JUSTICIA A LA MEDIDA DE ARIAS Y LA PARAPOLÍTICA, ASÍ ESTÁ LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA: CASO ARIAS

Emilio Lagos Cortés

El reciente regreso al país del exministro Andrés Felipe Arias, después de un proceso de extradición surtido ante las autoridades norteamericanas, pone en evidencia una realidad que desde tiempos coloniales se presenta en nuestro país: la justicia opera de manera diferente dependiendo del tipo de persona a quien se le aplica. Es conocido que antes de las revoluciones liberales, los nobles y los plebeyos recibían tratamiento legal diferente, pero lo que parecía bien en tiempos del feudalismo resulta inaceptable en sociedades regidas por el sistema republicano de estirpe liberal que tiene como fundamento el supuesto de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin importar su sexo, etnia, condición económica o confesión religiosa o política.

Sin embargo, el tratamiento del que ha disfrutado el exministro Arias por parte del actual gobierno y su fuerza política, el uribismo, pone en evidencia que en Colombia existe una justicia para Pablo Pueblo, el colombiano común y corriente, y otra para aquellos que hacen parte o gozan de la protección de la élite política y económica que controla el poder en Colombia.

Una serie de sucesos alrededor del proceso del exministro Arias permite sostener lo anterior. En primer lugar, la conducta que el gobierno colombiano y su partido político siguieron frente al proceso de extradición. Resulta exótico ver a un presidente de la república, su vicepresidenta, el canciller y su embajador en los Estados Unidos, haciendo todo lo posible para que un reo condenado por el máximo tribunal de justicia penal no fuera extraditado para que purgue su pena en el país. De manera que el presidente de la república y sus funcionarios, la cabeza del Estado, actúan coordinadamente para que no se cumplan las sentencias emitidas por los tribunales del Estado que presiden. Funcionarios estatales, protegiendo a reos condenados por tribunales estatales, el estado contra el Estado. De ese tamaño es la contradicción. ¡La jefatura del Estado reclamando que no se cumpla el imperio de la ley!

Pero lo anterior es solo el comienzo. Los estados, en su afán por mostrarse como el poder absoluto en la sociedad, se esfuerzan por exhibir a sus delincuentes, los esposan, los muestran ante las cámaras de televisión, en ocasiones con trasmisión en directo. En este caso sucedió todo lo contrario, un vuelo chárter trajo al exministro en secreto; nadie se enteró con antelación de la fecha de la extradición, menos la prensa, ni una fotografía del momento en que la justicia colombiana colocaba sus manos sobre el reo fugado. De manera que pareció más el recibimiento a un político honorable que no renuncia a sus pretensiones presidenciales que a quien durante años usó todo recurso disponible para evadir la acción de la justicia colombiana. Después, habiendo resultado imposible evadir la acción de la justicia, se le envía de nuevo a la Escuela de Caballería como sitio de reclusión, lugar en donde ya estuvo recluido bajo la medida de detención preventiva mientras se le investigaba. Es decir, club por cárcel, a diferencia de Pablo Pueblo que paga sus condenas en esos antros de hacinamiento y enfermedad que en Colombia llamamos cárceles.

https://www.las2orillas.co/wp-content/uploads/2016/08/aportantes.jpg

Pero ahí no para todo, además el partido Centro Democrático, con apoyo del gobierno, anuncia la presentación de una ley a la medida de Arias, la Ley Uribito, que busca abrir una nueva instancia para que revise su condena y le abra las puertas de nuevo a su aspiración presidencial como candidato del uribismo. Pero no es solo el gobierno, parte de la gran prensa asume la condición de defensores de oficio de Arias, Vicky Dávila insiste en el dolor de la esposa y los hijos de Arias, argumento nada jurídico, que ignora que todo condenado tiene una familia que llora la pérdida de la libertad de su ser querido; a su vez, Julio Sánchez reclama la dureza de la sentencia en comparación con las penas contempladas en la JEP, olvidando que esta es producto de una negociación política para parar una guerra.

Sin duda Arias cuenta con una serie de privilegios y poderosos defensores, propios de un miembro de la más poderosa élite colombiana, con los que Pablo Pueblo jamás podría siquiera soñar. Quizá la conciencia de ello fue lo que le permitió salir riéndose tras el debate de moción de censura al que fue sometido en el senado. Sin duda en Colombia, a pesar del rótulo republicano, hay una justicia para los ciudadanos y otra para los miembros más encumbrados de la élite política y económica.

Fuente: https://www.las2orillas.co/caso-arias-justicia-la-medida/

Un juicioso recuento sobre los detalles del caso que de nuevo escandaliza y divide al país

Por: Diana Carolina Abril Giraldo | Julio 16, 2019

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Foto: ariasinocente.com

Por estos días ya todos estarán hartos de ver las mismas noticias sobre el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias en los medios, pero vale la pena tratar de entender lo que entretejió la corruptela que dejó a miles de campesinos por fuera de los subsidios y a los grandes empresarios adentro. Así mismo, vale la pena traer a la memoria un breve resumen de la sentencia de única instancia de la Sala de Casación Penal, dictada por la Corte Suprema de Justicia, el 16 de julio del 2014.

Los factores que se tuvieron en cuenta para emitir la condena y, los cuales están tal cual, descritos en esta se mencionan a continuación.

Comisiones al despacho del Ministerio de Agricultura:

En la sentencia se afirma por parte de algunos testigos, que se tasaron unas comisiones equivalentes al 1 % de los convenios, así:

(…) obtener el 1% para gastos del despacho del ministro, como se infiere de los testimonios de su secretaria privada Andrea Silva y María Claudia Ortiz, quienes informaron que su superior solicitaba, a título de cooperación, un porcentaje de los recursos de los convenios, destinado a cubrir diferentes gastos en un manejo informal similar a una caja menor, registrado en los libros allegados como prueba (..). En cuanto a ese 1 %, se trata de una suma aproximada a $2.870.000.000 con respecto a la suma de los recursos de todos los convenios.

Además, Juan Camilo Salazar Rueda, exviceministro, también señaló: (…) el IICA reconocía al ministerio un monto de cooperación adicional a la estipulada en los convenios, el cual era manejado por Andrea Silva, hecho que explica el interés del doctor Arias Leiva en la permanencia del doctor Caro Crapivinsky como representante del IICA en Colombia, según lo hizo saber al superior de éste, en documento aportado al juicio (…).

Distribución de dineros:

Según la sentencia y a través de los testimonios, la distribución y aplicación de los subsidios siempre se hacía por decisión del exministro Arias.

El manejo de los dineros de cada convenio, su distribución y aplicación, siempre fue decidida por el ministro a través del Comité Administrativo de esos acuerdos, como surge de los testimonios del director de AIS Juan Camilo Salazar Rueda y de la secretaria privada Andrea Silva (…).

Afectación al patrimonio estatal:

La afectación al patrimonio estatal asciende a la suma de $4.731.782.566, por el convenio 003 de 2007; $6.413.963.729, por el convenio 055 de 2008 y $4.356.420.096, por el convenio 052 de 2009. Para un total de $15.502.166.391.

Sin embargo, algunos devolvieron dineros con el fin de no ser judicializados, pese a ello la suma mencionada por la Corte es la aproximada y a la fecha de la sentencia, 16 de julio de 2014, se hace referencia a un valor mucho más alto, según el monto de los beneficios a las empresas y personas naturales.

Familias y empresas beneficiarias según la sentencia:

José Francisco Vives Lacouture $ 2.717.205.402

CI Banapalma S.A. $ 4.951’848.968

Alfredo Lacouture Dangond $ 5.255’225.862

Orlandesca S.A. $ 1.233.422.154

Biofrutos S.A. $ 857.013.130

Inverjota S.A. $ 1.095’782.244

Daabon $ 2.634’703.151

Agroindustrias JMD $ 1.095’782.244

Inagros S.A. $ 1.283’063.759

Almaja S.A. $ 844.694.232

Riveros Páez $ 2.001’988.951

Las anteriores personas y organizaciones, a excepción de las empresas Daabon y Agroindustrias JMD, devolvieron los aportes de la convocatoria de 2009, por un valor total de $747.039.070. La primera empresa devolvió $440.085.500 y la segunda, $306.952.570. Así pues, el total general de subsidios otorgados, según la Corte, correspondió a $25.087.449.066 y no a los $25.834.488.136 fijados por la Fiscalía en el inicio de la acusación.

De tal modo que la cifra correcta y rectificada por la Corte Suprema de Justicia corresponde al 9 % del total de subsidios otorgados en las tres convocatorias y habría podido beneficiar a 25 087 campesinos otorgándoles de a millón de pesos a cada uno. Sin embargo, a la fecha, no hay una lista actualizada y pública de empresas o personas naturales que se hayan quedado con los beneficios o de los que devolvieron dineros de manera posterior a la sentencia. En la página web histórico de la presidencia no se puede acceder a los enlaces.

De acuerdo con los siguientes apartes, copiados de la sentencia, el exministro Andrés Arias sabía lo que hacía y lo que no:

En virtud de los convenios celebrados para ejecutar las convocatorias de riego y drenaje el ministro Arias Leiva diseñó y aprobó los términos de referencia de lo que serían las convocatorias y dispuso la forma de hacer la entrega de recursos. Además, (…) el doctor Arias Leiva, refieren sus cercanos colaboradores, tenía un estilo microgerencial, estaba muy al detalle de las cosas, a la minucia, a la cifra, pedía explicaciones, tenía gran “capacidad de retentiva, de análisis y de memoria, era digno de admirar”, según el testimonio de Javier Enrique Romero Mercado, exdirector de Desarrollo Rural del Ministerio.

Por otra parte, Carlos Manuel Polo intervino como “experto” en dos etapas decisivas del proceso de evaluación de los proyectos fraccionados y que se reprochan al ministro (…) exfuncionario del ICODER, por nombramiento del doctor Arias Leiva y miembro del grupo político del senador Luis Eduardo Vives Lacouture, participó como contratista del IICA y miembro de la Unidad Coordinadora de AIS en la evaluación y declaración de viabilidad de los proyectos cuestionados y, según el testigo Vives Caballero, era quien “jalonaba los proyectos viables” (…). El ministerio a cargo del doctor Arias calificó todos los proyectos, pues fue Carlos Polo quien como miembro de la Unidad Coordinadora controló la calificación que correspondía hacer a la Unidad Ejecutora del programa.

Cabe mencionar que el exsenador y testigo Luis Eduardo Vives Lacouture, en el año 2008, fue condenado a 84 meses por parapolítica.

La Corte también expresó en la sentencia las siguientes afirmaciones:

Sobre el particular (Arias), la Fiscalía demostró que como en el caso de sus inmediatos colaboradores, frente a quienes ensayó el expediente de adelantar una defensa monolítica, el doctor Arias Leiva acudió a los beneficiarios de los subsidios reprochados, reunidos en Cartagena con ocasión del congreso de palmicultores, para indicarles que no dieran declaraciones a la prensa pues él se encargaría de dar las explicaciones correspondientes.

Ese no es el proceder de un Ministro de Estado que se sabe ajeno a cualquier irregularidad en la adjudicación de subsidios, que ya para ese momento evidenciaba las situaciones denunciadas por la revista Cambio en su ejemplar 847 del 24 de septiembre de 2009. Tanto es así, que no se efectuaba acción alguna que no contara con su aprobación y tenía, además, capacidad decisoria final, dada su intervención en los comités administrativos donde se aprobaban los listados de beneficiarios y se definía hasta qué proyecto subsidiar. Decisión cuya importancia fue precisada por el viceministro Arbeláez Soto al señalar: “…para dejar claro, sin la aprobación del comité no había beneficiarios”.

La condena del exministro Arias de acuerdo con la sentencia:

Según la Procuraduría General de la Nación, Arias está condenado a una multa de 50.000 s.m.l.m.v., a prisión de 17 años, 1 mes y 19 días e inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Por su parte en la Sentencia de la Corte, dice taxativamente, así: (…) A las penas principales de 209 meses y 8 días de prisión, multa de 50.000 s.m.l.m.v., e interdicción de derechos públicos por el mismo lapso de la pena principal y, además, a la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas (…). En cuanto a la multa, el monto total de lo ilegalmente apropiado en favor de los particulares ascendió a $25.087’449.066, que excedió el límite mencionado (…). Es decir, fue tasado por la Corte con el salario mínimo de 2008, $461.500.

Conclusiones de la sentencia:

Teniendo en cuenta los apartes referidos de la Sentencia de la Corte resulta evidente que el ente investigador y acusador principal fue la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Viviane Morales para ese entonces, y quien fue la aportante de todas las pruebas. Inclusive imputó a Arias por otro delito: concurso homogéneo de punibles de peculado por apropiación en favor del IICA y la Corte lo absolvió. Ahora, la exfiscal es embajadora en Francia, nombrada por Duque, al igual que el exprocurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien inhabilitó a Arias por 16 años y en la actualidad es embajador de Colombia ante la OEA, igualmente, nombrado por Duque.

De tal manera que se hace imposible pensar sobre el complot del que hablan por parte de la izquierda, con el fin de hacerle daño al uribismo y, aunque la esposa y los aliados de Arias afirman que este no se robó un peso, según las evidencias mencionadas en la sentencia, el exministro, recibía comisiones y, de cierta forma, permitió, y, no impidió que los “terratenientes colombianos” aumentaran su patrimonio unos milloncitos más, y a su vez, impidió que los que necesitaban de los subsidios perdieran muchas posibilidades. Es así como traigo a colación una frase que dice: “robar no es solo meter la mano al bolsillo, hay muchas maneras más”.

Así las cosas, es indiscutible que la izquierda no incidió y, que la decisión de la Corte se basó en una variedad de pruebas documentales y testimonios en contra del exministro. Por tales motivos, sería casual que todos los allegados a Arias en su momento se pusieron de acuerdo con la izquierda o entre ellos mismos para poder hundirlo. Aunque en esta última parte, reservo mi opinión… Es por ello por lo que la decisión fue tomada por la Corte, según lo determinado en la normatividad penal, en la que en esta ocasión merece aplicar un tanto el principio general dura lex, sed lex.

Pues bien, a pesar de que algunos difieren y afirman que la condena de Arias fue muy laxa. Cabe agregar en ese sentido, que hay una entrevista realizada al asesino y violador, Luis Alfredo Garavito por Jon Sistiaga del canal #0 de España, quien le afirmó a Garavito: “Sale muy barato matar 200 niños”, a lo cual, el condenado, respondió: “sí, estoy de acuerdo, para lo que hice es muy poco”. Aunque se trata de situaciones y contextos diferentes, se puede utilizar tanto la afirmación como la respuesta en todos los ámbitos, y el ejemplo de ello es que, para este caso, sale barato para el que ocasiona o permite la afectación al patrimonio estatal, en comparación con el costo que representa al Estado y a la sociedad civil.

Asimismo, en la sentencia de la Corte se aduce que la Fiscalía no pudo comprobar la conducta dolosa, que según el artículo 22 del Código Penal que se refiere: “la conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar”. Contrario a dicha conducta, la encasillaron en una conducta culposa que según el artículo 23 del Código Penal dice lo siguiente: “La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo”. Es decir, esta última es menos grave que la conducta dolosa. Aunque el artículo 22 es claro en mencionar: “También será dolosa cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar”.

Por lo tanto, a Arias se le condenó según el artículo 410 del Código Penal por la celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. “El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses”.

Paralelamente, Arias fue condenado por peculado por apropiación, delito estipulado en el artículo 397 del Código Penal que agrega: “El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos setenta (270) meses, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término”.

En cuanto al inciso primero del anterior artículo, se menciona: “Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de multa no superará los cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (…). Con respecto a los 200 salarios mínimos de apropiación, si se toma el valor de afectación al patrimonio establecido por la Corte, sería el equivalente a 33 591 s.m.l.m.v., mientras que, según los apoyos recibidos por las empresas y personas naturales mencionados en la sentencia, equivalen a un total de 54 361 s.m.l.m.v. (al año 2008) y 272 veces más de lo establecido como apropiación en el Código Penal.

En definitiva, se trata de un resumen de la sentencia para que lo analicen y saquen sus propias conclusiones. Por lo demás, es de saberse que algunos de los magistrados firmantes de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia en contra de Arias están siendo investigados, pero hasta el momento no se ha emitido sentencia alguna. Por ahora lo que sí es un hecho es que el exministro Arias está condenado por la Corte y, de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, tiene una inhabilidad para contratar con el Estado hasta el 17 de junio de 2024 y para desempeñar cargos públicos hasta el 15 de julio del mismo año. Lo que significa que, de todas maneras, dentro de cinco años podrá tener a cargo otro ministerio, ser congresista o lanzarse a la presidencia si así lo quisiese, gracias a que no se demostró conducta dolosa de su parte. Y, si logran llevar a cabo el proyecto de ley Arias, que permita una segunda instancia, es posible que salga mucho antes y pueda “seguir en la piña”, como dicen en la Costa Caribe.

Fuente: 

https://www.las2orillas.co/andres-felipe-arias-culpable-o-no/

4. La política agraria es plutocrática y de amigotes

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate sobre Agro Ingreso Seguro (AIS), plenaria del Senado, 27 de octubre de 2009.

Este es un debate en el que demostraré, con abundancia de cifras y de análisis, que el gobierno nacional tomó los escasos recursos del sector agropecuario, porque son bien escasos, y los distribuyó de una manera concentradísima, en beneficio de unos pocos muy poderosos, a quienes les dio mucho, mientras que a casi todo el resto de los colombianos no les dio nada y a unos cuantos tan solo alguna cosa.

Demostraré también cómo entre los favorecidos por esta lógica plutocrática de distribución de la riqueza nacional aparecen cuarenta y cinco financistas de la campaña electoral del presidente Uribe, que recibieron recursos de Agro Ingreso Seguro por la módica suma de 33 mil millones de pesos, sin contar a los cotizantes del referendo reeleccionista. Demostraré también que los doctores Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández son los responsables de este desastre. Y mostraré cómo hubo incluso graves hechos de corrupción: tres proyectos que habían sido declarados como no elegibles por técnicos del IICA-OEA fueron resucitados, de manera a mi juicio ilegal e irreglamentaria, para beneficiar nuevamente a la familia Dávila Jimeno, de Santa Marta, que ya había recibido otros cuatro regalos de Agro Ingreso Seguro. Y demostraré también, y esto probablemente sea lo peor del asunto, que esto sucede en el mismo momento en el que el sector agropecuario se hunde en una de las peores crisis de su historia. La política agropecuaria del gobierno del presidente Uribe, como puede demostrarse hasta la saciedad, es absolutamente desastrosa.

Empecemos citando una frase de Daniel Samper Pizano que, aun cuando pueda sonar extraña, es de mucho fondo. Les pido a ustedes que la mediten de manera tranquila. Dijo Daniel Samper Pizano, refiriéndose a este escándalo de Agro Ingreso Seguro: “Parece que la corrupción encontró formatos reglamentarios”, “parece que la corrupción encontró formatos reglamentarios”.

Por un modelo agrario de tipo dual

Lo segundo que quiero señalar son unas advertencias. Este no es un debate contra la producción empresarial. No es un debate contra el empresariado del sector agropecuario. Es sabido por mis debates en este Congreso y por cerca de 25 años de luchas en el sector y por mis libros y por muchas cosas más que yo nunca me he opuesto a que haya en Colombia producción empresarial. Siempre he defendido lo que he llamado modelo agrario de tipo dual. Necesitamos una economía de empresarios prósperos respaldados por el Estado y, a la vez, una economía de campesinos e indígenas prósperos respaldados por el Estado. Sí creo por lo demás que, en el caso del empresariado, hay que tener un especial cuidado en respaldar la pequeña y mediana producción empresarial.

Este es un debate que en muy buena medida apunta entonces es a hacer una discusión entre plutocracia y democracia. Plutocracia, el gobierno de los magnates y de los poderosos, y la democracia, el gobierno del pueblo. Lo que voy a demostrar hasta la saciedad es que aquí se ha instalado un proyecto de tipo plutocrático, en la lógica de los monopolios, del capitalismo salvaje, un proyecto que además no es capaz de desarrollar a Colombia. Cómo sacar a Colombia del modelo económico inviable al que estamos sometidos, este es el gran debate hoy en el país. ¿Va a salir adelante el país con una economía de tipo plutocrático, con una economía de los monopolios, de las roscas de tres o cuatro personajes que se quedan con todo?

Tampoco me opongo por razones de principios a ningún cultivo. Pienso que en general todos los cultivos son bienvenidos, pero por supuesto, en la medida en que contribuyan positivamente al desarrollo nacional.

Y hago una última advertencia, que es clave. Este no es un debate contra el respaldo del Estado a la producción agropecuaria. Buena parte de mis discusiones en torno al tema del libre comercio tienen que ver con la debilidad del respaldo del Estado colombiano al sector. Pienso que el Estado está en la obligación de respaldar con aranceles, con subsidios, etcétera, la producción agropecuaria de todos los sectores, pero siempre y cuando ese apoyo estatal contribuya a desarrollar la economía nacional y no se convierta en el negocio de unos cuantos amigotes que, mediante el respaldo del Estado, logren salvarse de las desgracias nacionales mientras se hunde el resto de los colombianos.

La pobreza en el campo es abrumadora

Veamos cuál es la situación del agro colombiano. Mientras estamos congregados aquí, 50 mil familias de productores agropecuarios, casi todas ellas pequeñas y medianas, sufren el estrés de ver cómo les avanzan procesos ejecutivos por parte de la banca por deudas que no han podido pagar y que pueden terminar quitándoles la propiedad sobre sus casas y parcelas.

