¿Por qué los quieren callar?
INVESTIGACIÓN SEMANA
Los militares que están confesando en la JEP cómo participaron en los falsos positivos son blanco de amenazas y presiones. ¿Qué están contando que es tan incómodo?
En total, 2.059 policías y militares se sometieron a la JEP, el 95 por ciento para dar información de falsos positivos. Los magistrados ya han recibido 92 versiones libres.
Después de dos días de rendir versión libre, un coronel retirado del Ejército salió del edificio de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con una carpeta bajo el brazo. Contenía un reporte detallado de 60 falsos positivos, el triple de asesinatos por los que había respondido ante la justicia ordinaria, cuya copia acababa de entregar con mano temblorosa a los magistrados. El exoficial duró una década detenido. Consiguió recobrar la libertad anticipada con el compromiso de contar los herméticos secretos sobre el capítulo negro en el que, según la Fiscalía, fueron ejecutados 2.248 jóvenes por el Ejército, presentados como supuestos guerrilleros muertos en combate.
La isla de San Andrés es el único territorio del país donde no hay reporte de falsos positivos. Investigaciones periodísticas y de ONG, así como reportes de Naciones Unidas, estiman entre 3.000 y 5.000 las víctimas entre 1988 y 2014. A pesar de ese alud, las responsabilidades no han escalado a los altos mandos. Al salir de la JEP, el coronel temblaba porque su confesión y los documentos aportados salpicaban a varios superiores.
Desahogado, salió de camino para su casa, cuando advirtió que una motocicleta lo acechaba. Estaba oscuro y había poca concurrencia en el parque del barrio El Restrepo. De un momento a otro, la moto aceleró y el parrillero le apuntó con un arma. El coronel, que por 13 años disparó las balas de la infamia, esta vez tuvo que correr. En cuanto consiguió llegar a su hogar, una llamada le anunció en qué estaba metido: “Se salvó de esta, sapo hijueputa”.
El nombre de este exoficial integra una lista negra de 11 amenazados por las verdades que están destapando ante la justicia especial. A pesar de que las diligencias se llevan a cabo bajo reserva desde hace un año, el pasado 14 de junio la Sala de Reconocimiento tuvo que expedir un auto en el que le ordena a varias entidades del Estado proteger a nueve personas, en altísimo riesgo. Antes, otras dos ya habían sido cobijadas con medidas de urgencia. Las retaliaciones se han extendido y también van contra un abogado y un reclutador de víctimas que conoce secretos contra altos mandos –retirados y activos–, quienes salieron impunes del escándalo en la justicia ordinaria.
En las medidas cautelares de la JEP se dictan órdenes específicas para proteger a dos de los testigos que presenciaron y participaron de los macabros hechos ocurridos en el Batallón La Popa, en Valledupar. De momento, la JEP indaga sobre 126 falsos positivos ocurridos en esa unidad militar solo entre 2002 y 2008. Por eso al Ejército se le solicitó redoblar la seguridad de un compareciente en alto riesgo y cuya familia ya ha sido blindada con esquema de seguridad. Asimismo, al Inpec se le pide tomar medidas respecto de personas que permanecen detenidas en cárceles ordinarias.
La JEP ha recibido 92 versiones voluntarias de militares, desde soldados hasta coroneles, sobre el fenómeno de los falsos positivos.
“Expreso el temor que siento por mi vida una vez salga de esta audiencia. El coronel Mejía es sumamente hábil. Ha estructurado historia de mártir, de víctima, y hay gente que le cree, gente de peso a nivel nacional”, indicó uno de los subalternos de Publio Hernán Mejía, el excomandante del batallón entre 2002 y 2004. Mejía hoy es general en ejercicio, aunque tiene pendiente una condena a 19 años de cárcel que está en apelación. Además es compareciente ante la JEP y en las próximas semanas rendirá su versión libre.
En algunos casos, más se tardan los comparecientes en declarar que las amenazas en tocarles la puerta. A través de redes sociales se han detectado mensajes intimidantes y cargados de información que está sometida a la absoluta reserva. De un tiempo para acá, fueron repartidos entre los abogados de las víctimas 60 videos con versiones libres, lo cual ha llevado a que salten a la luz pública detalles que estaban ocultos. Lo que resulta difícil de explicar es cómo, en cuatro de los casos, hubo persecución cuando solo magistrados, comparecientes y la Procuraduría sabían de esos testimonios.
