1. "Está claro que soy un preso político": el rapero español condenado a cárcel defiende la libertad de expresión
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Alberto García Palomo
Pablo Hasél, nacido en Lérida hace 33 años, está acusado por enaltecimiento del terrorismo o injurias a la monarquía y las instituciones del Estado. Le quedan seis días para presentarse en prisión.
Aún tiene seis días para entrar en prisión. El 28 de enero, la Audiencia Nacional condenó a Pablo Hasél por enaltecimiento del terrorismo, injurias contra la corona y calumnias e injurias a las Instituciones del Estado. Estos delitos, con posibilidad de recurso, sobrepasan los dos años de cárcel. El alto tribunal los ha ratificado después de varios años de juicios en los que el rapero ha defendido su libertad de expresión. Esa de la que ha hecho gala en mensajes de redes sociales, donde acumula más de 100.000 seguidores, o canciones en las que elogiaba a grupos como el Grapo o denunciaba los escándalos del rey emérito, Juan Carlos I.
5 Noviembre 2018, 16:45
Insistiendo en que él no tiene la culpa de que "el rey financie sus cacerías y a sus amantes con dinero público" o remarcando que la Policía "asesinó" a 15 inmigrantes en Tarajal, una playa de Ceuta, Hasél defiende la libertad de expresión por encima de ser o no partidario de sus opiniones. Habla vehementemente con Sputnik sobre el fallo del que pende su futuro. Lo hace, curiosamente, unas horas después de que le haya llegado una cita como vocal de mesa en las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero. Paradoja que puede no serlo tanto si al final, como afirma, no acude a ninguna celda: “Van a tener que venir a buscarme”, sostiene.
—¿Qué dice exactamente la condena?
—Se me acusa de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona o las fuerzas del Estado, más algunas causas que tenía abiertas [por resistencia o desobediencia a la autoridad en 2017 y allanamiento de un local en 2018]. En total serían unos cuatro años. Sin contar la multa [que puede rebasar los 40.000 euros]. Pero estamos viendo porque en realidad no me han dicho cuánto tiempo tengo que pasar en prisión. El abogado está mirando si me van a hacer cumplir dos años de antecedentes. No sé cuánto puedo estar. Si sumamos todo, llegaría, prácticamente, a 20 años.
—Cuando llegó el aviso definitivo de ingreso, ¿Cómo se sintió?
—No me sorprendió nada. Llevo tiempo mentalizándome del Estado en el que vivimos y por eso hago lo que hago para cambiarlo o acabar con él. Pero, claro, cuando pasa algo así no te haces a la idea de qué hacer. En fin, una mezcla de emociones. Mucha rabia, fuerza, orgullo y cierta tristeza por mis seres queridos y que se permitan cosas como esta.
—Además, llama la atención que el fallo es superior a lo que pide la fiscalía, algo inusual. ¿Por qué?
18 Abril 2018, 20:30
—Es una clara venganza por no haberme doblegado ante las sucesivas condenas y el constante abuso. Creo que tiene peso la jueza [Concepción Espejel, jefa de una sala de lo Penal y afín a ciertos mandatarios del Partido Popular] que ha sido premiada por la Guardia Civil o la Policía Nacional. Pero creo que es un error focalizarlo solo en la jueza. Es algo orquestado por todo el Estado para encarcelarme. Sin ir más lejos, en plena pandemia, cuando todos los juzgados estaban paralizados, a mí me llegan tres condenas en una semana.
Claramente, hay intereses —más allá de la jueza— para utilizarme y aterrorizar al resto. No es casualidad que lo hagan en un momento de desmovilización y cuando la gente siente más rabia por la situación de miseria agravada con la gestión de la epidemia. Tienen miedo de las protestas y tratan de utilizarme como cabeza de turco.
—¿Cómo le ha pillado?
—Pues, por ejemplo, había conseguido un trabajo que voy a perder por todo esto. No creo que sea coincidencia, teniendo en cuenta lo que cuesta tener un empleo. Y más en mi situación, por ser conocido y por ser luchador. Llevo ya tiempo sin poder hacer planes a corto plazo y, por otra parte, estaba cansado de esperar. Mucha gente me repetía constantemente que no se iban a atrever, que era para asustar, como con Valtònyc.
—La diferencia es que él se ha marchado. ¿Qué va a hacer? ¿Qué planes hay a corto plazo?
—Nos queda el recurso al Tribunal de Estrasburgo, que es un proceso muy lento. Puede tardar hasta 10 años y no me va a sacar de prisión. Lo vamos a hacer para descreditar aún más al Estado español y sobre todo por si puede servir de cara a próximos condenados, que los habrá si seguimos con este yugo democrático. Por otra parte, yo he decidido quedarme aquí, después de un profundo análisis político, porque considero que es más útil para desenmascarar al Estado y dar más voz al mensaje que quieren silenciar.
—¿Alguna vez se imaginó así?
—Desde luego, cuando empecé no. Pero desde 2011, cuando me detienen por primera vez y hacen un registro en mi domicilio (secuestrándome libretas o camisetas), sí. Ahora, cuando era un chaval preadolescente que escribe letras, me lo cuentas y no me lo creo.
—Y ahora, ¿se ve como un represaliado?
—Claramente soy un preso político. Se me ha encarcelado por mis ideas políticas. La represión ha ido más allá de las condenas. Y ellos saben que no me encarcelan para doblegarme o que lo hacen para alejarme de la lucha, lo están utilizando para asustar al resto. Es un ataque contra nuestras libertades, no solo contra mí.