¿Cuál es la situación del agro colombiano? Bochornosa, senadores y colombianos. Pobreza de más del 65 por ciento. Indigencia de más del 30 por ciento. Treinta de cada cien habitantes de las zonas rurales que todas las noches se acuestan a dormir con dolor de estómago, no porque hayan comido mucho sino porque no comieron nada.

El desempleo, sumado al subempleo, llega al 37 por ciento del total. Y el ministro de Agricultura se ufana por esas cifras con el alegato de que podrían peores. Claro, señor ministro, le acepto que podrían peores, pero dejando en claro que no son buenas. Y además, quienes algo entendemos de estos asuntos sabemos que el análisis técnico sobre las cifras del desempleo debe ser visto con cuidado, porque lo que más preocupa en la lógica técnica y económica del agro de cualquier país no es tanto el desempleo como los bajos salarios. Y aquí lo que tenemos es que cerca del 70 por ciento de los trabajadores rurales gana menos de un salario mínimo. Es otra cifra que impresiona.

En el solo gobierno del presidente Uribe, colombianas y colombianos, han sido desplazados de las zonas rurales de Colombia más de dos millones de compatriotas. Y han sido desplazados, son las cifras de Acción Social, en parte por la violencia, pero a mi juicio sobre todo por la pobreza, por la miseria, por la falta de oportunidades.

En consecuencia con lo anterior, hay una feroz concentración de la tierra. El Índice de Gini, un índice de tipo técnico para medir el grado de concentración de la tierra, revela que tenemos una de las peores del mundo, que oscila entre 0,875 y 0,91. Para darles una idea de la gravedad de lo que estoy exponiendo, en Corea el índice de Gini es de 0,35 y en Japón de 0,40. Luego aquí los doblamos en ese indicador, estrechamente relacionado con la democracia económica.

Y la concentración ni siquiera sirve para aplicarla de manera productiva. Colombia tiene hoy nueve millones de hectáreas de tierras de calidad agrícola, con aguas y gente capaz de ponerlas a producir, pero que están en rastrojos o dedicadas a la ganadería extensiva, porque el sistema económico impide que esas tierras entren a la producción.

El área bajo cultivo, es decir, el número de hectáreas agrícolas es hoy inferior al de 2002. Pasamos de 3,74 millones de hectáreas en producción a 3,5 millones en el gobierno del presidente Uribe. En estos casi ocho años el agro colombiano ha crecido todo el tiempo por debajo del promedio nacional y con una diferencia bien notoria. Peor le va al agro que al resto de la economía.

Las exportaciones, y nos han dicho que el colombiano es un modelo exportador, son otro fiasco de la política agropecuaria. En el año 2002, Colombia exportó 4,3 millones de toneladas de productos del agro, y en el 2008, 4,4 millones de toneladas, apenas, cien mil toneladas más después de casi una década, pero con este agravante: entre el 2005 y el 2008, las exportaciones descendieron en diez por ciento.

Si miramos por el lado de las importaciones, la otra cara de la moneda, ¿qué encontramos? El presidente Uribe llegó a la dirigencia del Estado con un país que importaba seis millones de toneladas de productos del agro y hoy estamos importando casi diez millones de toneladas, que reemplazan el trabajo de nuestros productores por el trabajo de los gringos y de los extranjeros, importaciones que les niegan a nuestros compatriotas el derecho que sí les otorgan a quienes no nacieron en estas tierras.

Como si fuera poco, lo que impera es una política agraria sesgada hacia la concentración, como lo voy a demostrar. Y además, de otra manera, porque vienen persiguiendo a los campesinos productores de leche con el embeleco de las normas sanitarias, y a los campesinos productores de panela, con el pretexto de las normas sanitarias, y a las gallinas campesinas, con el pretexto de las normas sanitarias. Y van cerrados 500 mataderos municipales en una operación que apunta a concentrar el sacrificio del ganado en manos de unos cuantos monopolios.

Peor, senadores y colombianos, absolutamente imposible. Luego queda claro que la política de Agro Ingreso Seguro podrá enriquecer a unos cuantos compadres del gobierno, pero no dinamiza la economía agraria colombiana.

Recursos muy escasos para el agro

El otro aspecto que quiero mencionar en los prolegómenos del debate versa sobre otro asunto que es clave. Así se hable de cifras de millones y se las infle y se las manipule para transmitir la idea de que el gobierno le da mucha plata al agro, los recursos del sector son muy escasos. Demos un ejemplo simple del sesgo antiagrario. Mientras el agro colombiano contribuye aproximadamente con el 12 por ciento del PIB nacional, al agro apenas le llega el 3 por ciento del total del crédito de Colombia. Luego está claro que hay un sesgo en cuanto al crédito, y podríamos demostrarlo en otros campos, dirigido contra la yugular del sector agropecuario, que en buena medida funciona con el crédito de los agiotistas, que se aprovechan de que el Estado no respalda a los agricultores como debiera.

Voy a explicar de otra manera la debilidad del respaldo al agro. Ministros y exministros se han llenado la boca diciendo que Agro Ingreso Seguro son 316 mil operaciones. Y repiten y repiten la cifra, y algunos inocentes pensarán que es mucho. Pues bien, primero que todo son 316 mil en tres años, lo que da cien mil operaciones por año. ¿Y cuando los desagregamos, qué encontramos? Que en el caso de los créditos, son solo 80 mil en tres años, menos de 30 mil al año. Lo que quiere decir que en un país de más de mil municipios, son treinta créditos por municipio. Y sobre este monto tan exiguo sacan pecho el ministro Fernández y el exministro Arias, jactándose de lo mucho que quieren a la gente que trabaja en el agro. Y si miramos el caso el Incentivo a la Capitalización Rural, ICR, otro importante mecanismo, tenemos solo 7 mil por año, siete por municipio. Y esto nos lo presentan como una contribución al desarrollo agropecuario. Luego resalto también, y esto es muy importante en el debate, que estamos discutiendo sobre cómo se distribuyen unos recursos del Estado que son tremendamente escasos. Y como son tremendamente escasos, se vuelve fundamental, colombianos, discutir cómo se distribuyen. Porque si aquí hubiera plata para todos, no importaría tanto que se estuviera hablando de que a algunos grandes productores se les está respaldando en cantidades desproporcionadas, porque algo les tocaría a los demás. Pero cuando estamos hablando de cien mil operaciones al año y tenemos en Colombia dos millones setecientos mil predios rurales, ¡dos millones setecientos mil!, y hay solo cien mil operaciones de respaldo de Agro Ingreso Seguro, lo que debemos concluir es que la casi totalidad de productores del agro trabaja con las uñas y que si aún subsiste alguna producción agropecuaria, no se le debe a la política ni al respaldo del gobierno nacional, así en la vicarías de los partidos tradicionales cobren en votos los ministros los cuatro pesos que reparten, previo respaldo político a quien llega a repartir esos supuestos favores.

El modelo Carimagua: el modelo malayo

Entrando ya en materia, ¿de qué se trata este debate? El debate se trata de cómo repartir esa exigua riqueza que el Estado les transfiere a los sectores agrarios. Este es un debate que desarrolla en últimas otro que hicimos hace poco más de un año, el de Carimagua. Lo que se está aplicando en Colombia, colombianos, es lo que hemos llamado el modelo Carimagua, o el modelo económico Transmilenio, o el modelo económico de tres canales de televisión escogidos a dedo, o el modelo de no más tres empresas de telefonía celular, el modelo del monopolio, el modelo económico de la concentración de la riqueza. Y eso es Carimagua. 17 mil hectáreas del Estado, que se les debían entregar a centenares de familias campesinas, y quienes toman las decisiones resolvieron que solo se le entregarían a una persona. No a diecisiete personas de a mil, ni treinta y cuatro personas de a 500 hectáreas. Todas, las 17 mil, a quien primero fuera capaz de demostrar que había tenido ingresos agrarios en los años anteriores por 50 mil millones de pesos. Entre los que intentó quedarse con el negocio estuvo un tío del señor ministro de Hacienda, quien tiene en sociedad en los alrededores de Carimagua una finca de 6.300 hectáreas. Lo que definieron fue la lógica de concentrar la propiedad y la riqueza en manos de unos pocos, mientras se le negaba a un número importante de campesinos.

Robin Hood, pero al revés, dijeron las caricaturas de esos días, en que el doctor Arias aparecía con su flecha quitándoles a los pobres para darles a los ricos. Y estoy hablando de los ricos de verdad, no de los pequeños y medianos empresarios que a duras penas se ganan la vida.

Y en esos días el doctor Arias, en el tono que le es característico, nos gritó en Hora 20: “En el debate vamos a demostrar el camino que debe seguir Colombia en el desarrollo del campo”. En el debate de Carimagua dijo eso: vamos a demostrar el camino que debe seguir el desarrollo del agro. Y lo llamó el modelo de la “empresarización”, y vamos a ver que es mejor llamarlo el modelo plutocrático de la concentración de la riqueza en productores de tipo monopolístico.

En esos días se aprobó aquí la mal llamada Ley de Desarrollo Rural, porque son expertos en llamar las cosas con nombres efectistas. En los debates, el señor Procurador General de la Nación advirtió cómo era una ley que apuntaba a generar un agro de fuerte concentración de la riqueza, incluso abierto para que los empresarios extranjeros y las trasnacionales se quedaran con las tierras de Colombia. Afortunadamente, la ley se hundió. Y por los mismos días, en entrevista con María Isabel Rueda en la revista Semana, el doctor Andrés Felipe Arias dijo probablemente la frase más retardataria que se haya oído en Colombia: que no se les debía dar tierra a los campesinos colombianos, porque según la experiencia –no leo la cita completa pero aquí la tengo y estoy seguro de que no la interpreto mal–, si se les daba, terminaban convertidos en guerrilleros o en paramilitares, pensamiento que a mi juicio entra a la antología de las frases retardatarias de la historia de Colombia.

Y agregó el doctor Arias que aquí lo que había que aplicar era el modelo malayo, un modelo de economía muy exitoso, según él. Y yo me fui y busqué mi libro de geografía y me puse a averiguar qué era el modelo malayo y qué era lo que pasaba en Malasia. Y me encontré con que Malasia es un país del Lejano Oriente gobernado por un rey, que, como suele suceder en las monarquías, es corrupto hasta los tuétanos, y con un Senado de bolsillo, con haciendas de 10 mil hectáreas en promedio, con extractoras de aceite de palma en haciendas de 100 mil hectáreas y con obreros agrícolas tan pobres, que tienen que traerlos de India y Bangladesh, porque en Malasia nadie se presta a trabajar en esas operaciones. Ese es el modelo de desarrollo que le gusta al doctor Arias.

