2021, AGENDA Y RECUPERACIÓN DESIGUAL: MÁS POBREZA Y DESIGUALDAD

Por Isabel Ortiz©

NUEVA YORK, 23 dic 2020 (IPS) - El año 2020 termina con una crisis humana y económica sin precedentes. La pandemia ha contaminado a 75 millones de personas y matado a 1,7 millones. Con los confinamientos, la economía mundial ha sufrido la peor recesión en 75 años, causando la pérdida de ingresos para millones de personas.

En un entorno tan sombrío, ¿cómo será el año nuevo? Si bien la incertidumbre es la única certeza, es posible que estos ocho puntos sean clave en el próximo año: 

Con la administración de vacunas y de las ayudas públicas, los países de ingresos altos avanzaran hacia la recuperación durante la segunda mitad del 2021. Sin embargo, los países de ingresos medios y particularmente los de ingresos bajos en África, Asia y América Latina, verán retrasada la recuperación, a menos que la ONU o China les proporcionan suficientes vacunas contra la covid-19 y que los gobiernos aumenten el apoyo público.

Los sectores más afectados –turismo, viajes, hostelería, entretenimiento y actividades intensivas en mano de obra– tardarán más en recuperarse.

China fue el único país que experimentó un crecimiento económico significativo en 2020 y la tendencia se acelerará en 2021. El comercio internacional se recuperará, pero será un mundo más «desglobalizado», con menores cadenas de suministro globales y más componentes locales.

Si bien algunos se han beneficiado de la pandemia, como las ventas y aplicaciones en línea, productos farmacéuticos y servicios médicos, la mayoría no. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que durante la última mitad de 2020 se perdieron 590 millones de empleos de tiempo completo.

A pesar de las numerosas medidas de protección social implementadas, estas son insuficientes, la pobreza está aumentando en todos los países. Con el cuarenta por ciento de la población mundial (3300 millones de personas) por debajo del umbral internacional de pobreza de 5,5 dólares por día, el Banco Mundial estima que 150 millones de personas más caerán en la pobreza extrema en 2021.

Se necesitan más apoyo público y más impuestos progresivos para corregir estas tendencias. Sin embargo, hasta ahora son las grandes corporaciones las que se han beneficiado más de los billones (millones de millones) de dólares de los programas de ayuda y asistencia financiera de covid, contribuyendo al incremento de la desigualdad. La pobreza y las desigualdades generarán más protestas en 2021.

Un aspecto positivo de la pandemia es que el mundo se ha dado cuenta de la necesidad de sistemas de salud pública, que estaban generalmente sobrecargados, sin fondos y con poco personal debido a una década de austeridad (2010-2020). Si bien se aumentará el gasto público en salud, muchos están preocupados por la amenaza de nuevos recortes de austeridad.

Los costos imprevistos de la pandemia han provocado altos niveles de deuda y déficits fiscales en los países, y los gobiernos pueden recurrir a recortes de austeridad y a reformas de los servicios públicos, en vez de buscar alternativas para aumentar los presupuestos, como impuestos sobre la riqueza, combatir la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos.

Los gobiernos que elijan la austeridad en 2021 deben esperar nuevas protestas, dados los impactos sociales negativos.

La pandemia ha acelerado el cambio tecnológico en el ámbito laboral. Más teletrabajo y menos tiempo en la oficina evitarán que las mujeres tengan que elegir entre la familia y su profesión, y harán que los padres se involucren más en las responsabilidades del hogar.

Hay estudios que indican que 47 por ciento de las empresas estadounidenses permitirán que los empleados trabajen desde casa a tiempo completo después de la pandemia.

Por otro lado, los trabajadores esenciales, como los de salud, el personal de limpieza, los conductores de reparto o los empleados en comercios, tendrán más poder de negociación en 2021, pueden presionar para lograr mejores condiciones laborales.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, renovará el multilateralismo, el Acuerdo de París sobre cambio climático y otros acuerdos internacionales, la defensa de los derechos humanos y los intereses de la Pax Americana.

La ONU seguirá esforzándose cuesta arriba dada la baja financiación. Cuatro años de trumpismo y noticias falsas han dejado huella y, a pesar de los intentos democráticos por mejorar el orden mundial, el año 2021 aún no verá una reversión de la tendencia hacia gobiernos nacionalistas autoritarios. Para ello, se necesitarán más esfuerzos para luchar la polarización, la desigualdad y la desinformación.