Uno de los testigos recluido en la cárcel aseguró: “He estado con problemas médicos porque a los internos de dos patios (R1 y R2) nos hicieron tomar agua con materia fecal. Se me duermen las manos, el cuerpo, he solicitado para que me lleven al médico y no lo han hecho”. Él asegura que a mediados de 2018 le llegó un abogado a prisión, identificándose como parte de la JEP. Tan pronto lo atendió le pidió retractarse y, a cambio, le ofreció ayuda económica, “como sobornando”. “En mayo de 2018 un hombre amenazó a mi esposa: que tenía que retractarme o si no iban a atentar contra ella y mis hijos”.
Desde la Procuraduría se ve con preocupación el asesoramiento que ciertos abogados dan a algunos militares que se presentan ante la JEP.Estos llegan a la versión a contar únicamente los hechos por los que han sido investigados en la justicia ordinaria cuando el compromiso con la justicia transicional les exige verdad completa. En una ocasión, en plena diligencia de versión libre, uno de los comparecientes despidió a su abogado dada la presión de este para que no ahondara en nombres y circunstancias.
En el lado opuesto están otros abogados que se la están jugando por que la JEP llegue al fondo de lo ocurrido en los falsos positivos. Y para ellos el panorama es negro. La hija de uno de los defensores, que lleva varios de los casos más representativos, fue víctima de un intento de rapto cuando descendió del bus del colegio. La reacción del conductor de la ruta la salvó. La esposa de este abogado también esquivó el ataque de desconocidos que, con arma en mano, intentaron subirla a la fuerza a un carro.
“La sala ha recibido 11 solicitudes de medidas cautelares a quienes han rendido su versión voluntaria. Se trata de amenazas que han sido evaluadas por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Después de un estudio muy riguroso, en siete casos se ha encontrado riesgo extraordinario”, explica la magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de la JEP.
¿Quién podrá protegerlos?
Hasta ahora, la justicia especial para la paz ha recibido 92 versiones voluntarias de militares, desde soldados hasta coroneles, sobre el fenómeno de los falsos positivos. Los magistrados priorizaron seis territorios críticos: Catatumbo, Huila, Antioquia, Casanare, Meta y Cesar-La Guajira. Se prevé que antes de terminar el año otros 80 comparecientes rindan versión. Es apenas la primera etapa. En total, 2.059 militares y policías se han sometido a la JEP, el 95 por ciento para rendir cuentas sobre falsos positivos. El macrocaso también contempla el testimonio de un par de sobrevivientes: dos jóvenes que en situaciones distintas se hicieron los muertos cuando los militares dispararon las ráfagas en fingidos combates.
Están próximos a entregar sus declaraciones el general Mejía y un excomandante del Ejército, el general Mario Montoya. Ambos se acogieron a la JEP bajo el argumento de que los procesos en su contra son un montaje. Aseguran que actuaron con valentía y rectitud, y que entregarán todos los soportes necesarios para demostrar que nunca infringieron la ley.
El general Mario Montoya asegura que actuó con rectitud y dentro de la ley. El oficial retirado se acogió a la JEP y deberá responder por decenas de testimonios en su contra. Foto: El Espectador
Una vez concluyan las versiones, se abrirá una etapa de contraste en la que participarán los abogados de las hasta ahora 176 víctimas acreditadas y los implicados. Una audiencia pública de reconocimiento de hechos marcará el fin del camino, y la JEP dejará su decisión consignada en una resolución de conclusiones. Sobre las etapas del proceso ha hecho hincapié Álvaro Uribe. La semana pasada, el expresidente advirtió que aún falta que las declaraciones rendidas por los delatores sean verificadas y controvertidas, al mismo tiempo que señaló la necesidad de derogar la JEP.
Hasta ahora, la Unidad Nacional de Protección ha otorgado un esquema de seguridad a un no compareciente, y se ha limitado a entregar ciertas medidas de protección a un puñado de militares que rinden cuentas en la JEP. A uno de estos le entregó un subsidio de arrendamiento para cambio de vivienda, a otros les dio un botón de pánico y un equipo celular. Son medidas de urgencia que ha tomado mientras aclara quién tiene la competencia para cuidar a los militares que están ante el Tribunal para la Paz. Por otra parte, tampoco hay claridad sobre si la Fiscalía es competente para proteger a quienes están compareciendo.
Es urgente resolver el limbo: a quién le corresponde brindar seguridad a los militares que están siendo amenazados por comparecer ante la JEP. Y aún más crucial: llegar a los responsables de las amenazas.
