Petro: el incómodo outsider
Germán Ayala Osorio
Foto: Zenú Radio
Las billonarias sanciones fiscales impuestas por la Contraloría Distrital de Bogotá, en cabeza de Juan Carlos Granados[1], contra el ex alcalde Gustavo Petro Urrego, expresan con claridad el miedo que tiene una parte sustantiva del Régimen frente a la posibilidad de que aquel pueda, con su liderazgo y con el movimiento político de la Colombia Humana, alzarse con victorias regionales en las elecciones de 2019. Y por supuesto, que en el escenario electoral de 2022 pueda llegar a la Casa de Nariño en la condición de Presidente de la República.
Petro es un outsider de la política y esa condición lo hace ser aún más incómodo para el Régimen de poder. Al venir de la lucha armada, Gustavo Francisco Petro Urrego [2] carga sobre sus hombros la pesada carga moral de haberse levantado en armas contra una Establecimiento que se ve a sí mismo como legítimo y moralmente superior a sus críticos y detractores.
Otra circunstancia que el Régimen no le perdona al ex alcalde de Bogotá es, además de su probada inteligencia y sus capacidades de oratoria y convocatoria popular, el haberse atrevido a tocar los intereses de particulares en el lucrativo negocio de las basuras, cuando decidió competir, como Estado[3] distrital, en la recolección de las basuras en la capital del país. Esa acción, a todas luces temeraria, abrió el camino para que el entonces Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez[4] Maldonado, eximio representante del Establecimiento y de la godarria bogotana, lo persiguiera y sancionara. Allí empezó a fraguarse el fino proyecto político que hoy exhibe la derecha y la ultraderecha colombiana de sacar de la lucha electoral y política a Gustavo Francisco Petro Urrego. Huelga recordar lo acontecido en torno a las medidas cautelares otorgadas en su momento por el CIDH[5] y la orden de restituirlo en su cargo de Alcalde Mayor de Bogotá, ante lo dispuesto[6] por el lefebvrista, Ordóñez Maldonado[7].
Pero antes de las decisiones adoptadas en materia de recolección y procesamiento de las basuras, entre otras decisiones político- administrativas como Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro ya era un sujeto político incómodo para el Régimen por haber develado la penetración paramilitar en el Estado. Y lo hizo, confrontando a Álvaro Uribe Vélez[8], quien es, de tiempo atrás, el agente de poder que se “auto designó” para asumir como propio el desprestigio moral de un Establecimiento que supo usar la figura carismática (mediáticamente[9] construida) del hoy senador del Centro Democrático (CD) para probar hasta dónde el Régimen era capaz de estirar sus propios límites éticos y morales en el periodo presidencial de 2002-2010. Y quedó claro, después de esos aciagos años, que los más sobresalientes y poderosos agentes de poder del Régimen borraron[10] todos los límites entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo legal y lo ilegal, entre lo legítimo y lo ilegítimo. Se suma a lo anterior, los recientes debates en los que participó Petro, al interior del Congreso, en las comprometedoras, turbias, sinuosas, liosas y dolosas relaciones entre sectores de la clase política, empresarial (empresas del grupo AVAL) y el Fiscal General de la Nación[11] con la multinacional Odebrecht, en el marco del pago de millonarias coimas y de contratos ficticios en la construcción de la Ruta del Sol II.
Dos tesis
En el caso de las sanciones fiscales contra Petro Urrego confluyen todo tipo de interpretaciones jurídico-políticas que comprometen el juicio jurídico, el interés político y las lecturas ideologizadas de los magistrados de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Tribunal Superior de Cundinamarca que insisten en la tesis que indica que por sanciones de tipo fiscal no debió haberse permitido que Gustavo Petro se posesionara como Congresista y que, de cara al futuro, no podría aspirar a ser Presidente de la República, hasta tanto no cancele el monto de la sanción fiscal.
Esta tesis claramente va en contravía de la defendida por otros magistrados de las mismas corporaciones y del Tribunal Superior de Cundinamarca, en el sentido en que sanciones de tipo fiscal no pueden ponerse por encima de los derechos políticos de ningún ciudadano que busque acceder a un cargo público de elección popular. Esta tesis hace que lo señalado por la CIDH, y que va en el mismo sentido, se torne vinculante para el Estado y para las decisiones que en dicha materia deban tomar las altas cortes colombianas y los entes de control.
Finalmente, la defensa de Petro Urrego sabe que su futuro político está en manos de los magistrados del Tribunal Superior de Cundinamarca que, en sala plena deberán fallar de fondo en torno a si quedan en firme las medidas cautelares para proteger los derechos políticos del hoy senador de la República; y por supuesto, esa misma defensa estará atenta a lo que en su momento se decida al interior del Consejo de Estado e incluso, en la propia Corte Constitucional.
Llama la atención el silencio del actual Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, quien ya había mostrado su molestia por lo sucedido con la “caída” de sanción de su antecesor, Ordóñez Maldonado impuso contra Petro. Carrillo es partidario del poder disciplinar de la Procuraduría sobre funcionarios de elección popular.
Las circunstancias contextuales
Más allá de la confrontación de las tesis expuestas y del desconocimiento que pueda hacerse de lo prescrito por la CIDH, el proyecto político de la derecha y la ultraderecha colombiana de sacar del juego político-electoral a Gustavo Francisco Petro Urrego se explica por las siguientes circunstancias contextuales: la primera, que guarda estrecha relación con el proyecto de reforma tributaria que cursa en el Congreso y los efectos sociales y económicos que generará en la clase media y baja del país. Más claro: el Régimen sabe que el malestar social en Colombia es creciente y que quien puede capitalizarlo, electoralmente, es Gustavo Petro. De allí la necesidad de sacarlo de la arena política, imponiéndole sanciones billonarias impagables. La segunda, que el Régimen reconoce en Petro a un líder popular, cuyo liderazgo puede verse debilitado por la imposibilidad de ejercer el único cargo que le interesa realmente ocupar al ex alcalde Bogotá: el de Presidente de Colombia. La tercera circunstancia está dada en el miedo[12]que tienen los agentes del Régimen por lo que pueda ocurrir en las regiones en las elecciones de 2019. De triunfar la Colombia Humana en varias regiones, la gobernabilidad de Duque estaría seriamente comprometida, lo que de inmediato pondría en riesgo la continuidad de la derecha en el poder del Estado. Y la cuarta circunstancia tiene que ver con las presidenciales de 2022. De no darse un llamado intempestivo a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC)[13], y de consolidarse la imagen negativa de Iván Duque[14] y de extenderse el malestar social por las medidas económicas adoptadas por el actual gobierno, la derecha está, desde ya, preocupada por quién podría asumir la presidencia en 2022. Dentro del mismo Régimen hay serias dudas sobre la figura que pueda recoger sus banderas. El caso de Germán Vargas Lleras preocupa al interior del Establecimiento por su nulo carisma y por la catástrofe electoral que sufrió recientemente[15], lo que de inmediato obliga a pensar en otras opciones. Quizás el propio Régimen esté pensando en “Pachito”[16] Santos, quien ha mostrado no solo lealtad, sino el carácter pusilánime que se necesita para cumplir a pie juntillas lo que se le ordene desde las instancias de poder económico y político. Y la quinta circunstancia tiene que ver con que la apuesta desarrollista de Duque, a todas luces insostenible[17], estaría en riesgo con la eventual llegada de Petro a la Casa de Nariño. Estarían en riesgo el modelo de la gran plantación, la especialización agrícola (monocultivos de palma africana y azúcar) y la locomotora minero energético, bastiones que el Régimen de poder defenderá a dentelladas, por cuanto ya existe una institucionalidad servicial y al servicio de este modelo económico y social de sociedad.
Así entonces, las billonarias sanciones fiscales que hoy recaen sobre Gustavo Francisco Petro Urrego son, sin lugar a dudas, el camino expedito, aunque controversial, para sacar a este incómodo outsider del juego político electoral. Como sucedió con los casos[18] de Gaitán y Galán, el Régimen supo sacarlos del camino y facilitó su eliminación física. Aunque no deben desecharse planes para asesinar a Petro, el Régimen apela a la sanción fiscal para frenar sus aspiraciones presidenciales. De no prosperar la tesis que niega los efectos políticos de las sanciones económicas, la posibilidad de que Petro llegue al Solio de Bolívar en 2022 es alta. De lograrlo, su magnicidio o el hacer invivible la República serán opciones que muy seguramente se barajarán al interior del Establecimiento, si ese escenario político se llegar a dar. Habrá que esperar. Por ahora, lo único claro y evidente es el miedo y los odios que genera Petro en un Régimen que, como diría Gómez Hurtado, no es más “que un conjunto de complicidades”.
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Notas
[1] Véase: https://www.semana.com/nacion/articulo/fiscalia-imputara-cargos-al-contralor-de-bogota-juan-carlos-granados/587161 Es cuota política de Germán Vargas Lleras. Para esto último, véase: https://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/juan-carlos-granados-becerra
[4] Véase: http://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2018/01/la-cruzada-de-los-inmorales.html
[5] Véase: http://zonacero.com/?q=politica/cidh-recomienda-estado-colombiano-revocar-sancion-exalcalde-gustavo-petro-94625
[6] Hay que recordar que el Consejo de Estado tumbó el fallo disciplinario proferido por Ordóñez Maldonado. Véase: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/consejo-de-estado-tumba-fallo-que-saco-gustavo-petro-de-la-alcaldia-de-bogota-articulo-723365
[12] Véase: https://www.pulzo.com/elecciones-2018/paloma-valencia-dice-como-seria-colombia-humana-PP493062
[16] Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2018/09/pachito-santos-y-la-crisis-venezolana.html
[17] Desde lo ambiental, lo socia, lo político, lo cultural y lo económico.
[18] Hay que sumarle el caso de Ingrid Betancur Pulecio quien en su relato ante la JEP, dejó entrever que su secuestro bien pudo haberse facilitado por agentes de poder e incluso, por el propio presidente Pastrana, pasar sacarla del juego político, dado que al momento de ser privada de su libertad por parte de las Farc, fungía como candidata presidencial por el Partido Oxígeno Verde. Véase: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0611/articulo06.html
Germán Ayala Osorio
Comunicador social y politólogo
