La Renta Básica Universal en América Latina y el Caribe, una medida de vida o muerte tras la pandemia
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ALFREDO ZAIAT
La pandemia del Covid-19 está instalando con mayor énfasis el debate sobre la posibilidad de garantizar un ingreso universal al conjunto de la población.
Hasta hace poco era una consigna de grupos políticos y académicos críticos y hoy es parte del temario de la gobernanza global.
Hasta el presidente del cuestionado Foro Económico Mundial (de Davos) Klaus Martin Schwab, encuentro al que acude el establishment financiero y líderes de las principales potencias (léase gánsteres financieros y especuladores de bolsa), incorporó esa iniciativa a la agenda.
Es evidente que esa acción no significa una revisión ideológica del poder mundial, sino más bien es una reacción defensiva en la búsqueda de evitar el colapso del sistema capitalista por una de las crisis más graves de la historia.
También el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo está estudiando. El director del Departamento de Asuntos Fiscales, el portugués Vítor Gaspar, ha explicado en la última edición del informe ‘Monitor fiscal’ que la Renta Básica Universal “es una de las diversas ideas que se podrían examinar como respuesta a esta incertidumbre creciente”.
La iglesia Católica liderada por el papa Francisco también se viene pronunciando a favor de la implementación de un salario universal que compense los efectos excluyentes de una economía financierizada.
Vacuna
Como la experiencia indica, las crisis económicas suelen ser mejor aprovechadas por los sectores del poder económico para sentar bases de crecimiento organizadas sobre pautas de mayor desigualdad.
Hoy ese ese terreno está en disputa y la batería de políticas, decisiones públicas y comunitarias que se vayan resolviendo serán las que determinen cuál será la orientación en la salida de esta crisis inédita.
Hasta que se encuentre una vacuna eficaz para frenar el coronavirus y la economía pueda volver a cierta normalidad, resulta fundamental implementar medidas que mitiguen los efectos de la crisis sobre los grupos sociales vulnerados.
En ese escenario irrumpió con intensidad la idea de una renta o ingreso básico universal. Sería una medida paliativa en primera instancia, y después se puede convertir en una base de ampliación de derechos. Es un debate global que no está saldado.
Transferencias
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) propone que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales inmediatas para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares.
Para el mediano y largo plazo, el organismo reitera que el alcance de esas transferencias debe ser permanente, ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a amplios estratos de la población muy vulnerables a caer en ella, lo que permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal, para asegurar el derecho básico a la sobrevivencia.
El informe ‘El desafío social en tiempos del Covid-19’ detalla el impacto social y los desafíos relacionados que tendría la actual crisis para los países de América Latina y el Caribe. En ese documento se propone un ingreso básico de emergencia (IBE) para implementar en forma inmediata, con perspectivas de permanecer en el tiempo de acuerdo con la situación de cada país.
Esto es relevante dado que, se estima, la superación de la pandemia tomará su tiempo y las sociedades deberán coexistir con el coronavirus, lo que dificultará la reactivación económica y productiva.
“La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un Estado de bienestar con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo”, afirmó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.
Pobreza
La propuesta del IBE sería equivalente al costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas (monto que determina la línea de pobreza de cada país) durante seis meses a toda la población vulnerable.
La Cepal calcula que debería alcanzar a 215 millones de personas, 34,7% de la población regional. Esto implicaría un gasto adicional de 2,1% del PIB latinoamericano para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año.
“La pandemia ha agudizado las dificultades de la población para satisfacer sus necesidades básicas. Por ello, es preciso garantizar los ingresos, la seguridad alimentaria y los servicios básicos a un amplio grupo de personas cuya situación se ha vuelto extremadamente vulnerable y que no necesariamente estaban incluidas en los programas sociales existentes antes de la pandemia”, destacó Bárcena.
¿Qué es la Renta Básica Universal?
Es un ingreso periódico pagado por el Estado a cada persona, siendo un derecho sin ninguna condición.
Esta renta corresponde a una política social redistributiva. Los gobiernos buscarían de ese modo garantizar un nivel mínimo de ingresos para todas las personas y reducir las desigualdades sociales.
A diferencia de otras políticas de asistencia social, en la renta básica la percepción de ese ingreso no está determinada por la situación personal del beneficiario. Esto, porque se considera que es un derecho por el solo hecho de ser miembro de la sociedad.
De esta manera, la situación financiera, familiar o personal no le impedirían acceder a esos ingresos. No obstante, el monto recibido sí puede variar en función de ciertos factores, según las características específicas del programa de renta básica.
La idea de Renta Básica Universal no está desligada de un replanteo general de los criterios de funcionamientos del Estado, la economía y las relaciones internacionales.
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El ejemplo de España
El caso más reciente de implementación es España. El Gobierno aprobó el ingreso mínimo vital en el último Consejo de Ministros. Es una prestación con el objetivo de cubrir al 80% de las personas en situación de pobreza severa del país.
Es una medida que podría llegar a beneficiar a más de 850.000 hogares y será una prestación gestionada a través de la Seguridad Social. A diferencia de otras ayudas, se trata de una medida estructural e indefinida.
Será una red de seguridad permanente para los más vulnerables y el dinero invertido en esta medida está estimado en unos 3.000 millones de euros anuales.
La propuesta en Argentina
Argentina es uno de los países de la región donde se está definiendo un esquema de ingreso básico universal. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, informó que esa prestación estará vinculada al mundo del trabajo.
Afirmó que no lo está pensando como una renta básica al “modelo europeo”, que es un problema más que nada de ingresos, sino que considera que hay que agregarle la complejidad que la situación argentina demanda: asociarla al trabajo de quien recibe el dinero.
Arroyo sostiene que no se puede entender el problema social argentino sin vincular trabajo, ingresos y acceso a servicios, y que separar una de la otra es un error.
La base para implementar la renta básica en Argentina está dada en las 9 millones de personas que cobran el Ingreso Familiar de Emergencia, medida dispuesta al comienzo de la pandemia para atender a sectores vulnerados.
Redistribución
Un documento de investigación del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas plantea que la potencia de la renta universal o el ingreso ciudadano o cualquier instrumento que permita democratizar ingresos al conjunto de la población puede trastocar las relaciones de poder capitalista.
El economista italiano, Andrea Fumagalli, explica que el ingreso como amortiguador y protección social interviene en la redistribución del ingreso, una vez que la riqueza producida se ha distribuido entre los factores de producción que han contribuido a su creación.
La diferencia es fundamental para dejar en claro que el reclamo de la renta básica incondicional es una reivindicación social y sindical que afecta directamente el proceso de organización de la producción y del trabajo.
Protección
Para articular la protección social en el corto, mediano y largo plazo, la Cepal señala que además de implementar medidas inmediatas para atender la emergencia, es necesario superar desafíos operacionales, como la bancarización de la población, completar los registros sociales, actualizarlos e interconectarlos.
En el mediano y largo plazo se debe garantizar el ejercicio de los derechos mediante el fortalecimiento del Estado de bienestar y la provisión universal de protección social, introducir un sistema de cuidado, y la implementación gradual y búsqueda de mecanismos innovadores de financiamiento sostenibles.
“Ante las grandes brechas históricas que la pandemia ha agravado, la Cepal reitera que es el momento de implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos”, remarcó Alicia Bárcena.
“Generar respuestas de emergencia desde la protección social para evitar un grave deterioro en las condiciones de vida es ineludible desde una perspectiva de derechos y bienestar”, agregó, para concluir que “construir el Estado de bienestar y sistemas de protección social universales es clave para evitar otra década perdida” en América Latina y el Caribe.
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