“Montoya era el que más presionaba por bajas”
González del Río confesó ante la JEP su responsabilidad frente a decenas de falsos positivos y salpicó a varios superiores.
González del Río dijo que “las salas de guerra” de las guarniciones militares fueron el escenario donde sus superiores impartieron las instrucciones ilegales.
El coronel Róbinson González del Río tiene varias condenas que suman cerca de 60 años de cárcel por falsos positivos. En enero recobró la libertad como compareciente ante la JEP. Ese mismo mes rindió una extensa confesión ante ese tribunal. Allí hizo un recuento de su trayectoria militar y profundizó sobre lo ocurrido a lo largo de 2008 cuando asumió como jefe del Gaula del Ejército en Antioquia, una de las zonas donde más falsos positivos sucedieron en ese periodo. “Estoy acá para asumir mi responsabilidad y darles la cara a las víctimas y al país”, aseguró al comienzo de la diligencia.
González contó que siendo mayor y jefe de un batallón de contraguerrilla en Cauca y Valle empezó a obtener bajas irregulares, gracias a alianzas con bandas criminales. Por cuenta de esos resultados fue premiado para ir de comisión al Sinaí, en Egipto. Sin embargo, declinó esa oportunidad y prefirió pedir una licencia para estudio. “No, hermano, estamos en guerra y usted es un comandante de resultados, no lo voy a poner detrás de un escritorio”, asegura que le dijo el general Mario Montoya, comandante del Ejército, quien lo envió a Antioquia.
González explicó que fue recibido por el comandante de la IV Brigada, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán. Este le exigió seguir dando bajas tal como lo venía haciendo en su cargo anterior, lo cual, inicialmente, no fue fácil. Encontró que los soldados estaban preocupados porque ya había investigaciones tanto de la Fiscalía como de la justicia penal militar. González asegura que a sus superiores –Montoya y Rodríguez, entre otros– no les importaban las desmovilizaciones o capturas, y que hicieron todo lo necesario para que él pudiera seguir con la racha de falsos positivos. “Mi general Montoya era el que más presionaba por resultados. Era el que más exigía ‘muertes en combate’, como las llamaba. Para él, los resultados operacionales no eran sino muertos”.
González explicó que contaban con un exfuncionario del CTI que llegaba antes que la Fiscalía a la escena del crimen y organizaba todo para hacer parecer que lo sucedido había sido un combate. De otra parte, señaló que el general Carlos Arturo Suárez, inspector general del Ejército de esa época, y la entonces jueza penal militar Cristina Lombana (hoy magistrada de la Corte Suprema) se volvieron una piedra en el zapato. Asegura que para seguir ejecutando bajas irregulares los superiores tuvieron que obstruir el trabajo del inspector y hasta remover a la jueza.
“La Popa era una máquina de guerra”
Para destapar lo ocurrido en el Batallón La Popa, se han tomado 37 versiones. Al menos dos testimonios implican al general Mejía.
El solado Yeris Gómez, exintegrante del grupo especial Zarpazo, conocido por macabros crímenes.
El mayor número de víctimas de falsos positivos documentadas por la JEP, hasta ahora, corresponden al Batallón La Popa, en Valledupar. Entre 2002 y 2004, el comandante fue el general Publio Hernán Mejía, condenado a 19 años de prisión, quien se ha negado a colgar el uniforme hasta que no haya sentencia en firme.
Ante la justicia se defiende desacreditando al principal testigo en su contra, Edwin Guzmán. No obstante, la JEP ya cuenta con versiones que refuerzan el baño de sangre que ocurrió en el Cesar, y las alianzas de los militares con las AUC. El más impactante es el del soldado Yeris Gómez Coronel, quien aseguró haber hecho parte del grupo especial Zarpazo, un macabro equipo de ocho conformado directamente por Mejía: “Prácticamente, como mercenario cumplí la orden, el que no cumpliera se moría”, dijo Gómez.
También aseguró haber asistido como escolta de Mejía a una reunión realizada entre mayo y junio de 2002 con varios comandantes paramilitares, entre ellos, alias Jorge 40 y alias 39. “Estuve yo y cinco soldados más y el cabo Pacheco en una finca cerca al peaje de Valencia (...). Había varios comandantes de los paramilitares”. Entregó detalles de un misterioso operativo en la finca Socorro, sur del Cesar, en el que dieron de baja a 19 supuestos guerrilleros del ELN. Gómez dijo que en realidad eran paras que se le habían torcido “al comandante 40”. “En el grupo especial Zarpazo nos cambiábamos de civil con armamento y hacíamos operaciones como paras”.
