CONTENIDO DESARROLLADO EN ALIANZA CON FECODE
Defendamos la vida como bien supremo del pueblo colombiano
FECODE
Defendamos la vida como bien supremo del pueblo colombiano. / Cortesía: FECODE
Como FECODE hacemos causa común con estudiantes, madres y padres de familia exigiendo no volver a las clases presenciales bajo la modalidad de la alternancia, en tanto, aumentan exponencialmente los contagios y el número de muertes causadas en el marco de la pandemia por el Covid-19. Por eso, ejerceremos la DESOBEDIENCIA CIVIL como un acto Constitucional y de dignidad en defensa de la vida y la salud de las comunidades.
El lunes 3 de agosto desarrollaremos la Jornada Nacional en defensa de la vida. En consecuencia, el magisterio NO asistirá a las Instituciones Educativas, donde se haya convocado a la presencialidad. Continuaremos trabajando desde casa garantizando el derecho a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes, exigiéndole al Gobierno las garantías necesarias para tal efecto.
Las políticas capitalistas y de corte neoliberal del Gobierno Nacional, aplicadas en los últimos años, sustentadas en la privatización y desfinanciación, tienen a la escuela sumida en un profundo deterioro, sin las adaptaciones y adecuaciones requeridas para volver a la presencialidad; lo cual, debe llamarnos la atención y tensionar la exigencia de materializar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones -SGP- en la búsqueda del aumento real, progresivo y constante de los recursos destinados a la educación. Sin ese cambio ni garantías de condiciones efectivas de bioseguridad, aplicar la alternancia contenida en la Directiva Ministerial No. 011, emitida el 29 de mayo del 2020 y sus amañados protocolos, son una orden riesgosa e irresponsable y nos obliga a activar en todo el país la medida de la Desobediencia Civil, con el fin de proteger el derecho fundamental constitucional a la vida en condiciones dignas, consagrado en la Constitución Política Colombiana.
El Estado, sin lugar a dudas, defiende a una élite económica que no quiere dejar sus privilegios, una casta política que pretende normalizar los estados de emergencia y de excepción a escala mundial, para desconocer todo tipo de libertades y de derechos. Muestra de ello la encontramos en el Gobierno Colombiano que ha aprovechado la situación de la pandemia, para expedir un sinnúmero de decretos legislativos, directivas y circulares, afectando y subvalorando el derecho a la vida digna, poniendo en riesgo a millones de ciudadanos para resguardar los intereses económicos del sector financiero y empresarial.
El Ministerio de Educación Nacional, a través de la precitada Directiva, se limita a trazar los lineamientos y orientaciones y de manera irresponsable traslada a gobernadores, alcaldes, secretarios de salud, secretarios de educación, de entidades territoriales certificadas y no certificadas, rectores y directores rurales, la obligación de aplicar y “adoptar los respectivos protocolos” para la alternancia. Léase, volver a las aulas sin inversión real, sin condiciones, desconociendo el pronunciamiento de expertos epidemiólogos del país y la comunidad científica internacional, soterradamente delega a los entes territoriales y directivos docentes la responsabilidad civil y penal de responder por los contagios que indudablemente se van a presentar en los integrantes de la comunidad educativa.
Nos enfrentamos a una preocupante y nueva realidad. Los casos de contagio se triplican diariamente, al igual que los fallecidos; las UCI a nivel nacional, con un poco más del 80% de su capacidad instalada ocupada, están al borde del colapso; y aún no se ha llegado al pico más alto de la pandemia, con el agravante de la fragilidad del sistema de salud y la crisis de la Red Pública Hospitalaria. Como si fuera poco, para el caso de los maestros, un régimen “especialmente precario” y sin el amparo de seguridad y salud en trabajo, ni Administradora de Riesgos Laborales -ARL-.
A esta situación se suma el deterioro de las instituciones educativas, que no cuentan con las condiciones para garantizar del derecho a la educación en este contexto. Antes de la pandemia existía una brecha en materia de construcción y mantenimiento de las escuelas y colegios del país; hoy es mayor la preocupación, por la falta de condiciones en materia de espacio físico para evitar aglomeraciones; la carencia de baterías sanitarias, lavamanos y zonas para la higienización; la falta de recurso humano que exige la escuela para la atención de estudiantes, aseo y vigilancia; y, por supuesto, la dotación de elementos de bioseguridad para los integrantes de la comunidad educativa, que es una responsabilidad del Estado; adicionalmente, ausencia de conectividad e internet, en el sector rural, la falta de agua potable. Ni que decir del tamaño de los grupos por clase que en centros poblados no permite el distanciamiento y que obliga a la revisión de las relaciones técnicas.
