‘Gobernanza’ criminal: una oportunidad en cuarentena para los grupos armados en un Estado fallido como Colombia
INSIGHT CRIME
La pandemia provocada por el coronavirus abrió una ventana de oportunidad única para que los grupos criminales en Colombia aumenten su poder, aprovechando el cambio de condiciones, las prioridades estatales y las distracciones del gobierno.
Tras cinco meses en cuarentena, los actores armados han movido el tablero criminal del país, para volver a una “normalidad” con nuevas condiciones, agravando la situación de un Estado fallido como Colombia.
Como en el resto de la región, muchos grupos en Colombia impusieron sus propias medidas de aislamiento, dejando de lado las ya decretadas por el gobierno. Desde panfletos imponiendo toques de queda y “cuarentenas”, retenes ilegales y hasta homicidios, los grupos criminales han aprovechado la pandemia para fortalecer su control.
Human Rights Watch registró medidas impuestas por los grupos criminales en al menos 11 departamentos del país, hecho que les ha permitido posicionarse en las zonas rurales.
Sin embargo, estas medidas no significan solo que los grupos estén sustituyendo a las autoridades sanitarias. Los hechos en regiones como Nariño, Cauca y Norte de Santander apuntan a disputas desencadenadas por la reorganización de estos actores criminales en el país, donde la gobernanza criminal avanzó a la par que el virus durante los últimos meses.
InSight Crime revisó 14 departamentos del país donde los grupos criminales recibieron la noticia de la cuarentena y donde hoy continúan ejerciendo control criminal.
Norte de Colombia
Probablemente una de las regiones donde más grupos criminales confluyen es el norte del país, entre los departamentos de Antioquia, Bolívar y Córdoba.
Tan solo en estos tres departamentos, Los Urabeños, las ex-FARC mafia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Caparrapos se dividen el control del territorio, por medio de alianzas entre ellos mismos, mientras que la presencia de emisarios mexicanos también ha sido detectada.
En el Urabá antioqueño, zona donde históricamente Los Urabeños han hecho presencia y de donde toman su nombre, las medidas empezaron temprano. Desde abril circuló un mensaje de WhatsApp en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó, en el que advertían a los habitantes de no salir de sus viviendas a menos que tuvieran una causa justificada. Según el monitoreo de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) en Colombia, en el municipio de Caucasia circuló un panfleto en el que se amenazaba a la comunidad para cumplir la cuarentena obligatoria.
Por otro lado, en Ituango y la zona rural del Bajo Cauca antioqueño, hacia finales de marzo empezó a circular un panfleto firmado por el Frente 18 Román Ruíz, de las ex-FARC mafia, en el que advertían que se verían “obligados a actuar con sanciones a quienes incumplan las normas establecidas”.
No obstante, las determinaciones tomadas por Los Urabeños y las ex-FARC mafia del Frente 18 no son meramente cívicas en esas zonas. Ituango y su conexión con otros departamentos es uno de los lugares que entraría a ser disputado por los grupos armados debido a su paso estratégico entre Antioquia y Córdoba. Aunque la presencia de las ex-FARC mafia es una realidad, la llegada de Los Urabeños a la región también estaría consolidándose. Asegurar la cooperación de la comunidad, por parte de los dos grupos, podría adelantar un conflicto casi anunciado, además de aumentar la posibilidad de resistir las incursiones de la fuerza pública tras la pandemia.
Esto serviría para contener a Los Caparrapos en esta zona del país, especialmente para Los Urabeños, quienes los han estado combatiendo. Los Caparrapos han actuado de manera similar a sus pares criminales, especialmente en Montelíbano, Córdoba, donde amenazaron a la comunidad por medio de plataformas como WhatsApp, asegurando que quien no cumpliera las cuarentena podría ser asesinado.
Por su parte, en el sur de Bolívar, donde el ELN ha sido el principal actor desde la salida de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las amenazas han aparecido en los municipios de Simití, Cantagallo, San Pablo y Santa Rosa del Sur, ubicados a orillas del Río Magdalena. El control sobre estas poblaciones resulta crucial para las operaciones criminales del ELN. El área tiene una gran cantidad de cultivos de coca y es la entrada a la serranía de San Lucas, donde la minería ilegal es la economía de los grupos criminales, además de ofrecer rutas para el transporte de drogas desde Panamá hasta Venezuela.
Pacífico colombiano
En el departamento de Chocó, en la frontera con Panamá, donde la línea que divide a los dos países es testigo del tráfico de personas y drogas, se enfrentan el ELN y Los Urabeños por el control del territorio; ambos grupos han hecho demostraciones de autoridad durante la cuarentena.
A principios de abril, el ELN distribuyó panfletos en los municipios de Tadó, Litoral de San Juan, San José del Palmar y Atrato, donde se estipulaban varias normas relacionadas con la emergencia sanitaria, como cierres de vías, toques de queda, prohibición de eventos y reuniones, y el aislamiento obligatorio de quienes ingresaran a la región.
Por su parte, Los Urabeños han sembrado el terror en las comunidades indígenas emberá asentadas en el departamento. Existen denuncias sobre confinamiento, y restricciones de horarios desde marzo. Adicionalmente, están reclutando menores de estas etnias, según señaló El Tiempo, con información de la Procuraduría.
Los enfrentamientos entre ambos grupos durante la cuarentena no han cesado. Mientras el ELN se hace cada vez más fuerte al norte del Chocó, Los Urabeños buscan recuperar territorio que han perdido con la expansión de los guerrilleros. Así lo señaló a InSight Crime una fuente investigativa en campo, quien pidió omitir su nombre por razones de seguridad, y quien además agregó que, aunque Los Urabeños parecen perder la guerra, los enfrentamientos han dejado a las comunidades en medio de las balas de ambos lados.
En el sur de Cauca, el ELN y el Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC están enfrascados en un enfrentamiento que no solo se traduce en combates, sino también en la búsqueda del control sobre la población, precisamente en municipios como Argelia y El Tambo, donde se ubica uno de los principales enclaves de producción de cocaína, según el más reciente informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos, de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD).
Los combatientes desmovilizados de las FARC también han sido un objetivo particular. Varios de ellos han sido asesinados por hombres armados en el departamento de Cauca, con aparente impunidad durante la cuarentena.
También han circulado mensajes amenazantes en los que se imponen reglas a la población. Por ejemplo, a finales de marzo el grupo Jaime Martínez hizo público un panfleto en el que establece horarios para el funcionamiento de los establecimientos comerciales permitidos en el norte del Cauca.
En el municipio de Argelia circularon panfletos firmados por la estructura Calos Patiño amenazando a quien incumpliera el aislamiento. Por último, el grupo ex-FARC Dagoberto Ramos ha amenazado a comerciantes por no acatar las medidas preventivas y ha pintado grafitis alusivos al grupo en vehículos que se movilizan en sus zonas de influencia.
Una fuente del Consejo Regional Indígena del Cauca le contó a InSight Crime que tuvieron que quitar algunos de los más de 380 puestos de control establecidos al inicio de la pandemia, debido a los constantes ataques, amenazas y señalamientos de las ex-FARC mafia.
En el departamento de Nariño, frontera con Ecuador, en la región de la cordillera Occidental, en donde operan varios grupos, entre los que se encuentran las ex-FARC mafia, Los Urabeños y el ELN, se han presentado amenazas y restricciones a la movilidad. Además, ha habido amenazas en contra de pacientes positivos para Covid-19, como lo fue el caso de un niño de 13 años en el municipio de Cumbitara.
Las fuertes medidas y los recientes hechos de violencia en esta región, aunque se presentaron en el marco de la cuarentena, parecen estar relacionados con disputas territoriales que estaban antes de la llegada del coronavirus.
En las últimas semanas, estos lugares han sido el escenario de enfrentamientos entre Los Urabeños y las ex-FARC mafia Carlos Patiño, cuyo interés está en expandirse desde el sur de Cauca hacia los municipios de Leiva y El Rosario, lo cual podría aumentar las amenazas por parte de los grupos armados. La entrada de estos grupos a Nariño sería el detonante de los recientes hechos de violencia en ese departamento.
Sur de Colombia
En el departamento de Guaviare, las disidencias de los Frentes 1 y 7 de las FARC continúan ejerciendo un control férreo sobre la población. De acuerdo con los testimonios recogidos por Human Rights Watch y afirmaciones de fuentes en terreno, los ex-FARC no permiten que las personas salgan de sus casas, han instalado puestos de control y presionan a las comunidades para controlar la entrada de personas a los territorios.
De acuerdo con el informe del Ejército Nacional publicado por Caracol Radio, las ex-FARC mafia del Frente Primero y Séptimo han reclutado forzosamente a varios menores durante la pandemia. Según el medio, un miembro de la disidencia “asiste a las reuniones de la Junta de Acción Comunal y sería el encargado de reclutar para el frente Primero de las disidencias”.
