Fue el canciller norteamericano y no el presidente colombiano Iván Duque quien comandó esa reunión en Bogotá
1. Un combate al terrorismo, hecho a medida de Estados Unidos
¿Puede ser Estados Unidos el patrocinador de una Conferencia Hemisférica de lucha contra el Terrorismo cuando su canciller desconoce las leyes internacionales y los pactos de humanidad...más allá de los títulos, la conferencia no se convocó para luchar contra el terrorismo ni a favor de los derechos humanos, sino para impulsar un plan de acción contra Venezuela e Irán
Telma Luzzani
Iván Duque junto a Mike Pompeo. Imagen: AFP
El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, lideró una Conferencia Contra el Terrorismo, en Bogotá, que debería encendernos todas las alarmas. No es un error decir que fue el canciller norteamericano y no el presidente colombiano Iván Duque quien comandó esa reunión.
Pompeo, ex director de la CIA, halcón republicano y duro entre los duros, usó la cumbre del 20 al 23 de enero para enviar varios mensajes preocupantes. En pocas horas, confirmó el asesinato alevoso contra el general iraní Suleimaní; anunció “que está en marcha la estrategia para que Maduro se vaya” (o sea, un golpe de Estado contra el presidente elegido democráticamente por los venezolanos); conversó con la canciller golpista de Bolivia, Karen Longaric, sobre la colaboración norteamericana en las próximas elecciones del 3 de mayo (¿¡!?) y se privó de hacer cualquier alusión a las ejecuciones de defensores de los Derechos Humanos que por aquellas horas se sucedían en Colombia. Sólo en lo que va del 2020 hubo 21 homicidios contra de líderes y liderezas sociales colombianos, un promedio de uno por día, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
El 21 de enero, mientras se desarrollaba la cumbre antiterrorista, cientos de miles de colombianos se volcaron a las calles de todo el país –en multitudinarias marchas que ellos llaman “paros nacionales”- para denunciar las acciones paramilitares y los asesinatos políticos entre otros reclamos. En este marco, ¿puede ser Colombia sede de un encuentro en defensa de los derechos humanos y por la seguridad?
¿Puede combatir el terrorismo el autoproclamado Juan Guaidó luego de haberse sacado fotos con narcoparamilitares armados en la frontera entre Colombia y Venezuela?
¿Puede ser Estados Unidos el patrocinador de una Conferencia Hemisférica de lucha contra el Terrorismo cuando su canciller desconoce las leyes internacionales y los pactos de humanidad al confesar el ataque contra Suleimani y, acto seguido, desafía las reglas de la democracia promoviendo un golpe de Estado en Venezuela e interviniendo en las elecciones de Bolivia?
La respuesta es que, más allá de los títulos, la conferencia no se convocó para luchar contra el terrorismo ni a favor de los derechos humanos, sino para impulsar un plan de acción contra Venezuela e Irán y, lo más alarmante, comprometer a toda la región en una cruzada que no nos pertenece y que, muy probablemente, viole la ley.
No permitamos un relanzamiento de la Doctrina de Seguridad en su versión 2.0. Si en el siglo pasado fue el “el peligro comunista” el justificativo que usó Washington para unificar bajo su mando las fuerzas represivas de nuestros países y garantizarse así la sumisión y el control de la región, hoy es el “peligro del terrorismo” el que se busca activar con los mismos fines. Por eso, en Bogotá, Pompeo denunció –aunque no hay ningún evidencia disponible ni documento que pruebe sus dichos- la presencia de Hezbollah en la región y la supuesta ayuda de Maduro a esa organización, así como “al ELN y a la disidencia de las FARC”. Los intentos de persecución a quienes no se alinean con los EE.UU. –hoy son Cuba, Nicaragua y Venezuela, mañana pueden ser otros- quedan claros en los 24 puntos del comunicado conjunto que lamentablemente Argentina firmó en Bogotá ( México y Uruguay se mantuvieron sólo como observadores).
Un par de ejemplos para reflexionar. En el punto 2 del comunicado los países se “comprometen a no dar refugio ni asilo a quienes financien el terrorismo o les presenten colaboración”. ¿En el mundo del “lawfare” podría Evo Morales llegar a ser acusado de colaborador del terrorismo? O en el punto 21, donde se promociona el equipamiento para control de fronteras, investigación e inteligencia. Casualidad o no, Israel, uno de los más conocidos fabricantes de esa tecnología, estaba en la cumbre.
Desde el inicio del 2020, EE.UU. ha puesto el pie en el acelerador. Sabemos por qué. La pérdida de liderazgo global en momentos en que nuevos actores tallan en la escena internacional activa su reflejo más atávico: mantener el control férreo de un continente que, como en el pasado, sea la plataforma para la pelea hegemónica.
