DOSSIER:
1. Militarización y violencia del gobierno bloquearon el diálogo: Comité del Paro
2. Duque militariza al país y bloquea el diálogo, acusa comité del paro
3. Colombia: fracasa una nueva reunión entre el gobierno y el Comité Nacional del Paro
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1. Militarización y violencia del gobierno bloquearon el diálogo: Comité del Paro
El Comité Nacional del Paro aseguró que con militarización y violencia el gobierno habría bloqueado la negociación esto en un comunicado firmado este 30 de mayo luego de la reunión sostenida con delegados del gobierno nacional.
En la comunicación aseguran que hay un discurso de odio y una serie de declaraciones estigmatizantes que ha dejado como resultado el asesinato de cerca de 70 personas, 14 de ellas asesinadas la noche del 28 de Mayo en la ciudad de Cali.
«el gobierno nacional ha priorizado los discursos de odio y declaraciones estigmatizantes y el tratamiento militar contra quienes ejercemos el legítimo derecho a la protesta»Comunicado 30 de Mayo
Se desvaneció la «simulada» voluntad de diálogo del gobierno: Comité del Paro
Aseguran que en los últimos días se desvaneció la «simulada» voluntad de diálogo del gobierno pues desautorizó con sus declaraciones a todos los que han sido voceros en la mesa de negociación que se había instalado.
Para ellos y ellas la decisión del presidente de imponer la asistencia militar, las declaraciones del Ministro Molano y del Ministro de Justicia son una clara muestra de que no reconocen las exigencias de la movilización como legítimas.
También aseguraron que Las observaciones del gobierno y los ajustes al preacuerdo de garantías, que se logró después de 9 días de concertación, son sustanciales y eliminan temas cruciales sobre las garantías de seguridad para el ejercicio del derecho a la protesta.
«Saca temas cruciales en los que teníamos acuerdo como la desmilitarización y el no uso de la asistencia militar para la protesta, la autonomía de las autoridades locales en el manejo de las protestas, el no uso de las armas de fuego en las protestas la excepcionalidad y los límites para la intervención del ESMAD, la apertura de un debate sobre la reforma de la policía»Comunicado 30 de Mayo
Gobierno hizo cambios sustanciales a documento de preacuerdo
Según ellos, no se trata solamente de ajustes en la redacción como lo anuncian y se multiplica a través de medios masivos de información, sino que se deshace el preacuerdo logrado y con ello se cierran las posibilidades de negociación.
«Es importante recordar que en la comisión del gobierno encabezada por el comisionado de paz participaron los ministros de trabajo, vivienda y del interior, consejería de Derechos Humanos. la subdirección de planeación funcionarios del Ministerio de defensa y la Policía Nacional y una gran cantidad de asesores de varios ministros y cada palabra cada renglón y cada párrafo acordado fue intensamente discutido y consultado por ellos»Comunicado
Además resaltaron que lo que está sucediendo desde el 29 de mayo coincide con declaraciones de Álvaro Uribe en una entrevista donde señala que al presidente Duque le ha faltado firmeza en el manejo del paro.
Comité del Paro convoca las marchas más multitudinarias y pacíficas de la historia
Por último agradecieron las declaraciones de la ONU de Los Embajadores de la Unión Europea en las que se invita a superar la crisis a través del diálogo y señalan que tienen esa misma convicción y también que acompañan a gobernadores y alcaldes que se han mostrado en desacuerdo con el decreto 575.
Adicionalmente aseguran que el paro nacional continúa y por ello convocan a las más grandes organizadas y pacíficas movilizaciones de la historia del país y también a impulsar un diálogo con la juventud sobre las agendas de cambio que la ciudadanía está exigiendo en las calles.
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Fuente:
2. Duque militariza al país y bloquea el diálogo, acusa comité del paro
Prensa Latina, Reuters, Afp y Europa Press
Un colombiano que se opone a las protestas (a la izquierda) confronta a un simpatizante del paro nacional, durante una manifestación ayer en Bogotá en rechazo a los cierres de carreteras y la violencia. A un mes del estallido social, Colombia, luce fracturado y en una espiral de violencia. Foto Afp
Bogotá. El Comité del Paro Nacional, que desde hace más de un mes mantiene paralizada gran parte de Colombia, denunció ayer que con la militarización el gobierno de Iván Duque “bloquea una negociación”, al tiempo que miles de personas vestidas de blanco marcharon en Bogotá, Medellín y otros puntos del país para exigir el fin de las protestas, que han dejado más de 70 muertos, así como para expresar su apoyo a las fuerzas de seguridad.
