Otra vez asesinan a un líder social cada día
Himelda Ascanio
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El confinamiento decretado para combatir el Covid-19, se ha convertido en una trampa aprovechada por los narco paramilitares para amenazar y asesinar líderes sociales, ex combatientes y sus familiares; exterminio en que el Gobierno es responsable por acción y omisión.
En medio de la pandemia se recrudece el asesinato de los líderes sociales y los ex combatientes, en la primera quincena de junio han asesinado un líder cada 24 horas; resulta paradójico que en las regiones donde existe una alta militarización es donde hay más asesinatos, lo que devela el contubernio de las Fuerzas Armadas (FFAA) con los paramilitares, con el fin de despojar territorios para entregárselo a las transnacionales.
La Doctrina Militar afecta el orden constitucional
El 4 de junio 28 Eurodiputados dirigieron una carta al Presidente Duque, manifestando su preocupación por las políticas de defensa y la doctrina militar, porque acciones como los seguimientos ilegales “afectan gravemente el orden constitucional y democrático en el país y más en un contexto de altísima militarización de los territorios y en medio de una pandemia mundial” [1].
Los Eurodiputados afirman que la respuesta del Estado para la protección de líderes es insuficiente, además consideran que la Ministra del Interior al equiparar el asesinato de líderes con los robos de celulares, pone en duda la intención del Gobierno de prevenir este flagelo.
En la carta dirigida a Duque instan al Gobierno a cumplir el Acuerdo de Paz y resaltan que este es la prioridad en la relación con Colombia, además lesinquieta que los Fondos destinados para la Paz sean utilizados con otros fines. De igual forma recalcanen el desmantelamiento de los paramilitares como garantía para la protección de las comunidades.
Ahora matan a los familiares de ex combatientes
La Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte y Bajo Cauca, denunció la masacre ocurrida en la vereda Quebrada del Medio en Ituango, Antioquia, donde fueron asesinados Camilo Sucerquia de 15 años, Carlos Barrera de 17 años, ambos familiares de una ex combatiente y William Pérez conductor del bus [2].
Las organizaciones manifestaron que desde febrero vienen advirtiendo al Gobierno sobre los continuos desplazamientos forzados, las amenazas y los asesinatos perpetrados por sicarios paramilitares del Clan del Golfo en alianza con los militares en el Sur de Córdoba, Occidente del Nudo de Paramillo, los territorios del Cañón Inglés y el Cañón de la Quebrada del Medio, en cercanía al espacio de reincorporación ETCR Román Ruiz.
Regresan los Falsos Positivos Judiciales
El 11 de junio la Asociación de Juntas del Sarare (AJS) reveló nuevos Falsos Positivos Judiciales contra Ramón Contreras presidente de la AJS, Libardo Parra Pérez Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) Vereda La China, Alirio y Jorge Vera Mogollón líderes comunales de Cedeño, Johanny Vega Gualdrón en Samoré, Miguel Eduardo Jaime Valero de la vereda La Pista; capturados en zona rural de Toledo, Norte de Santander [3].
La Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca), denunció Falsos Positivos Judiciales contra sus dirigentes en la región Centro Oriente; fueron capturados en Norte de Santander: Carlos Alberto Mogollón, Humberto Villamizar Calderón, Primitiva Becerra y Helena Villamizar Vera [4].
Las denuncias de Falsos Positivos Judiciales realizadas recientemente por ASONALCA y AJS forman parte del plan de criminalización al movimiento social que dio captura a Hermes Burgos y José Murillo Tobo en 2018 y 2019.
Perseguidos sin fin
Leyner Palacios integrante de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, denunció que luego de presentar el documental ‘Bojayá Bajo Fuego’, él y su familia han sido objeto de constantes amenazas.
Lidia Bueno Gañán, lideresa indígena y Presidenta departamental del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) seccional Quindío, recibió amenazas de muerte después de declarar en un medio de prensa regional, “que se debería tener en cuenta los líderes del Quindío para la terna que reemplazará provisionalmente al Alcalde de Manizales” José Manuel Ríos Morales suspendido por corrupción.
Édison León Pérez, Presidente de la Junta de Acción Comunal de San Juan Bosco en San Miguel, Putumayo; había denunciado varias amenazas de muerte y fue asesinado el 8 de junio en San Juan Bosco, zona controlada por paramilitares y de alta presencia Brigada XXVII.
Pierangelly Huguett Henríquez de 46 años abogada que defendía reclamantes de tierras; fue asesinada el 9 de junio en Ciénaga, Magdalena.
Edwin Tuirán, ex combatiente, fue asesinado el 8 de junio por narco paramilitares del Clan del Golfo en el corregimineto de Bijao en Juan José, Córdoba.
Bairon Eliécer Gómez hijo de una ex combatiente, asesinado el 12 de junio en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Mesetas, Meta.
Alberto Elías Mora Uribe, líder campesino de la vereda Buenavista de Ituango, fue secuestrado, torturado y asesinado el 11 de junio, según denuncia la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia.
Leider Bernabé Campo Tamayo de 20 años, comunero del Resguardo Agua Negra de Morales, Cauca, fue secuestrado el 11 de junio del Puesto de Control de la Guardia Indígena en El Mesón, y luego apareció asesinado en el Playón del vecino Resguardo La Fortaleza.
Jesús Antonio Rivera de 32 años, comunero indígena del Resguardo Huellas de Caloto, Cauca, fue asesinado el 13 de junio. La Guardia Indígena capturó a 7 sujetos armados responsables del crimen.
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[1] Carta de 28 Eurodiputados al Presidente Iván Duque. Parlamento Europeo, 4-06-2020.
[2] Denuncian masacre de 3 personas en Ituango. El Colombiano, 7-06-2020.
[3] Nueva captura de líderes comunitarios y sociales. Trochando Sin Fronteras, 11-06-2020.
[4] Judicializan y estigmatizan a líderes sociales. Asonalca, 12-06-2020.
Fuente:
