DOSSIER.
1. ONU pide protección urgente para indígenas en Colombia
Como respuesta a la masacre en el Cauca, el presidente Iván Duque ordenó la militarización de la zona, una acción rechazada por las comunidades indígenas. | Foto: Reuters
"Instamos a las autoridades a romper el círculo de impunidad sobre amenazas, acosos y asesinatos contra los pueblos indígenas", dijo la portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
El Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos pidió adoptar medidas "urgentes" para proteger a las comunidades indígenas en Colombia, luego de la más reciente matanza registrada en el departamento de Cauca.
La oficina de la ONU condenó el ataque ejecutado el pasado 29 de octubre por un grupo de criminales que intentaba ingresar a una comunidad en el Cauca, lo que dejó un saldo de cinco indígenas muertos y seis heridos.
La portavoz del organismo internacional solicitó a las autoridades colombianas investigar lo ocurrido en el suceso y evaluar "posibles fallos" que llevaron a que ocurriera el crimen.
Hernán Tobar@HernanTeleSUR En este momento en la plaza de Bolivar de Bogotá se rinde un homenaje en memoria de los indígenas asesinados en Colombia.@teleSURtv @EdicionCteleSUR
"También instamos a las autoridades a romper el círculo de impunidad sobre amenazas, acosos y asesinatos contra los pueblos indígenas", aseveró la portavoz.
Asimismo, cuestionó la decisión del Gobierno de Iván Duque de aumentar el número de efectivos militares en la zona. Hurtado aseguró que los avances en favor a esta comunidad no llegarán "con una mayor presencia militar".
A esta expresión de preocupación se sumó un grupo de relatores especiales de la ONU con una declaración conjunta emitida en Ginebra.
"Las autoridades colombianas, incluida la Fiscalía General de la Nación, deben hacer todo lo necesario para llevar a los asesinos ante la justicia. El Presidente y el Gobierno también deben adoptar las medidas apropiadas para poner fin a la situación insostenible de violaciones de los derechos humanos fundamentales que sufre el pueblo Nasa", señalan.
Por su parte, la Federación de Asociados de Cabildos Indígenas del Departamento del Chocó alertó sobre la crisis humanitaria que perjudica a las comunidades nativas.
Señalan que la situación se ha agudizado desde el 28 de febrero con la presencia de grupos armados, que intentan imponer sus reglas a los habitantes.
Además, la Organización Indígena de Antioquia (OIA) denunció este viernes el asesinato del guardia nativo Gilberto Domicó, de 50 años de edad, quien recibió varios impactos de bala por parte de un grupo armado irregular.
Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC ✔@ONIC_Colombia #ATENCIÓN| El día de ayer fue ASESINADO Gilberto Domicó, guardia indígena del Pueblo Embera del Resguardo de Polines, Chigorodó, Antioquia. EXIGIMOS acciones inmediatas que detengan el genocidio. #QuePareElGenocidioIndigena. @luiskankui @OIA_COLOMBIA @ONUHumanRights @IvanDuque.
La organización denuncia que estas agrupaciones delictivas someten a las poblaciones a ataques indiscrimados y limitan su acceso a servicios básicos.
Fuente:
teleSUR https://www.telesurtv.net/news/proteccion-indigenas-colombia-onu-medidas-urgentes-20191101-0015.html
2. No se detiene el exterminio hacia los pueblos indígenas
Foto: @ONIC_Colombia
Diferentes organizaciones indígenas denunciaron el asesinato de cuatro integrantes de los pueblos indígenas en diferentes partes del país, se trata de Pedro Jamioy y su esposa Rosa Jacanamejoy en Putumayo, Gilberto Domicó Domicó en Antioquia y Edison José Maestre Nieves en Cesar. Sus homicidios se suman al de cuatro integrantes de un equipo de topografía que desarrollaban su trabajo en zona rural de Corinto, Cauca, y a los cinco indígenas que perdieron la vida en la masacre de Tacueyó.
Pedro Jamioy y Rosa Jacanamejoy, indígenas del pueblo Kamëntsa
Cerca de las 6 de la tarde del pasado jueves 31 de octubre se informó del asesinato de Pedro Jamioy y su esposa, Rosa Jacanamejoy, integrantes del pueblo Kamëntsa en Sibundoy, Putumayo. Según las primeras informaciones, la pareja de esposos eran adultos mayores, y se dedicaban a la medicina tradicional. Aunque por el hecho fue capturada una persona, se espera que los entes investigadores avancen en el caso para determinar los móviles del hecho.
Gilberto Domicó Domicó, guardia indígena embera
La Organización Indígena de Antioquia (OIA) denunció el asesinato de Gilberto Domicó Domicó el pasado jueves en el resguardo Pollines, del municipio de Chigorodó, Antioquia. Domicó tenía 50 años, era parte del pueblo Embera Eyábida y hacía parte de la guardia indígena. La OIA señaló que Domicó fue víctima de ataque con arma de fuego, presuntamente por grupos armados que hacen tránsito por ese territorio del Urabá antioqueño.