“Después de seis días, la madrugada de ayer el gobierno nacional nos envió observaciones y ajustes al preacuerdo de garantías de protesta que habíamos logrado cerrar después de nueve días de exploración y concertación el pasado 24 de mayo”, informó el Comité del Paro Nacional.
No se trata de ajustes en la redacción como habían anunciado, se trata de deshacer el preacuerdo logrado y con ello cerrar cualquier posibilidad de la negociación. Agregó que el Ejecutivo “se mantiene en silencio no sólo frente a los válidos reclamos ciudadanos, sino que dilata de manera inconsecuente la firma de un acuerdo básico de garantías que abra el camino para instalar mesas de negociación”.
“Los miles de detenidos, los cientos de heridos, de ellos 51 con lesiones oculares y los más de 70 muertos, incluidos 14 abatidos la noche del viernes en Cali por la policía y por personas vestidas de civil que acompañan a los agentes, dan cuenta del horror desatado, inadmisible en cualquier Estado democrático”, subrayó.
El comité del paro subrayó que el presidente Duque sigue guardando un silencio cómplice ante el uso desmedido de la fuerza de la policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, al igual que el ataque de grupos civiles que actúan al lado de agentes estatales contra quienes ejercen el derecho a la protesta.
Denunció que en los últimos dos días la simulada voluntad de negociación del gobierno nacional, que resultó de la contundencia de la protesta social y de la presión internacional, se desvaneció por completo al emitir el decreto 575 que impone asistencia militar a ocho gobernadores y 13 alcaldes, entre otras acciones.
“Se trata de una conmoción interior parcial y de facto, que elude el control constitucional, involucra a los militares en el manejo de la protesta y subordina a las autoridades civiles a los mandos militares, configurando con ello un golpe de Estado”, denunció.
El Comité del Paro Nacional aseguró que el gobierno nacional impuso una política de guerra contra el paro. “Tenemos la convicción de que en el contexto del Estado Social y Democrático de Derecho podremos resolver este conflicto mediante el diálogo y la negociación y exigimos que se firme el preacuerdo de garantías logrado el 24 de mayo”, expresó en un comunicado divulgado al comenzar un nuevo encuentro con representantes del gobierno.
La delegación oficial exigió nuevamente el cese de los bloqueos, a lo que el comité replicó que los cierres son interminentes y permiten el paso de alimentos, medicamente y de misiones médicas, informó la revista Semana. Al cierre de esta edición no había informes sobre el resultado del encuentro.
Por lo pronto, los militares están en las calles de Cali tras sangrientos choques entre manifestantes, policías y civiles armados. En una ciudad fracturada por el estallido social, las tropas son aplaudidas en algunos barrios, pero en otros hay recelo y miedo, relató la agencia de noticias Afp. Pese a la orden presidencial de desplegar tropas, ni el ejército ni la policía se aproximan de día a las barricadas.
En Bogotá, miles marcharon por el centro ondeando banderas y vestidos de blanco, para exigir el fin de las protestas, de los bloqueos y en respaldo a las fuerzas militares.
“Salimos a marchar pacíficamente para pedir que termine el paro y volvamos al trabajo, todo el cierre de vías y bloqueos está afectando a la economía nacional y está generando mayor pobreza”, sostuvo Bernardo Henao, abogado y ganadero de 63 años.
Un mes después del estallido social que desató la idea ya descartada del gobierno de subir los impuestos en plena pandemia, el país luce fracturado, con una policía cuestionada por el trato a manifestantes y con ataques de “civiles” armados hasta con fusiles, así como actos de vandalismo y saqueos que el gobierno atribuye a las guerrillas.
Desde Ginebra, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su profunda preocupación por los ataques en Cali y llamó a diálogo y a una investigación independiente.
La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos de Argentina desplazada a Bogotá denunció la “masacre” contra los manifestantes y el “ejercicio del terrorismo de Estado sobre la población mientras 17 embajadores de la Unión Europea en Colombia abogaron por el diálogo como “única vía” para la solución a la crisis.
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Fuente:
Acusaciones cruzadas frenan la negociación para superar la prolongada crisis
3. Colombia: fracasa una nueva reunión entre el gobierno y el Comité Nacional del Paro
En paralelo, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su "profunda preocupación" por la violencia registrada en la ciudad de Cali, donde el fin de semana murieron 13 personas.
