COLOMBIA FIRME CONTRA POLÍTICA NEOLIBERAL MIENTRAS POLICÍA SE HA CONVERTIDA EN BRAZO ARMADO DEL URIBISMO

La Internacional Antiimperialista de los Pueblos en Defensa de la Humanidad y la Naturaleza expresa su total solidaridad con el aguerrido pueblo colombiano, que desafiando la represión y el terrorismo de Estado, ha ganado las calles y caminos del país hermano para exigir la inmediata renuncia del presidente Iván Duque y su gobierno. El retiro de la infausta reforma tributaria que Duque intentaba imponer a sangre y fuego, es una victoria parcial que sólo puede completarse con la caída definitiva del narco-régimen corrupto y represivo uribista. Mientras dilapida los dineros públicos en el subsidio a los banqueros, a los ricos y en la adquisición de armamento (aviones de guerra, tanquetas etc) para reprimir a su pueblo, Duque desfinancia en el marco de la pandemia, el sistema de salud y desatiende las necesidades básicas de las clases populares.

Nuestro total apoyo al noble pueblo colombiano y su derecho a la vida, a la paz, y a una democracia con contenido social. Su enorme y valerosa lucha marca el camino hacia la Patria Grande.

Manuel Zelaya

Presidente

Piedad Córdoba

Secretaria de Derechos Humanos.

Lois Pérez Leira

Secretario Ejecutivo.

Por: Alejandro González Santafé

La policía colombiana se encamina a convertirse en el brazo armado de la represión del Estado, en particular del gobierno y en concreto, del uribismo. En los últimos años se ha evidenciado el crecimiento sistemático de un accionar agresivo por parte de cientos de agentes contra la población civil. Esto no responde a hechos aislados sino a prácticas formativas que rayan en muchas ocasiones con una especie de policía política.

Decimos policía política porque cada vez se hacen más recurrentes las imágenes y videos de policías sin sus respectivos números personales de servicio. Así que si unos policías detienen manifestantes y los ingresan a vehículos sin distintivos institucionales y sin rumbo, no estamos lejos de escenarios en los que ya no existen las garantías de una democracia en la que las distintas ramas del Estado actúan de forma independiente. La cuestión se agudiza cuando se reconoce que el gobierno uribista tiene en su bolsillo instituciones como la Fiscalía, la Defensoría y la Procuraduría.

Si se conversa con un policía se aduce que ellos sencillamente cumplen su función. Esta revelación ya es una formulación de propósitos en los que se acentúa la cuestión del deber, el cual conciben con relación al orden, que generalmente lo restablecen con el uso de la fuerza, que en realidad es una opción por la violencia. Ante esto hay que hilar despacio, hagamos un breve recorrido por otros argumentos.

Es evidente la sobrevaloración de conceptos como “patria” y “nación”, esto lo afirma el gobierno y también las fuerzas militares. Los han convertido en un discurso que utiliza de forma retórica, pero con argumentos mediocres, azuzando su imaginario de héroes. Pero resulta que ahora del otro lado no hay un grupo armado con una formación bélica y dotado de fusiles de asalto, sino cientos de miles personas exigiendo que el Estado no los robe más. Básicamente se sustentan en la idea de que con su represión hacen patria.

Otro factor a considerar es que, en principio, la policía está para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, pero pareciera que muchos de ellos entienden ese derecho como la validación de la corrupción del gobierno. Así las cosas, se abre el camino de la inconstitucionalidad y de la consideración del gobierno como un régimen, cercano a un régimen del terror y tan parecido a las dictaduras del sur del continente en el siglo pasado.

Es una ecuación sencilla: la policía no está garantizando los derechos, sino reafirmando la corrupción. Entre menos irrelevante sea el Estado con sus decisiones políticas, más protagonista termina siendo la policía, tanto así que llega al punto de dispararle en la cabeza a un joven, lo cual justifica o relativiza con el apoyo de algunos medios de comunicación, diciendo que el joven se atravesó en el recorrido del disparo.