El mundo necesitaría replicar las reducciones de emisiones ocurridas en 2020 durante la próxima década para reducir el calentamiento global 1,5 grados a fines de siglo. Sin embargo, los bajos precios del petróleo pueden retrasar la inversión en fuentes de energía alternativas en 2021, aunque estas reemplazarán a los combustibles fósiles en gran parte del mundo a mediano plazo.

El riesgo de una nueva crisis financiera seguirá siendo alto en 2021

Con la industria y los servicios estancados, las inversiones fueron al sector financiero, poco regulado, donde se obtienen mayores ganancias de la especulación. Los mercados de valores seguirán siendo volátiles, pero probablemente al alza, desligados de la economía real. Sin embargo, el incremento de las quiebras hará que los riesgos bancarios aumenten significativamente en 2021.

Después de los confinamientos, la gente querrá recuperar el tiempo perdido e ir a fiestas, cenas, festivales, espectáculos, deportes y viajes lo antes posible. En el 2021 puede florecer un nuevo verano (boreal) del amor, una época existencial creativa: ¡carpe diem!

El debate sobre las posibles vías de salida de la crisis actual continuará todo el año. Se trata de una crisis sin precedentes, que aún podría tener nuevos giros y en la que los gobiernos están aprendiendo mientras hacen camino.

La crisis del coronavirus podría convertirse en una oportunidad para hacer del mundo un lugar mejor y más justo para todos en 2021.

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RV: EG

Mario Patrón

En medio de la incertidumbre, cerramos un año trastocado profundamente por la pandemia que vino a replantearnos la normalidad y a evidenciar la fragilidad de las estructuras que rigen nuestra sociedad. Hoy, en el corto plazo de esta nueva normalidad, nos encontramos resistiendo esos equilibrios precarios entre salud, economía y salud emocional de las personas. No obstante, la nueva normalidad de mediano y largo plazos nos obliga a preguntarnos si queremos regresar al viejo orden, o si aprovechamos la oportunidad para reconfigurarnos como sociedad.

La irrupción de la pandemia ha cuestionado varios factores estructurales y culturales de nuestra sociedad. El primero es la manera que como humanidad nos hemos relacionado con la Tierra. La actual era geológica del antropoceno está marcada por la relación nociva con la tierra, y la posesión cada vez menor de recursos y herramientas para hacer frente a las nuevas crisis que vienen. Estamos inaugurando una nueva época de vida de la humanidad donde lo que tendremos por delante son posibles crisis recurrentes sin herramientas elaboradas para enfrentarlas.

El segundo factor es el de la interdependencia humana. La pandemia ha cuestionado el modelo hegemónico civilizatorio marcado por la carrera por el consumo y el poseer. La interpelación y la invitación de los tiempos pandémicos es a construir un nuevo concepto de interdependencia humana basado en la solidaridad y la libertad.

El tercer factor es el de las desigualdades estructurales. Como humanidad, ya teníamos pandemias y epidemias: pobrezas, desigualdades, violencia. Lo que la pandemia vino a afectar fue la profundización de esas desigualdades estructurales. Es ante éstas que la agenda de todos los gobiernos e instituciones para 2021 debe estar marcada por las siguientes dimensiones.

El modelo para prevenir y erradicar la pandemia ha fracasado no sólo en tiempos, sino en números. Una de las pocas bondades que ha tenido el modelo es que no hemos tenido colapso hospitalario, pero debemos preguntarnos si la población está llegando o no a los hospitales, es decir, si hay buen nivel de accesibilidad al sistema de salud. El panorama para inicios del próximo año no es optimista, los números de contagios van al alza, en lo que ni siquiera puede ser considerado un rebrote, pues la curva nunca decreció considerablemente. Garantizar el acceso a la salud y particularmente a las vacunas será primordial para la inmunización generalizada.

En el ámbito económico, y no obstante las expectativas oficiales, las tendencias hablan de que el PIB decrecerá en dos dígitos. Según los datos proporcionados por Julio Santaella, presidente del Inegi, del total de empresas existentes en mayo de 2019, más de 80 por ciento no logró sobrevivir para octubre del presente año. De acuerdo con la encuesta sobre el impacto económico generado por el Covid-19, murieron alrededor de un millón 100 mil negocios y se perdieron cerca de 4.2 millones de puestos de trabajo.