. Imagen: AFPEl Comité Nacional del Paro y el gobierno de Colombia intercambiaron acusaciones y agregaron obstáculos a la negociación reanudada este domingo con el fin de superar la crisis. Los representantes de los manifestantes en la mesa de diálogo denunciaron la "falta de seriedad por parte del gobierno" y continúan exigiendo la desmilitarización y el reconocimiento estatal de los abusos policiales. Del otro lado, el Ejecutivo de Iván Duque solicita, fundamentalmente, el fin de los bloqueos antes de sentarse "a construir acuerdos". A poco más de un mes del estallido social que volteó el plan del gobierno de subir impuestos en plena pandemia, al menos 59 personas murieron y hay más de 2.300 heridos.
[DOCUMENTO DEL COMITÉ NACIONAL DE PARO]
Con militarización y violencia el gobierno nacional bloquea la negociación.
30 de mayo de 2021
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó desde Ginebra su "profunda preocupación" por la violencia registrada en la ciudad de Cali, donde el fin de semana murieron al menos 13 personas. Los choques, que involucraron a manifestantes, policías y civiles armados hasta con fusiles, llevaron al presidente Duque a ordenar el despliegue de tropas en esa ciudad. "La situación en Cali es una tragedia. La ciudad está militarizada y estamos recogiendo incontables denuncias de violaciones de derechos humanos", manifestó a Página/12 Marianela Navarro, parte de la delegación argentina que viajó a Colombia para relevar violaciones a los derechos humanos.
Cada vez más lejos de acordar
"Lo único que le pedimos al Comité del Paro para sentarnos a construir acuerdos es el levantamiento de los bloqueos. Levantar los bloqueos es lo mínimo para quien tenga sentido del dolor ajeno", planteó el gobierno de Duque a través de un comunicado. "Esperamos que los que se sienten líderes de las comunidades acojan nuestra invitación a desbloquear y a dialogar, pero sin paro ni bloqueos", agregó el documento, según destacó la radio RCN.
El dirigente del Sindicato de Trabajadores Hospitalarios de Colombia, Yesid Camacho, dijo en cambio que "falta seriedad por parte del gobierno" y advirtió que su sector revisará el "preacuerdo" que habían firmado con el Ejecutivo. "No entendemos cómo después se retractan y sacan un decreto contrario. Perdimos 10 días en materia de conversaciones", aseguró el dirigente. El Comité del Paro publicó este domingo un boletín en el que volvió a acusar al gobierno de mantener "un silencio cómplice con el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía".
Tensión en Cali
La Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, se mostró preocupada por la creciente violencia en la ciudad de Cali. "Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley", dijo Bachelet en un comunicado. La expresidenta chilena pidió que se ponga fin a "todas las formas de violencia" y que "las partes sigan hablando para que se garantice el respeto por la vida y la dignidad de todas las personas".
La Alta Comisionada Michelle Bachelet expresó su profunda preocupación por acontecimientos ocurridos en #Cali desde el 28 de mayo, donde 14 personas habrían muerto y 98 habrían resultado heridas, 54 de ellas por armas de fuego, en actos de violencia, al mes del paro nacional
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que podría visitar Colombia recién a partir del próximo 29 de junio, se sumó a las críticas a la feroz represión en Cali y expresó su "extrema preocupación ante denuncias de que los ataques a manifestantes con disparos de armas de fuego provienen de personas vestidas de civil ante la vista de agentes de la fuerza pública".
Cali, con unos 2,2 millones de habitantes, es el epicentro de las protestas y los bloqueos de rutas y caminos que tienen a Colombia en crisis desde hace más de un mes. Allí está trabajando una parte de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos que viajó desde Argentina.
"Aquí en Cali se manifiesta una barbarie muy fuerte. Ante los problemas sociales el Estado está dando una respuesta militar", advirtió a este diario Marianela Navarro, delegada del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y parte de la misión argentina. "Esta situación se ha profundizado con el decreto de Iván Duque, donde sin establecer un estado de sitio, la realidad lo confirma", agregó la dirigenta. Navarro se mostró muy preocupada porque Cali está militarizada y rige el toque de queda nocturno, sin embargo "la población se mantiene en los puntos de resistencia porque exige justicia social como lo viene haciendo desde hace muchas décadas".
30 de Mayo - Valle del Cauca
Informe de la Comisión de Solidaridad Internacional y Observación de DDHH sobre relevamiento y toma de denuncias de comunidades afrodescendientes en la zona.
Alejandro Rusconi - Marianela Navarro - Pablo Pimentel - Sebastián Fernandez.
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