Tratados de libre comercio en América Latina afectaron capacidad de respuesta de los Estados frente al coronavirus
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Según el reciente estudio de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en asociación con la Fundación Friedrich Ebert (FES) y Cedetrabajo de Colombia, se logró constatar que los Tratados de Libre Comercio (TLC) en América Latina perjudicaron la capacidad de respuesta de los Estados frente a la emergencia sanitaria del coronavirus.
El estudio revela que “entre los años 2002 y 2010 muchos países de América Latina suscribieron e implementaron tratados de libre comercio con EE. UU., la Unión Europea (UE) y Canadá. Entre los tratados que sobresalen están los de Perú y Colombia con EE. UU. (2007-2009), y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) (2006-2007). Más tarde se suscribieron tratados con la UE por parte de Perú y Colombia (2013 y 2014), con los países del norte de Europa – EFTA (2011-2014) y con Canadá (2011)”.
Estos tratados contienen numerosas cláusulas que profundizan las políticas de liberalización del comercio que se adoptaron en América Latina con el Consenso de Washington. “Los TLC sobrepasan el ámbito puramente comercial y buscan desregular amplios sectores de las economías, como por ejemplo el de los servicios públicos, para facilitar la entrada de inversores internacionales”, señala el estudio.
Por ello, los TLC han recibido una fuerte oposición de movimientos sociales, organizaciones sindicales y entidades de la sociedad civil debido a la amenaza que representan para los trabajadores alrededor del mundo porque han causado altos niveles de desempleo, desindustrialización, privatizaciones de empresas y de servicios públicos estratégicos, junto con la pérdida de la capacidad de los Estados de adoptar políticas públicas nacionales en pro de sus poblaciones. “Sus reglas tienden a favorecer a las grandes corporaciones, socavando la soberanía de decisión de los Estados y los derechos humanos, en favor de los intereses corporativos transnacionales”.
Estas medidas han provocado la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, el colapso de los sistemas públicos de salud y la falta de equipos de protección personal y de coordinación política para combatir la pandemia de coronavirus. Por ende, estas medidas:
- Imponen limitaciones para restringir las importaciones y fomentar la producción local de insumos industriales necesarios para producir elementos básicos para atender la crisis.
- Generan dependencia alimentaria debido a que eliminación de aranceles obliga a dar prioridad a las importaciones de alimentos e impide el fomento de la producción agraria local.
- Generan dependencia de la compra de medicamentos importados, lo que ha deteriorado la capacidad de los laboratorios nacionales de producir fármacos básicos.
- Causan sobrecostos de los medicamentos importados, que enfrentan restricciones de oferta y que se venden en el mercado internacional a precios especulativos.
- Hacen que el Estado tenga poco margen para controlar sus finanzas por el temor de ser acusado de proteccionismo, lo que violaría las reglas de los tratados.
- Los países desarrollados presionan para que los demás países mantengan las compras de productos que forman parte de los tratados.
- Devienen en la privatización de los servicios públicos, que muchas veces van a las manos de multinacionales, lo que dificulta la capacidad del Estado de suministrarlos a la población en condiciones excepcionales.
- Imponen condicionamientos que impiden la diversificación de relaciones comerciales.
- Imponen prohibiciones a los gobiernos imidiéndoles orientar las compras estatales hacia la producción nacional de manera directa y rápida en momentos de crisis, debiendo someterse a licitaciones internacionales.
- Sus disposiciones en materia de propiedad intelectual dificultan la producción de medicamentos genéricos.
Todos estos son factores han debilitado la capacidad de los Estados que firmaron TLC en las últimas décadas de satisfacer las necesidades de la población. Pero eso se ve enormemente agudizado en un momento en que se conjuga la crisis sanitaria con la depresión económica mundial causada por la caída de los precios del petróleo, a lo que se añaden las políticas de equilibrio fiscal, autonomía de la banca central y flexibilización laboral impuestas por las entidades multilaterales de crédito y que forman parte integral de la arquitectura mundial de los TLC y los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI).
Además, al tener un carácter supraconstitucional, los TLC se arbitran entre los firmantes en tribunales privados internacionales y no en instancias judiciales nacionales. De esta manera, se obliga a los gobiernos a continuar con sus lineamientos, impidiendo que se establezca una política nacional única de atención a la población, restricción que se configura un desastre en momentos de crisis.
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