COLOMBIA RESISTE Y HACE HISTORIA CONTRA REPRESIÓN DUQUE URIBISTA Y EL FMI

Alfredo Molano Jimeno

En una semana de paro nacional, las autoridades han registrado 19 muertes. Organizaciones sociales, sin embargo, contabilizan al menos 26 decesos. Cali es el epicentro de la violencia. Sputnik dialogó con defensores de derechos humanos y reconstruyó las imágenes dramáticas de abusos por parte de la Policía colombiana.

Lo que empezó como una arriesgada apuesta en materia macroeconómica terminó en un estallido social sin antecedentes en la historia reciente de Colombia. A la radicación de la reforma tributaria en medio de una honda crisis económica, el pueblo contestó con un paro nacional que ya cumple ocho días y que se propagó como pólvora por las principales ciudades del país. Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué y Villavicencio han acogido multitudinarias manifestaciones, a las que el Gobierno ha respondido con fuerza pública y represión policial.

Desde el miércoles 28 de abril las redes sociales están inundadas de fuertes imágenes de violencia. Un joven camina por el andén de una calle en Floridablanca, Santander. Está oscuro, y aparece una caravana de policías en moto, el último se acerca al muchacho y sin detenerse le propina un disparo. El joven cae herido y se retuerce. Agoniza. Los policías siguen su marcha sin mirar atrás.

Este es uno de los cientos de videos que circulan por redes sociales. Videos que muestran escenas escalofriantes. Muertos, heridos, combates campales entre manifestantes y fuerza pública. Un señor llora desconsolado frente a las ruinas de lo que fue un hotel en Siloé, un sector popular de Cali donde el pasado 3 de mayo manifestantes y fuerza pública libraron cruentos enfrentamientos. El señor que llora, alzando las manos al cielo, se encontraba en el hotel con sus hijos en el momento en que fue incendiado, porque, según se rumora, allí se estaban alojados los efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía.

Los gritos desgarradores de una mujer frente a la sala de urgencias de un hospital en Ibagué. Llora frente al cuerpo de su hijo, Santiago Andrés Murillo, quien tenía 19 años y fue asesinado por la Policía cuando regresaba a su casa tras la jornada de protestas. La mujer sumergida en el dolor suplica por que la maten a ella y pueda irse con su único hijo. Es una madre a la que no le cabe el dolor en cuerpo. Estas son sólo tres imágenes de las miles que circulan, de golpizas de diez policías a un joven, de una granada lacrimógena introducida a un bus lleno de personas.

Las autoridades colombianas han guardado un especial silencio sobre lo que está ocurriendo en las calles de Colombia. Aún no hay cifras oficiales y apenas algunas entidades se han arriesgado con datos. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, sostuvo que hasta el 3 de mayo se registraban 19 muertos, también advirtió que existen 87 personas desaparecidas.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación no solo no están suministrando información, sino que parecen estar ocultándola. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos sí.

Alejandro Lanz es codirector de la ONG Temblores, la cual ha realizado un juicioso trabajo de recolección de denuncias sobre abuso policial desde el paro nacional de 2019. En diálogo con Sputnik explica que han hecho monitoreo de hechos de violencia por parte de la fuerza pública desde el 28 de abril.

Esta organización reporta en tiempo real hechos que se enmarcan en tres tipos de violencia: física, homicida y sexual. Lanz explica que los ciudadanos pueden reportar sus denuncias en la plataforma Grítanos o solicitar acompañamiento legal en Policarpa.

"En estas plataformas, en estos siete días que llevamos de paro, se registran más de 1.000 casos de violencia policial, entre los cuales hay 26 homicidios, 17 lesiones oculares, más de 50 heridos con arma de fuego y todo el tema de detenciones arbitrarias, retenciones y privaciones de la libertad suman más de 700", detalla este defensor de derechos humanos.

"Hemos visto en estos días un recrudecimiento de la utilización de las armas por parte de la fuerza pública, en donde identificamos que el ESMAD [Escuadrón Móvil Antidisturbios] está disparando directamente contra la cabeza y el pecho de los manifestantes, rompiendo los protocolos internacionales de disparos parabólicos y de metraje", afirma.

Lanz agrega que han identificado como una práctica reiterada el uso indiscriminado de armas de fuego en las protestas sociales y explica: "Los policías disparan a las multitudes sin identificar si están atentando contra un manifestante o contra una persona que está en un acto de vandalismo, o si sencillamente es un transeúnte. Hemos registrado homicidios de personas que simplemente estaban pasando por la calle y también hemos identificado una práctica muy preocupante que son las ráfagas nocturnas donde no estamos pudiendo identificar quiénes están muriendo. Tenemos más de 70 desaparecidos en estos siete días y eso es bastante preocupante para nosotros".

Desde el primer día de paro nacional, Cali se ha convertido en el epicentro de las protestas, y asimismo ha pagado con sangre y dolor su rebeldía. Se habla de 19 personas asesinadas en la capital del Valle del Cauca, donde se han registrado las más dolorosas escenas de violencia: cuerpos inermes en el suelo, personas ensangrentadas tras recibir disparos y todo un repertorio de dantescos sucesos. Otros registros sostienen que solo en la jornada del 3 de mayo habrían resultado 22 muertos en Cali.

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"Lo que estamos viendo en Cali es el recrudecimiento de la pobreza, que viene además documentando el mismo Estado colombiano. Han aumentado en gran número las personas que están en condición de pobreza extrema. Adicionalmente, Cali es una de las ciudades que ha visto el aumento de casos de violencia contra la población civil y en el registro de homicidios. Lo que está sucediendo en Cali es consecuencia de la falta de unas políticas estructurales que le permitan a la gente vivir en el marco de una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo", ilustró el activista.

Para el abogado, la crisis social y económica que ha desencadenado la pandemia ha impactado de manera especial en esta ciudad del occidente colombiano. "La emergencia sanitaria ha generado toda una serie de violencias contra la población, le ha otorgado a la fuerza pública el poder de controlar el espacio público y eso se está viendo en el recrudecimiento de esta violencia en todo el territorio colombiano. Arrancamos con Cali, pero ya tenemos otros puntos críticos en otras ciudades como Pereira, Ibagué y Bogotá, donde tenemos registro de jóvenes torturados en una estación de Policía", concluyó.

Estos hechos han desatado una tormenta de pronunciamientos internacionales y de personalidades públicas. Desde artistas como Shakira, Juanes y Residente Calle 13, hasta futbolistas como James Rodríguez y Falcao.

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También hubo pronunciamientos de la Unión Europea, de la ONU y hasta de la oficina de la Casa Blanca para asuntos extranjeros. Todos han solicitado frenar la violencia y evitar los abusos de autoridad por parte de la fuerza pública. Un escenario que pone de presente que los ojos del mundo están puestos en lo que ocurre en Colombia.

“[…] íbamos marchando por la Avenida de Los Cerros, cuando empezaron a dispararnos bala, gases … desde un helicóptero también caían gases y todos comenzamos a correr hacia el barrio…”. Así narra un joven del popular Siloe de Cali la situación vivida en la noche del 3 de mayo, cuando se sumaron al alzamiento juvenil que conmociona a Colombia.

Según narra, en procura de proteger la vida se resguardan en sus viviendas o en cualquiera donde encontraban una puerta abierta; Kevin Agudelo, de escasos 19 años de edad, estudiante del Sena y quien hacía parte de la protesta, quien estaba acompañado de su novia, se resguarda en una panadería del barrio donde fue alcanzado por las balas disparadas por sus perseguidores, perdiendo de inmediato la vida.

Las voces de denuncia de los habitantes de este popular barrio caleño indican que otros dos jóvenes también fueron asesinados, pero no tienen sus nombres y la denuncia queda en manos de los organismos de derechos humanos para que la verifiquen, denuncia que indica que los heridos suman más de una decena.

La acción represiva de la policía, acompañada de unidades del ejército, sobre el grupo de jóvenes, permite visualizar que la potencia de fuego era enorme y la decisión tomada de acallar la protesta a como de lugar es evidente, disparando a diestra y siniestra, “en todo el barrio están dando bala”, como si fuera una zona de guerra, comenta uno de sus jóvenes pobladores.

En esta misma ciudad, queda registrada otra evidencia más que relevante sobre la mentalidad militarista que domina a los cuerpos armados del Estado, sin miramiento alguno con los derechos humanos (palabra que les debe sonar extraña), en la manera como “atendieron” una comisión verificadora de la situación que viven algunos de los jóvenes presos y que fueron recluidos en la estación de Fray Damián (ubicada en el centro de la ciudad). Al llegar la misma a este lugar es recibida inicialmente por un policía y luego por otros varios de sus compañeros que con insultos, amenazas, disparos e incluso una bomba aturdidora lanzada por el Esmad, les obligan a retirarse del lugar. Según los atacados lograron salir ilesos por la protección que les prestaron varios “habitantes de calle”. La comisión estaba integrada por delegados de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Alta Comisionada de Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil (como la alianza “Defender la libertad Asunto de todas), la Cut, la Arquidiócesis de Cali, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, es atendida inicialmente

Mientras la población de Siloe vivía la situación referida, en otros muchos lugares del país grupos de jóvenes alzaban su voz para reclamar un gobierno diferente, con una realidad social y económica que permita dejar a un lado las penurias, y acceder a derechos tales como educación universitaria o superior, vivienda, salud, transporte, y otros muchos más que por ahora solo figuran en el papel o accede a los mismos quien tiene con que comprarlos.

