DUQUE-URIBE, ENREDADO EN SU LABERINTO

La minga indígena ha dejado aislados los departamentos del Sur del país.

El gobierno de Iván Duque Márquez enfrenta múltiples dificultades a escasos ocho meses de posesionado de entre las cuales queremos destacar cuatro que a mi modo de ver marcarán la tendencia futura del Gobierno de acuerdo a las respuestas que dé a estos interrogantes que la plantea la compleja realidad del país.

La primera la endeble gobernabilidad puesto que no ha logrado consolidar una coalición con mayorías en el Congreso de la República para afrontar la agenda de política públicas que requiere para avanzar en su programa de gobierno; la segunda, la creciente movilización social nuevamente en ascenso ahora representada en la minga indígena que lleva 26 días y que se extiende ahora a otras regiones del país y la entrada de nuevos actores a la movilización social por la crisis y las políticas que se pretenden implementar; la tercera, las tensiones y contradicciones que se profundizan en torno a las reformas que Duque quiere implementar a los acuerdos de Paz suscritos en noviembre de 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP, y finalmente el deterioro social con el aumento del desempleo a tasas hoy superiores al 12% de la fuerza de trabajo y con una informalidad laboral de cerca del 60% .

Sobre la crisis de gobernabilidad es claro que el modelo que Duque quiere implementar no logra un consenso mayoritario entre los partidos políticos y por el contrario profundiza la división no solo entre las fuerzas del gobierno y la oposición, apenas natural en una democracia, sino lo novedoso de la situación es que profundiza la división aún entre los partidarios del modelo y del régimen político por la manera en que Duque ha querido conformar y de hecho ejerce su gobierno. Duque ha conformado un gobierno neocorporativo dando representación directa a representantes de los mayores gremios empresariales del país y con ellos ha configurado un gobierno en que solo los representantes del Centro Democrático y en menor medida del Partido Conservador y los grupos cristianos que conforman el núcleo duro de su coalición, son los beneficiarios de la burocracia pública en los más altos cargos del Estado.

El resto de los partidos aún con posiciones cercanas al gobierno en el modelo económico que se mantiene en el país desde comienzos de los años noventa del siglo pasado como es el caso del partido de la Unidad Nacional en vez de profundizar su cercanía con el gobierno se vienen alejando de él por dos razones principales, la primera, porque no han sido llamados a ocupar parte de la alta burocracia del Estado y en segundo lugar por el manejo desastroso que Duque la ha dado hasta ahora al proceso de Paz que se profundizó con la presentación por parte de Duque de las seis objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Es obvio que pesa más el primer hecho que el segundo aunque la oposición a las objeciones presidenciales a la ley reglamentaria de la JEP es la mejor carta de presentación para justificar su alejamiento.

Esta debilidad del modelo de Duque se manifestó de manera dramática en la aprobación en primer debate del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo presentado desde el pasado mes de febrero a consideración de las Comisiones Económicas del Congreso. El plazo legal para su aprobación por estas comisiones era el sábado 23 de marzo y hasta el día 22 el gobierno no contaba con las mayorías para su aprobación. Tuvo que emplearse a fondo para lograr que tres parlamentarios del partido Cambio Radical y un parlamentario liberal se hicieran presentes a última hora en contra de las orientaciones y decisiones de sus partidos políticos, en abierta rebeldía, se sumaran a los miembros de la coalición dura del gobierno para aprobar en maratónica jornada en que uno de ellos, Luis Eduardo Diazgranados, sin sonrojarse reconociera que no había siquiera leído el proyecto de Plan de Desarrollo y sin embargo lo aprobó. Esta victoria parcial del gobierno en el Congreso profundizó y radicalizó hasta cierto punto las posturas de estos partidos con respecto al gobierno. En efecto tanto Cambio Radical como el partido Liberal reafirmaron su independencia del gobierno y ambos decidieron en reunión de bancadas rechazar las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP. Con ello y con la decisión del Partido de la U de rechazar también las objeciones presidenciales la suerte de las mismas hasta el momento de escribir estas líneas es de rechazo con lo cual gana la paz y pierde el Gobierno que quiere modificar el acuerdo de Paz.

