Colombia un país clasista, siempre ha demostrado un profundo odio por los pobres y desarraigados
Por Grupo Quimera
Colombia un país clasista, siempre ha demostrado un profundo odio por los pobres y desarraigados, los mismos que son tenidos en cuenta en campañas políticas, para que los políticos de todos los pelambres, se acuerden de ellos, los visiten y les hagan promesas que nunca les van a cumplir.
Los jóvenes de barrios pobres carecen de los más elementales derechos como la educación, vivienda digna, muchos no logran si quiera llegar a terminar sus estudios básicos, por lo que conseguir un empleo se hace muy difícil y complejo. Lo que hace que estén en busca de oportunidades, las que el Estado les ha negado.
En este escenario de pobreza y de falta de oportunidades, los jóvenes se convierten en blanco fácil de todo tipo de ofertas, no solo de trabajo, sino de enlistarse en grupos armados, delincuencia común, narcotráfico, reclutamiento por parte del ejército nacional.
A la llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), dirigió toda su política a la guerra fratricida en contra de la guerrilla de las FARC, fue el aliado número 1 de Bush y su lucha contra el terrorismo, lo que le sirvió para incentivar el Plan Colombia, que no era otra cosa, sino convertir el país en teatro de operaciones, las zonas rurales se convirtieron en lugares donde el Estado probaba el armamento que iba a ser utilizado en las guerras que EEUU dirigió al mundo.
El ejército empezó a manejar de forma autónoma, los dineros que le entregaban para financiar la guerra, sin que tuvieran que dar cuenta a nadie, la corrupción a nivel más alto del ejército, sin olvidar que, hasta ese momento, ya se habían establecido que los militares actúan en connivencia con grupos paramilitares y algunos recibían nómina de los narcos.
Uribe preocupado por los pocos resultados y su ministro de defensa Camilo Ospina, tuvieron la idea de ofrecer recompensas, bonificaciones a militares que tuvieran anotaciones sobre bajas en combate, uno de los decretos Boina, establecía pagos, mensualidades, el monto de la bonificación sería determinado por el propio presidente, este se otorgaba a una misma persona cuantas veces se hiciera acreedora. Por ello el general Montoya en su momento pedía litros de sangre a sus subalternos.
La guerra que Uribe Vélez estaba desarrollando en contra de las FARC, no le estaba dando resultados y fue aquí, cuando se inicia la verdadera esencia de lo que se ha llamado la política de seguridad democrática. Tenían que sumar bajas y el ejército entregar cuentas sobre los dineros del Plan Colombia,
Fue en este momento donde se iniciaron los mal llamados falsos positivos, en un primer momento, el ejército empezó a informar sobre combates y bajas, en toda la geografía, estas personas no eran identificadas, nadie conocía sus identidades y nadie las reclamaba muchas de estas eran indigentes que vivían en las calles, algunos eran conocidos por ser drogadictos, ladrones de pequeñas cuantías, que muchas veces las comunidades agradecían no volver a ver. Pero estos no daban los resultados esperados, lo que llevó a incursionar en los barrios pobres de las grandes capitales, en algunos casos muchos jóvenes fueron invitados con una oferta de empleo a viajar a lugares apartados de su hogar, otros fueron reclutados directamente por el ejército, en lo que se conoce como batidas, consiste en pedir a los jóvenes su tarjeta militar, si esta no la presenta es subido a un camión para trasladarlo a un batallón y allí es reclutado para prestar el servicio militar. Muchos desviaron la ruta y llevaron a los jóvenes para que sumaran las bajas que les otorgaba una bonificación y para que el gobierno de Uribe pidiera más ayuda a los gringos.
Los primeros casos que se conocieron de los falsos positivos fueron de las madres de Soacha un municipio cerca a Bogotá en el año 2008, Uribe justificó la muerte de estos jóvenes porque algo debían estar haciendo, no estaban cogiendo café, fue así como desde distintos lugares iban apareciendo muertos, muchos de los cuales se encontraban vestidos de camuflado y con botas pantaneras, las que usa la guerrilla, limpias y nuevas así como los uniformes, algunos con armas, lo particular de estos combates es que los supuestos guerrilleros tenían botas de un mismo pie, uniformes que no coincidían con su talla y las armas sin disparar o con el brazo que no escribía.
Pero como no eran nadie, solo pobres seguro nadie los extraña y solo suman para las estadísticas, un bono, ascenso a los militares de rango, a Uribe le beneficiaba seguir al lado de los gringos, que, a pesar, que fueron apareciendo muertos y se conoció esta política, nunca se le pidió cuentas al gobierno, la cooperación y el Plan Colombia siguieron aportando dinero para pagar las muertes de jóvenes, hombres mujeres, niños, adultos, sin techos, pobres, drogadictos e indeseables, en lo que se convirtió en un genocidio.
Si bien, desde el año 2008, se empezó a conocer esta política diseñada desde el Estado, el mundo al igual que paso en Ruanda, miró para otro lado, el Parlamento Europeo, los organismos internacionales como la ONU, la Comunidad Internacional, hasta el día de hoy no sancionó al país, ni pidió que la justicia esclareciera estos hechos, hasta la CPI, que sabe que se trató de un genocidio, no ha emitido un fallo que permita que estos crímenes queden en la impunidad.
Según la JEP, en su fallo en el macro caso de falsos positivos estableció que fueron 6402, los muertos, algunas ong han dicho que se trata de más de 15 mil personas, quienes fueron asesinadas por la fuerza pública, como parte de su política de incentivos. Según Vivanco director de HRW, esta política no tiene ningún precedente en el mundo. Es decir, ninguna dictadura por cruenta que ha sido no masacró y desapareció, solo por gusto una bonificación o por mostrar resultados a los gringos.
Uribe y todos sus ministros de defensa como son Marta Lucia actual vicepresidenta, Juan Manuel Santos ex presidente, deben responder ante los tribunales internacionales por los muertos, que hasta hoy se conocen como falsos positivos, al no hacerlo el mundo está mirando para otro lado, dando píe a que otros hagan lo mismo.
Finalmente, Colombia es un país que tiene miedo de reconocer y juzgar este genocidio, por ello es pertinente la presencia de la CPI, para que dicte justicia y quede un precedente para el mundo de lo que no se puede hacer con el argumento de luchar contra el terrorismo.
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