—¿Hay más castigo actualmente por expresar opiniones?
4 Septiembre 2014, 09:31
—Sí, porque temen que se dé a conocer la realidad de grandes medios controlados por la banca y las grandes empresas, que se empuje a la lucha (de hecho, la fiscal reconoció que soy conocido y eso incita más) y que haya un arte crítico que no solo se limite a denunciar una injusticia sino que se señale a los culpables. O, lo que es más importante, que se mueva la organización para acabar con esto y conquistar derechos y libertades democráticas.
—¿Siente que ha recibido apoyo? ¿Ha habido cómplices de la condena?
—He recibido muchísimo apoyo y solidaridad a nivel estatal, pero no ha sido suficiente. Espero que si me encarcelan haya una respuesta a la altura. Deseo ser el último en pasar por esto. Y cómplices ha habido incluso en la llamada izquierda. Podemos, que está en el Gobierno y tiene herramientas, protege a la monarquía y no está moviendo un dedo para que se acaben estas condenas [tanto Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, como otros dirigentes del partido han mostrado públicamente su desacuerdo con la sentencia].
—Por último, ¿Cómo ve esta sentencia después de dos años y justo en pleno torbellino de informaciones sobre la Casa Real y sus presuntas cuentas opacas, donaciones…?
—Es cierto que se ha puesto más de manifiesto lo que ocurre y que los medios de aquí lo han empezado a sacar. Están reconociendo que es verdad todo lo que decíamos. Es como la Inquisición, que te condenaba por decir que la Tierra era plana.
—¿Ocurre esta 'inquisición' en el otro lado?
—No. Hay incontables ejemplos de que desear el asesinato de independentistas u homosexuales está totalmente amparado por los cuerpos represivos del estado, que no los detienen. Aquí solo tiene libertad de expresión el fascismo y sus colaboradores.
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2. España: libertad conculcada
España se encuentra envuelta en una oleada de protestas en defensa de la libertad de expresión y contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, quien fue arrestado el martes en la ciudad catalana de Lleida y remitido a la prisión de Ponent para cumplir una condena de al menos nueve meses por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. El encarcelamiento del músico culmina una larga serie de roces con la justicia española, que desde 2014 lo ha procesado por las letras de sus canciones y sus publicaciones en redes sociales.
El mismo martes, varias ciudades de Cataluña fueron desbordadas por manifestantes que ven la sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional como un ataque a la libertad de expresión, pero también como un nuevo agravio del Estado español contra la identidad y la autonomía catalanas. Sin embargo, el caso trasciende ampliamente a los sentimientos independentistas mayoritarios en esta región autónoma, como lo muestran las firmas de apoyo de cientos de personalidades del mundo cultural español, así como la extensión de las protestas a ciudades de todo el país ibérico, entre ellas Madrid, Barakaldo, Valencia y Granada. Las jornadas de protesta se han saldado con decenas de heridos y detenidos, además de múltiples destrozos en instalaciones públicas y sedes partidistas.
La notoriedad ganada por el cantante a lo largo de estos pulsos con los tribunales, y el hecho de que no se trate del primer artista perseguido por sus opiniones acerca de la familia real, han reabierto un agrio debate en torno a los límites de la libertad de expresión. Hoy, este derecho se halla acotado por la Ley de Seguridad Pública –conocida como ley mordaza–, aprobada en 2015 por el derechista Partido Popular, notorio defensor de la monarquía.
El origen filofranquista de la legislación con la que se condenó a Hasél y el repudio que ha merecido dentro y fuera de España, han abierto una grieta en la coalición gobernante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP). Mientras el Ejecutivo del PSOE anunció, sin dar fechas, una reforma del código penal para impedir que se repita este tipo de sentencias, integrantes de UP, como el vicepresidente Pablo Iglesias o el diputado Pablo Echenique, han condenado el encarcelamiento del rapero, y el legislador incluso ha alentado los actos de protesta.
La persecución de Hasél contrasta, por otra parte, con la pusilanimidad y la obsecuencia con la que las autoridades de Madrid suelen reaccionar ante expresiones públicas de exaltación del fascismo como la que tuvo lugar el sábado de la semana pasada en el cementerio madrileño de La Almudena, donde un grupo neonazi reunió a centenares de personas para rendir homenaje a la División Azul –la formación franquista que combatió al lado de los nazis en la Segunda Guerra Mundial– entre saludos fascistas, proclamas abiertamente antisemitas y cruces gamadas. Las peregrinaciones neonazis a ese sitio, que tienen lugar reiteradamente desde hace lustros en total impunidad, son las más radicales, pero no las únicas exaltaciones del fascismo; encuentros similares han ocurrido en el Valle de los Caídos y el racismo y la xenofobia que se expresa en ellos suele replicarse en los actos del partido ultraderechista VOX.
En conjunto, la situación demuestra cuán lejos está el Estado español de concretar la transición a la democracia que se dio por oficialmente terminada con la Constitución de 1978. En particular, exhibe las dificultades para hacer convivir a las instituciones democráticas con la prevalencia de una monarquía que dista de gozar del respaldo unánime de la ciudadanía, y que en los años recientes acusa un inocultable desgaste. En este sentido, normativas como la ley mordaza, el carácter inatacable de la figura del rey o la existencia del delito de injurias a la Corona deben interpretarse como intentos de apuntalar a la monarquía mediante restricciones a la libertad de expresión que resultan insostenibles y vergonzosas en un marco democrático.
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