Denunciamos el chantaje del que han sido objeto algunas Secretarías de Educación con el ofrecimiento de pírricos recursos para que coloquen a nuestros estudiantes, iniciando con los grados 10 y 11, en una situación de vulnerabilidad al volver al aula presencial con alternancia; y la campaña de manipulación del gobierno del Presidente Duque y los medios masivos de comunicación, que diariamente endilgan la responsabilidad a la población, como si la solución sólo fuera un tema de cuidado y cumplimiento de compromisos individuales. En el “Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, establecido en Colombia mediante el Decreto 417 del 17 de marzo 2020, la pandemia debe ser manejada como asunto de Estado y como un problema de salud pública, por consiguiente, le corresponde responder y atender estructuralmente esta contingencia; tiene, entonces, el deber de adelantar las acciones pertinentes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y fundamentales.
Es urgente la aprobación de la Renta Básica, considerando que la mayor parte de los colombianos viven de la informalidad, del rebusque, y otra franja considerable que se manifiestan en la simbología de los trapos rojos, clamando cotidianamente por alimento, vivienda y condiciones para sobrevivir, develando la profundización de las desigualdades y la desatención de la epidemia de la pobreza. Adicionalmente sin pudor campea la práctica de la corrupción que se ampara en la sombra de la impunidad.
Defendamos la vida como bien supremo del pueblo colombiano. / Cortesía: FECODE
Concitamos a la opinión pública en general y a la voluntad ciudadana a sumarnos a la imperiosa necesidad de ejercer el derecho a la Desobediencia Civil al modelo de alternancia y a todas las normas que degraden, vulneren, violenten y atenten contra los derechos de los habitantes de los territorios.
La Desobediencia Civil se convierte en una herramienta legítima, en cuanto tenemos derecho a organizarnos y movilizarnos. Se considera como “un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido habitualmente con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas del gobierno” (Rawls, 1995, p. 331). Se caracteriza por ser un recurso que tiene la clase trabajadora y el pueblo en general, en vía de obtener unos fines políticos y sociales, por eso, los actos de desobediencia civil intencionales y deliberados buscan el progreso moral o político.
En el marco de los principios, deberes y derechos democráticos los desobedientes hacen uso de tácticas y estrategias basadas fundamentalmente en la movilización y acciones pacificas de protesta social; ejemplo de ello, “las sentadas de ciudadanos” Gandhi en la India, o la lucha no violenta contra la discriminación a la población negra en EEUU, liderada por Martin Luther King. Rosa Luxemburgo acuñó el término como el camino de la “revolución espontánea”, pues es la desobediencia civil un acto político, legal y legítimo, no sólo como oposición a una norma pública o contra una política nefasta impuesta por el gobierno de turno, se reconoce como un acto en defensa de la vida en todas sus dimensiones, entendida como el derecho primordial de todos los seres humanos.
Si algo ha caracterizado al magisterio es su compromiso con la sociedad colombiana, el desarrollo del país y la lucha por el bienestar de todos a través de la defensa del derecho humano a la educación, reivindicándola como un pilar fundamental para alcanzar mejores condiciones de vida a partir de la formación integral y la construcción de un pensamiento crítico. Con ética, responsabilidad y creatividad hemos garantizado este derecho a la niñez y juventud colombiana; hoy de manera no presencial, en condiciones adversas por el limitado acceso a la conectividad y la tecnología en la mayoría de los hogares colombianos, a costa de nuestra salud por la sobrecarga laboral, pero aplicando la medida más efectiva para garantizar el derecho a la vida en esta emergencia: el distanciamiento social.
Reiteradamente le solicitamos al Ministerio de Educación la derogatoria o la modificación de la Directiva No. 011 de 2020, sin encontrar respuesta alguna. Frente a este orgullo y capricho del gobierno el magisterio y los sectores sociales adelantaremos la convocatoria a la desobediencia civil, como una expresión auténtica en contra de un sistema partidista que gobierna históricamente direccionando fobias, marginamientos, discriminaciones, silencios y olvidos, profundizando, injusticias e inequidades, le desobedecemos a un gobierno que legisla degradando la vida, los derechos humanos, el contexto natural, que no cumplen los acuerdos pactados y que desconoce el derecho de vivir en paz.
En tiempos difíciles y escenarios complejos vamos unidos con FECODE, comprometidos en la defensa de la vida, la paz, la salud, la educación pública, los derechos del magisterio y de los colombianos.
Fraternalmente.
COMITÉ EJECUTIVO
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE EDUCACIÓN – FECODE
NELSON JAVIER ALARCÓN SUÁREZ LUIS EDGARDO SALAZAR B.
Presidente Secretario General
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