La suerte del Plan de Desarrollo es incierta. Si las bancadas de los partidos declarados como independientes del Gobierno y el Partido de la U decidieran en sus bancadas no aprobar el Plan de Desarrollo, cosa que no han hecho hasta el momento como si lo han hecho con las objeciones presidenciales a la JEP, irremediablemente el plan no sería aprobado. Sucede que la situación es compleja porque buen parte de estos partidos comparte el modelo neoliberal extractivista que busca profundizar el plan de desarrollo; las críticas al mismo por parte de estos partidos se relaciona con asuntos puntuales no con los ejes estructurales del proyecto y aún el gobierno confía en lograr por esa misma razón que estos partidos finalmente decidan apoyar su aprobación. Sin embargo hay un asunto adicional que complica las cosas para el gobierno. Las bancadas en el Congreso no ven con buenos ojos que Duque haya introducido en el plan reformas legales en asuntos claves como la educación, la salud, el régimen laboral, medidas que facilitan la explotación de los recursos minero energéticos, atribuciones al presidente para reformar el Estado, las pensiones. Las bancas perciben que Duque quiere que el Congreso en esta Ley del Plan de Desarrollo le de instrumentos jurídicos que le permitan gobernar por los próximos cuatro años sin tener que presentar estos proyectos al Congreso de la República. Los congresistas saben que esa es la pretensión y por ello mantienen una postura política de independencia pues no ven qué recibirán a cambio. Todo ello en medio de un proceso electoral que renovará en el próximo mes de octubre con la realización de las elecciones regionales los gobiernos departamentales y municipales de todo el país. Los partidos que no son beneficiarios del Gobierno ven que el Centro Democrático está manejando los recursos del Estado para beneficiar a sus candidatos y coaliciones en estos gobiernos regionales y locales donde son muy débiles. Esas son las verdaderas razones por las cuáles los partidos no terminan por resolver si apoyan o no el Plan Nacional de Desarrollo de Duque. Por tanto el modelo de gobierno de Duque no logra consolidar una coalición mayoritaria para gobernar.

En medio de esta fragilidad política del Gobierno la movilización social toma un segundo aire con la minga indígena que ya completa 26 días de duración con el bloqueo de la vía Panamericana que ha dejado aislado por vía terrestre a los departamentos del Sur del país, Cauca, Nariño, Putumayo y una parte del Huila. En vez de debilitarse la minga indígena en particular y la movilización social en general ha tomado un segundo aire. Recordemos que en los primeros meses este gobierno tuvo que afrontar un paro universitario de más de un mes de duración con el que terminó negociando y cediendo a las justas reivindicaciones de los estudiantes y de buena parte de las 32 universidades públicas del país que reclamaban y lo obtuvieron recursos por 4.5 billones de pesos para su funcionamiento. De allí el gobierno extrajo una conclusión a mi juicio errónea. Negarse a negociar con los sectores movilizados. El mensaje frente a la minga has sido claro. No negociamos mientras no levanten la protesta con ello busca debilitar la movilización social. Mientras no suspendan las vías de hecho el gobierno no negocia. Esta cerrazón profundiza los desencuentros con los sectores movilizados y radicaliza la protesta que se ve estimulada por los intentos del gobierno de recortar derechos ya conquistados, subsidios, inversión en los territorios y debilitamiento de la inversión social.

