Emergencia educativa ante la demoledora realidad
La población mundial no solamente clama hoy para que se priorice la vida sobre la economía, sino que exige, que la salud y la educación nunca vuelvan a ser privatizadas ni tampoco sustraídos sus recursos.
Miguel Ángel Pardo Romero
Hace diez años, empezamos a plantear la necesidad de una emergencia educativa por dos razones: La primera, como respuesta a los estragos del enorme recorte de recursos a través de dos regresivas reformas constitucionales en 2001 y 2007, impuestas por los sucesivos gobiernos neoliberales. La segunda, buscaba acertar con mayor precisión en el destino de recursos asignados por los gobiernos alternativos.
Ya para entonces, las consecuencias de los actos legislativos constituían un verdadero atentado contra el derecho a la Nación a apropiarse y a generar el conocimiento más avanzado que garantice el desarrollo del país y el bienestar de la población, razón de ser de los sistemas educativos y de ciencia y tecnología. Pero, sobre todo, se convirtieron en una enorme agresión contra los niños, niñas y jóvenes de Colombia al profundizarse la existencia de dos tipos de educación en el país: Una en condiciones dignas para quienes tienen recursos y, otra, en circunstancias adversas para los colegios oficiales.
Consecuencia de la supresión del presupuesto, en el terreno académico y pedagógicos fue el desconocimiento de conquistas consignadas en la Ley General de Educación. Por considerar la educación un gasto y no una inversión, se embolató la universalización de la educación preescolar de tres grados y de la media especializada en los colegios oficiales; se desconocieron lo fines de la educación y, las nueve áreas obligatorias y fundamentales fueron “relevadas” por 4 competencias básicas, que inducen a enseñar lo mínimo del conocimiento. Se elevó a horrorosa legalidad, la prohibición para que niños y niñas tuviesen derecho a profesores en educación física y artística, segunda lengua, orientación escolar, tecnología e informática en preescolar y primaria, con todos los efectos que tiene desaprovechar ocho años tan importantes para el desarrollo humano.
El discurso recurrente de los gobiernos, según el cual, el país ya logró la cobertura y, ahora nos concentraremos en la calidad, solo existe en la imaginación.
El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, reconoce que niños y niñas en edad de cursar pre jardín y jardín, están por fuera de las aulas prácticamente en su totalidad; el 44.75% en edad para asumir transición y el 57.2%, para educación media. Esto significa un verdadero atentando contra la niñez y la juventud en Colombia; especialmente, de las zonas rurales que en un 53.08% está excluida del grado de transición y 68.59% de la educación media.
Recortar 348 billones de pesos del Sistema General de Participaciones en educación, salud, agua potable y saneamiento básico para los 1103 municipios del país, de los cuales $191.6 millones le quitaron a educación, en los últimos 18 años, tuvo éstas y otras consecuencias y, reiteramos, nos dejó en un estado de enorme indefensión frente a la pandemia.
Parte sustancial de la emergencia educativa, exige del Gobierno que cumpla con el principal acuerdo conquistado por FECODE en 2019, es decir, la ineludible reforma constitucional para aumentar de manera real y progresiva, la financiación estatal adecuada para materializar los derechos mencionados.
A esta emergencia educativa, se le suma hoy una de carácter pedagógico. El aislamiento constituye la principal forma de mitigar el avance del Covid-19, luego la vida escolar presencial, volverá durante el segundo semestre, en el mejor de los casos. Por ello causa asombro que, al Ministerio de Educación, lo desvele convertir la cuarentena en vacaciones y presionar a las entidades territoriales. La situación de salud pública impone acciones de mayor alcance que ésas.
Tampoco es recomendable, sobre dimensionar las orientaciones con base en el trabajo virtual, como si estuviéramos en el primer mundo. La ministra de las TIC en su informe de 1° de abril de 2019, reconoció que “20 millones de personas en Colombia no tienen internet fijo de banda ancha” que es el que sirve para bajar información y que no se quede ‘colgada´. “Perú contaba ya con 64,19 conexiones por cada 100 habitantes, mientras que Bolivia llegaba a 76,49 y, Colombia está en menos de 50 x cada 100. En otras palabras, casi todas las economías latinoamericanas –Jamaica, Venezuela, Ecuador, México, Perú, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil, entre otras– superan a Colombia en este indicador”.
También es ilógico e irreal realizar comunicación telefónica entre todos los profesores, estudiantes, madres y padres de familia, por el solo hecho de ordenarlos en algunas normas, ya sea por la cantidad de integrantes de la comunidad educativa que deben ser atendidos y/o por las limitaciones en minutos y datos.
Aprovechar la virtualidad donde se puede, fortalecer la presencia directa del Estado en las TIC y exigir a las multinacionales del sector apoyar los procesos educativos mediante gratuidad, así sea temporal, para retribuir en algo sus altas tarifas. Ante las circunstancias, hay que acudir a la impresión masiva de materiales educativos, los cuales ya están diseñados y hacerlos llegar a las zonas rurales y urbanas. A la vez, utilizar las franjas en televisión y radio, para presentación de contenidos y respuestas a las tareas, con horarios establecidos y por grados escolares.
Es necesario precisar que no es posible desarrollar todos los contenidos, ni las actividades que se realizan presencialmente. Tampoco pretender que lograremos compensar el cierre de los colegios con un sin número de acciones que no pueden reemplazar la escuela abierta, ni la función social de la misma pero que, por el contrario, pueden terminar agravando la sobre carga laboral y deteriorando aún más la salud mental, tan necesaria en estos momentos de aislamiento para estudiantes, padres, madres, docentes, docentes orientadores, docentes directivos y trabajadores administrativos. También por ello es tan importante, la organización y el respeto de los tiempos destinados a la actividad familiar o escolar en casa.
Centrarnos en lo esencial y, sobre todo, en los conocimientos que contribuyan a comprender desde diferentes áreas, disciplinas y ciencias, la dimensión de la pandemia y las alternativas de solución; hablar de la preservación de la especie, por ejemplo, es imperativo; es más sería una necedad no abordarlo desde el punto de vista académico y humano.
Los educadores nos estamos buscando alternativas pedagógicas en medio de la adversidad, que ha sido la constante de nuestra labor. Pero el gobierno debe dejar esa paquidermia que desprotege a la comunidad educativa, tal como se evidenció cuando pretendió mantener la actividad escolar presencial, poniendo en riesgo la vida.
El MEN debe entender que la angustia de la hora no reside en la modificación del calendario académico, sino en la demoledora realidad que obliga a enfrentar la pandemia, garantizando la vida con una cuarentena en condiciones dignas en salud y alimentación, como también, las que requiere la labor pedagógica para todos. A la vez, proceder a declararse en emergencia educativa, destinando recursos suficientes, respetando los Acuerdos con FECODE, buscando consensos con las entidades territoriales y el sector educativo, como también, reconociendo el papel de los gobiernos escolares en la determinación del rumbo académico de los colegios.
La población mundial no solamente clama hoy para que se priorice la vida sobre la economía, sino que exige, que la salud y la educación nunca vuelvan a ser privatizadas ni tampoco sustraídos sus recursos.
Fuente:
Edición 676 – Semana del 4 al 10 de abril de 2020