También se utilizaba cuando los paramilitares les entregaban “positivos” a dos señalados enlaces llamados Andrade y Hugo Padilla. Detalló un caso en el que fueron guiados hasta un supuesto retén ilegal cerca de Copey. “Cuando llegamos, ellos (Andrade y Padilla) estaban disparando, pero nosotros no sabíamos a qué. Luego, encontramos abajo del puente personas que ya estaban tiesas. No sé quién las mató”. Ese día reportaron en total cuatro bajas en un supuesto combate.En esta falsa operación –aseguró el testigo– estuvo el coronel Heber Hernán Gómez Naranjo, segundo de La Popa, quien también está en la JEP. “Llamaron para reportar la presencia de gente armada en un sitio conocido como la Y del Patillal. Era la primera vez que yo veía uniformado al sargento Padilla. Me dice, ‘vaya, que allá está todo dispuesto para que encuentren cuatro muertos en combate’”. En su versión, Gómez aseguró que La Popa era una “máquina de guerra” y que supo que la lealtad que reclamaba Mejía iba encaminada “a generar alianzas con grupos de autodefensas en sectores muy cercanos a la ciudad de Valledupar”.
“Dispare y recoja”
El mayor retirado Gustavo Soto Bracamonte asegura que recibió esta directriz de parte de Montoya. Reveló 40 crímenes desconocidos.
Gustavo Soto Bracamonte fue comandante del Gaula Militar Casanare.
La carrera militar del mayor retirado Gustavo Enrique Soto Bracamonte terminó en el Gaula Militar de Casanare. Salió de la cárcel el pasado diciembre, y se sentó ante la JEP a confesar 40 operaciones extrajudiciales, que se suman a las 20 ya conocidas. Su superior fue el entonces general Henry William Torres Escalante, el primer general en ser capturado por los falsos positivos y quien también está en la JEP.
Soto relató cómo el entonces general Mario Montoya reunió a comandantes de brigada y de batallón en agosto de 2006 en Villavicencio. “Al comandante del Batallón de Infantería Joaquín París, Montoya le dice: ‘¿Cero muertos? ¿No hay nada que hacer en San José del Guaviare? Si eso es colocar el batallón, dispare y recoja’”.
Según Soto, para aumentar resultados Torres Escalante le presentó a Wilson Rodríguez Mimisica, desmovilizado de las AUC, condenado a 60 años de cárcel por su participación en 15 operaciones contra civiles desarmados. Sin decir quién, Soto afirma que le propusieron matarlo porque “sabía demasiado”. Lo mismo que a José Ovidio Díaz Baquero y al exguerrillero José Zacarías Valencia, quienes sirvieron de informantes. “Todos están vivos. No acepté, aunque sí me dijeron que estábamos dejando ruedas sueltas”.
“Yo necesito muertos y litros de sangre”
El coronel retirado Gabriel de Jesús Rincón Amado, condenado a 46 años de prisión por los falsos positivos de Soacha, contó su verdad en la JEP.
El coronel en retiro Gabriel de Jesús Rincón entregó a los magistrados de la JEP un listado de 60 presuntas ejecuciones extrajudiciales desconocidas por la justicia.
“Vaya y saque a unos tipos del anfiteatro, unifórmelos y preséntelos como resultados”, le dijo el general Mario Montoya al coronel Jesús Amado Rincón, cuando el segundo dirigía el centro vacacional San Fernando en Santa Marta, en 2005. Dos años después se volvieron a ver la cara en Cúcuta, donde las palabras que había escuchado cobraron otro valor. El primero se había convertido en comandante del Ejército Nacional y el segundo, jefe de Operaciones de la Brigada Móvil XV, que funcionaba en Norte de Santander.
“En forma directa, él me manifestó que tenía que ejercer presión a los pelotones para que dieran resultados. Como fuera, pero tenían que haber muertos, debía exigirles a los de abajo (a los batallones). Ahí entendí que tocaba dar muertes extrajudiciales, y el comandante de la brigada con sus hombres ya sabía cómo hacerlo. Le faltaba era alguien que le ayudara a coordinar”, relató el coronel retirado ante la JEP.
