Indignación en Colombia por espionaje del Ejército a periodistas y malversación presidencial de dineros públicos
CRONICÓN.NET /
Nuevamente el ultraderechista régimen uribista que gobierna a Colombia en cabeza del presidente Iván Duque se ve envuelto en otro escándalo de violación de derechos humanos y corrupción.
En efecto, la revista Semana no obstante su cercanía ideológica y política con el sector que lidera el cuestionado expresidente Álvaro Uribe Vélez, no tuvo más que denunciar las intercepciones ilegales y monitoreo secreto a periodistas nacionales y extranjeros, incluso estadounidenses, junto a defensores de derechos humanos.
A ello se le suma el hecho de que el gobierno de Duque viene siendo duramente criticado por diversos sectores sociales y políticos por malversación de fondos públicos para una campaña de posicionamiento de su imagen.
Las denuncias de espionaje e interceptación telefónica que en Colombia se conoce con la denominación de “chuzadas” pone en riesgo la “ayuda” millonaria en dólares que las Fuerzas Militares de este país reciben de Washington cada año y que sirven fundamentalmente para la represión de lo que aún se considera “el enemigo interno”, pues sigue prevaleciendo la concepción de la doctrina de Seguridad Nacional, así como para el supuesto combate al narcotráfico.
Según manifestó el influyente senador estadounidense Patrick Leahy, las denuncias de interceptaciones ilegales y monitoreo secreto a comunicadores y activistas de derechos humanos serán seriamente examinadas al momento de determinar la “asistencia militar” de Estados Unidos a Colombia.
El dinero de los contribuyentes de Estados Unidos nunca debe servir para actividades ilegales, mucho menos para violar derechos de ciudadanos estadounidenses. Si estas denuncias son correctas, sería una grave violación a la confianza de Estados Unidos, y aquellos involucrados deben ser castigados, añadió el congresista demócrata, sacudiendo los cimientos del palacio de Nariño.
Al rescate de la imagen presidencial
A este escándalo de las “chuzadas”, cuya práctica estuvo a la orden del día durante el cuestionado mandato de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y ahora se vuelve a retomar bajo la administración de su pupilo, Iván Duque, se suma la anomalía de utilizar recursos del proceso de paz para posicionar la imagen presidencial en redes sociales.
En efecto, bajo la figura de prestación de servicios y en medio de la pandemia del coronavirus, la Presidencia de la República de Colombia suscribió el pasado 30 de abril un contrato de 15 páginas, por medio del Fondo Paz, con la empresa Du Brands SAS por un valor de 3.350 millones (unos 840 millones de dólares), con el objetivo de lograr el posicionamiento de la (maltrecha) imagen de Duque.
El fin del Fondo Paz, creado en febrero de 2019 es la “financiación de programas de paz encaminadas a fomentar la reincorporación a la vida civil de los grupos alzados en armas”.
Entre los objetos del contrato está el de “concretar la planificación, organización, implementación y seguimiento de estrategias de comunicación digitales integrales, así como la producción de contenidos y la administración de los canales digitales de comunicación del Presidente y de la Presidencia, con los cuales se busca difundir, promover, visibilizar y posicionar en la ciudadanía las acciones que ejecuta el Gobierno nacional”.
Seguimiento e interceptaciones
La revista Semana reveló la trama que se desarrolló al interior del Ejército colombiano entre febrero y diciembre de 2019 en cuanto a seguimiento y elaboración de perfiles de más de 130 personas, operación que contó con el apoyo logístico y económico de una agencia de inteligencia de EEUU.
El retorno de esta práctica ilegal ha generado no solo indignación sino también gran preocupación en amplios sectores sociales y políticos del país por la sistematicidad de dichos procedimientos por parte del uribismo que derivan como lo muestra la experiencia en campañas de desprestigio político de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas políticos, las cuales han terminado en montajes judiciales y hasta en asesinatos.
Obviamente el gobierno de Duque salió a negar cualquier responsabilidad en ésta práctica ilegal muy recurrida por la ultraderecha colombiana y en una treta que busca disipar en algo el escándalo, el Ministerio de Defensa retiró a 11 oficiales del servicio, mientras que un brigadier general solicitó voluntariamente su baja.
Para organizaciones defensoras de derechos humanos, Washington es cómplice de tales anomalías, pues desde hace varios años el gobierno estadounidense ha financiado el aparato de inteligencia colombiano, sabiendo de antemano las sistemáticas violaciones que se cometen con su presupuesto por parte de las Fuerzas Militares y de Policía de esta nación suramericana, no solo en lo que tiene que ver con interceptaciones sino con ejecuciones extrajudiciales, montajes y fosas comunes.
En esta oportunidad, la mayoría de sus blancos fueron periodistas, varios de ellos estadounidenses. Políticos, generales, organizaciones no gubernamentales, sindicalistas, activistas sociales hacen parte de la lista de más de 130 víctimas.
Las “chuzadas” ilegales del último año se realizaron desde las instalaciones de dos guarniciones militares, como una manera de blindarlas y evitar un allanamiento sorpresivo de la justicia o el fisgoneo de los medios de comunicación. A pesar de las denuncias, la justicia y los entes de control nunca actuaron.
Lo que está por saberse y lo que exigen tanto las personas afectadas con la persecución e interceptación de sus comunicaciones, como amplios sectores de la opinión pública colombiana, es quién o quiénes eran los destinatarios de la información que se recolectaba ilegalmente.
Por lo pronto, el gobierno de Duque, como lo ha hecho con la reciente frustrada invasión de narco-mercenarios a Venezuela busca deslindarse del asunto y lo que le preocupa es mejorar su imagen al costo que sea en las redes sociales, dada su incapacidad y carencia de liderazgo.
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