No se le puede pedir a un policía (aunque no estaría mal) que haga un análisis sociopolítico de la realidad del país y que opte por defender lo que a él le parece más correcto. Sin embargo, es en realidad lo que están haciendo, y se han convencido de que su función natural es estar ciegamente a las órdenes del gobierno. ¿Pero qué ocurre cuando la dirigencia del Estado se mueve fuera de sus funciones elementales?

La policía, en la actualidad, se ha sumido cada vez más en esta postura. Hay una constante que está incluso a la base de las formas y los métodos que usar para seleccionar al personal. Así, los policías tienden a parecerse en cuanto a su forma de concebir el país, y en otros detalles de índole más tribu-urbana que espero sean objeto de análisis en otros artículos. Amén.

La reforma tributaria ha caído gracias a un movimiento que se fortalece, pero que no debe bajar la guardia ante las maniobras del Gobierno para revivirla.

Sin duda, el anuncio de retiro del polémico proyecto de ley con el que el Gobierno pretendía aumentar los impuestos a quienes menos ingresos tienen en el país y la caída de Alberto Carrasquilla, el ministro más poderoso del actual gabinete, son los más grandes triunfos de la protesta social durante los más de dos años y medio que lleva Iván Duque fungiendo y fingiendo como presidente.

No se trata de una victoria menor. La gente que se ha manifestado ha logrado tumbar la iniciativa en pleno tercer pico de la pandemia, saliendo a las calles a pesar del riesgo de contagio de COVID-19, y ha vencido a un gobierno que no oculta su talante fascista, que ha combinado todas las formas de violencia contra su propia ciudadanía con campañas de propaganda y manipulación de la ciudadanía, que ha dejado claro que busca un acuerdo entre los de arriba para fortalecerse y que en medio de la protesta ha entregado el poder de facto a militares y policías en varios ciudades, suplantando a las autoridades civiles y dejando rienda suelta a los asesinatos, torturas, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias que han marcado estas jornadas en diferentes ciudades de Colombia. Según la ONG Temblores, desde el 28 de abril hasta hoy se han dado al menos 1181 abusos policiales, 26 homicidios, 17 lesiones oculares, 761 detenciones arbitrarias, 56 desapariciones forzadas y 9 casos de violencia sexual cuyos responsables serían uniformados. No obstante, la propia Policía hablaba de 10 muertos solo en Cali.

Hemos llegado a este punto luego de tres episodios de fuerte confrontación entre los sectores populares y el grupo que controla el rumbo del país: la movilización por la paz que recibió a Duque luego de su cuestionado triunfo electoral en 2018, el histórico paro nacional de noviembre de 2019 y el estallido contra la brutalidad policial que sucedió al asesinato de Javier Ordóñez en septiembre de 2020. Estos no solo son precedentes de la actual situación sino que, con cada levantamiento, han ido elevando la comprensión de diversos sectores sociales sobre lo que ocurre en el país y el talante de sus luchas. Sin embargo, también han crecido los retos, especialmente el de superar la artificiosa división que algunos insisten en agudizar entre los sectores tradicionalmente organizados, como el sindical y las organizaciones participantes en el Comité Nacional de Paro, y actores como los jóvenes de los barrios y las mujeres, todos igualmente protagonistas de estas jornadas. Asimismo, sigue siendo una tarea titánica conectar los variados reclamos de quienes manifiestan su inconformidad para formular un proyecto de país que junte a las mayorías necesarias para dejar atrás el legado casi bicentenario de quienes han gobernado en contra de los intereses de las mayorías y de casi dos décadas de protagonismo de la extrema derecha desde la llegada al poder de Álvaro Uribe, mentor de Duque y verdadero estratega de su gobierno.

No obstante, la lucha contra las autoritarias medidas de Duque no ha terminado. En Cali –hoy por hoy el epicentro de la lucha por cambiarle el rumbo al país–, Bucaramanga, Bogotá y otras ciudades siguen las protestas, mientras el Comité Nacional de Paro asegura que continuarán las movilizaciones, el Consejo Regional Indígena del Cauca sigue con su minga hacia la capital del país, los taxistas protestan ante la competencia desleal de monopolios internacionales del transporte como Uber y los camioneros mantienen diversas convocatorias de cierres viales. Para la gente es claro que el hundido proyecto de ley no es sino la medida más visible dentro de un ‘paquetazo’ con el que el gobierno Duque busca profundizar la exagerada brecha social entre unas mayorías pauperizadas y un pequeño grupo de empresarios, ganaderos, barones políticos y actores del crimen organizado que se beneficia de la pobreza que, entre otras cosas, se ha multiplicado con la pandemia mientras ese mismo gobierno regala billones de pesos a la banca y los especuladores financieros y malgasta impresionantes recursos en burocracia, armas y represión contra el pueblo.

A Duque y sus aliados les quedan todavía dientes. El gobierno no solo ha continuado con la militarización de varias ciudades, a pesar de la oposición de los alcaldes de las mismas y del asesinato anoche de otros dos jóvenes durante acciones del Ejército en Cali, sino que ha anunciado que buscará un ‘acuerdo nacional’ por arriba con los jefes de los partidos políticos tradicionales y los gremios de los más ricos entre los ricos del país para salvar su iniciativa tributaria quitando algunos elementos polémicos de la misma. Mientras tanto, adelanta sin mucho ruido una reforma a la salud que, en medio de la pandemia, le entrega todavía más poder y recursos a los monopolios privados que han causado una histórica crisis en los servicios sanitarios que niega de facto el acceso de las mayorías a tratamientos y debilita aun más la red hospitalaria pública; prepara el regreso de la fumigación masiva con glifosato a las selvas y bosques del país para dar continuidad a una demostradamente fallida política antidrogas; y ha presentado al Congreso una nueva reforma laboral para pauperizar aún más las condiciones de contratación y salarios que soportan los colombianos.

El Ejecutivo repite como un mantra su preocupación por la falta de recursos para sus supuestos ‘programas sociales’, mientras sigue apalancando un nuevo pacto entre las clases dominantes a punta de ‘mermelada’, clientelismo y promesas de privatizaciones. Quien parece más satisfecho con esto parece ser Germán Vargas Lleras, pues hoy tiene ‘las llaves en la mano’ para darle un poco de aire a Duque, pero ha pedido la renuncia del ministro de Salud, quien pertenece a su partido, y estaría esperando la caída del jefe de la cartera de Interior para iniciar negociaciones con el uribismo de cara a las elecciones de 2022, de forma que el candidato oficial de una coalición de extrema derecha sea Alejandro Char, hoy presidente del Congreso, con la bendición de Álvaro Uribe. Por ningún lado, eso sí, se polemiza frente a la represión del descontento social por todos los medios a mano de quienes controlan el Estado, lo que incluye tanto la acción criminal del ESMAD como el genocidio selectivo de líderes sociales por parte del paramilitarismo y el crimen organizado que nos pone como uno de los países más peligrosos del mundo para defensores de los derechos humanos y el medio ambiente.

Por ahora, es momento de celebrar. No obstante, el panorama sigue siendo incierto, pero quienes han usado las calles, las cacerolas y las redes digitales para hacer sentir su descontento ha dejado un claro mensaje a Uribe, Duque y sus aliados: esto no es 2002 y la gente no está dispuesta a seguir dejando que la gobiernen como antes. La lucha sigue.

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Por Efraín González Téllez 

El domingo 2 de mayo, el gobierno de Ivan Duque pidió el retiro del proyecto de reforma tributaria luego de las protestas masivas que se llevaron a cabo desde el 28 de abril hasta ese día en Colombia; esto luego que policías y militares asesinaran a distintas personas en varias ciudades del país, hiriendo cientos más y dandose casos de violencia sexual.