Y no es falso tampoco que llevemos aquí años viendo al presidente Uribe y a los ministros de Agricultura empeñados en entregarle la Orinoquia al capital extranjero y a las trasnacionales. Aquí han traído a los grandes cacaos del mundo a ver cómo les entregan esa porción de Colombia en beneficio, repito, de monopolistas y de trasnacionales. Y recordemos el caso de la confianza inversionista. Lo hemos dicho tantas veces: se privatiza todo en beneficio de los monopolios y las trasnacionales. El Tratado de Libre Comercio se firmó en beneficio de las grandes trasnacionales norteamericanas. Los descuentos tributarios hechos a monopolios y a trasnacionales ya llegan a más de siete billones de pesos al año, suma que al final lleva a que los pobres y las capas medias tengan que pagar más impuestos para respaldar esta operación.

Qué es Agro Ingreso Seguro

¿Cómo es el caso de Agro Ingreso Seguro? Fue un debate que hicimos aquí si no estoy mal en el año 2006 y que tiene mucho que ver con mis debates sobre el TLC. Expliqué por toda Colombia cómo era de absurdo que el gobierno nacional firmara un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque los gringos tenían en ese momento 75 mil millones de dólares al año en subsidios agropecuarios y era imposible que nuestros productores pudieran competirles. El TLC con Colombia les garantizaba a los gringos quedarse con 50 mil millones, y montamos toda una cantaleta. Y la respuesta que se le dio al absurdo no fue dejar de suscribir el Tratado de Libre Comercio, sino inventarse Agro Ingreso Seguro. ¿Cuánta es la plata de Agro Ingreso Seguro para enfrentar los 50 mil millones de dólares de subsidios de los gringos? 250 millones de dólares. 50 mil contra 250. Ya nos dijeron que estos mismos 250 servirán para enfrentar a los europeos, que cuentan con subsidios aún mayores, de 70 mil millones de dólares. El Polo entonces votó en contra de esta ley de Agro Ingreso Seguro, porque entendimos que era demagógica, una ley para engatusar a los colombianos, para endulzarles el oído y ponerlos a respaldar el Tratado de Libre Comercio. Y como si fuera poco el desparpajo, y empezando ya su campaña presidencial, el doctor Arias puso el proyecto dizque Agro Ingreso Seguro. Cuando empezaba una etapa de la historia de Colombia que haría más inseguro que nunca el ingreso agrario, el doctor Arias se inventó un proyecto que se llamaría Agro Ingreso Seguro. Y de allá hasta aquí, millones y millones y millones de veces se ha repetido la frase: Agro Ingreso Seguro, Agro Ingreso Seguro, Agro Ingreso Seguro. Y estoy seguro de que en las zonas urbanas hay millones de despistados que dirán, cuánto diera yo por ser campesino, porque allá el ingreso es seguro.

Y advertí también, y ahí está en los anales del Congreso, y es lo que ha terminado sucediendo, que la plata de Agro Ingreso Seguro no evitaría la ruina del agro pero sí serviría para crear clientelas políticas y gremiales que, a cambio de unos centavos, se prestaran a separar su suerte personal de la suerte de la nación. Si a mí me regalan 500 o mil o dos mil millones de pesos, pues me importa un pepino que el prójimo se arruine, tal vez piensen algunos. Lo advertí oportunamente en los debates que hicimos esos días. ¿Y hoy qué vemos? Vemos el clientelismo hirsuto de los partidos uribistas con los pesos de Agro Ingreso Seguro. Vemos el acto lamentable de unos dirigentes gremiales del empresariado colombiano actuando en el sainete que le hizo el doctor Álvaro Uribe a la campaña del doctor Arias Leyva, en el que el presidente actuó de telonero. Vemos a dirigentes gremiales que deberían estar acompañando las posiciones críticas pidiendo aplausos para el doctor Andrés Felipe Arias, dizque como salvador del agro nacional. Politiquería barata a partir del hambre, de la miseria, de la pobreza del sector agropecuario colombiano.

Lo han denunciado los propios uribistas. Tengo aquí, bien documentadas, algunas denuncias de congresistas uribistas que han señalado que el doctor Andrés Fernández, compañero de pupitre del doctor Andrés Felipe Arias, fue puesto allí como su sucesor para adelantar desde la dirección del Ministerio la campaña electoral del doctor Arias a la Presidencia de la República. Luego en resumen, para lo único que sirve Agro Ingreso Seguro es para esto. Y yo, reconozcamos, me equivoqué un poco en la apreciación que hice, porque dije que no iba a haber ingreso seguro, y realmente me equivoqué, porque sí hay ingreso seguro para unos cuantos compadres cercanos al gobierno nacional. Para ellos sí hay ingreso seguro.

Cifras manipuladas

Cómo es el problema de las cifras de este programa. Es parte del lío que uno enfrenta, colombianos, cuando se discute sobre agro. Se lo puse mil veces de presente al doctor Arias en la Comisión Quinta del Senado. El Ministerio de Agricultura no da cifras; las confiesa. Hay que obligarlo a que las cante. Hay que presionarlo para que acabe dándolas. Casi que hay que someterlo a tortura para que le diga a uno la verdad de lo que sucede en el sector agropecuario. La manipulación es absolutamente descarada, una manipulación que tiene que ver con actitudes políticas repudiables y con la negligencia propia de administraciones como la que padecemos.

Les voy a dar algunos ejemplos de manipulación que ustedes pueden confirmar. Si ustedes entran a la página web del Ministerio de Agricultura encontrarán que allí hay una página de subsidios a la vivienda rural. Y si ustedes hacen una cuenta rápida, les dan que son 26.270 subsidios, de esos centavos que les tiran a los pobres de Colombia para alinearlos electoralmente. Pero si miran con detenimiento, encontrarán que hay muchos repetidos. Hay familias que aparecen con cinco subsidios, con seis, con siete. Y la explicación que nos dan es que está mal hecha la tabla, que hay que contar uno por cada familia. Y entonces cuando se cuenta uno por cada familia, se le reducen a la mitad los subsidios que está cacareando el gobierno nacional. Recuerdo también el día que discutíamos con el exministro Juan Lozano sobre los planes de vivienda. Inflan las cifras, le hice ver, presentando como subsidios lo que son unas simples titularizaciones de 80 mil pesos. Los muestran como la gran cosa y además no cumplen con las metas. Le decía al doctor Juan Lozano que sus medidas se parecían a esas gallinas que ofrecen cien huevos, ponen diez y cacarean trescientos. Esa es en este sentido la política que agencia el gobierno nacional.

Afirma el Ministerio en su página web y en un disco que nos mandaron que Coltabaco recibió un crédito de 958 millones de pesos. Pero Coltabaco-Phillip Morris, señor ministro, en carta que me envió a mí y aquí conservo, asegura que por Agro Ingreso Seguro ha percibido la bicoca de 29.587 millones de pesos. ¿Cómo me explican la diferencia de esas cifras si no es por la manipulación? El caso de Pimpollo, otra gran empresa productora de pollos en Colombia, aparece en la página web del Ministerio, en el documento enviado el 8 de octubre por el Ministerio de Agricultura, recibiendo un crédito de 949 millones de pesos. Pero nosotros tenemos grabada en su momento la página web del Ministerio de Agricultura, donde consta que lo que recibió fueron 4.491 millones de pesos. Y algo parecido sucede con McPollo. Una vez nos dicen que recibió créditos de AIS por 917 millones y otra que lo hizo por cinco mil millones.

El caso del ICR. El Ministerio de Agricultura nos certifica, el 7 de octubre, que Mayagüez, un ingenio azucarero del Valle del Cauca, tiene cuatro ICR y que La Cabaña, otro ingenio azucarero del Valle del Cauca, tiene cinco ICR. Y cuando nos ponemos sobre la jugada, porque la ley prohíbe que haya más de un ICR al año por persona, entonces nos mandan otra respuesta y nos dicen que no, que Mayagüez no tiene sino uno y que La Cabaña no tiene ninguno. La manipulación de las cifras.

Han dicho y repetido hasta el cansancio, 316 mil operaciones de Agro Ingreso Seguro. Y en el primer documento que ustedes mismos produjeron y que colgaron en la página web del Ministerio de Agricultura, cuando se suman las cifras desagregadas, 61 mil de una cosa, 22 mil de otra, etcétera, da que no son 316 mil sino 238 mil. Y cuando yo denuncio que no se corresponde la suma con la cifra total, me mandan otra carta con otras cifras que esta vez sí suman los 316 mil. Otro ejemplo: el Incentivo a la Capitalización Rural me lo pasan de 22 mil a 76 mil, el de Riego y Drenaje me lo bajan de 58 a 33 mil, el Incentivo a la Asistencia Técnica me lo suben de 77 a 121 mil. ¡Qué es esta irresponsabilidad con las cifras del gobierno nacional, haciendo dificilísimo debates como estos!

Y hay un hecho que clama al cielo, senadores. No sé cuantas veces habrán oído ustedes al exministro Arias arguyendo que si se suman los aportes a los pequeños y a los medianos, da una cifra maravillosa. Y lo ha repetido y lo ha repetido y lo ha repetido. ¿Y saben qué descubrí desde hace dos años, y se lo dije al ministro Arias en un debate en la Comisión Quinta del Senado el 18 de septiembre de 2007? Le dije, ministro, la cifra de los medianos productores es tramposa, está amañada. ¿Saben ustedes cómo define el Ministerio de Agricultura a un mediano productor? Aquel que tiene activos que van entre 50 millones y 4.900 millones de pesos. Ese es el rango del Ministerio de Agricultura. Cuando ellos hablan de pequeños y medianos productores, están hablando de productores que van desde cero pesos hasta 4.900 millones de pesos, fraude estadístico que abriga un propósito obvio, el de ocultar como medianos a grandes productores. Porque no me dirán que en la Colombia de hoy alguien con activos de 4.900 millones de pesos no forma parte de los grandes productores. Y esto se lo advertí a Arias hace dos años, y todavía hoy el Ministerio de Agricultura sigue utilizando la cifra para engatusar, para engañar a los colombianos.

Este debate versa sobre la democracia económica

¿Cómo es el tema de la concentración de los recursos, punto central de este debate? Lo que estamos discutiendo no es, colombianos, si les tiran unos pesos a unos pobres, ni tampoco si de algunos de los pocos pesos del Ministerio de Agricultura, algo le toca a los de abajo. Pero claro que algo les toca a los de abajo, porque, o si no, cómo los arrean a las urnas. Pero ya he señalado la proporción en que les toca. Cómo se distribuyen los escasos recursos del Estado es lo que estamos hoy debatiendo aquí. ¿Sí se reparten de manera democrática y generosa con los débiles, preocupados por la suerte de quienes menos tienen? O se reparten con la lógica plutocrática del modelo malayo, del modelo Carimagua, buscando a unos cuantos que todo lo tienen y todo lo pueden para aportarles principalmente a ellos los recursos del Estado. Espero, ministro Fernández, que el debate me lo haga respondiendo a este cuestionamiento y no citando que algo les dieron a unos pobres. Empiezo por reconocerle que a cien mil pobres, de dos millones setecientos mil, algo les han dado cada año, pero esa no es la discusión. El aspecto central es cómo se distribuye la plata, cuánto les toca a unos y cuánto les toca a los otros, por deciles. Claro que el exministro Arias quiere ya prohibirnos que hablemos de pequeños, de medianos y de grandes, porque dizque es una especie de crimen político que estimula la guerrilla. Aquí está prohibido hablar de pobreza, porque si se habla de pobreza y de miseria y de indigencia y de concentración de la riqueza, termina uno de secuestrador o de agente de un gobierno extranjero. Pero este es el debate de la democracia económica. Versa sobre qué tipo de capitalismo vamos a construir, o el capitalismo de los monopolios y las trasnacionales, o un capitalismo relativamente democrático, cuya riqueza se distribuya de una manera que genere menos sufrimientos y más desarrollo. Está probado hasta la saciedad que el capitalismo de los monopolios y de las trasnacionales produce el país de las desgracias que tenemos, el país económicamente inviable que estamos padeciendo, porque Colombia, senadores, ustedes bien lo saben, no es viable económicamente. El país va para un colapso de proporciones inmensas y esta política es la responsable de lo que sucede.