Esto nos remite inevitablemente al tema de la pobreza y la soberanía alimentaria. De acuerdo con el último reporte de Naciones Unidas, se prevé que en todo el mundo se colocará a 130 millones de personas en situación de hambre ocasionada por la pandemia. Para México estaríamos hablando de entre 10 y 12 millones de personas más que tendrían la categoría de pobres.

El propio confinamiento no logró reducir los niveles de violencia. Hasta antes del cierre del presente año, el homicidio doloso se incrementó 3.8 por ciento; el feminicidio, 8.9 por ciento, y la extorsión, 21 por ciento, según fuentes oficiales. Asesinaron a 19 periodistas en nueve meses, por lo que es el año con mayor deceso de periodistas en la República. En este año tenemos 6 mil 62 personas que permanecen desaparecidas, esto en un clima de impunidad donde sólo 0.7 por ciento de los delitos denunciados en el país logran llegar a la verdad y la justicia.

Estas cuatro dimensiones –salud, economía, soberanía alimentaria y violencia– deben marcar la agenda de prioridades públicas para 2021 y las mismas deben tener una traducción en la propia agenda de vigencia de derechos fundamentales básicos en democracia, como son la garantía de la libertad de expresión, los riesgos asociados en calidad democrática con el poder preponderante de las fuerzas armadas en el espacio público, la violencia de género y sus implicaciones desde el derecho a una vida libre de violencia hacia las mujeres, el derecho a un medio ambiente sano, particularmente frente a la política energética y megaproyectos y la propia agenda del Estado democrático de derecho, concretamente la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de las instituciones de justicia.

Los tiempos de crisis son también oportunidades para reconfigurarnos y redirigir el rumbo en el que nos encaminamos. No podemos pretender una vuelta a la normalidad, sino una nueva normalidad dignificante. Ante la agudización de las desigualdades estructurales, y ahora que se avecinan tiempos electorales, es menester no auspiciar la polarización, la intolerancia y los fundamentalismos desde el poder público y privado. Se debe trabajar, como poder público, privado y ciudadanía en general, en la generación de entornos de unidad que permitan enfrentar la siguiente etapa de la pandemia y crisis económica, que solo durante los próximos meses veremos la dimensión de su profundidad.

Segregación, abandono y precariedad es parte de la realidad en la educación de quienes hayan nacido en alguna población, barrio o favela de América Latina.

Giovanna Modé, Laura Giannecchini

Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 551: Derecho Humano a la Educación: horizontes y sentidos en la post pandemia 10/12/2020 

Las múltiples desigualdades, históricas y estructurales, de América Latina y el Caribe, conforman uno de los nudos más críticos para la realización del derecho humano a la educación para todas y todos. Los datos lo demuestran, a lo largo y ancho de la región, cómo cambian las oportunidades educativas según las condiciones socioeconómicas, de raza, etnia, género, origen o ubicación geográfica. Asimismo, hay un sinnúmero de obstáculos que deben enfrentar las personas con discapacidad y las que migran a otro país o se desplazan dentro de su propio país para acceder y culminar su trayectoria educativa. La pandemia de la Covid-19 desnuda e intensifica esta dinámica profundamente injusta, develando conocidas desigualdades, que se interconectan y se amplifican, así como pone en evidencia nuevos desafíos.

Según el recién lanzado Informe de seguimiento de la educación en el mundo, 2020 – América Latina y el Caribe: inclusión y educación: todos y todas sin excepción, de UNESCO, en 21 países de la región, las y los estudiantes pertenecientes al quintil más rico de la población tienen, en promedio, cinco veces más probabilidades de finalizar el segundo ciclo de la secundaria que las y los pertenecientes a los 20% más pobres. La tasa de asistencia escolar entre los adolescentes de 12 a 17 años afrodescendientes es más baja que la de los grupos no afrodescendientes en siete de los once países donde hay datos disponibles – y aquí la ausencia de datos ya es otro elemento preocupante. En siete países con datos disponibles, estudiantes LGBT afirmaron vivir hostilidad en la escuela. Apenas 16% de los países brindan educación inclusiva para personas con discapacidad – los demás optan por combinaciones de carácter segregador, que no responden adecuadamente a una educación desde la perspectiva de derechos. Dichas barreras se ven no solo en el acceso a la escuela, sino también cuando ya están adentro y las y los alumnos se deparan con contenidos poco relevantes, dinámicas discriminatorias y entornos violentos.

