Embolatados $718 millones de recursos de la salud en el Tolima
El nuevo informe mostraría que el contrato que tenía como fin prevenir enfermedades como el zika cayó en una cadena de subcontratos en los que se pagaron servicios que no fueron soportados y en varios no se ejecutaron.
En uno de los casos se pagó por la recolección de inservibles, cuando la labor la hicieron habitantes, estudiantes, la Policía y las empresas de servicios públicos en los municipios. Foto: TOMADA DE LA PÁGINA WEB DE LA CGR - EL NUEVO DÍA
El polémico convenio interadministrativo 637 de 2016 hecho entre la Secretaría de Salud del Tolima y el hospital de Chaparral San Juan Bautista, para prevenir y controlar enfermedades como el zika, el dengue y el chicunguya en 11 municipios, sigue generando hallazgos negativos por parte de la Contraloría General de la República, CGR.
En esta oportunidad, el ente de control señaló un presunto detrimento patrimonial por $718 millones, debido a que el contrato que ascendía a mil millones de pesos se subcontrató varias veces y, además de ello, se pagó por servicios que no se ejecutaron.
Hasta el momento, la investigación arroja 22 hallazgos fiscales y disciplinarios en el convenio, y mostraría que su objeto de promoción, prevención y control, terminó cayendo en manos de subcontratistas que cobraron y “se les pagó indebidamente por gastos operativos, sin que los ejecutaran directamente”.
Cadena de subcontratistas
El 3 de noviembre de 2017 EL NUEVO DÍA publicó los primeros indicios que encontró la Gerencia Departamental Colegiada del Tolima de la CGR y que apuntaban a un posible detrimento.
En ese entonces, el ente de control llamó la atención en que luego de que la Secretaría de Salud contrató al H. San Juan Bautista, en cabeza de la gerente Ángela Maritza López Barrero, esta a su vez subcontrató a la Fundación Vida y Salud Solidaria, Fundasalud IPS.
En aquel momento se hablaba de un detrimento de $487 millones, porque hubo actividades que no se ejecutaron como la recolección de inservibles, también, se relacionó el transporte para el desplazamiento de personal encargado de hacer actividades de prevención, pero tampoco se hizo.
Asimismo, se habría pagado de más, por un tratamiento de limpieza de tanques.
Ahora, pasado más de un año y medio se conoció que la IPS también subcontrató “con personas naturales y jurídicas (entre ellas) la Fundación Renacer del Tolima, a la que se le pagó $327 millones 753 mil del valor del contrato, para que desarrollara todas las actividades de salud pública”, precisó el ente de control a través de un comunicado.
Parte de las actividades eran de capacitación, transporte de personal, suministro de elementos, apoyo logístico, promoción, perifoneo y divulgación.
Sobre ello, “la Contraloría pudo establecer que dichas actividades se cobraron sin que se evidenciara su ejecución”, se explica en el informe.
Les pagaron por servicios no prestados
Los hallazgos no paran ahí, pues además se conoció que la recolección de inservibles contratada con Renacer del Tolima, se cobró, pero estas fueron “realizadas por la comunidad, los estudiantes, la Policía y las empresas de servicios públicos de cada municipio, con su personal y carros recolectores”.
Asimismo, cobró por el alquiler de sillas, video beam y computadores, cuando dichos elementos “fueron suministrados por las Instituciones Educativas y Entidades en donde se realizaron las actividades”.
Igualmente, le pagaron servicios de capacitación y de transporte, pero no hay evidencia de la presencia del personal en los lugares designados para tal labor. “O sea que se cobró y se recibió pago por servicios que nunca se prestaron”, aseguró la CGR.
Investigaciones
La Contraloría abrió en 2018 una investigación de responsabilidad fiscal por $56 millones en contra de la secretaria Sandra Torres como ordenadora del gasto; de Luis Eduardo González, en calidad de asesor de la secretaría, supervisor y encargado de autorizar pagos parciales.
También, de Alexandra Patricia Lozano, quien en la época laboraba como directora de Salud Pública y fue supervisora del contrato; Jorge Emilio Osorio Tabares, en calidad de director Administrativo de Salud Pública y supervisor del contrato.
Por el lado del hospital, se vincula a Ángela Maritza López, quien en 2016 era la gerente del hospital y a dos subcontratistas.
El contrato que se hizo con Fundasalud
El contrato inicial entre la Secretaría de Salud y el hospital tenía un valor de mil millones de pesos, de dicha cifra el centro hospitalario le trasladó $930 millones a la IPS Fundasalud.
Pero tras las investigaciones, se evidenció que “el hospital San Juan Bautista de Chaparral pagó indebidamente a esta IPS, $718.6 millones, correspondiente al 77,26% del valor del total de lo contratado”. De ese valor, $144 millones se determinaron como hallazgo fiscal en la auditoría realizada por la Gerencia de la CGR en 2017, y $573 millones se encontraron al resolver un derecho de petición sobre una denuncia ciudadana.
De esta última cifra, $513 millones corresponde a actividades cobradas, pagadas y cuya ejecución no está evidenciada. Y $60 millones corresponde a lo que Fundasalud le cobró al Hospital San Juan Bautista y este le pagó indebidamente, por concepto de gastos operativos por el manejo del contrato, cuando esa IPS no lo hizo directamente, sino que lo subcontrató.
Es de recordar que el dueño y gerente de esta IPS, Marco Antonio Ramírez Varón, fue detenido por la Fiscalía por estar involucrado presuntamente en un cartel de falsificación y distribución de medicamentos de alto costo adulterados.
Reclamación salió a favor
En medio de las posibles irregularidades que rodean el millonario contrato que se hizo con recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, la actual gerente del hospital San Juan Bautista, Diana Buenaventura, terminó el convenio unilateralmente e inició un proceso ejecutivo en contra de la IPS Fundasalud, ante el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué para reclamar la devolución de $476 millones que no fueron soportados adecuadamente por la Fundación.
En decisión del Juzgado emitida el 5 de junio, se resuelve pagar a favor del centro hospitalario la suma reclamada, más los intereses que correspondan según la ley y que empiezan a contar a partir de la notificación del mandamiento de pago.
Publicada por
XIMENA VILLALBA C