¿Cómo es el problema de la concentración de los recursos, que, repito, es el centro del debate? Espero que nadie vaya a salir con la astucia de argüir que a veinte campesinos de Caparrapí les dio el gobierno no sé qué. No, el debate es sobre la concentración de la riqueza. Voy a empezar citándoles un estudio que hicieron para el Departamento Nacional de Planeación el CEGA, un importante centro de investigaciones agrarias, y la Universidad de los Andes, que no está adscrita al Polo Democrático Alternativo. ¿Qué dicen esas dos instituciones sobre los recursos de Finagro, una de las partes medulares de este asunto? Cito textualmente: “Estos apoyos están altamente concentrados por producto y aun por beneficiario y en menor medida por departamento”. O sea, están concentrados de todas las maneras posibles: en ciertos productos, a favor de ciertas personas y para ciertas regiones. Demos algunas cifras del estudio.

Los créditos redescontados –un tecnicismo que utiliza Finagro, no nos enredemos detallándolo–, año 2002-2007: el 5% de los beneficiarios se quedaron con el 71% de los recursos. Eso es concentración. Cartera sustituta agrícola: a este renglón hay que echarle ojo, porque he oído decir que aprovechando este tipo de crédito, las trasnacionales están cogiendo sus créditos comerciales y los están convirtiendo en créditos subsidiados por el gobierno nacional. Recordemos que los créditos que distribuye el gobierno nacional gozan de subsidios de importancia, lo que los hace muy apetecidos. El Incentivo a la Capitalización Rural, ICR: en el 2000, el 1% de los beneficiarios se quedaba con el 17% de los recursos, ¿y saben qué ocurrió en el 2007, después de cinco años del gobierno del presidente Uribe? Que el 1% de los beneficiarios pasó a quedarse, ya no con el 17%, sino con el 45% de los recursos. Eso es plutocracia, eso es concentración de los recursos del agro. Y sobre el Fondo Agropecuario de Garantías, una institución clave del sector, precisamente la que garantiza los créditos supuestamente de los débiles, que no son sujetos de crédito en el sistema financiero comercial, ¿qué nos dice el estudio que estoy mencionando? Que el 1% se queda con el 45% de los recursos. ¿Y saben cómo es el índice de las garantías pagadas, lo que se llama siniestralidad? Al 1% de los beneficiarios le pagó el Estado el 58% de los siniestros, o sea, el Estado asumió de su bolsillo la plata para favorecer a ese 1%. ¿Y saben cuál es el promedio del crédito siniestrado? 600 millones de pesos, mientras que a un campesino pobre de Colombia le piden hasta lo imposible para prestarle cualquier cien mil o quinientos mil pesos, y no alcanza la plata del Fondo de Garantías. En el caso del Índice de la Cobertura Cambiaria, el 10% se queda con el 62%, en el caso del banano y el 10% se queda con el 41% en el caso de las flores. Está así demostrado que en el conjunto de la política agraria, lo que predomina es la concentración de los recursos, como lo dicen el CEGA y la Universidad de los Andes.

Concentración por cultivos. Señalan los analistas de estas dos instituciones que en ICR la palma se queda con el 33% del total de los recursos. Y repito, no tengo una posición de principios contra la palma, pero alguien me tiene que explicar por qué se queda con el 33% de los recursos. Y les voy a hacer unas comparaciones para que ustedes sepan de qué estamos hablando. En Agro Ingreso Seguro, mientras que el crédito promedio para café es de un millón de pesos, el crédito promedio para palma es de 38 millones de pesos. En el ICR, también de Agro Ingreso Seguro, el proyecto promedio en café recibe 12 millones de pesos, mientras que el de palma, 1.234 millones de pesos. Doce millones contra mil doscientos treinta y cuatro. En apoyo por hectárea, el café recibe 117 mil pesos y la palma, 3.5 millones de pesos. Eso es concentración por producto.

Y miremos el caso de los ingenios azucareros y el de la palma, un asunto hasta ahora no discutido con el rigor que se debiera. Aquí un buen día el gobierno decidió obligarnos a echarle a la gasolina alcohol de origen vegetal y también un día y a la brava nos obligaron a echarle al ACPM agrocombustible de palma. Este es un debate que debe hacerse con toda seriedad, porque les voy a dar un par de cifras que de seguro los van a impresionar. El barril de etanol, el alcohol carburante que producen cinco ingenios azucareros del valle geográfico del río Cauca, nos cuesta, en costos, 142 dólares el barril. Ese mismo barril de gasolina, en costos, calculándole el precio de oportunidad y todas las arandelas que le ponen aquí para inflarnos el precio, nos cuesta 56 dólares. 142 dólares contra 56, y esto no se ha discutido con seriedad. No me opongo por principios a que exista este tipo de negocios, pero que nos expliquen cuál es su lógica económica, por qué un país de pobres como Colombia está obligado a consumir unos combustibles que figuran entre los más caros del mundo. Y hay evidentes fenómenos de concentración.

Aprovecho para denunciar otro hecho, un problema extremadamente grave sobre el que no he recibido respuesta satisfactoria de ningún ministro y que espero que la Contraloría General de la República mire con detenimiento. El año pasado, por estas alturas, el doctor Kalmanóvich, excodirector del Banco de la República, explicó que los precios del alcohol estaban inflados, porque la fórmula, según él, montaba sospechosamente esos precios sobre la base del azúcar refinado, cuando lo obvio, porque es lo técnico, era hacerlo sobre los del azúcar crudo. Y el Ministerio de Minas, cogido con las manos en la masa, salió corriendo y cambió la fórmula, aceptando lo planteado por el doctor Kalmanóvich. Pues bueno, partiendo de los datos del Ministerio de Minas, en mi oficina hicimos las cuentas de cuánta plata perdimos los colombianos por el errorcito de la fórmula, que pudo ser por negligencia, pero también por corrupción. ¿Saben cuánto nos costó en ocho meses, entre el año pasado y este? 32 millones de dólares, que el gobierno les dio a cinco grandes empresas del sector agropecuario, un hecho que no ha sido explicado de ninguna manera por el gobierno nacional, como ha debido hacerlo, y que en otro país hubiera costado la caída del ministro, por lo menos por negligente, porque cómo no se da cuenta de un error de este calibre que nos cuesta 32 millones de dólares a los colombianos.

Concentración de los recursos en AIS

Empecemos a examinar cómo es la concentración de los recursos en Agro Ingreso Seguro, una parte de los programas del Ministerio de Agricultura. Las siguientes son cifras entre el 2007 y el 2009. En el caso del crédito, con importantes subsidios que pueden ser del orden del 20%, el 7% de los beneficiados por 85 mil créditos se quedan con el 70% de los recursos; 161 créditos mayores de mil millones de pesos se quedan con 416 mil millones de pesos y 79 mil créditos inferiores a 20 millones se quedan con otra suma parecida. O sea, es la misma la plata para 161 que para 79 mil. 37 mil créditos entre 5 y 10 millones de pesos se quedan con 237 mil millones y 50 créditos mayores a 3 mil millones se quedan con 220 mil millones de pesos, una cifra parecida a la anterior. Eso es concentración de los recursos del sector agropecuario para beneficiar a unos pocos. Estas son las cifras que hemos logrado desentrañar.

En el caso del ICR, con un subsidio del 40% para el afortunado, junto con 76 mil, que logre conseguirse ese incentivo, que es como ganarse el Baloto, las cifras son estas: 1.108 se quedan con el 50 por ciento de los recursos y 75 mil con el otro 50% de los recursos, una lógica plutocrática que no le permite avanzar a Colombia. Nos precisan también el Cega y la Universidad de los Andes que se concentran por departamentos. Y voy a darles algunas cifras de la concentración por departamentos de Agro Ingreso Seguro. En el departamento de Bolívar, un solo beneficiario de AIS se queda con el 83% de la plata; en el departamento de Magdalena, únicamente dos se quedan con el 89% de los recursos, es decir, 2.900 millones de pesos; en el departamento de Sucre, apenas uno acapara el 78%; en el Valle del Cauca, cuatro se quedan con el 65%; en Santander, dos se quedan con el 53%. Son las cifras que les estamos dando a los colombianos. En diez departamentos, solo 17 beneficiarios concentran el 45% de los recursos.

En el caso del Certificado Forestal, del cual resultó beneficiada incluso la familia del viceministro de Agricultura, como se ha denunciado, hay un par de cifras que me impresionan. En el año 2008, Tablemac, una gran empresa industrial, cogió ocho Certificados, muy difíciles de conseguir, porque son muy escasos, y se consiguió 1.679 millones de pesos. Y también el año pasado, a una señora en algún departamento del oriente de Colombia le dieron cinco Certificados por 2.800 millones de pesos, cuando todos sabemos que el promedio es bastante más bajo.

Y la concentración del riego, aun cuando puede ser menor que la de los anteriores en términos porcentuales, se ve agravada por todo el cúmulo de denuncias que se han venido conociendo. También están ahí las cifras. 107 beneficiarios concentran 37.000 millones de pesos, el 17% del total, y 129 beneficiarios del subsidio de riego, que es del ciento por ciento, reciben ellos solos más de lo que recibieron todos juntos los departamentos de Cundinamarca, Nariño, Antioquia, Casanare y Córdoba.

Veamos otras concentraciones en crédito. Hay casos infinitos, no terminaría si les entrara a todos los detalles. Me limitaré a dar ejemplos saltones, ilustrativos de lo que estamos hablando. Ya mencioné que Coltabaco, la Philip Morris, ha recibido en tres años créditos por 29.587 millones de pesos. Fue un escándalo que destapó El Nuevo Herald, periódico de Miami. Comparemos ahora ingenios azucareros versus departamentos. Cinco ingenios azucareros recibieron en 2007 créditos por 5.930 millones de pesos, mientras que todo el departamento del Tolima recibió 1.772 millones, 5.930 contra 1.772, y mientras que todo el departamento de Caldas recibió 2.913, 5.930 contra 2.913. Conclusión: cinco ingenios azucareros recibieron tres veces más crédito de AIS que el departamento del Tolima y dos veces más que el departamento de Caldas. Otro caso. En Bolívar, solo dos empresas recibieron en total 4.560 millones de pesos, de un total de 6.199 millones de pesos otorgado en todo el departamento de Bolívar. Luego solo dos empresas recibieron el 73% del crédito de AIS en el departamento de Bolívar.

En ICR, un solo ingenio azucarero del Cauca recibió 500 millones de pesos, el 40% de todo lo que se le entregó al departamento del Cauca, el territorio donde están asentadas gran parte de las comunidades indígenas de Colombia.

Y paso a comentarles el caso probablemente más escandaloso de todos, el de la Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana), que en el 2007 recibió 6.000 millones de pesos en créditos para dos negocios en el departamento del Meta, cuando todo el Meta recibió 17.500 millones. Luego a esa sola empresa le tocó más de una tercera parte del total. ¿Y saben quién es el dueño de la empresa? El doctor Luis Carlos Sarmiento Ángulo. Se queda con un tercio de los créditos subsidiados de AIS para el departamento del Meta, mientras que los maiceros y arroceros del Meta quedan abandonados a su suerte y no consiguen crédito sino en el mundo de los agiotistas. Esta es la cruda realidad, esta es la plutocracia. Lo anterior probablemente explique por qué el doctor Sarmiento propuso en estos días que se reeligiera nuevamente el presidente Álvaro Uribe. ¡Es esto lo que quieren reelegir, colombianos, es esto lo que quieren perpetuar, este el tipo de abuso que vienen cometiendo y quieren seguir cometiendo con Colombia!

Las verdaderas pirámides

Veamos ahora cómo les fue a algunas gentes del agro que le aportaron en el 2002 a la campaña del presidente Uribe. Ministro Fernández –y por ese solo hecho ha debido renunciar–, aseveró usted que eran mentira las informaciones dadas por el periodista Daniel Coronell y por la revista Cambio y por este senador, que señalaban una concentración pavorosa de los recursos de AIS en poder de los contribuyentes a la campaña de Álvaro Uribe. Pues bien, aquí está la lista, uno por uno. No los voy a leer para no hacerme largo. Dieron 549 millones de pesos para la campaña presidencial, cicateros más bien, ¿y saben cuánto les tocó entre regalos, créditos, ICR, etc.? 33.497 millones de pesos. Estas sí son las pirámides de verdad. Le ponen al doctor Uribe 549 milloncitos de pesos y el gobierno se los rebota con 33.497 millones de pesos. Y por supuesto, algo les tocó también a quienes le aportaron generosamente a la recolección de las firmas del referendo reeleccionista. Este es un gobierno que no abandona a sus amigos y que en algo les contribuye para el éxito de sus negocios. Pues bien, le aportaron 128 millones de pesos para su referendo reeleccionista y recibieron 16.549 millones de pesos de AIS. Estas son las verdaderas pirámides que está padeciendo la sociedad colombiana.

Veamos un poco, aun cuando no vaya a detenerme en todos los detalles, porque la prensa ha abundado en ellos. En aras del orden en el debate, me limitaré a recordar cómo es el asunto de los amigotes del gobierno tan denunciados por las revistas Cambio y Semana, por la prensa y por el valeroso periodista Daniel Coronell, precisando cómo es que unas cuantas familias se embolsillaron unas sumas enormes. Yo, por mi parte, voy a demostrar que se embolsillaron la plata de estas escandalosas denuncias porque el doctor Andrés Felipe Arias diseñó el plan para que así pudieran hacerlo.

A la familia del doctor Luis Eduardo Vives Lacouture, que perdió su investidura por graves hechos de parapolítica, su hermano Roberto, su hermana Silvia Rosa, su hermana María Teresa, su hermana Patricia, su cuñada Silvia, su otro hermano Álvaro Luis, el primo y la prima, etc., le tocó la módica suma de 6.985 millones de pesos por concepto de AIS Riego. Todos ellos, por supuesto, cercanísimos políticamente al presidente de la República. Sabemos que le hicieron la campaña. Otra familia, la Dangond Lacouture, aparece premiada con 2.973 millones de pesos, regalados también, según lo denunciaron las dos revistas mencionadas. La familia Dávila (Jimeno), sobre la cual me detendré, recibió la módica suma de 2.212 millones, el padre, la señora, dos hijos y algo, 306 milloncitos de pesos, hasta alcanzó para la novia de uno de los hijos, la reina de belleza doña Valerie Domínguez, a quien pusieron allí para ocultar el espectáculo bochornoso de tanto Dávila recibiendo plata de AIS.

Añade la revista Cambio, y aquí básicamente me he ceñido a las informaciones de la prensa, la familia Tribín recibió 2.140 millones de pesos; la familia Riveros Páez, dos mil millones; la familia Vives (otra), 1.610; la familia Fernández de Castro, 1.413, y la familia Posada Grillo, 1.037, para un total de 8.210 millones de pesos. Como se ve, en el agro el ingreso sí es seguro para ciertos sectores del sector. Tres mafiosos también recibieron su platica, uno por interpuesta persona y los otros dos de manera directa. Es tal el desgreño del Ministerio, que ni siquiera se dan cuenta de que estos hechos suceden, porque no quisiera ni suponer, ministro Fernández, que ustedes sí se dan cuenta y que permiten que sucedan.

El director de la Dian y el director del Fondo Nacional del Ahorro, y podría dar más datos, pero no quiero hacerlo –aquí hay congresistas que saben que podría mencionar más cosas–, montaron un negocio y se consiguieron un ICR de 1.300 millones de pesos. Tuvieron, eso sí, el cuidado de fraccionarlo para poder aparecer como pequeños productores, cuando no lo son, buscando no superar un tope fijado por la ley.

No quiero dejar de mencionar de paso un hecho, un llamado de atención que les hago al Congreso y a los gremios de la economía. La Constitución Política prohíbe los auxilios (parlamentarios), lo que puede conducir a que el Estado se inhiba de respaldar al sector agropecuario. La Corte Constitucional dictaminó entonces que para que esos respaldos puedan darse, se necesita que el detalle (para otorgarlos) sea tramitado en una ley y que se garantice que la selección de los beneficiarios va a ser en condiciones de igualdad. Y la Corte Constitucional ya le tumbó al gobierno un artículo del pasado Plan de Desarrollo, precisamente porque el Ministerio reglamentó unos determinados aportes y la Corte Constitucional advirtió que no podía hacerlo así, por no ser potestad del gobierno nacional sino del Congreso de la República. E insistió en que en la selección tenía que haber condiciones de igualdad. Aquí en cierto sentido lo que estamos presenciando es una nueva versión de los auxilios parlamentarios. Entonces el doctor Arias, como lo vamos a ver ahora con relación al doctor Fernández, se reúne y cuadra las condiciones para que se las ganen determinados personajes. Y después, en el colmo de los colmos, le echan la culpa a una institución que no es la responsable de lo que ocurre.

Responsable el IICA, dice el gobierno

En la parte final me voy a detener en detalle en las familias de la Costa Atlántica beneficiadas por los recursos de riego y drenaje, porque aquí hay mucha tela que cortar y porque es torno a ellas que se ha armado el escándalo. Vale la pena entonces detallar un par de hechos. Una vez que estalló el escándalo, y lo reventaron Daniel Coronell y la revista Cambio, empezó entonces por parte del gobierno una especie de puja por ver a quién ponía a pagar los platos rotos. Y se encontró muy cómodamente con una institución, un instrumento de la OEA llamado el IICA-OEA, y no sé si la habían puesto para eso, probablemente sí, a la que le descargó la culpa. Miren ustedes lo que alcanzaron a decir estos personajes: el doctor Fernández, ministro de Agricultura: “Gracias al trabajo del IICA, los colombianos pueden tener la tranquilidad de que ningún funcionario del gobierno nacional ha tenido injerencia en la adjudicación de recurso alguno para favorecer intereses particulares” (EE, Oct.06.09). El doctor Juan Camilo Salazar, viceministro de Agricultura: “El ministerio no toca un papel (ahora vamos a ver cuántos tocó el doctor Salazar), no evalúa ni un proyecto. El que se encarga es el IICA (…) Hay que dejar claro que el Ministerio no hace entrega directa del subsidio, no califica ni un solo proyecto ni lo ejecuta” (EE, Sept.29.09). Y el doctor Arias, genio y figura hasta la sepultura, nos dijo que ay de aquel que se atreviera a dudar de la OEA. Textualmente: relacionar el riego con platas para el gobierno de Álvaro Uribe “no solo es dudar de la transparencia del IICA-OEA, sino creer que 34 países del continente están al servicio de la causa del gobierno”. O sea, el debate se nos volvió con todo el Continente. Y agregó: dudar de la selección “es dudar de la transparencia del IICA-OEA” (El Tiempo, Oct.08.09).

Es la vieja astucia, digámoslo primero, de señalar que, porque hay un míster, todo está bien. Esa es la lógica. Como hay un míster, todo está perfecto. Los únicos que somos irresponsables y capaces de cometer delitos somos los colombianos. Pues bien, me tomé el trabajo de mirar con lupa este aspecto que les voy a contar. ¿Qué tan cierto es que el IICA-OEA es el responsable de lo que ha pasado? Y otra pregunta: ¿Esa concentración de los subsidios se hizo violando las normas, o las normas mismas autorizaban la concentración, como lo voy a demostrar? Aclaremos, en aras de la precisión, que el IICA-OEA solo tiene que ver en AIS con los recursos de riego y drenaje, pero no se mete en nada de lo demás. O sea, los créditos para los Luis Carlos Sarmiento no se los pueden achacar al IICA-OEA, sino que son hazañas que les corresponden a los doctores Arias y Fernández. Fueron tantos los acosos de estos dos funcionarios echándole el muerto al IICA, que este instituto tuvo que emitir una declaración rectificando. Ustedes saben que las agencias internacionales se cuidan mucho de pelear con los gobiernos, porque no les gusta morder la mano que les da. Aun así, el IICA produjo un documento que dice textualmente: “La fijación de las reglas (Términos de Referencia) de estas convocatorias es realizada directa y autónomamente por el MADR. Estos términos, que establecen los requisitos, condiciones y criterios de calificación para acceder a los apoyos económicos, son estrictamente respetados por el IICA”. O sea, el Ministerio fija las reglas de juego, la forma como se define el asunto. Lo que está recordando aquí el IICA es: solo hicimos lo que nos dijeron que hiciéramos de acuerdo con las determinaciones del MADR. Dice además: “Con base en los Términos de Referencia, el IICA realiza la divulgación de las convocatorias, evaluación de viabilidad, calificación y elaboración de portafolios sobre proyectos elegibles. Estos portafolios son puestos en conocimiento del MADR, el cual asigna el presupuesto para cubrir la mayor cantidad de proyectos según la disponibilidad de recursos, respetando el orden de elegibilidad”. En dos palabras, el IICA es un organismo técnico que simplemente coge los papeles que entregan los agricultores para aspirar a estas platas de riego, papeles que se llenan de acuerdo con los criterios del MADR, que ahora voy a explicar, y el IICA lo que hace es poner unos puntos y sumar o restar y, según lo que dé, señalar al final: este ganó.

¿Quién es el que determina cuáles son las normas de las convocatorias? Señala el Ministerio de Agricultura en una de las convocatorias, con la firma del doctor Andrés Felipe Arias: “El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR (…) ha diseñado la presente convocatoria (…) En consecuencia, el Ministerio presenta ante la ciudadanía los presentes términos de referencia que establecen los requisitos y condiciones de forzosa aceptación y cumplimiento por parte de los actores intervinientes en la convocatoria pública.” Dicho de manera sencilla, el ministro Arias afirma, aquí mando yo y esto se hace así, y el IICA simplemente ejecuta, como una especie de peón técnico, unas normas que le han sido establecidas.

En los títulos de las resoluciones que aprueban las convocatorias ¿qué dice expresamente? Título de la convocatoria: “Por la cual se establecen los criterios, requisitos, procedimientos de los términos de referencia para adelantar una convocatoria pública de Riego y Drenaje”. En la parte resolutiva de las resoluciones ¿qué dice expresamente? “Apruébense los Términos de Referencia de la Convocatoria Pública de Riego y Drenaje, con sujeción a los cuales el operador (es decir, el IICA) implementará y ejecutará dicho mecanismo, y que forman parte integral de la presente resolución”. Firma el doctor Andrés Felipe Arias.

Pero además, ¿cuál es el modus operandi? Se reúnen unos técnicos del IICA, les aplican una especie de plantilla a los documentos entregados por los interesados y de ahí sacan unos puntajes, pero esos puntajes no determinan automáticamente que la plata se distribuya tal y cual. Esos puntajes van a un organismo llamado Comité Administrativo, compuesto por tres altos funcionarios del Ministerio de Agricultura y uno del IICA. ¿Quiénes son los funcionarios del Ministerio de Agricultura? El viceministro de Agricultura, el gerente general del Incoder y el director de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, más el señor Jorge Andrés Caro, representante del IICA en Colombia. Y vamos a ver más adelante cómo el gobierno diseñó las convocatorias para que produjeran los efectos que finalmente produjeron.

Pero como si fuera poco, el poder que estoy describiendo del Ministerio de Agricultura dentro del IICA, ahí aparece como funcionario del Ministerio un personaje llamado Carlos Polo, una especie de cuadro político del doctor Luís Eduardo Vives y que opera en la ciudad de Santa Marta, de quien anota la revista Cambio que hoy está bastante rico, cuando antes era un simple técnico con menguados ingresos. Fue alcalde de Santa Marta, fue subgerente de infraestructura del Incoder siendo ministro Andrés Felipe Arias y hoy es contratista del Ministerio de Agricultura y enlace del Ministerio de Agricultura con el IICA. Conociendo al doctor Caro, director del IICA, podrá uno pensar el grado de independencia que éste tiene frente al enviado del Ministerio de Agricultura.

Cómo se armó la convocatoria

¿Cómo armaron la cosa los altos funcionarios para que produjera esta concentración de grandes subsidios en unas cuantas familias? Estoy haciendo referencia a la convocatoria de 2008, que no distingue entre pequeños, medianos y grandes productores. ¿Les parece a ustedes muy democrático no hacerlo alegando que todos son iguales? Aquí va a resultar que en un partido de tenis es muy igualitario que el uno tenga 25 años y mida 1.90 y el contendor sea un muchacho de apenas doce años con una raquetica, y eso les parece muy igualitario porque son uno contra uno, cada uno con su raqueta. Todo fue calculado por supuesto para que no pudieran ganar los pequeños.

A la contrapartida, es decir, a la plata que ponía el finquero, le dieron 300 puntos sobre 1.000. Cuanta más contrapartida diera, más puntos ganaría. Y los pequeños ¿qué contrapartida podían ofrecer? Tenían que estar pendientes a ver si algún alcalde les prestaba unos centavos para inventarse algún tipo de contrapartida. Este requisito sufrió algunos ajustes en la segunda convocatoria, pero me estoy refiriendo a la primera, que es la de la gracia en este asunto.

Y ojo, la convocatoria no prohíbe el arrendamiento. No dice que a una persona que haya arrendado un pedazo de tierra no le puedan dar el subsidio. La convocatoria precisa, y esto es elemental en el análisis, que los 600 millones de cada subsidio se entregarán según proyecto (subrayado aquí). Tope máximo, 600 millones de pesos por proyecto. Hasta el empresario más menso, y los empresarios no suelen serlo, ve la convocatoria y dice de inmediato, pues en mi finca caben tres proyectos o cinco proyectos o veinte proyectos, como efectivamente hicieron. Y por algo de pudor, para no dejar al mismo empresario tramitándolos todos, pusieron a la señora, al hijo, al hermano, a la novia. Pero la convocatoria por sí misma, y este es el eje del presente debate, estaba calculada para que se produjera este efecto. La Contraloría y la Fiscalía deben investigar si estamos ante un Ministerio de ineptos o ante un ministro o un Ministerio que actúan de manera inescrupulosa, porque a mí no me pueden aducir que no se dieron cuenta, senadoras y senadores. Cuando los funcionarios del Ministerio de Agricultura se reunieron y fijaron el tope máximo en 600 millones, es posible que hayan discutido si era mejor fijarlo en 700 ó en 500. ¿Y a nadie se le ocurrió preguntar por qué 600? ¿Y por qué por proyecto y no por predio o por familia? ¿A nadie se le ocurrió preguntarse eso, doctor Arias? ¿A nadie? No creo que sean unos genios como ellos se ven a sí mismos, pero cretinos no son. Y era obvio que tenía que suceder lo que sucedió. Este es el punto clave del debate.

Mi acusación es que los términos de referencia se diseñaron calculados para producir concentración. ¿Qué hay por debajo de eso? Eso es lo que no sé. Es lo que deberán investigar las autoridades respectivas.

Tres proyectos no viables pero aprobados

Miremos con detenimiento el caso de la familia Dávila (Jimeno), sobre el cual vale la pena detenerse. Ustedes van a ver que al final no es por ganas de molestar, sino que aquí, en el caso de la familia Dávila (Jimeno), aparece un fenómeno peor. Como con las reglas fijadas por el gobierno a su favor esta familia no fue capaz de ganarse los subsidios, le cambiaron las reglas, y violando la ley, viceministro. Veamos los detalles del asunto.

Digamos primero que la familia Dávila Abondano es una familia muy poderosa. A su patriarca, amiguísimo del presidente de la República, hay que ver los homenajes que le han hecho en la Casa de Nariño, ahí están en la televisión. Lo reciben como si fuera embajador de una potencia extranjera. Allá van y desfilan los ministros y el presidente a celebrarle sus inversiones.

Un periodista, de los más reputados de Colombia, conocido por su seriedad, en un artículo de El Nuevo Siglo del 21 de octubre pasado, escribió: “Arias se ha negado a explicar en qué avioneta privada viaja en sus constantes giras por la Costa Atlántica”. Dice este periodista: “Arias se ha negado a explicar en qué avioneta privada viaja en sus constantes giras por la Costa Atlántica. Lo reto a que lo diga y a que explique, cuánto recibió, como donación en efectivo, de sus patrocinadores de la palmicultura de Santa Marta”. Y el doctor Arias, que es tan parlanchín, no ha abierto aún la boca para dar ningún tipo de explicación. Y agrega el periodista: “En ambos casos –estoy leyendo textualmente– la respuesta tiene que ver con la familia Dávila Abondano”.

En ambos casos, repito, la respuesta tiene que ver con la familia Dávila Abondano (se refiere es a los Dávila Jimeno), a quien le tocaron cuatro subsidios de riego y drenaje, en los proyectos Campo Grande 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por 2.429 millones de pesos, incluida una plata que le dieron a la novia del hijo. Seguramente avergonzados porque no aparecieran tantos Dávilas, les pareció mejor poner a doña Valerie Domínguez a recogerles el dinero.

Les decía hace un momento que el IICA tiene un comité de expertos, uno de los cuales es el doctor Carlos Polo, como enlace del Ministerio de Agricultura. Hay además un grupo de técnicos, y tengo una actitud respetuosa frente a estos técnicos. A alguno lo oímos ayer en La W hablando aterrado, destapando verdades y confirmando que el viceministro fue allá a amenazarlos. ¿Esto qué es? ¿Qué tipo de país es este? Ya el otro día el doctor Andrés Felipe Arias amenazó con meter a la cárcel al director del CEGA por haber dado unas cifras que a él no le gustaban. Y el Ministerio de Agricultura, cuando Arias era el jefe del despacho, obligó al DANE a cambiar la estadística a ver si mejoraba el desastre, así fuera en el papel.

Tiene el IICA, repito, un comité de expertos que recoge las normas del Ministerio, las compara con los papeles que llenan quienes aspiren a las platas y ordena los puntajes. Ganan el concurso quienes tengan más puntos, pero los requisitos, como lo he señalado, encierran un sesgo a favor de los magnates. Pues bien, por esas cosas que pasan, la finca del doctor Dávila Abondano (es Dávila Jimeno) se parceló en cinco proyectos, llamados, miren ustedes, Campo Grande 1, Campo Grande 2, Campo Grande 3, Campo Grande 4 y Campo Grande 5. Eso lo autorizaban las normas que les dio el doctor Arias. Y uno para la señora y otro para el hijo y en fin, pero por esas cosas que pasan, repito, el comité técnico, un comité evaluador del IICA, les negó la plata a dos de los proyectos de la familia Dávila. Los declararon no elegibles, tal cual se llama en el argot, porque la cosa funciona así: el IICA los proclama elegibles y el Ministerio los elige, o sea, la última palabra la tiene el Ministerio. Y es discrecional no hacerlo. ¿Y va a alegar el Ministerio que no se dio cuenta de los apellidos repetidos y de las propiedades repetidas? El mismo doctor Uribe Vélez se lo insinuaba en el sainete aquel del acto de campaña del exministro Arias: ¿fue que ustedes no se dieron cuenta de los apellidos repetidos? ¿No se dio cuenta el Ministerio, pregunto yo, viceministro, de los apellidos repetidos? La explicación que dio ese día el doctor Caro, director del IICA, fue que sí se dieron cuenta, pero que con la convocatoria nada podía hacerse, porque la cosa era por proyectos.

Bueno, hubo dos, Campo Grande 1 y Campo Grande 3, que no cumplieron con los requisitos y el comité de expertos del IICA los declaró no elegibles. Listo, no entran, perdieron, salen del concurso. Dice la norma: “Si como resultado de este estudio –o sea el de la comisión de expertos- se determina que el proyecto es inviable en uno o más de estos componentes, el mismo será rechazado, y se le comunicará sobre tal hecho al proponente”. O sea, se acabó el cuento. Los rechazaron por siete razones diferentes, todas de peso:

• El caudal seleccionado para el módulo de riego es muy alto para la conducción en una tubería de 8 pulgadas. 
• El motor seleccionado para la bomba –porque son distritos de riego– tampoco es el que corresponde. 
• No se tiene claridad con respecto al suministro de energía; se presenta en las especificaciones técnicas un tipo de suministro y en el presupuesto se hace referencia a otro distinto. 
• No hay claridad sobre la concesión de aguas –qué tal, un proyecto de riego que no presenta claridad sobre la concesión de aguas– para el predio beneficiado; la solicitud de renovación de concesión presentada no hace referencia al predio Campo Grande. 
• No se anexan soportes jurídicos del arrendador del predio beneficiado por el proyecto (Cámara de Comercio). 

En el presupuesto presentado se relacionan más aspersores de los que define el diseño.

El comité técnico del IICA, entonces se los termina negando, y ahí debiera terminar el asunto. Y oh, sorpresa, ¡en la lista de elegibles aparecieron después los dos proyectos no elegibles, Campo Grande 1 y Campo Grande 3, y le dieron 435 millones al uno y 445 millones al otro, cerca de mil millones de pesos a los dos! Espero que las autoridades de control estén observando lo que se está diciendo y lo investiguen con todo detenimiento. Reiteradamente le pedimos explicaciones al Ministerio. Desde el jueves de la semana pasada las estamos pidiendo, bueno, digan cualquier cosa. ¿Cómo resucitaron estos dos muertos? Bueno, hay un tercero, otra empresa a la que también resucitaron. Inagro se llama.

¿Cómo los resucitaron? Se reunieron en el Comité Administrativo del Convenio 055 de 2008, donde tiene asiento el señor Juan Camilo Salazar, viceministro de Agricultura, Rodolfo Campo Soto, gerente del Incoder, Javier Romero, director de Desarrollo Rural, y el doctor Jorge Andrés Caro, que es el míster, el jefe del IICA, y simplemente metieron a los dos que no eran en el listado de los que sí eran, lo publicaron en la prensa, les dieron la plata y se acabó el cuento. Y esta es la hora en que no hemos recibido explicación satisfactoria. En algún momento nos dijeron que los expertos del IICA cambiaron las reglas y decidieron de otra manera. Si lo hicieron, violaron la ley, porque la ley no les permite cambiar el concepto. Pero además, llevamos casi una semana pidiéndole al Ministerio que nos mande el acta de la reunión de los expertos, para ver cuáles fueron los que violaron la ley al decidir que se resucitara ese proyecto. Supongo que va a aducirnos ahora el ministro Fernández que lo que hicieron fue algunos cambiecitos al proyecto. Pero miren la prueba reina que tenemos aquí para probar que no le hicieron cambiecitos al proyecto. ¡No le hicieron cambiecitos al proyecto! No se los podían hacer. Y la prueba es muy simple. En la propuesta de ellos –me estoy refiriendo particularmente al caso de Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, porque nos faltan papeles para confirmar los otros dos casos– le aprobaron un proyecto por $551.436.281. ¿Y saben cuánto valía el proyecto declarado no viable? Exactamente la misma suma: $551.436.281. La acusación que yo hago aquí es que de una manera dolosa, ilegal, volvieron elegibles tres proyectos que eran inelegibles. Un hecho de extrema gravedad.

No hay mecanismo que permita resucitar proyectos. Hay uno que está en las reglas, para aplicar antes de la declaratoria de no elegibles, y es que los aspirantes pueden adjuntar algún papel que falte, pero antes de la declaratoria de no elegibles, repito. Espero que no vayan a decir que es posible cambiarla, porque se empiezan a meter en honduras legales.

Vamos a suponer, sólo en gracia de discusión, porque la ilegalidad es manifiesta, que no sea ilegal. Ustedes tienen discrecionalidad para decidir. ¿No se dieron cuenta de que eran dos proyectos más de los Dávila? ¿No se dieron cuenta de que se estaba concentrando la plata? Después salió el ministro a argüir que los dos empresarios eran unos hampones que le habían hecho conejo al Ministerio. Y tienen ahora la desfachatez de presentar dizque un proyectico de ley para evitar que esas anomalías vuelvan a ocurrir. No. Es que lo calcularon para que sucediera. No nos confundan más, que sabemos exactamente qué es lo que está pasando aquí. Hay una lógica plutocrática y corrupta, como en el caso que estoy mencionando.

Concluyamos, señor Presidente. Entiendo que ya el doctor Uribe sacó el látigo burocrático y dio orden de respaldar al doctor Fernández, pase lo que pase. ¡Y hay de aquel que se atreva a discutirle al Mesías! Pagará en contratos y en burocracia su osadía. Pero yo sí les pido con todo cariño y cordialidad, senadoras y senadores, que reflexionen, porque aquí estamos hablando de hechos muy graves y no es sensato asumir una actitud de alcahuetería, de combo, de banda, de compadrazgo, de proteger al amigo o al amigote. Y particularmente se lo digo a los dirigentes del Partido Conservador. Demasiados escándalos de este tipo por cuenta del Partido Conservador, el partido que se proclama dizque el amigo de los campesinos de Colombia y a quienes sus ministros les están dando este tratamiento.

Pero como probablemente a mí no me crean por ser del Polo, les voy a leer la opinión que dio Monseñor Jaime Prieto, el Obispo de Cúcuta, uno de esos prelados que enaltece su magisterio. Emitió una circular a la opinión pública, muy ofendido. Y cuenta cómo él ha estado haciendo bazares y vendiendo empanadas, él en persona, para conseguirse unos cien milloncitos de pesos para respaldar a los agricultores que se mueren de hambre en el departamento de Norte de Santander. Y es cuando se tropieza con Agro Ingreso Seguro y saca entonces esta circular, cuyo título es “Agro Ingreso Seguro, cínico y descarado”. “Agro Ingreso Seguro, cínico y descarado”, senador Núñez Lapeira, dice Monseñor Prieto.

Afirma Monseñor: “Se destapó esa olla podrida de Agro Ingreso Seguro. Lo más triste de todo es el cinismo con que se trata de justificar el visible atraco a los fondos del Estado y por lo tanto al mismo pueblo colombiano”. Está ofendido, y tiene derecho a estarlo, como tantos colombianos. Y agrega: “Cuando se inició el escándalo uno de los grandes implicados decía ‘pero si todo está a la vista’”. Comenta Monseñor Prieto: “Pues claro que todo está a la vista. Su cinismo los exime de justificarse por ignorancia. Aquí el elefante se les convirtió en animal prehistórico descomunal, un ‘mamut’ de esos que dejan no huellas sino cráteres en la ya desgastada confianza que les puede brindar el pueblo colombiano”.

Cada uno de ustedes, a solas con su conciencia, verá cómo votar. Pero este es el veredicto, estos son los hechos que se han confirmado aquí esta noche. Este es el tipo de gobierno y de ministros que tenemos. Y este es el aspirante con que cuenta el Partido Conservador a la Presidencia de la República. Cuando se lanzó de candidato, yo afirmé que era un perfecto candidato, porque se parece bastante al doctor Uribe. Y en la confusión de la Colombia de hoy, eso solo le da derecho a aspirar a la Presidencia de la República. Es más, es probable que lo que hoy estamos diciendo aquí lo refuerce, lo fortalezca ante algunos. Muy macho el doctor, sin escrúpulos, no le tiembla el pulso para nada, incluso para acusar de corruptos a quienes él decidió beneficiar de manera calculada. Es un acto inaudito de faltonería el que nos brinda todo un candidato a la Presidencia de la República. ¿Qué es faltonería, senador Gerlein? Es ese tipo de conductas en las que yo organizo algo y cuando sale mal, asumo este tipo de comportamientos.

Concluyamos. La responsabilidad de este desastre es de los dos ministros. Del ministro Arias principalmente, por supuesto que sí. Y del doctor Fernández, su compañero de pupitre, que le ha alcahueteado todo, y quien es además el responsable político, qué hacemos, porque el ministro es él. La renuncia se le debería exigir el presidente de la República, porque todo esto es organizado por el jefe del Estado, quien se ha jugado su desprestigio en respaldo a estos hechos inauditos, pero no se puede. Se ha impuesto una política plutocrática, esa es la palabra. Lo plutocrático es lo contrario de lo democrático. Se ha impuesto una política de amigotes para salvar a los compadres, mientras el resto del agro se hunde, una política llena de ilegalidades como las que he mencionado. Y sobre todo, y es lo más grave, senadoras y senadores, y les pido que reflexionemos, una política que no desarrolla al agro. En Colombia tenemos probablemente el peor agro del continente, un agro que se está hundiendo en un país que tiene tierras de sobra, aguas de sobra, productores de sobra, en un país al que le arrebataron su seguridad y soberanía alimentarias, un país que está al borde de una hambruna, producto de las importación de diez millones de toneladas de productos del agro. Y eso que no ha llegado aún el TLC que va a acabar con el arroz, y con la producción de leche y de pollo, y con la producción de cerdos, y que va a arrasar con lo poco que queda de granos en Colombia. Pero como hay oro, y hay carbón, y hay minería, pues entonces qué importa, dirán el doctor Uribe y sus amigos, que con el oro y el carbón conseguimos los dólares para pagar las importaciones que acaban con el agro nacional.

¿Cuál es mi propuesta, colombianos? Hay que mantener e incluso aumentar los recursos del Estado para el sector agropecuario. Que quede claro: este no es un debate en contra de que el Estado proteja a todos los sectores del agro de todas las maneras que sea necesario. Colombia tiene el derecho y la posibilidad real de contar con uno de los mejores agros del mundo. El Estado está en la obligación de respaldarlo, pero no para montar combos de amigotes mientras el agro se hunde. Hay que rediseñar por completo la política agropecuaria y hay que liquidar Agro Ingreso Seguro, inventándose una alternativa que se atenga a la Constitución y la Ley, porque lo que hay no atiende la Constitución y la ley. Este Congreso tiene derecho a reglamentar cómo es que se distribuyen los recursos de manera democrática y con un espíritu de igualdad, que es lo no está sucediendo. Y hay que cambiarle el nombre a esta farsa. No más Agro Ingreso Seguro, eso es una desvergüenza. ¿Agro Ingreso Seguro porque es seguro para don Luis Carlos Sarmiento y para los Dávila y para otros cuatro compadres más? ¿Agro Ingreso Seguro porque da cien mil exiguos respaldos al año en un país donde hay dos y medio millones de productores rurales?

No se burlen más de Colombia de esta manera. Y por supuesto, que renuncie el ministro Fernández, como un mensaje al país de que el presidente de la República les pide perdón a los colombianos por este hecho ignominioso al que estamos asistiendo, una especie de acto de constricción para esta desvergüenza. Y que el Partido Conservador le exija al doctor Arias que no lo desacredite más manteniendo su candidatura a la Presidencia de la República, porque es un hecho inaceptable, primero que nada, pienso yo, para el Partido Conservador.

Fuente: https://jorgerobledo.com/debate-sobre-agro-ingreso-seguro/