La pandemia, a su vez, puso de relieve las brechas digitales en el ámbito educativo, las cuales antes estaban presentes, pero ahora ganan centralidad para la realización del derecho humano a la educación. Según la CEPAL, el 46% de niñas y niños entre 5 y 12 años en la región no tienen conexión. El escenario es aún más dramático en los domicilios de más bajos ingresos de Bolivia, El Salvador, Paraguay y Perú, donde más del 90% no accede a Internet, señalando la urgencia de políticas de democratización de la conectividad, con énfasis en el acceso en zonas urbano marginales, rurales, amazónicas. Se trata de un vocabulario nuevo en los debates regionales sobre políticas educativas, que involucra asimismo la creación de plataformas públicas con acceso abierto.

El debate sobre las desigualdades en el campo de las políticas educativas no es nuevo. Especialmente a partir del inicio de este siglo, el tema pasó a integrar la agenda de las políticas educativas de nuestra región. Desde los Ministerios de Educación, organismos multilaterales, organizaciones de la sociedad civil, hubo una profusión de producciones, investigaciones, que fueron dando más expresión y visibilidad a la temática, lo que por cierto es un primer paso fundamental. Efectivamente, en los últimos 20 años, se observó un importante avance en los datos generales de acceso y conclusión de la educación, especialmente en educación primaria, así como la formulación de leyes y políticas que buscan garantizar la paridad de género en el acceso a la educación y ampliar el acceso de grupos específicos, como personas con discapacidad, pueblos indígenas y minorías étnicas. En otros casos, se buscó aportar directamente a los currículos, incluyendo por ejemplo la cultura e historia afro latinoamericanas, temáticas por mucho tiempo invisibles al interior de las instituciones educativas.

Muy lejos de resolverse un tema tan estructural de nuestras sociedades, entre éxitos y equívocos, estas experiencias dejaron claro que la superación de las desigualdades depende de un compromiso renovado, con el desarrollo de leyes, políticas, currículos, procesos de formación docente prácticas concretas y finalmente un financiamiento adecuado de la educación. En todas estas dimensiones, debe existir asimismo una clara intencionalidad y un compromiso de ruptura con procesos que vienen de lejos y se mezclan con la propia historia de nuestros Estados latinoamericanos y caribeños, sus lógicas coloniales, racistas y patriarcales, y sus proyectos excluyentes. Nuestros sistemas educativos fueron levantados bajo la idea de la homogeneidad, que se relaciona, a su vez, a la misma formación de los Estados Nacionales y de una cierta identidad nacional, que en este caso excluye las referencias indígenas, afrodescendientes e inmigrantes de nuestra región. Herencia de una lógica moderna binaria, en que se borra, se elimina, se desvaloriza todo lo que no pertenezca al "modelo" dominante.

Pese a los avances, en los últimos cinco años, nuevamente se ha experimentado un retroceso, con un tono neoliberal, de recrudecimiento del racismo, fortalecimiento de fundamentalismos religiosos y de posiciones ultraderechistas que van de la mano con posturas totalitarias y excluyentes. La llegada de la pandemia coexiste con un contexto sumamente retador – y no hay duda que la lucha por los derechos educativos más que nunca debe estar enmarcada en una lucha política más amplia, de transformación y que tenga como horizonte sociedades más justas e igualitarias.

El caso de Brasil lo ilustra de manera sintomática: en los últimos años, el crecimiento de grupos religiosos abogando en contra de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI hizo crecer en el país una visión de que las escuelas estarían por detrás de una dinámica de “adoctrinamiento” y de lo que nombraban como “ideología de género” – y que en este caso se hacía necesario una escuela neutral, técnica. Las ideas tomaron cuerpo en un movimiento organizado que se hizo notar en la aprobación de diversos planes municipales de educación, y también en la base curricular nacional. Intentaban, de todo modo, y no sin resistencia, eliminar la mera mención a la palabra "género" en los documentos orientadores de la política educativa. El ejemplo, que en mayor y menor medida se repite en diversos países de nuestra región –con gran resistencia a tratar de la educación sexual integral, por ejemplo–, muestra qué tan articulado está el debate educativo a las luchas sociales, políticas y por derechos, desafiando el movimiento por el derecho a la educación a un abordaje y construcción intersectorial, articuladas a las luchas antirracistas, antisexistas, de mano del campo de la salud, seguridad alimentaria, promoción del trabajo decente, redistribución de renta, y varios otros.