El pasado 15 de abril el Ministro de Hacienda había presentado al Congreso de la República un proyecto que venía elaborando meses atrás, el que incluía: incrementar el IVA del 5% al 19% a la gasolina, ampliar el impuesto de renta escaladamente a salarios de dos millones y medios de pesos (650 dólares), ampliar impuestos a las pensiones y varias otras modificaciones más al sistema tributario del país. Esto en medio de uno de los momentos de crisis económica más agudos de los tiempos recientes, donde el 14.2% de la población está desempleada y el 42.5% de la población vive bajo la línea de pobreza.

El momento para presentarla no podía ser el más equivocado: el país atraviesa las cifras más altas de muertes con días cercanos a las 500 personas y un total que ya pasó los setenta mil decesos. No se alcanza a entender si fue cinismo pensando que era un momento que nadie protestaría pero, cualquiera que haya sido el cálculo de la respuesta, nunca previeron lo que sucedió.

Aunque ya las redes sociales estaban activas en contra de la reforma desde que se presentó, el momento álgido de movilización se dio el 28 de abril, día en que el Comité Nacional de Paro (que agrupa a las principales centrales obreras, organizaciones de pensionados y algunas organizaciones sociales) convocó a realizar marchas en todo el país para rechazar la medida. Cómo ya ha pasado en otras oportunidades los últimos años, y que describimos en nuestro periódico en 2019, la convocatoria no solo rebasó las expectativas sino que integró a muchísimos más sectores que iniciaron el llamado original, al punto que se volvió una movilización de cientos de miles de personas en todo el país. Con la pretensión de mantener el paro como indefinido el Comité Nacional de Paro, tras evaluar la jornada como satisfactoria, mantuvo la llamada a movilizaciones para el 29 e hizo un llamado a una nueva jornada de paro el 19 de mayo.

El seguimiento del segundo día no fue tan masivo como el anterior a nivel nacional, pero en ciudades como Cali no solo permanecieron resistiendo sino que en muchos casos se rebasó la represión de la policía al punto que esta debió retirarse de algunos puntos. Justamente por las formas en que los y las manifestantes enfrentaron la represión estatal durante el 28 y el 29 el expresidente Alvaro Uribe hizo un llamado a que se permitiera el “derecho de soldados y policías a utilizar sus armas”, el cual coincidió con el asesinato de varios manifestantes en Cali y heridas graves contra cientos de manifestantes a lo largo del país. Aunque el Comité Nacional de Paro no había convocado movilizaciones para el 30 de abril y explícitamente hicieron un comunicado afirmando que no convocaban movilizaciones para el 1 de mayo (argumentando razones de bioseguridad e invitando a protestas virtuales), ya el paro había dejado de ser hace mucho lo que ese espacio determinaba, por lo que ambos días volvieron a darse manifestaciones multitudinarias. Frente a esta tenacidad demostrada por la gente, el presidente Duque anunció alrededor de las 4 de la tarde del 1 de mayo la participación del ejército en el control de las protestas, no solo provocando más violencia en el choque contra los manifestantes sino el uso de armas de fuego para reprimirles.

En el caso de Bogotá, una de las manifestaciones que ese día se dirigía con más de 5000 personas en dirección a la vivienda del presidente fue brutalmente reprimida, al igual que se hizo con manifestaciones en otras partes de la ciudad a esa hora. La amenaza de usar la fuerza militar para aplacar las protestas no detuvo que se convocaron de nuevo para el 2 de mayo; Sin embargo, en este último día de protestas, y en medio de la tensión que generó la militarización al mismo tiempo que se realizaban movilizaciones a nivel nacional, el presidente Duque anunció en una alocución presidencial que retiraba el proyecto de reforma tributaria. Muchos de los barrios de las distintas ciudades que se mantuvieron movilizadas entraron en una manifestación de alegría por haber logrado el objetivo.

Sin embargo, esta pequeña victoria se ve empañada por la masacre que se está cometiendo; la ONG Temblores denunció como a lo largo de estos días se les notificaron las siguientes violaciones de derechos humanos:

Hay que entender que estas cifras corresponden únicamente a las recogidas por organizaciones de derechos humanos, pero las mismas estuvieron desbordadas todos estos días haciendo acompañamiento en todos los lugares donde se reprimió a las personas. Por lo que el estimado al menos de personas heridas y muertas seguramente es mayor a las cifras registradas.