Y ahí es donde entra el cuarto factor que hemos mencionado el deterioro social y los intentos de Duque de recortar derechos e inversiones en medio de la agudización de la crisis social profundizando una política que como bien lo señala Jorge Iván González en vez de atacar los problemas de fondo que tienen que ver con el deterioro del aparato productivo del país y el debilitamiento del mercado interno, cada vez importamos más alimentos y productos básicos que se podría producir en el país con lo cual se profundiza el desequilibrio de la balanza comercial: compramos más en el exterior de lo que vendemos. No hay una política de estímulo a la producción nacional y además en vez de gravar la riqueza con mayores impuestos la formula neoliberal es rebajarle los impuestos a los más ricos cosa que se profundizó en la reciente ley de financiamiento. Todo ello ha profundizado el desempleo que ha llegado en el mes de enero al 12,8% y en febrero al 11,8% en medio de una informalidad laboral de cerca del 60% que se quiere profundizar en el plan de desarrollo que flexibiliza aún más el régimen de contratación laboral. Esta situación genera condiciones para ampliar la movilización social. Para este 25 de abril las centrales sindicales, la federación de educadores y organizaciones sociales agrarias y étnicas anuncian un paro nacional que tiene dos reivindicaciones centrales el rechazo al plan nacional de desarrollo propuesto por Duque y el cumplimiento a los acuerdos de paz que buscan ser recortados por el gobierno. Así pues a la debilidad política del gobierno de Duque se suma la protesta social que amenaza con extenderse en todo el país.[i]

Para completar el cuadro de desgobierno que se percibe se encuentra el tema de la paz y de los acuerdos suscritos con la guerrilla de las FARC-EP desde el mes de noviembre de 2016. Duque llega a la presidencia con un discurso de reforma a los acuerdos de paz pero sin la promesa radical de hacerlos trizas. Por el contrario su lema “Ni trizas ni risas” quiso proyectar la imagen de moderación al tiempo que instaló el mensaje de despolarizar el país poniendo en marcha acuerdos básicos para avanzar. Esto le valió en su momento la más férrea crítica de las barras duras del uribismo que lo veían como débil y blando. Ya en el gobierno Duque en estos últimos meses se ha echado en brazos de Uribe y de los sectores más sectarios y radicales de su partido. En esta postura las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP fueron el hecho que culminó el abandono de las posturas centristas de campaña que tenían como propósito lograr el apoyo de estos sectores para ganar las elecciones cosa que logró. Pero ahora ya instalado en el gobierno se ve claramente el desmonte de aspectos claves en la implementación de los acuerdos con el nombramiento de funcionarios que niegan el conflicto y son críticos acérrimos de los acuerdos al frente de organismos claves para su implementación. De modo que las objeciones presidenciales a la ley de la JEP son apenas otro paso en esa dirección, eso sí el paso más visible y contundente en contra de los acuerdos de paz.

En ese empeño y como ya hemos mencionado líneas atrás se ha encontrado con unas mayorías que en algunos casos por convicción como es el caso del partido Liberal, de las bancadas de oposición y de un sector importante del Partido de la U se oponen al desmonte de los aspectos centrales del acuerdo de Paz o la suspensión de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, para mencionar los aspectos más sobresalientes del viraje político que desde el gobierno ha impulsado Duque. En otros casos se trata de malestares y descontentos con el modelo de gobierno que Duque ha puesto en marcha que es el caso de Cambio Radical y del otro sector del Partido de la U. El resultado es la conformación de un bloque mayoritario en el Congreso que por ahora rechaza las objeciones presidenciales y mantiene una actitud crítica frente al plan de desarrollo al tiempo que exige al gobierno abrir el diálogo con la protesta social en curso. Mientras que los sectores extremistas de su partido y del gobierno reclaman mano dura y represión para enfrentar la movilización social. Este es el pulso. Y claro no hay que dejar de mencionar la presión de la comunidad internacional que mayoritariamente presiona al gobierno para que se implementen los acuerdos de Paz muy bien expresada en el informe reciente del Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Esas son entonces las dificultades y las realidades que enfrenta el gobierno de Duque en esta coyuntura.

Bogotá abril 4 de 2019. 

Pedro Santana Rodríguez

Director Revista Sur