Por otro lado, en el departamento de Caquetá, al suroccidente colombiano, las ex–FARC mafia tendrían control sobre los toques de queda y estarían presionando a las comunidades para hacer retenes, según informó La Silla Vacía.
Una situación similar se presentó en Putumayo, donde, a finales de marzo, “La Mafia”, una alianza entre La Constru y los ex-FARC mafia del Frente 48, realizó retenes ilegales en los municipios de Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez y San Miguel. Estos dos grupos han sostenido una alianza, a pesar de que varios de sus líderes han muerto, y estos retenes hacen parte del control sobre fértiles sectores productores de coca.
En este departamento se habrían presentado homicidios como forma de represalia ante el incumplimiento de las reglas establecidas por los grupos armados. Esto ha sido una excusa para que los actores criminales eliminen a sus opositores. Este es el caso de León Pérez, un líder comunitario asesinado a inicios de junio, quien previamente había enviado una carta a las autoridades del departamento para denunciar que grupos armados estaban presionando a la comunidad para controlar el ingreso de personas.
Centro del país
A principios de mayo, en el departamento de Huila, las autoridades tuvieron conocimiento de un panfleto en los municipios de Algeciras, Rivera y Campoalegre, firmado por Hermes Suárez, entonces cabecilla de la disidencia Óscar Mondragón, alineado con la Segunda Marquetalia. Esto podría haber llamado la atención sobre Hermes, quien fue capturado el pasado 16 de julio.
En el comunicado se anunciaron varias normas para mitigar la propagación del Covid-19, lo que incluía toques de queda, normativas sobre quiénes y cuándo tenían permitido salir y la prohibición de venta de alcohol, así como de aglomeraciones y de la entrada de desconocidos al municipio de Algeciras.
Por su parte, en el departamento de Meta, de acuerdo con la alerta temprana 026-20 de la Defensoría del Pueblo, los grupos armados están “tomando medidas muy similares a las decretadas por el Estado”, pues imponen toques de queda y limitan el tránsito, entrada y salida de personas en las zonas en las que tienen control. Ello con el fin de ganar legitimidad dentro de la población al actuar como “protectores y garantes de la seguridad sanitaria”.
Por ejemplo, en los municipios de Mesetas y Uribe han circulado panfletos del Frente 40 de las disidencias, en los que imponen restricciones a la movilidad y amenazan a quienes incumplan con sus imposiciones.
En el municipio de La Macarena se presentaron retenes por parte de las comunidades bajo presión del Frente 7 de las disidencias, según reportó en su monitoreo la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
Frontera con Venezuela
La región de Catatumbo en Norte de Santander ha sido muy disputada en los últimos años. El ELN y el Ejército de Liberación Popular (EPL) se han visto particularmente envueltos en una sangrienta lucha, en la que el EPL ha cedido la mayor parte del terreno.
Allí es el ELN el que ha impuesto sus propias medidas en medio de la pandemia. Le han sacado provecho al confinamiento incrementando sus actividades criminales, la violencia y las amenazas contra líderes sociales. Además, han aumentado el reclutamiento forzado de menores por medio de la realización de “censos de los niños de las familias campesinas” para luego llevárselos a la fuerza. De la misma forma, por medio de redes sociales engañan a los menores para que entren a sus filas.
El ELN también utilizó la cuarentena para retornar a su disputa con Los Rastrojos, una banda criminal que controla parte del tráfico de migrantes y el contrabando en la frontera de Norte de Santander con Venezuela. En marzo, InSight Crime informó que el ELN parecía estar trabajando de la mano de autoridades venezolanas para expulsar a Los Rastrojos. Esta guerra ha estado creciendo en los últimos meses, aumentando la violencia en ciudades como Cúcuta, desplazamientos en Catatumbo y un alza en los homicidios.
También se han presentado otros hechos por parte de otros grupos armados. El EPL instó a la población a cumplir las medidas y dijo que contribuirían al control. El Frente 33 de las disidencias felicitó a la comunidad por los controles que habían tomado frente a la propagación del virus, dado el abandono del Estado.
En el caso de esta región, el único grupo que InSight Crime pudo registrar en su búsqueda fue el ELN, el cual utilizó otros métodos de filiación con la población. En Teorama, Norte de Santander, un video muestra a miembros del ELN repartiendo mercados e informando sobre medidas preventivas frente al virus, tal como lo han hecho otros grupos criminales en otros países de la región.
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