Rincón ha rendido más de diez horas de confesión ante los magistrados de la Sala de Reconocimiento. En ellas, ha detallado cómo lo presionaban, cuál era el conducto que seguía para “legalizar” las bajas ilegítimas y cómo funcionaba la estructura militar señalada de perpetrar 60 asesinatos solo en 2007.
“A mí no me vayan a reportar heridos, yo necesito son muertos en combate y litros de sangre”, asegura que les repetía hasta el cansancio el general Mario Montoya o el jefe de la Segunda División, el general Carlos Ovidio Saavedra, a través de revistas radiales cotidianas. Rincón les entregó a los magistrados copia de 250 folios que dan cuenta de esa táctica criminal sistemática. Por su parte, el coronel Santiago Herrera, comandante de la Brigada XV, aseguró ante la JEP que le robaron el computador en el que tenía los audios con las instrucciones y los rankings de los resultados operacionales cuatro meses después de su retiro en 2009. “(Álvaro) Uribe me llamó dos veces durante mi mando. Él quería estar ahí metido y tomar decisiones. Él cortaba la línea normal, que era ministro de Defensa, comandante y general. Se comunicaba directamente con el comandante de la brigada, y una llamada del presidente en esas condiciones genera un poquito de presión… mucha presión”, detalló Herrera.
El asesinato de cinco jóvenes de Soacha que aparecieron en Ocaña prendió las alarmas en 2008 sobre las dudosas operaciones que llevó a cabo la brigada. Si bien todos los pelotones estarían involucrados con casos reportados, el mayor trabajo lo desempeñaron las compañías E, como Esparta 1. Se trata de un grupo especial que había en cada batallón contraguerrilla para escoltar al comandante, pero que al final terminaron haciendo el trabajo sucio. Como regla general, “Una brigada móvil no podía pasar más de una semana sin dar resultados”, concluyó Rincón. “No importaba si eran guerrilleros, civiles o milicianos. Si eso no ocurría, lo daban de baja”.
Operación silencio
SEMANA revela los detalles del cerco de amenazas y presiones sobre los militares que están denunciando los falsos positivos y actos de corrupción en el Ejército. ¿Por qué los quieren callar y qué información tienen?
Durante los últimos meses el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, ha enfrentado fuertes cuestionamientos dentro y fuera del país. El más reciente por la expedición de formatos ordenando a sus hombres duplicar todos los resultados, incluidas las bajas. Debido al escándalo que esto produjo esas directrices tuvieron que ser retiradas.
“Esto es por orden del comandante del Ejército, mi general (Nicacio) Martínez, por todo lo que ha pasado en estos días y para saber quiénes están detrás de todo esto”. Con esta frase, un sargento comenzó a explicarle al oficial que tenía al frente las razones por las cuales le iban a realizar una entrevista previa a una prueba de polígrafo.
El oficial que iban a interrogar fue citado de urgencia junto con otros 14 militares –que se encontraban en distintos lugares del país– a la sede de la segunda División de Bucaramanga. Las razones que les dieron para citarlos el pasado 22 de mayo fueron distintas, pero la realidad era una sola: saber quiénes contaron a algunos medios, en particular a The New York Times, sobre unas polémicas directrices que exigían doblar los resultados en el Ejército y que podrían ser la semilla para volver a las épocas de los falsos positivos.
“Cuando llegamos nos dimos cuenta que era para algo raro. Ahí fue que nos dijeron que nos iban a hacer unas entrevistas y después polígrafos a todos. No entendíamos qué era lo que estaba pasando o qué teníamos que ver con ese tema”, explicó uno de ellos a SEMANA. “En el lugar había un componente grande de oficiales y suboficiales de contrainteligencia quienes realizaron algunas entrevistas a los que estaban. Todo eso había sido coordinado el día anterior por mi general Quirós que fue el que los llevó”, contó el uniformado, que no quiso revelar su nombre por motivos de seguridad como la mayoría de los entrevistados en este informe debido a las amenazas y a las posibles represalias.
Estos son varios de los sufragios que llegaron a algunos uniformados y sus familias como parte de una campaña de intimidación. También a periodistas de SEMANA.
Mientras el grupo de militares esperaban a ser interrogados, uno de los sargentos encargados de las entrevistas le dijo al oficial sentado frente a él:“Tenemos instrucciones claras de mi general Quirós de agotar todos los recursos para dar con los responsables”. Se refería a las órdenes del general Eduardo Quirós, comandante del Comando de Apoyo de Contrainteligencia.
