Sumisos ante el poderoso
La prevalencia de una agenda narcotizada es la peor de las vías para que algún día Colombia logre establecer una política diplomática sin sometimientos ni controles de todo tipo por parte de los Estados Unidos.
Esta realidad, que tanto le ha pesado a nuestro país, llevándolo a quedar como el peón más fiel de la potencia del Norte en todo el subcontinente e incluso más allá, como lo promete su inserción en la órbita de la Otan, se vuelve a evidenciar con la visita de una delegación de alto nivel de aquel país que el pasado 11 de septiembre se reunió con el presidente Duque.
Como es común en la diplomacia, las palabras o letras dicen de manera suave lo que de verdad el emisor espera del receptor. Ese es un principio impuesto por las ‘formas’, la cordialidad, el ‘respeto’ al otro, que sabrá leer entre líneas el mensaje real que se recibe.
Como una demostración de la fuerza indiscutida de ese lenguaje almibarado, en la citada reunión, James Carrol, subdirector de Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos, junto con Karl Schultz, comandante de la Guardia Costera, acompañados de funcionarios de los departamentos de Estado y Defensa, y de la Agencia de Desarrollo Internacional de Norteamérica, le reclamaron al presidente colombiano por el crecimiento hasta 200 mil hectáreas de los cultivos ilícitos. Su fumigación hacia el año 2010, sin miramiento alguno, llegó a reducirlas hasta 50 mil hectáreas.
Según lo expresado por los emisarios de Trump, los altos niveles de siembra de coca y producción de cocaína son una herencia recibida por el nuevo gobierno; y enfatizan, además, que comprenden el tránsito en que se encuentra el país producto del Acuerdo de Paz firmado con las Farc, lo que implica ciertas condescendencias. Pese a ello, enfatizan en que el país se “está quedando atrás en la lucha contra las drogas”, realidad que daría para descertificarlo. El encuentro fue aprovechado para entregarle al nuevo regente de la Casa de Nariño una misiva del presidente Trump en la cual éste llama la atención por la realidad que sobre el tema de drogas vive Colombia, que afecta de manera negativa a los Estados Unidos.
El mensaje es claro: les damos un tiempo para que cumplan o…
El establecimiento sabe lo que significa este mensaje, que funciona como los elementos que sirvieron para que Pavlov demostrara ciertos procesos de aprendizaje basados en el reflejo condicionado, en este caso una descertificación de parte de sus tutores y protectores, con sus dolorosas consecuencias: recorte o eliminación de todo tipo de ayuda económica, aprobada con anterioridad; eliminación de beneficios comerciales y cualquier otra ventaja otorgada por la potencia a su vasallo.
Otra vuelta a la tuerca. El mismo 11 de septiembre fue emitido un memorando por parte de la Casa Blanca (“Principales países productores y de tránsito de drogas año fiscal 2019”), en el cual el jefe de Estado estadounidense le reclama a Colombia, lo mismo que a países como Afganistán y México, por el aumento de los cultivos ilícitos. Otra decena de países también fue cuestionada por ser parte de las rutas usadas por los narcotraficantes para el envío de estupefacientes hacia la Unión Americana. Colombia es señalada en este memorando como “el mayor productor de sustancias ilícitas”, para exigir a renglón seguido que sus autoridades deben mostrar mayores compromisos y resultados en la guerra contra las drogas.
Como se recordará, esta guerra fue diseñada en realidad como estrategia para ahondar el control de Estados Unidos en la geopolítica global: lo demás es mero discurso. Estamos ante una eficiente estrategia para el caso de América Latina, por lo menos, pero también hacia Europa, una parte de Asia y África. La cantidad de presos que llenan las cárceles de Estados Unidos también ratifica la funcionalidad de tal política para el control social interno, criminalizando y atomizando clases y sectores sociales muy identificados, e impidiendo así el crecimiento de las voces críticas de la política dominante en los Estados Unidos, lo que ellos llaman “enemigo interno”.
Lección aprendida
Como todo alumno ñoño o nerdo, el nuevo gobierno colombiano, adelantándose a estos llamados de atención, había expresado en público su preocupación por el incontrolado crecimiento de narcocultivos, así como su decisión de obligar a su erradicación, consentida o impuesta, enfatizando en reiteradas ocasiones que reestablecerá la fumigación con glifosato. Ante las protestas de diversos sectores por lo anunciado, y curándose en salud, reafirmó por boca del propio Presidente que llevará a cabo tal política garantizando los preceptos exigidos en abril de 2017 por la Corte Constitucional. Es decir, adelantará consultas previas con quienes pueblan los territorios afectados por la aspersión del herbicida, concertando con los mismos la forma de hacerlo, a la par que financiando la siembra de otros productos para que recojan de ellos lo necesario para vivir, con alertas a los centros de salud cercanos a las zonas fumigadas para que estén atentos a atender la población que resultare afectada en tal acción, y adelantando, por lo demás, la aspersión de manera tal que el químico no afecte otros sembrados allí existentes. Finalmente, donde no se logre concertar, se impondrá el criterio del gobierno central.
