los hechos violentos que han tenido lugar durante el paro nacional, especialmente los que involucran a miembros de la Fuerza Pública, para poder hacer una transición pacífica de las protestas. “Si no se escucha, si no se ataca la causa del problema nos vamos a quedar en las consecuencias, en llorar un vidrio roto, una pared rayada, pero nos olvidamos de la mamá que está llorando al hijo o la hija que no va a volver”.

En una encuesta hecha entre el 6 y el 12 de mayo por la Universidad del Rosario y Cifras y Conceptos se concluyó que un 87% de los jóvenes desconfía de la Policía y un 73% de las Fuerzas Militares. La reparación de esos vínculos, según Alejandra Miller, comisionada de la Comisión por la Verdad, dependerá de la actitud que tome el Gobierno frente a los casos de abuso policial durante el paro. “El negacionismo es tal vez uno de los factores que más fractura la confianza de la ciudadanía. Poder abordar esa verdad, reconocer que esos hechos sucedieron y que se requieren transformaciones para transitar por otro camino” serían para ella una forma de regenerar los vínculos entre la ciudadanía y los agentes del Estado.

La normativa en Colombia que protege el derecho a la protesta es suficiente para dar garantías a quienes se manifiestan. Sin embargo, como se ha evidenciado históricamente, en la práctica no se cumplen esas condiciones. “Este es el país de los protocolos y de las leyes. Lo que se ha instalado son unas prácticas consuetudinarias que hacen que no se aplique la ley y eso depende mucho de los mensajes que envíen los superiores, de la voluntad política, de la formación en el proceso de quienes ingresan a la Fuerza Pública. Al final lo que tenemos es que hay una cantidad de distorsiones que no permiten que estas normas se apliquen con rigurosidad. El tema no es tener más normas y más leyes, sino cómo garantizamos que haya una transformación de fondo que permita cumplirlas”, dijo Miller.

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