Edison José Maestre Nieves, integrante del pueblo Wiwa en Cesar
La Corporación Mesa Departamental de Derechos Humanos y Territorios del Cesar denunció que hombres armados atentaron contra la vida de Edison José Maestre Nieves, integrante del pueblo Wiwa en la Sierra Nevada de Santa Marta. Además del cuerpo sin vida de Maestre, la Corporación aseguró que fue encontrado un panfleto firmado por las Águilas Negras, en el que se amenaza la vida de autoridades y personas del pueblo Wiwa.
Territorios de los pueblos indígenas en riesgo
Integrantes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN) informaron que hombres armados atacaron a cuatro personas en la vereda Santa Elena, del Municipio de Corinto en Cauca. Los hombres hacían parte de un equipo de topógrafos que hacían trabajo de terreno, y mientras adelantaban sus labores fueron agredidos, y hurtadas sus herramientas. Posteriormente se supo que otra persona fue víctima también de hombres armados cerca del lugar, pero aún no está confirmado que los crímenes guarden relación.
Aunque las personas asesinadas no hacen parte de los pueblos indígenas, desde la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) afirmaron que sus muertes obedecen a una violencia que se instaló en el territorio, y requiere un enfoque distinto al militar. En ese sentido, señalaron que se requieren medidas integrales para atender las diferentes vulneraciones a los derechos humanos que ocurren en los territorios indígenas.
Fuente:
3. Colombia, Cauca. Se atiza el fuego de guerra contra los pueblos indígenas
Felipe Martínez
Un desangre sin límite a la vista y con propósitos claramente establecidos. En la tarde del pasado martes 29 de octubre, cinco indígenas nasa fueron acribillados mientras realizaban actividades de control territorial en el resguardo de Tacueyó. Un día antes, en otra región del norte del Cauca (Corinto), en circunstancias que aún no están del todo claras, fue asesinado Flower Jair Trompeta, defensor de derechos humanos e integrante de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto; de acuerdo a denuncia de la comunidad, fue interceptado por integrantes del Ejército y horas después su cadáver apareció en la vereda La laguna. Ese mismo 28 de octubre, en el municipio de Curillo (departamento de Caquetá), otro excombatiente de las Farc, Wilson Parra Lozada, el objeto de la acción de sicarios.
El país está de luto permanente por el asesinato de los líderes y lideresas sociales. Octubre cierra como un nuevo mes de sangre en pues, como espejo de los meses pasados, fueron varias las vidas de liderazgos sociales que apagaron de manera violenta las fuerzas del poder, a saber: el líder y dirigente indígena del pueblo Embera del departamento de Quindío, Constantino Ramírez Bedoya, a quien le arrebataron la vida la noche del 17 de octubre cuando se dirigía por la vía que conecta a Calarcá con el Resguardo Indígena Dachi Agore; de la misma manera el excombatiente fariano Alexander Parra, ultimado el pasado 24 de octubre al interior del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) de Mesetas, en el departamento del Meta.
Son asesinatos que evidencian la grave situación de derechos humanos que padece el país. Atentados violentos contra objetivos claramente establecidos producto de lo cual, y si se toma para ello el momento de la firma el Acuerdo de Paz entre las Farc y el gobierno de Santos, ya suman 169 los excombatientes que han sido objeto de la acción homicida que procura romper en su totalidad el Acuerdo en cuestión. Violencia y atentados también enfocados en la humanidad de los indígenas, los que de acuerdo al consejero mayor de la Onic, Luis Fernando Arias, registran 125 integrantes de sus pueblos asesinados desde que Iván Duque asumió la presidencia.
La guerra contra los indígenas del norte del Cauca
No es nuevo, la guerra en el Cauca continua en creciente. Son múltiples las amenazas recibidas por las autoridades indígenas en los últimos meses, donde ponen precio a las cabezas de líderes, consejeros y Guardias del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Amenazas que con el paso del tiempo se van concretando, pues vale recordar que el primer día del mes de agosto fue asesinado en el resguardo de Huellas-Caloto el coordinador de la Guardia Indígena Gersain Yatacue; y de la misma manera caían el 10 de agosto los guardias del resguardo de San Francisco, Kevin Ademir Mestizo Coicue y Ogenio Tenorio*.
