Dentro del nuevo modelo, el Estado se convertirá solo en un regulador y facilitador del nuevo negocio cuyos grandes beneficiarios serán las compañías oligopólicas del ramo
La economía naranja y el modelo de maquila cultural
Este modelo hace parte de una política neoliberal, que suprime expresiones de la cultura, como un derecho de la gente, con lo que pretende eliminar la obligación del Estado de garantizar, auspiciar, financiar y defender todas las expresiones artístico culturales de asiento nacional.
GUSTAVO ADOLFO QUESADA, - FELIPE ARANGO*
Presionado por el capital internacional –léase Ocde– el gobierno Santos impulsó y logró la aprobación de esta Ley, la que junto con la Ley Lleras 6.0 y el proyecto Ley de Convergencias, arrasan con el patrimonio cultural inmaterial del país. Reducida a simple mercancía, las expresiones culturales y sus creadores son embolsados en el botín de las multinacionales.
En abril 26 de 2017, la denominada Ley Naranja, presentada por el senador Iván Duque Márquez, fue aprobada en último debate en la Cámara de Representantes. Inexplicablemente, la discusión se adelantó, pasando del puesto 25, que originalmente tenía en la agenda, al segundo. Con un quórum mínimo y sin un estudio real, obtuvo 80 votos a favor y solo 5 en contra. Otro ejemplo de cómo en nuestro país se aplica una política antidemocrática, aprobando leyes a pupitrazo, sin garantizar una amplia deliberación que incluya a la sociedad civil y a los sectores directamente interesados. Como era de esperarse, el presidente Santos, se apresuró a convalidarla, sancionándola en tiempo récord.
En 2013, Iván Duque y Felipe Buitrago, ya habían presentado para el Banco Interamericano de Desarrollo –BID– un extenso estudio sobre el tema, con estadísticas mundiales de lo que ellos denominaban la economía de la cultura y la creatividad y sus posibilidades como nueva fuente de negocios y emprendimiento. Allí se calculaba el monto de la Economía Naranja en las Américas en 1.932 miles de millones de dólares de los cuales 1.664 en Estados Unidos, 175 en Latino América y el Caribe y 93 en Canadá. En el caso de Latino América, los países más relevantes son: Brasil con 66 mil millones de dólares, México con 55, Argentina con 17 y Colombia con 11.
El 17 de junio de 2018, en su discurso, tras ganar las elecciones en la segunda vuelta, Iván Duque resaltó éste renglón económico como uno de los pilares de su futura política gubernamental hasta el punto de mencionar posteriormente la posible creación de un viceministerio de la Economía Naranja. La importancia del tema por su relevancia económica y por ser el nuevo concepto con el cual pretenden manejar a la cultura y las artes, obligan a profundizar sobre las consecuencias que tiene para la Nación y la sociedad en general.
El concepto de Economía Naranja surge como otro derivado de las economías multicolores (verde, fucsia y demás), con las cuales las multinacionales pretenden solucionar sus problemas ante la crisis de rentabilidad a la que se ven enfrentadas.
En 2008, tras el crack financiero en el que colapsan Lehman Brothers y otras instituciones financieras norteamericanas y europeas, las instituciones financieras mundiales y los monopolios internacionales se apresuraron a buscar nuevos nichos de ingresos para salir de la crisis. No bastaron los enormes recursos que el gobierno americano invirtió en su rescate (solo el American International Group recibió 182.000 millones de dólares en asistencia y a distintas instituciones les ofrecieron alrededor de 16 trillones de dólares en “bailouts” –rescates– y otros subsidios de la Reserva Federal y del Congreso).
Fue la danza de los millones, con dineros públicos, para salvar a unos pocos, en este caso, especuladores privados. Millones que deben encontrar destino. Uno de cada diez dólares de la economía mundial va a la producción de bienes y servicios. El resto se invierte en modelos especulativos (mercados de deuda, de valores, futuros, seguros, etcétera). Hay millones de dólares que no tienen como invertirse y, por ende, se deben buscar nuevas fuentes o “nichos” que generen réditos. Entre estos se encuentra la “creatividad”. Es el gran capital buscando una nueva economía. Se trata de un modelo impuesto desde arriba y que no surge desde abajo. No son los artistas, son el Banco Interamericano de Desarrollo –BID– y las financieras mundiales proponiendo un modelo de negocio.
Las industrias llamadas creativas comprenden los sectores que conjugan la creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural y/o aquellas que generen protección en el marco de los derechos de autor. La intención es incluir renglones ya existentes (gastronomía, arquitectura, publicidad, moda, turismo, agencias de noticias, videojuegos, etcétera) con otros nuevos de tipo artístico (artes escénicas, plástica, música, literatura, danza...). Dentro del nuevo modelo, el Estado se convertirá solo en un regulador y facilitador del nuevo negocio cuyos grandes beneficiarios serán las compañías oligopólicas del ramo.