Cuidado. Como ciudadanos debemos luchar para defender la región como zona de paz. Y quienes se sintieron suficientemente capaces y fuertes como ejercer puestos ejecutivos y legislativos, deben –sí o sí- lograr una inmediata integración regional soberana, la única que nos puede salvar. No podemos permitir que una vez más se nos priven de democracia y libertad.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/243973-un-combate-al-terrorismo-hecho-a-medida-de-estados-unidos
2. Telesur, Guaidó y la relección de Trump
Carlos Fazio
De cara a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre próximo en Estados Unidos, la política de cambio de régimen en Venezuela ocupa un lugar central en la agenda doméstica de la administración Trump. Tras el fracaso de sucesivas intentonas golpistas y el debilitamiento de la oposición interna al gobierno constitucional y legítimo de Nicolás Maduro, la nueva hoja de ruta de los halcones de Washington parece priorizar, en esta etapa, una revitalización de la guerra mediática con eje en el viejo señuelo del terrorismo internacional.
En la batalla comunicacional del narcisista de la Casa Blanca contra el Partido Demócrata, Venezuela no es sólo un objetivo geopolítico sino una suerte de circunscripción electoral articulada con el estado de Florida, donde hay que invertir recursos en medios y propaganda en lógica de espectáculo. Y en ambos frentes, el doméstico y el geopolítico, la disputa por el relato y la percepción implica la fabricación de una matriz de opinión capaz de influir en las emociones, el razonamiento objetivo y el comportamiento de los votantes. Lo que supone recurrir a campañas de guerra sicológica y a lo que en Estados Unidos llaman prensa prostituta ( presstitute).
Lo anterior tiene una dimensión interna y otra externa. Y dado que Venezuela ocupará un lugar central en la campaña releccionista del republicano, el súper halcón Elliott Abrams, representante especial del gobierno estadunidense para el país sudamericano, y el anticastrista Mauricio Claver-Carone, principal asesor de Trump para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés), han recomenzado a administrar los recursos humanos así como el proceso de reingeniería en la nómina de los partidos políticos venezolanos de oposición, incluida la reutilización del diputado Juan Guaidó.
Convicto de crímenes de guerra en Centroamérica y considerado el comisario político de Guaidó, Abrams anunció el 6 de enero que en acuerdo con el gobierno legítimo de Venezuela (sic), Washington apoyaría con fondos a la prensa libre y a las fuerzas de la libertad de la Asamblea Nacional (en desacato), y buscaría que otros países también dieran apoyo político, diplomático y financiero a grupos opositores. Añadió que los fondos ya se están suministrando a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid) y la Oficina de Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado.
Como parte de ese proceso de reingeniería teledirigida desde los sótanos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Pentágono, seis días después el devaluado presidente artificial Guaidó −quien no controla absolutamente nada en Venezuela−, anunció que su falso interinato iniciaría acciones y medidas legales contra la televisora multiestatal Telesur, mismas que estarían encaminadas a repetir el patrón de saqueo y expropiación ilegal de activos venezolanos que el año pasado cobró como primeras víctimas a Citgo, filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos y a la paraestatal petroquímica Monómeros, con sede en Barranquilla, Colombia.
Las razones para intentar bloquear o destruir a Telesur son simples: más allá de las condiciones asimétricas en que se libra la batalla por la narrativa, Telesur ha sido un bastión en la recuperación de la memoria histórica de los pueblos latinoamericanos y en el terreno de la información versus las falsificaciones de los corporativos mediáticos de Occidente, utilizados para alterar los acontecimientos y blanquear crímenes y genocidios.
Como parte del mismo guion, el 20 de enero, en el marco de una cumbre antiterrorista en Colombia –epicentro del narcoparamilitarismo de la era Uribe y reducto de una red de bases militares de Estados Unidos–, el secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró que Maduro recibe disidentes de las FARC y el ELN y que el régimen de Irán, con su brazo armado Hezbollah, está en Venezuela y eso no es aceptable. Ergo, la trama terrorista como coartada para criminalizar al adversario y convertirlo en blanco de acciones encubiertas desestabilizadoras, con base en ficciones y falsos expedientes elaborados en los laboratorios de propaganda de los servicios de inteligencia estadunidenses.
Protegido por el presidente Iván Duque y la organización paramilitar colombiana Los Rastrojos, Guaidó sostuvo en Bogotá una breve reunión con Pompeo, quien le entregó la agenda a desarrollar el 23 de enero en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, donde el autoproclamado aportó supuestas pruebas sobre los vínculos de Venezuela con el terrorismo. No obstante, según The New York Times, carente de ideas frescas, Guaidó, el hombre que había prometido un cambio para Venezuela, fracasó, y tampoco pudo reunirse con Donald Trump.
Por otra parte, los vínculos oscuros y corruptos de Guaidó son cada vez más inocultables. Recientemente, The Washington Post y la agencia Reuters develaron los nexos de Guaidó –vía su padre– con el abogado personal de Trump, el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, y el ex magnate venezolano Alejandro Betancourt, investigado en Venezuela y quien está en la mira del gobierno estadunidense por corrupción y lavado de capitales en Florida. Giuliani instó a los fiscales del Departamento de Justicia a que actuaran con calma con Betancourt, porque estaba respaldando financieramente a Guaidó y ayudando a Estados Unidos con su causa.
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