Según las organizaciones indígenas, los hechos ocurridos el 29 de octubre se presentaron mientras las autoridades se encontraban realizando labores de control territorial en el sector de la Luz, jurisdicción del resguardo de Tacueyó, por donde miembros de la columna Dagoberto Ramos de la disidencia de las Farc se movilizaban en dos camionetas. Según el testimonio indígena, cuando quienes ocupaban tales automotores fueron detenidos y oponiéndose a tal procedimiento, abrieron fuego, acabando con la vida de los guardias indígenas: Asdruval Cayapu, Eliodoro Finscue, José Gerardo Soto, James Wilfredo Soto, así como de la autoridad tradicional o “Ne’h Wesx” Cristina Taquinas Bautista del resguardo de Tacueyó. En el ataque también resultaron heridos de gravedad la autoridad Crescencio Peteche y los guardias José Norman Montano, Matías Montano, Dora Rut Mesa y Rogelio Taquinas.
Durante este episodio, una ambulancia de la Misión Médica que trasladaba a los heridos, también fue blanco de los disparos.
Como presión, dentro de esta disputa por el control territorial, momentos después de la masacre que enluta al pueblo nasa, posterior a este ataque, otro grupo de gente armada se desplazaron desde el sector conocido como el Boquerón de manera amenazante, hostigando a las personas que se encontraban en el lugar de los hechos auxiliando a los heridos; ante tales sucesos la organización sostuvo: “repudiamos el actuar cobarde de este grupo de las disidencias de las Farc, camufladas como paramilitares o como Cartel de Sinaloa al servicio del narcotráfico”**.
Afianzando el control territorial
Ante el ataque armado, las comunidades se declararon en estado de emergencia y convocaron para el día 30 de octubre una asamblea extraordinaria de carácter permanente en el polideportivo del Resguardo indígena de Tacueyó, donde participaron comunidades y autoridades de Tacueyó, Toribio, San Francisco, y Jambaló, entre otras zonas.
La asamblea sesionó en comisiones bajo la pregunta: ¿qué hacer frente a los hechos ocurridos como comunidad? A partir de ello la comunidad reflexionó sobre las estrategias y el tratamiento desplegado en este tipo de casos, destacando que detener a quienes desarmonizan el territorio, quitarles las armas y realizar la justicia propia, no está cumpliendo con sus propósitos. ¿Qué hacer, por tanto? La reflexión los llevó a las causas estructurales del problema, hasta identificar un punto nodal del mismo: los cultivos de coca y marihuana para uso comercial, así como la presencia de personas ajenas a la comunidad que llegan a arrendar y a utilizar el territorio para las economías ilícitas. Para remediar esta situación empiezan a proyectar acciones.
De la misma manera se ratificó el mandato de la organización y comunidades con respecto a no aceptar actores armados legales o ilegales dentro de los territorios, dejando clara la posición contra el gobierno de Duque y su propuesta de militarización de las zonas con el envío de 2.500 militares a la región que trabajen en conjunto con la Guardia Indígena, pues vale la pena recordar que el ejercicio de control territorial de estas guardias es autónomo y no cuenta con el apoyo ni coordinación con Fiscalía, Policía o Ejército.
Por el contrario, las propuestas de las comunidades van más allá de la militarización y tocan temas puntuales y de fondo como planes de sustitución y financiación de proyectos productivos, al mismo tiempo que ven con urgencia el tema del fortalecimiento organizativo y de acompañamiento de las comunidades al ejercicio de control territorial que llevan adelante la Guardia Indígena y las Autoridades de los resguardos.
Aunque en los próximos días se seguirá en asamblea permanente, y se tiene proyectado realizar una gran minga de control territorial, lo primero por acometer pasa por el acompañamiento a las familias de las víctimas y la siembra de los Guardias y la Gobernadora que recién había sido nombrada en su cargo el 21 de junio del presente año.
Una situación que refleja la crisis del país
La situación del norte del Cauca es crítica. El 31 de octubre se supo de una nueva masacre en zona rural del municipio de Corinto, en donde encontraron a cuatro personas asesinadas con impacto de bala; de acuerdo con versiones de la comunidad, los cuerpos tenían signos de tortura y degollamiento. Al mismo tiempo, en Caloto fue encontrado otra persona asesinada. Las víctimas aún no han sido identificadas.
Esta realidad que padece esta región, como muchas otras del país, tiene que ver, entre otros, con el megaproyecto del narcotráfico, el mismo que genera disputas por el control de tierras, rutas y plantaciones, lo que se traduce en la consolidación de poderes que manejan economías en miles de millones y se mueven sin ningún problema bajo las narices del Estado colombiano, pues no se puede negar que la presencia militar en el sur del país es alta y sin embargo no son obstáculo para que los actores de este poder cumplan con sus cometidos. Como es evidente, el narcotráfico es útil para la atomización social, para la ruptura de tejidos sociales, para el control violento de territorios, para limitar la acción social alternativa. El narcotráfico es un claro enemigo de otro modelo de sociedad, uno distinto al imperante.