A pesar del anuncio de retiro de la reforma tributaria, varias organizaciones sociales del país mantienen las movilizaciones ya que además en el Congreso se tramita otra reforma al régimen de Salud; así mismo, varias organizaciones y personas sostienen la necesidad de mantener la movilización para impedir la impunidad frente a las violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el paro. Frente a esto el 3 de mayo el Comité Nacional de Paro solicitó formalmente el retiro de la reforma a la salud y el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) por la responsabilidad en la represión de estos días.

A continuación una galería fotográfica de las manifestaciones estos días en Bogotá, tomadas por la fotógrafa Nathalia Sie, pueden segirla en su instagram

Foto de portada: Andrés Pacheco; Instagram @pachecoclasta

Por Pedro Brieger

En el periodismo una cuestión básica es discernir qué es noticia y qué se le transmite al público. En el proceso de selección siempre hay que tomar en cuenta el factor ideológico ya que la objetividad no existe en ningún tema, sea en el ámbito deportivo o en el político.

Esto permite comprender por qué Venezuela aparece en casi todos los medios de comunicación como un tema recurrente que se ha convertido en un arma político-comunicacional para descalificar a los movimientos progresistas.

En este sentido cabe preguntarse por qué para la inmensa mayoría de los medios de comunicación la violencia en Colombia está invisibilizada. Si en Estados Unidos alguien se sube a un techo o entra en una escuela y comienza a disparar contra varias personas, seguramente aparecerá en los diarios o en la televisión de casi todo el mundo. Y si es posible se transmitirá en vivo y en directo.

Pero las masacres en Colombia no existen. ¿No existen? En lo que va de 2021 ya se han producido más de 30 masacres y unas 120 personas fueron asesinadas según ha documentado el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), que se suman a las 91 masacres de 2020. En 2021 ya han asesinado más de 50 líderes y lideresas sociales, indígenas y defensores de derechos humanos.

Entre 2015 y 2019 Colombia ocupó el primer lugar en víctimas de desplazamiento forzado dentro de un mismo país y a comienzos de 2021 Naciones Unidas, registraba más de 9 millones de personas desplazadas internamente, cifra solo superada por Siria, en guerra civil hace una década.

Los Acuerdos de Paz firmados en 2016 entre el presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) contemplaban la desmovilización de quienes participaban de la guerrilla y su inserción pacífica en la vida civil. Con bombos y platillos se realizó una ceremonia en la bella Cartagena de Indias en septiembre de 2016 para celebrar la firma de los Acuerdos. Pero desde entonces asesinaron a 276 excombatientes que aceptaron los términos de los Acuerdos, sin gran repercusión internacional.

¿Cuánta gente sabe que en Colombia, aún hoy, se produce el 70 por ciento de la cocaína del mundo según se puede leer en el último informe de la oficina de Naciones Unidas de lucha contra las drogas Colombia? Debería ser noticia, ¿verdad?

En abril del año 2000, el entonces senador, y hoy presidente Joe Biden, viajó a Colombia para “examinar el programa antinarcóticos” y le pidió al Congreso mayores fondos para combatir el narcotráfico. Sólo entre 2008 y 2021, según datos oficiales, enviaron más de 4 mil millones de dólares, además de asesores militares y sus expertos de la DEA, la agencia de lucha contra las drogas. A la luz de los hechos se puede afirmar que la política de la Casa Blanca hacia Colombia ha sido uno de los fracasos más estrepitosos en política exterior si, efectivamente, el objetivo era erradicar las drogas; aunque no se puede negar que sirvió para que se filmaran extraordinarias series y películas sobre Pablo Escobar y la DEA.

Colombia tiene una vibrante sociedad civil que clama a gritos cambios estructurales para hacer honor a esa hermosa y atractiva publicidad de hace unos años donde se decía que Colombia es un paraíso, y “el riesgo es que te quieras quedar”.

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*Sociólogo y analista internacional argentino, director de Nodal.am. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)