El gobierno nacional, con su habitual costumbre de mentir y tratar de engañar a la opinión pública, dice que Colombia necesita una reforma tributaria
Con solo eliminar las exenciones establecidas en la última reforma, ya consigue 15 billones de pesos, sin necesidad de seguir estrangulando los ingresos familiares y deteriorando aún más la calidad de vida del pueblo colombiano
El gobierno la sustenta arguyendo los gastos en los que incurrió para enfrentar la pandemia, aunque la realidad podría ser otra
Por: Miguel Ángel Cerón Hurtado
Foto: Leonel Cordero
El gobierno nacional, con su habitual costumbre de mentir y tratar de engañar a la opinión pública, dice que Colombia necesita una reforma tributaria para subsanar los elevados gastos en que incurrió por motivo del COVID-19. Así pues, se alista para introducir un paquete dentro del típico enfoque neoliberal; es decir, impuestos indirectos y estructura regresiva. Sin embargo, oculta el verdadero motivo de dicha reforma que radica en la presión de los organismos multilaterales como el FMI y la OCDE, cuya misión es proteger en los países que intervienen los intereses de los especuladores internacionales del dinero o los agiotistas del mundo.
El problema fiscal colombiano es de fondo y no por los gastos de una pandemia que es coyuntural, el cual se inició con la Ley 51 de 1990, cuando se modificó la estructura de financiamiento del Estado que luego se consolidó con la Constitución de 1991. Antes de esa fecha, en época del Estado Interventor-Benefactor, el esquema de financiamiento del organismo se basaba en los impuestos directos, principalmente el impuesto al patrimonio y los aranceles, y el carácter progresivo de los mismos, más la emisión de dinero del banco central; pero ahora las finanzas públicas se sustentan en la deuda, que es la esencia del modelo neoliberal y que el fisco adquiere en el mercado de capitales.
Fijémonos en el crecimiento de la deuda y el pago de la misma que año tras año se incrementa en cifras escandalosas que se comen un porcentaje elevado del recaudo de impuestos. En 1991, cuando comenzó el esquema, la deuda pública ascendía a 17 mil millones de dólares equivalentes al 2,8 % del PIB, mientras que en 2020 el monto ya iba en 180 mil millones de dólares equivalente al 61.4 del PIB. A este ritmo, no nos extrañemos que en pocos años recorten el sistema general de participaciones, todo el sistema de subsidios y las pensiones, que ya las tienen en la mira para comenzar, todo con el fin de liberar recursos de los impuestos para pagar el servicio de la deuda.
Pero lo más grave no es que escondan la verdadera causa de la reforma tributaria con el falaz argumento de los gastos por la pandemia, sino el carácter neoliberal de la estructura impositiva, donde los verdaderos ricos, los capitalistas rentistas especuladores que ahora les llaman inversores agazapados en los fondos de inversión, no pagan impuestos y las multinacionales del sector extractivo tampoco pagan, con el argumento de la doble tributación, como si las regalías por el saqueo de los recursos naturales fuera un tributo; y así mismo otras multinacionales y grandes capitales que están exentos de pagar.
Entonces la solución es sencilla, pero se requiere voluntad política. Si el gobierno quiere solucionar la crisis de las finanzas públicas originada en la estructura de financiamiento del Estado, pero no quiere recurrir al instrumento clásico que es el Banco de la República porque el BPI con sede en Suiza no se lo permite, que recurra a la fórmula de que los ricos y las multinacionales paguen impuestos con justicia y racionalidad económica. Con solo eliminar las exenciones establecidas en la última reforma, ya consigue 15 billones de pesos, sin necesidad de seguir estrangulando los ingresos familiares y deteriorando aún más la calidad de vida del pueblo colombiano que ya no aguanta más con las altas tarifas de los bienes públicos privatizados y así se evitaría atizar el fuego del descontento social que con seguridad producirá la reforma tributaria que se viene.
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