Cuatro días antes, el 18 de mayo, el diario estadounidense The New York Times, había publicado en su primera página de la edición dominical, un reportaje en el cual denunció la existencia de formatos y órdenes que habrían sido emitidas por el actual comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, en los cuales exigía a sus hombres duplicar todos los resultados. No se trataba de un asunto menor pues dentro de esas variables, que incluían capturas y desmovilizaciones, se pedía duplicar el número de bajas. Para muchos esas directrices podrían revivir la macabra práctica que terminó con el asesinato de más de 2.500 jóvenes inocentes que hace una década fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.
“Mientras yo estaba en una operación, me dejaron anónimos y sufragios en la puerta de mi casa en los que decían que iban a matar a toda mi familia si hablaba”.
Aunque inicialmente el Ministerio de Defensa y el Gobierno nacional trataron de defender el tema, ante el escándalo internacional que se desató, el Ejército retiró esas directivas dos días después de la publicación del diario estadounidense.
Aunque hacia afuera la tormenta por el escándalo amainaba, dentro de las filas había rayos y centellas. “Se desató una cacería impresionante. Nos preguntaban quiénes de nosotros eran los que habían hablado con los periodistas y como parte de toda esa cacería nos hicieron esas entrevistas”, contó uno de los uniformados que estuvo esa mañana en la unidad militar de Bucaramanga.
El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha realizado graves cuestionamientos contra el comandante del Ejército y otros generales.
Sin embargo, lo que estaba ocurriendo dentro de esa instalación castrense se filtró. El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, la Procuraduría, varios medios de comunicación y periodistas comenzaron a preguntar por redes sociales por qué los tenían reunidos en esa sede y las razones por las cuales ocurría esa “cacería” para intentar dar con las fuentes de la información.
Para tratar de lidiar con lo que se estaba convirtiendo en un nuevo escándalo, los citados a los interrogatorios recibieron la orden de dispersarse para que no los vieran en la guarnición militar. Simultáneamente el comandante de la Segunda División del Ejército, general Mauricio Moreno, emitió un comunicado en el que afirmó que “las versiones publicadas en diferentes medios y redes sociales, sobre supuestas indagaciones para ‘identificar fuentes’ relacionadas con una publicación o sobre supuestos usos de polígrafos, no son ciertas y tampoco tienen fundamento de ninguna especie”. Sin embargo SEMANA tiene en su poder testimonios, audios y fotografías que demuestran que sí los congregaron y varios fueron interrogados.
Por medio de este comunicado la Segunda División del Ejército negó que el pasado 22 de mayo en la sede de esa unidad militar en Bucaramanga se hubiera convocado a un grupo de uniformados para realizarles pruebas de polígrafo como parte de una “cacería” y anexaron estas fotos de una reunión para temas de medioambiente como prueba. Sin embargo, SEMANA tuvo acceso a testimonios, fotos y videos que demuestran que sí reunieron a militares para interrogarlos con el fin de establecer quiénes fueron las fuentes de los periodistas.
Este episodio es solo la punta del iceberg de una estrategia de silenciamiento y persecución a muchos militares que buscan denunciar varios hechos graves que vienen ocurriendo y que van desde las denuncias de ejecuciones extrajudiciales hasta actos de corrupción, pasando por las confesiones que están haciendo varios militares ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) por lo que sucedió en la época de los falsos positivos hace más de una década.
Temporada de cacería
SEMANA habló con más de 20 militares que han recibido todo tipo de amenazas, ellos y sus familias, por tratar de contar la verdad. Unos lo hicieron porque no están dispuestos a jugarse su reputación o su futuro participando en dinámicas que los pueden llevar a violar los derechos humanos. Y otros porque tienen información o han denunciado actos de corrupción de altos oficiales en el Ejército. En el proceso de investigación SEMANA logró recoger testimonios, audios, videos, fotos y documentos que corroboran las denuncias.
“Tengo compañeros, amigos, que perdieron la libertad, sus familias y todo su patrimonio pagando abogados por culpa de haber cumplido esas órdenes en el pasado (falsos positivos). Yo no estoy dispuesto a tener ese destino y prefiero pedir el retiro a cumplir lo que nos están pidiendo, afirmó un militar, con más de 20 años de carrera.
“Se desató una cacería impresionante, en el lugar (la sede de la II división) había un componente grande de oficiales y suboficiales de contrainteligencia quienes alcanzaron a realizar algunas entrevistas”.