Una guerra de exterminio contra los pueblos indígenas. Es evidente que lo que hay detrás de estos asesinatos y ataques contra los pueblos indígenas, responde a un plan de despojo de tierras para los negocios económicos de toda índole, pues no se puede negar que de lograr el desplazamiento de comunidades enteras a ciudades o pueblos intermedios eso ayudaría a la entrada y consolidación de la industria del narcotráfico, así como de otras multinacionales, unas y otras con los ojos puestos en estas tierras donde podrán explotar diferentes recursos naturales y ejercer un control territorial que les permita satisfacer sus propósitos. Política de exterminio que es de carácter global, pues si miramos otras geografías encontraremos el mismo fenómeno de asesinato permanente y selectivo contra pueblos que habitan en la ruralidad.
Colombia es un país envuelto en un luto permanente, luto que se impondrá y seguirá ampliándose si no encontramos espacios de articulación real entre organizaciones sociales y habitantes del país nacional, espacios que evidentemente deben trazar caminos propios, de mediano y largo plazo, a través de los cuales logren configurar otros referentes de vida y otras formas para administrarlas, todo lo cual no es posible realizar si el centro y referencia es el poder gubernamental imperante desde dos siglos atrás. Un reto mayúsculo que demanda imaginación, instalación de espacios para el diálogo común, la puesta en marcha de experiencias concertadas para otra economía posible y con ello, para otra democracia necesaria y factible. Hay que romper el luto, dando espacio a la vida, y ésta depende de la calidad de nuestros sueños y de nuestra audacia para hacerla realidad.
Fuente:
4. Una nueva masacre en el Cauca colombiano deja un saldo de cuatro personas muertas
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció que tomarán "medidas adicionales" para combatir a los "narcotraficantes".
Manifestación en Bogotá por el asesinato de indígenas en el Cauca, el 30 de octubre de 2019. Luisa Gonzalez / Reuters
Hombres armados asesinaron a cuatro personas en el municipio de Corinto, en la segunda masacre de la semana registrada en el departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia.
El coordinador del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), José Sauca, informó a El Espectador que los cuerpos encontrados en la vereda Santa Elena de Corinto tendrían huellas de tortura y que habrían sido degollados.
Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, manifestó su rechazo por el asesinato de cinco personas, en referencia al homicidio de otra víctima en la localidad de Guasanó.
"A los narcotraficantes los mueve una codicia tal que ninguna vida les merece respeto, pero nunca han podido ni podrán doblegar a los colombianos", tuiteó el ministro, agregando que tomarán "medidas adicionales".
Guillermo Botero ✔@GuillermoBotero · 19h 1/2 A los narcotraficantes los mueve una codicia tal que ninguna vida les merece respeto, pero nunca han podido ni podrán doblegar a los colombianos. Rechazamos el vil asesinato de 5 personas en Corinto Cauca. 2/2 Comandante de @FuerzasMilCol y Comandante de @COL_EJERCITO se trasladan en este momento a la zona para adelantar actos prioritarios. Mañana estaremos en el Cauca, tomando medidas adicionales. El narcotráfico no nos va a doblegar.
El miércoles 30, decenas de personas protestaron en la Plaza Bolívar de Bogotá para exigir #QuePareElGenocidioIndigena, tras la masacre de cinco indígenas, que fueron asesinados el martes cuando realizaban labores de control territorial en una zona rural del municipio de Tacueyó.
Según informó la Asociación de Cabildos indígenas del Cauca, hombres armados dispararon "a sangre y fuego, terminando con la vida de Neehwesx Cristina Bautista (gobernadora indígena) y otros cuatro comuneros".
Indígenas piden la visita de CIDH a Colombia tras masacre ocurrida en el Cauca
Otros crímenes
Ante los recientes hechos de violencia que se han cobrado la vida de líderes de pueblos originarios, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) pidió una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la región y exigió a las autoridades adoptar medidas que permitan "superar la grave situación de emergencia humanitaria, social, y económica" que sufren las comunidades ancestrales en el Cauca.
La más reciente masacre llega tras el anuncio del presidente de Colombia, Iván Duque, de desplegar 2.500 militares en el departamento de Cauca para fortalecer la seguridad en la zona y luchar contra la expansión de narcotráfico.
Duque responsabilizó del crimen del martes pasado a "estructuras del narcotráfico, disidentes, residuales, que lo que han querido es mantener el negocio del narcotráfico y buscar con las armas acallar las expresiones de las comunidades y amedrentar a las comunidades indígenas".
Con una variedad de grupos armados disputándose rentas, rutas del narcotráfico, recursos naturales e industrias legales e ilegales, 777 líderes sociales y defensores de derechos humanos de comunidades han sido asesinados en Colombia desde el 1 de septiembre de 2016.
Fuente:
