El regreso presencial no es un simple juego, debe hacerse de manera responsable y segura porque es la vida de nuestros niños y de las masas laboriosas la que está en peligro.
Con mucho alboroto la Secretaría de Educación Distrital y la Alcaldía Mayor de Bogotá, celebraron el regreso de los estudiantes de manera presencial a algunos colegios del distrito. Alboroto que no pasa de la propaganda desesperada para concretar su plan de Retorno Gradual Progresivo y Seguro (R-GPS) a las aulas, pues las condiciones exigidas por el gremio docente -que es quien realmente pone el pecho a esta situación- son ignoradas por estas entidades.
Esta situación es muy delicada, por ello hay que analizarla desde distintos puntos de vista. De un lado, está el escenario de los padres, que en su mayoría están activos en sus trabajos y no tienen con quien dejar a sus hijos o quien los acompañe en los procesos de aprendizaje virtual. La preocupación de los padres es justa y real, pero la solución no es precisamente enviar a los niños al colegio sin las garantías, no solo necesarias sino suficientes, para su salud y la de sus familias.
De otro lado, está el factor psicológico – aprovechado por la SED y la alcaldía en este caso- que arguye y evidencia la necesidad de que los niños socialicen y aprendan colectivamente, lo que efectivamente entienden de sobra los docentes y por ello intentan diversas estrategias para garantizar el aprendizaje de sus estudiantes, garantizando así la salud y vida de la comunidad educativa; esto es lo que no cuentan los medios, ni las instituciones del Estado capitalista, porque es más fácil utilizar las necesidades de los niños para justificar sus órdenes de R-GPS. Son unos hipócritas, porque mientras se muestran muy “preocupados” por el bienestar de los niños, en todo un año de pandemia poco les importó que muchos estudiantes estuvieran sin dispositivos tecnológicos, sin conexión a internet, sin alimentación adecuada, sin atención psicológica, sin protección…en fin, un argumento repugnante, máxime cuando incluso durante la pandemia, más de 300 niños fueron abandonados, dejándolos con notas que solicitaban ayuda al ICBF, prefiriendo entregar a los niños, que verlos morir de hambre.
Lo que realmente quieren garantizar los dueños del capital y sus aliados y administradores políticos en el Estado, es la reactivación total de su economía. Pues la crisis económica desató una crisis social que venía agudizándose desde antes de la pandemia, como se viene demostrando en las calles; ahora en pandemia e incluso post pandemia, la crisis social será mucho peor y desde el ámbito educativo de una u otra forma puede ayudarse a mermar o contener esa bomba social a punto de estallar; garantizar que los esclavos del capital trabajen tranquilos y sin preocupaciones, devolver a los niños a las aulas y que todo se “organice” nuevamente, es lo que realmente buscan mientras las clases dominantes imponen sus políticas contra el pueblo.
Sumado a ello, está la situación del gremio docente. Durante la pandemia, la sobrecarga laboral es el pan de cada día: atención de una y otra manera a los estudiantes, clases sincrónicas y asincrónicas, llamadas uno a uno (porque no todos tienen conexión a internet), envío de guías digitales y físicas, mensajes por WhatsApp a cualquier hora del día, etc., etc. Todo esto con el mejor espíritu de sacrificio, sacando de su bolsillo el gasto de internet, minutos, equipos, espacio físico, electricidad, copias y demás y, aun así, hay quienes se atreven a decir que los docentes ¡no quieren trabajar porque no quieren regresar al aula!
Lo que pasa es que el gremio docente tiene claro que para regresar hace falta más que espectáculo y fotos, por eso desde sus organizaciones sindicales en particular la Asociación Distrital de Educadores -ADE- plantean exigencias como que cada institución adopte los mecanismos para el regreso de manera autónoma; adecuación de las instituciones educativas (infraestructura, materiales, personal); suministro de gel antibacterial en cada una de las dependencias del colegio; contratación de auxiliares de enfermería en cada institución; comedores escolares con estrictos protocolos de bioseguridad; plan de contingencia para ingreso y salida de estudiantes; rotación de estudiantes; dotación de elementos de bioseguridad para docentes, administrativos, servicios generales; determinar la Covid – 19 como enfermedad laboral; reducción de horas presenciales hasta que baje el pico de pandemia; dotación de tabletas y/o computadores, para todos los estudiantes y docentes de la ciudad, y la conexión permanente a Internet a través de la ETB, es un asunto indispensable en el marco de la estrategia “Aprende en Casa”; incremento en el valor del Bono Alimenticio a $150.000 (pesos m.cte), como estrategia para prevenir la desnutrición, entre otras que incluso pueden generalizarse a nivel nacional.
Estas exigencias son lo apenas justo, no obstante, ninguna de ellas se garantiza cabalmente, demostrando así, que no hay condiciones para el R-GPS. El Estado argumenta la gran mentira de que no hay los recursos suficientes, cuando se sabe la cantidad de millones que se mueven por corrupción, lo que demuestra que no hay voluntad de proteger realmente la vida de los hijos del pueblo y sus familias; “sólo en Bogotá, 825.000 personas pertenecen a la comunidad educativa, sumados alumnos, maestros y directivos. Con la alternancia tendrían que dirigirse a las aulas al menos 220.000 niños al día.” Es decir, se está enviando no solo a la población trabajadora al sálvese quien pueda, sino también a los hijos del pueblo, bajo directivas difusas como la 013 del MEN, o las órdenes de la alcaldesa López, donde se dan indicaciones inocuas que ni siquiera se saben cómo se desarrollarían, por ejemplo ¡“establecer protocolos que permitan la identificación rápida y oportuna de los contagios”! cuando ni siquiera garantizan espacios y personal de enfermería en los colegios públicos. Eso sin contar la responsabilidad penal que puede asumir un docente, en caso de que, por un contagio, se ponga en riesgo la vida de un estudiante y por ende de su familia.
En lo inmediato para resguardar la salud y vida, los trabajadores del sector de la educación y los padres de familia deben unirse y determinar conjuntamente qué se necesita en cada institución para garantizar el R-GPS, pero, además unirse a las exigencias planteadas desde las organizaciones sindicales de los docentes, porque son precisas y justas. Pero si el Estado, a través de sus alcaldías y secretarías de educación obligan al regreso presencial sin condiciones, hay que pelear, hay que ensamblar esta lucha con las que libra el pueblo colombiano, hay que avanzar al Paro General Indefinido, para resguardar la salud y la vida del pueblo colombiano. El regreso presencial no es un simple juego, debe hacerse de manera responsable y segura porque es la vida de nuestros niños y de las masas laboriosas la que está en peligro.
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