Otro uniformado, con múltiples condecoraciones y herido en combate, quien no estaba de acuerdo con las directrices y quiso denunciar contó que “a mí me hicieron llegar a mi celular fotos de los seguimientos a mis hijos menores de edad en el colegio.También de mis padres, que ya son personas mayores”, afirmó mientras enseñaba las fotos de esos seguimientos.
Un tercer uniformado, que hace parte de una Fuerza de Tarea y está en una de las zonas más convulsionadas del país afirmó: “Mientras yo estaba en operaciones, me dejaron anónimos y sufragios en la puerta de mi casa en los que decían que por sapo me iban a matar a mí y a toda mi familia”, contó mientras enseñaba los intimidadores mensajes. Otro más, desplegado en el sur del país y al mando de más 4.000 hombres, dijo: “Los teléfonos son intervenidos incluso pagando a gente de las salas de interceptación de la propia Fiscalía para chuzar ilegalmente las comunicaciones para saber qué hablamos y con quién”.
En el proceso de investigación de varios meses, los periodistas de SEMANA y sus familias también recibieron sufragios, mensajes intimidadores y fueron víctimas de seguimientos. “Los seguimientos son permanentes. Usted no se puede mover de su oficina a su casa sin que tenga un par de tipos siguiéndolo para ver con quién habla o con quién se reúne”, dijo otro uniformado quien ha recibido varias medallas al valor. Mientras este oficial hablaba con SEMANA en un sitio público ocurrió uno de estos seguimientos.
Al percatarse de la situación, el militar que estaba siendo entrevistado decidió enfrentar a uno de estos personajes arma en mano y, tras un breve cruce de palabras de grueso calibre, se logró establecer su identidad. El hombre que hacía el seguimiento (con un compañero en moto) terminó confesando que era parte de “grupos especiales de contrainteligencia”, que tienen la misión de identificar y presionar a los que están contando lo que pasa.
“Tenía que sacar plata de donde fuera, de los contratistas, de los proveedores para dársela a mi general”.
Esos mismos “grupos especiales” que hoy están amenazando de muerte a militares activos y sus familias para evitar que digan lo que saben, también estarían detrás de las fuertes presiones e intimidaciones contra los uniformados retirados que están hablando en la JEPsobre lo que sucedió en los episodios de los falsos positivos.
Ante la magnitud del cerco y las presiones, la magistrada de la sala de reconocimiento y verdad de la JEP, Catalina Díaz, dijo a SEMANA que integrantes de la fuerza pública que están confesando lo que saben ante la justicia transicional y denunciando a sus superiores han sido amenazados de muerte, “Luego de venir a atender las versiones voluntarias han sido amenazados, seriamente amenazados, a tal punto que hemos decretado medidas cautelares debido a que la propia JEP, en el estudio de riesgo, confirmó que estaban en una situación extraordinaria”, dijo la magistrada.
Mientras un militar estaba en reunión con un periodista de SEMANA en un sitio público, este hombre –junto con otro que lo esperaba a pocos metros en una moto– realizaba labores de seguimiento. Al confrontarlo contó que pertenecía a un “grupo especial de contrainteligencia”.
De la misma forma tres abogados que representan a militares retirados ante la JEP –y que por seguridad pidieron omitir sus nombres– confirmaron las intimidaciones. “A la esposa de uno de mis clientes la cogieron entrando a su casa y le advirtieron que le dijera a su marido que si seguía hablando lo iban a matar a él y a toda su familia”, contó uno de los abogados. De esta situación también ha estado enterada la Procuraduría General, a donde también han llegado algunas denuncias (ver artículo siguiente).
La operación de silenciamiento también incluye traslados masivos de militares. “En las últimas semanas se han ordenado más de 100 traslados. No son traslados rutinarios ni por necesidades del servicio. Hay oficiales que apenas llevan seis meses en sus cargos y los trasladaron como parte de esa cacería que hay”, afirmó otro uniformado. SEMANA tuvo acceso a varias de esas listas de traslados que confirman la denuncia.
Operación money
Este fue el artículo de The New York Times que desató el escándalo. Pero desde antes de su publicación ya había una cacería para encontrar a los militares que estaban denunciando.