Así ocurrió en Floriblanca, ciudad conurbana con Bucaramanga, donde la protesta juvenil, luego de ser reprimida por la mal llamada “fuerza pública” dejó como salto 15 heridos, 4 de ellos graves, entre estos uno con la mandíbula destruida, además de 57 detenidos. Por redes sociales los manifestantes circularon un video donde Cristian Barrios, joven estudiante, cae al suelo luego de ser atacado, seguramente por una descarga de pistola taser. Los lo lesionan son 4 policías que circulan en moto y que así evidencian el tipo de formación que reciben, su disposición para desatar violencia y para llegar, incluso, al máximo grado de la misma.

Más al sur del país, en Popayán, una marcha que recorría el centro de la ciudad sufre la ofensiva policial de la cual queda un saldo de 53 heridos.

En otras ciudades como Armenia, Tunja, Pasto, Bogotá, también se registran protestas, aunque no en todas la acción represiva toma forma-

Mientras los jóvenes reclaman en la calle derechos inexistentes, e incluso otro gobierno, en varias autopistas del país los camioneros interponen sus vehículos e impiden el paso normal de automotores. Demandan reivindicaciones propias, aunque ahora las suman a la dinámica que caldea al país.

Es una situación reinante en Cundinamarca en municipios como Facatativá, Gachancipá, Nemocon, Cajicá, Fusagasugá, Choachí, Ubaté, Sibaté, Caqueza-, En Antioquia, a la altura del municipio de Santuario. En Boyacá en las vías que llevan hacia Santander.

En el municipio de Zulia, cercano a Cúcuta, con cierres en las vías que llevan hacia Ocaña y Tibú, pero en este caso por acción liderada por campesinos campesinos que rechazan las fumigaciones con glifosato y exigen la implementación del Acuerdo de Paz. Una acción que también lleva a cabo en Nariño indígenas yasingas y pastos.

Otras regiones del país también tienen sus vías cerradas y las quejas del empresariado, en procura de solución, se escucharon sin cesar: en Pasto, dicen, se agota la gasolina; las granjas avícolas alertan que millones de pollos morirán por falta de alimento; los lecheros avisan que están perdiendo el producto de su trabajo pues no pueden llevarlo a las plantas procesadoras. En las ciudades los comerciantes se lamentan por las pérdidas que dejan las protestas y diversos almacenas de cadena informan del límite a que van llegando sus existencias. Como si fuera poco, ante la renuncia del Ministro de Hacienda el dólar se dispara y con él la deuda pública, y las agencias calificadoras de riesgos avisan de la decaída en la confianza que tenían en el país. Es decir, la economía al piso.

Una realidad, la económica, que atrae con energía de imán, a las diversas expresiones del establecimiento que llaman a un pronto acuerdo de la crisis.

El alzamiento juvenil y social se va ampliando como mancha de aceite, y en la medida que esto sucede, como evidencia de su debilidad y desespero que lo descuaderna, el gobierno militariza más y más. Su actuar desbocado puede terminar en cualquier desfiladero: una mayor masacre, un autogolpe, o cosa similar. Una recurso al cual no renunciará, aunque por lo pronto y como quedó evidente a lo largo del día 4 de mayo, acudió al llamado a un Acuerdo Nacional al cual respondieron de manera favorable, y en primera instancia, los partidos tradicionales en sus distintas vertientes. Personajes como Juan Manuel Santos, quien ha liderado una acción subrepticia para descuadernarlo y por su conducto acorralar al innombrable, tampoco se negó. El tamaño de la crisis es tal, así como la necesidad a que se enfrenta el establecimiento para resolverlo en el menor tiempo posielbe, que hasta tres de las universidades privadas del país de mayor reconocimiento le dieron el miércoles 5 de mayo libre a sus estudiantes y los invitaron a sumarse a la protesta contra el mal gobierno. Una medida que responde, es claro, a las fuerzas subterráneas que actúan, desde el propio establecimiento, contra el gobierno Duque.

Queda por conocerse la manera como procederán las fuerzas llamadas alternativas y los diversos movimientos sociales, entre ellos indígenas y sindicalistas, y unos actores claves de la coyuntura: los jóvenes, aunque con una dificultad mayor: ¿quién los representa, quién o quiénes pueden asumir una vocería legitima como totalidad?

