FARC
El tribunal de paz escuchó a más de 2.000 víctimas y determinó que las FARC cometieron delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra
Familiares de una víctima de las FARC ven un vídeo enviado como prueba de vida de su hijo en 2007, cuando se cumplían nueve años del secuestro.
Son más de 2.000 testimonios. De hombres, mujeres y niños que fueron víctimas de secuestro por parte de las FARC. También están las voces de mandos medios de la guerrilla, 250 hablaron y reconocieron el sufrimiento al que sometieron a los secuestrados. Sus relatos han sido determinantes para que este jueves la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acuse por crímenes de guerra y de lesa humanidad a ocho miembros de la cúpula de la extinta guerrilla.
“No eran excesos de la guerra. Fueron las máximas infracciones al acuerdo internacional humanitario, delitos de lesa humanidad. No hubo errores, hubo crímenes de guerra”, ha reiterado la magistrada Julieta Lemaitre, relatora del caso. Durante los secuestros hubo tortura y en muchos casos violencia sexual. “Los trataban como animales”, ha dicho el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.
Los testimonios son devastadores: “Fui secuestrada el 12 de mayo de 1997. Yo era enfermera de un hospital. Como a las 6.30 de la tarde llegó una camioneta blanca que era conducida por el comandante Richard y me sacaron a la fuerza. Me llevaron a un campamento de la guerrilla donde ellos tenían un hospital, había secuestrados. Me llevaban a los combates como enfermera. Me violentaron sexualmente. Me empalaron”. La castigaban por no querer usar el uniforme camuflado de la guerrilla. Cuando despertó después del empalamiento -cuenta en su relato- descubrió que le habían sacado los ovarios. “La verdad no sé qué más me hicieron. El 17 de junio del año 2000 logré escaparme del campamento. A partir de ahí comenzaron las llamadas y me declararon objetivo militar”.
Si los líderes guerrilleros reconocen los cargos tendrán sanciones de entre 5 y 8 años con penas restaurativas que no incluyen cárcel. En caso de que no los acepten podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión. La JEP esperaba empezar a escuchar los testimonios en vivo en marzo del año pasado, pero debido a la pandemia tuvieron que recibirlos por escrito. Las víctimas, que incluye a soldados, relatan con detalles lo que recuerdan: “Fue el 3 de agosto de 1998, en la toma a la base militar Miraflor en Guaviare. Nos atacaron más o menos 2.000 guerrilleros con cilindros incendiarios y armamento durante más de 20 horas. Al día siguiente nos secuestraron, nos llevaron por un río, navegamos como dos o tres días. Prácticamente todo el secuestro fue así trasladándonos de un sitio a otro, caminatas largas cargando pesos superiores al nuestro, la comida en ocasiones tenía vidrio o estaba sucia, nos obligaban a hacer del cuerpo dentro de las botas de caucho o en bolsas plásticas. En las noches nos tocaba orinar en las mismas vasijas donde comíamos, vivíamos amarrados las 24 horas del día”.
La JEP señala que las víctimas tienen episodios de ansiedad, temor y tristeza. Para muchas el miedo nunca desapareció, incluso décadas después de recobrar la libertad física. El 79% de los secuestrados fueron hombres y el 21% mujeres. Sobre estas últimas la justicia ha distinguido condiciones especiales que intensificaron el sufrimiento. “Las mujeres cautivas estaban en una situación adicional de vulnerabilidad y desprotección en un contexto masculino y militar. La ausencia de intimidad para asearse y para defecar y orinar creó un sufrimiento diferencial a las mujeres”.
“Yo tenía 17 años, iba llegando al colegio y me agarraron y me metieron a un carro, me vendaron los ojos, después de varias horas llegamos a un sitio donde había varios hombres, me bajaron y me llevaron hasta un lugar donde me pusieron cadenas en las manos y en los pies. Alguien dijo: ‘Ahí trajimos a esa perra porque el viejo no había pagado la vacuna [extorsión]’, refiriéndose a mi papá. Dijeron que como él no había pagado se la iban a cobrar conmigo. Me empezaron a violar -hasta donde me acuerdo fueron nueve personas- y quedé inconsciente. Después de eso me violaron otras tres veces. Me liberaron porque mi papá pagó”. Esta mujer, que ya tiene más de 50 años, no había denunciado antes por miedo.
La JEP determinó la existencia de un patrón de malos tratos en los cautiverios en todos los bloques de las FARC. Encadenamientos y amarres como forma de castigo y humillación; marchas forzadas sin consideración de la edad o la salud; agresiones físicas y psicológicas con golpes, gritos, burlas; vulneración total de la intimidad. Había campamentos donde los secuestrados estaban hacinados, sin luz, sin aire.
“La guerrilla nos capturó y nos llevó retenidos. Aproximadamente 3 años, durante el cautiverio, nos castigaron, nos amarraron a un árbol, y en unas jaulas pequeñas, que son como unos corrales para pollos, recibimos tortura psicológica”, escribe un soldado. El documento que imputa a la antigua cúpula de las FARC señala la práctica “sistemática y masiva” del secuestro por parte de la guerrilla durante al menos 30 años, entre 1982 y 2012. Hay más de 21.000 víctimas.
“Cometimos muchos errores, hechos muy dolorosos dentro de la dinámica de esa guerra”, ha dicho Pastor Alape, miembro del secretariado de las antiguas FARC y líder del partido político Comunes, pero la investigación y los testimonios de civiles y militares, le han permitido a la JEP, por primera vez, imputarles crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
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