Si el tema es complejo, requiere una mirada amplia y respuestas integrales. Otro aporte fundamental en este sentido viene desde la perspectiva interseccional, una contribución especialmente del feminismo negro de las últimas décadas. Una mirada que busca entender y dejar visible cómo las estructuras de desigualdad y opresión operan de manera indisociable y se combinan en cada contexto. Es decir, es fundamental reconocer que los marcadores de diferencias y jerarquías de nuestras sociedades –especialmente las categorías de clase, raza y género– no son neutrales, más bien han sido construidos socialmente y no pueden entenderse de manera aislada de nuestro pasado colonial, esclavista y patriarcal. El hecho de que pueblos originarios, campesinos y originarios, afrodescendientes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes o cualquier otro grupo discriminado enfrenten a diario condiciones desfavorables de existencia está relacionado con la construcción social de dichos marcadores de diferencia entre grupos dominantes y dominados, que recalcan prejuicios y estereotipos. Además, son categorías indisociables que provocan situaciones de discriminación cumulativas, lo que explica por qué las mujeres –pese a haber alcanzado una mayor escolarización cuando comparada a la de los hombres– siguen recibiendo salarios menores en el mercado laboral o asumiendo de manera desequilibrada el trabajo doméstico y el cuidado de las familias.

Dicha mirada requiere, además de un análisis cuidadoso de datos, una escucha atenta a las voces de sus sujetos políticos, de las primeras personas en singular y en plural, narrando sus experiencias, cosmovisiones, propuestas, estrategias de resistencia y luchas por derechos. Escuchamos a lo largo de los diversos encuentros que marcaron la XI Asamblea Regional de la CLADE, testimonios como el de Daniela Ester Guzman Huenchuleo, 23 años, mapuche de Chile. Para ella, segregación, abandono y precariedad es parte de la realidad en la educación, que se asume tendrán quienes hayan nacido en alguna población, barrio o favela de América Latina. Y si a lo anterior le agregamos la pertenencia a algún pueblo indígena, estos factores aumentan considerablemente: “aquí, ser Mapuche implica enfrentar una historia que no ha valorado tu identidad, que ha violentado a tus ancestros y por consiguiente ingresar a un sistema que lejos de respetar tu identidad ha aportado en folclorizar tu cultura”. O el testimonio del joven afromexicano David Alejandro Gómez Arriaga, fundador del Centro de Estudios Afromexicanos Tembembe e integrante de la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas: “Pensar en el racismo como un acto de violencia estructural nos brinda la oportunidad de formular diversos procesos de defensa desde posturas interseccionales para combatir la violencia y discriminación que afecta la calidad de vida de nuestra gente. (...) En el entorno educativo, el descolonizar la educación a través de etnopedagogías que desafíen el colonialismo occidental, es un inicio para la incidencia política y el autocuidado comunitario”.

Pensar en formas de superación en y desde la educación a las múltiples formas de desigualdad es, por fin, una síntesis de muchas disputas, y entre ellas el sentido que se desea para la educación, en particular para la educación pública. Disputas esencialmente políticas. ¿Quiénes participan en las políticas educativas? ¿Quiénes definen su contenido y sentido? ¿Cuáles son los conocimientos válidos? ¿Para qué sirven? Revisitar el prolífico conjunto de instrumentos de derechos disponibles y ratificados nos apunta a un importante camino que, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, viene reafirmando el propósito de la educación como desarrollo de la persona y dignidad humana, y también el impulso al cumplimiento del conjunto de derechos y libertades fundamentales.

En el marco de la búsqueda de cumplir con estos propósitos que sólo pueden darse desde una participación efectiva de los sujetos políticos y a partir de una perspectiva realmente inclusiva, no hay posibilidad de que no se tenga la diversidad, la superación de las desigualdades y de las relaciones de poder asimétricas como apuestas estructurantes. Si nuestro desafío es reinventar el sentido de la educación, a partir de las múltiples voces y en pie de igualdad, tenemos un horizonte.

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