Un escenario realmente complicado para las fuerzas alternativas, que desde hace dos años han tratado de llevar al gobierno a una negociación abierta de un inmenso pliego de reivindicaciones el cual ahora sí podría ser negociado. El dilema es claro: Si se participa de la negociación se le brinda a Duque el aire necesario para dilatar la crisis, pero si no se participa será testigos mudos de la negociación que haga el establecimiento con el establecimiento o los mismos con las mismas.

La dificultad para resolver el dilema está en la postura expresada por algunas de estas fuerzas que demandan como precondición para un posible diálogo: la desmilitarización del país, el cese de la violencia represiva, renuncia de la cúpula policiva-militar, entre algunas de sus exigencias.

Mientras así cierra el día siete del alzamiento juvenil/popular, y termina el 4 de mayo, la luz se dirige al siguiente día donde el país está llamado a una inmensa manifestación de repudió en contra del régimen y del gobierno. Una jornada donde el movimiento indígena incorpora sus fuerzas y ampliará los bloqueos de autopistas.El desenlace de la jornada podría dar pistas sobre lo que está por venir.

El gobierno de Iván Duque justifica la presencia militar en las calles por la "amenaza terrorista" que suponen los manifestantes. Las movilizaciones empezaron el miércoles pasado y ya dejan un triste saldo de 19 muertos y más de 800 heridos.

05 de mayo de 2021

. Imagen: AFP

En medio de las masivas protestas contra el gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, la Defensoría del Pueblo informó que recibió denuncias por 87 personas desaparecidas. Las manifestaciones empezaron el miércoles pasado y ya dejan un triste saldo de 19 muertos y más de 800 heridos, una situación que puso a Colombia en la mira de los organismos internacionales por la recurrente violación a los derechos humanos y los abusos de las fuerzas de seguridad. El ministro de Defensa Diego Molano justificó este martes la presencia militar en las calles del país al sostener que con ella se brinda apoyo "excepcional" a la policía frente a "la amenaza terrorista".

"La Defensoría del Pueblo registró unas quejas correspondientes a las presuntas desapariciones durante la protesta social convocada el 28 de abril y dio traslado de dicha información a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas", informó el organismo independiente. La entidad compartió el listado completo de las 87 personas que según las denuncias permanecen desaparecidas.

Al menos 35 de ellas desaparecieron en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, epicentro de las protestas, y la vecina Palmira, región del suroeste donde también se han registrado la mayor cantidad de muertos durante las manifestaciones. También hay desaparecidos en Bogotá, Barranquilla y Medellín, y en el departamento del Quindío, situado en la zona cafetera del centro del país.

Aunque la Defensoría del Pueblo confirmó la muerte de 19 personas durante las movilizaciones, el ministerio de Defensa evita referirse a las víctimas. El ministro Diego Molano se limitó a asegurar que "se han registrado ataques a miembros de la fuerza pública, estaciones de policía, vehículos, bloqueos y otros hechos violentos que afectan a municipios del país".

Molano señaló además, sin ninguna prueba, que se trata de "actos organizados y financiados por disidencias de las FARC y el ELN". Especificó el caso de la ciudad de Cali, donde "hay un grupo de estas organizaciones criminales que buscan mimetizarse y han desarrollado estas acciones vandálicas".

Justamente en la noche del lunes, Cali fue escenario de agitadas protestas que dejaron, según datos de la alcaldía de la ciudad, cinco muertos y una treintena de heridos a manos de la policía. Incluso funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría señalaron que fueron amenazados a punta de pistola por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) mientras observaban los protocolos de la fuerza pública en una comisaría local.

Este martes, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos denunció desde Ginebra que los cuerpos de seguridad colombianos han ejercido un "excesivo uso de la fuerza" contra los manifestantes. Las fuerzas de seguridad "utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y hubo detenciones en el contexto de una situación tensa y volátil en la que algunos participantes en las protestas también han sido violentos", agregó Marta Hurtado, vocera de la oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet.

Las manifestaciones continuarán este miércoles, según la convocatoria del Comité Nacional del Paro, que anunció que pese a que el presidente Duque anunció que el proyecto fiscal sería retirado, "la gente, en las calles, está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria". Las peticiones ahora pasan por el retiro de un proyecto de ley que busca privatizar la salud, el fortalecimiento del plan de vacunación contra el coronavirus, la creación de una renta básica, la defensa de la producción nacional agropecuaria y el apoyo a las pequeñas empresas, entre otras.