Es decir, en el afán por cumplir con la geopolítica imperial, lo que viene es guerra abierta contra los cultivadores y otros sectores campesinos que encontraron en el cultivo de coca un recurso para asegurar una vida en mejores condiciones que la brindada por la siembra y comercialización de yuca, maíz o cualquier otro producto de consumo tradicional. También fue anunciada la persecución a los consumidores de marihuana y otras sustancias psicoactivas en el territorio nacional. Es un camino ya recorrido y con resultados adversos a todo nivel, y que obliga a preguntar, ¿habrá cárcel para tanta gente?
¿Cómo lograr una efectiva motivación de los campesinos para que acepten una reconversión en sus sembrados? Difícil es el tema, ya que, como está demostrado, la agricultura tradicional en territorio de la cuenca amazónica, por sus altos costos en transporte, no es rentable, y la implementación de un subsidio atemporal desde el Estado no tiene soporte fiscal para garantizar la manutención de miles de familias campesinas.
En la política antidrogas que impondrá Duque, así la llame nueva, renovada, novedosa, integral, etcétera, nada hay de ello por fuera del estilo calculadamente suave con que está siendo presentada, en busca de neutralizar a una parte de los contradictores, y al tiempo eludir el espinoso tema de las consecuencias que tal política tendría sobre la salud de los habitantes de los territorios involucrados, y además sobre la naturaleza y todas las especies que la pueblan. Esperemos que, en este particular, Duque asuma el consejo del presidente de la Corte Constitucional: “(En el uso del glifosato y sus dañinos efectos sobre la salud), al final del día, si la evidencia científica no es conclusiva, se debe aplicar un principio que es muy importante en el Derecho ambiental, que es el principio de precaución”.
En todo caso, como es sabido, Bayer, la empresa hoy propietaria de la marca Monsanto, productora original del glifosato, recientemente fue condenada en Estados Unidos a pagar varios cientos de millones de dólares al demostrarse que el cáncer sufrido por un jardinero provenía del uso de tal sustancia en su trabajo. Pese a todo, en Colombia siguen arguyendo que no hay prueba científica que demuestre la intrínseca relación entre ciertos tipos de cáncer y el cuestionado herbicida.
En estas circunstancias, como sociedad, estamos parados ante la realidad que requiere una política de Estado, de verdad integral, la cual de alguna manera fue resumida en los recientes Acuerdos de paz firmados con las Farc, en cuyo punto 4 se estableció: a) No disociar la problemática de los cultivos ilícitos del desarrollo rural y la del consumo como asunto de salud pública y su respectivo enfoque de Derechos Humanos; b) generar condiciones de bienestar para quienes allí habitan, creando condiciones para su tránsito hacia una economía legal; c) darle curso a la transformación de las condiciones de pobreza y marginalidad que afectan a los pobladores del campo, además de resolver la débil presencia institucional que siempre reina en esta parte del país, dando cuenta a la par de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico; d) garantizar una transformación estructural del campo, dándole vía a una Reforma rural integral: e) sustitución voluntaria y no resiembra; f) controles estatales a la producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos usados para la producción de drogas; g) implementación de una estrategia de lucha contra la corrupción, asociada al narcotráfico; h) una política nacional frente al consumo de drogas.
Como es de conocimiento público, nada o poco de esto se ha concretado en los dos años posteriores a la firma del mencionado Acuerdo, y, como todo lo indica, el futuro es poco prometedor. Asimismo, la voluntad de quienes han detentado el poder en nuestro país es contraria a la redistribución de la tierra y la implementación de una política soberana en el conjunto de la agenda estatal, con particularidades como la que nos ocupa, que implicaría una política agraria de carácter integral que esté dirigida a la soberanía alimentaria, priorizando para ello una producción limpia, para lo cual una condición sustancial debiera ser la motivación y la financiación del campesinado para que dejen de utilizar agrotóxicos.
Un liderazgo internacional para confrontar la guerra contra las drogas sería otra columna central de esta política soberana, unida a una agenda ambiental de protección de páramos y bosques de todo tipo, para lo cual es fundamental, además de desestimular el consumo de sustancias psicoactivas, la confrontación integral del narcotráfico, aislándolo socialmente, y dejando a un lado la política imperial de “Guerra contra las drogas”.
Una política en verdad soberana en todos los órdenes, he ahí el reto para quien de verdad busca un mejor futuro para los 49 millones que habitan este país. Contrario a ello, enardecidos por la anunciada visita de Trump en noviembre próximo, desde la Casa de Nariño se atizará la confrontación con uno de los eslabones débiles de la cadena del narcotráfico: los campesinos raspachines.
Fuente: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/35193-sumisos-ante-el-poderoso.html