En efecto, parte de esa especie de operación silencio, también tendría que ver con el interés de algunos altos oficiales de que no se conozcan investigaciones o procesos por actuaciones non sactas. Algunas se adelantaron internamente y hoy duermen el sueño de los justos. Otras alcanzaron a llegar a la Fiscalía en donde, a pesar de la gravedad y contundencia de las pruebas, misteriosamente no han avanzado.
“Yo ya estaba cansado, desesperado. Cada rato me tocaba mirar de dónde sacaba plata para mandarle a mi general. Cada rato me pedía que para alquilarle un carro a la mujer que iba de vacaciones a Estados Unidos, que para los hijos, era todas las semanas. Me tocaba pedirles plata a los proveedores para dársela a mi general. Yo varias veces pedí que me trasladaran porque ya estaba cansado de tener que buscar plata donde fuera para dársela, fueron más de 50 millones”. Este es uno de los apartes de una contundente declaración de un oficial que contó en la Fiscalía lo que debía hacer para entregarle dinero de manera irregular a un general de la actual cúpula.
Lo que está ocurriendo no es un tema institucional sino el producto de grupos con poder y mando que pueden hacerle mucho daño al Ejército.
“A mí el general me dijo que manejáramos en sobre cerrado todo lo que tenía que ver con los permisos, es decir que le diera la plata a él para autorizarme los salvoconductos para poder portar las armas”. Esta declaración, que también reposa en la Fiscalía, hace parte de un extenso relato que entregó uno de los más importantes empresarios de Antioquia y quien denunció cómo otro general que básicamente le pedía dinero a él y a otras personas a cambio de autorizar permisos para porte de armas.
No menos preocupante es la investigación que la DEA adelanta en contra de un general retirado, visitante asiduo del comando del Ejército, el cual está en la mira de la agencia antidrogas y la Fiscalía por sus vínculos y negocios con un polémico personaje conocido con el alias del Ñeñe, asesinado hace un mes en Brasil, y a quien las autoridades señalan de haber sido parte de una organización criminal de La Guajira del tristemente célebre capturado Marquitos Figueroa. Estos son tan solo algunos de los casos por los cuales también se ha desatado una cacería.
Varios de los militares retirados que están confesando y delatando a sus superiores en la JEP con el tema de los llamados falsos positivos han sido amenazados, al igual que sus familias y sus abogados.
De las manzanas podridas al valor de la institución
Sin duda resulta preocupante el tema de las amenazas e intimidaciones contra aquellos que valientemente están dispuestos incluso a arriesgar sus vidas por proteger la integridad del Ejército. Es más que justo reconocer que lo que está ocurriendo no se trata de un tema institucional, sino de las actitudes de círculos de personas que aprovechando sus posiciones privilegiadas de mando pueden llevar al Ejército a revivir épocas oscuras.
Es importante exaltar el valor de muchos miembros del Ejército que, en aras de defender la integridad y honor de la institución, se atreven a hacer estas denuncias aún poniendo sus vidas en peligro. “Acá han tratado de vender internamente que las denuncias que se están conociendo y lo que está pasando es un ataque contra todo el Ejército, buscando crear una solidaridad mal entendida de cuerpo. Y eso no es cierto. Somos más de 200.000 hombres y mujeres honestos que todos los días nos la jugamos por el país y ahora por culpa de un pequeño grupo de superiores involucrados en corrupción va a terminar sacrificada toda la institución. El fondo de la cacería no es solo para saber quién contó lo de las directivas de resultados. El verdadero fondo también es evitar que se conozcan otras cosas de algunos que están al frente de la institución”, afirmó uno de los uniformados.
Esto muestra que lo que está ocurriendo no es un tema institucional ni generalizado, sino producto de grupos con poder y mando, mal enfocados y que pueden hacerle mucho daño al Ejército. “El país le perdonó al Ejército una vez lo que pasó con el tema de los falsos positivos. Pero no nos va a perdonar dos veces si volvemos a lo mismo. Nuestro Ejército había aprendido de sus errores y había corregido el rumbo para hacer lo que nos ordena la Constitución que no es otra cosa que defender la vida de los colombianos”, dijo a SEMANA un militar hace varios meses cuando aún no eran públicos los formatos y las órdenes que reveló The New York Times.
Varios sectores critican que el Ejército se adormeció y que perdió su capacidad de acción y de entregar resultados en la lucha contra las guerrillas y las organizaciones criminales. Sin embargo, una cosa es exigir resultados, y otra muy distinta crear incentivos perversos y dinámicas que pueden llevar a épocas del pasado que ni el país, ni el Ejército quieren revivir.