Este modelo hace parte de una política neoliberal, que suprime expresiones de la cultura, como un derecho de la gente, con lo que pretende eliminar la obligación del Estado de garantizar, auspiciar, financiar y defender todas las expresiones artístico culturales de asiento nacional. De esta manera, la expresión cultural desaparece como derecho y se convierte exclusivamente en un negocio de las empresas del entretenimiento. Se intenta acabar con su papel como generadora de valores morales, éticos y estéticos, de nacionalidad y de construcción y reconstrucción del tejido social y se pone en entredicho la propiedad del patrimonio cultural inmaterial de la Nación.
El único criterio que se aplicará para que sobreviva cualquier iniciativa cultural, será que produzca réditos inmediatos. Así se trata, a las expresiones culturales, y al arte, como cualquier otro bien seriado, llámense zapatos, camisas, automóviles o goma de mascar. No se tiene en cuenta su carácter como productos únicos e irrepetibles. Tampoco se tiene en cuenta el valor que producen, no solo intelectual sino materialmente, a través del tiempo.
Las grandes obras, no solo perduran, sino que se reproducen por centurias. Se siguen montando los dramaturgos griegos, o a Shakespeare; se siguen tocando y escuchando la música de Bach, Mozart o Beethoven; y se siguen imprimiendo las obras de los grandes literatos, de Homero en adelante. Esto genera una riqueza material durante prolongados períodos de tiempo, por siglos, fuera del invaluable enriquecimiento a nivel intelectual y espiritual. La creación tiene unos parámetros totalmente distintos a las demás mercancías.
En este contexto, la Ley Naranja, en vez de solucionar el problema del abandono de los creadores por parte del Estado colombiano y de velar por el derecho fundamental del acceso a la cultura, busca que en medio de la crisis y la baja de la rentabilidad en otros sectores económicos, la economía creativa sirva como “oportunidad de negocios”, para grandes empresas nacionales e internacionales.
Como es conocido, dentro de los ciclos productivos se habla de creación, producción, distribución y comercialización. En este caso, serán los comercializadores los que se queden con el 90 por ciento del producido. La Ley Naranja hace parte del mismo paquete que incluye la Ley Lleras 6.01 y el Proyecto de Ley de Convergencias 1742, en los cuales dentro del concepto del copyright son los intermediarios quienes se benefician con la mayor tajada del pastel. A los pocos creadores “afortunados” que logren entrar en el negocio, les tocará un 10 restante, mientras los negociantes se apropiarán del conocimiento de la humanidad y manejarán su distribución únicamente bajo sus criterios de lucro y control del saber. Es el concepto del conocimiento, la cultura y las artes como propiedad privada, generadores del lucro, y no como bienes comunes de la sociedad.
El propósito es acomodar la “economía creativa” a los Tratados de Libre Comercio ya firmados y los por firmar. Con esta Ley se pretenden afinar los instrumentos jurídicos para que las industrias creativas extranjeras entren a saco al mercado colombiano con las mismas garantías de la industria nacional (nefasto Artículo 100 de la Constitución del 91). Se trata de impulsar que el modelo empresarial antinacional se lucre de la infraestructura que la nación, los departamentos y los municipios construyen con los impuestos de los colombianos y con el talento nacional. Es decir, estamos ante un nuevo caso de competencia desigual, en la que la desprotección y la falta de garantías llevarán a la ruina a las industrias culturales y los artistas nacionales. El creador colombiano, que no es ni siquiera mencionado en la Ley, terminará siendo apenas un empleado más, sin posibilidad de continuar con su creación independiente. En la práctica, el país se convertirá en una maquila cultural.
Por lo demás, la ley no habla del fortalecimiento del sector a través del apoyo financiero del Estado. Por el contrario, entrega al capital financiero el manejo de la “Economía Naranja”. En materia de presupuesto solo contempla créditos y líneas de inversión a través de Bancoldex, Findeter y Procolombia, entidades que promueven y financian el libre comercio, con lo que, finalmente, además de encadenar la Economía creativa a los ciclos de la apertura económica, encarece su consumo, obligando a los ciudadanos a pagar los costos.
De esta manera, el patrimonio cultural inmaterial del país recibe su sentencia de muerte. No solo se entrega la creación nacional en manos de los grandes empresarios, sino que las regiones, las etnias y los municipios pierden toda posibilidad de una expresión cultural autónoma e independiente y quedan sometidos a los circuitos financieros y al modelo empresarial que promueve esta Ley.
La nuestra es una crítica que no cuestiona la posibilidad de que exista la cultura del entretenimiento y de que existan empresas que se beneficien con ello. El primer problema es que los pequeños y medianos productores nacionales tendrán que enfrentar una competencia desleal donde los únicos beneficiados son los monopolios culturales nacionales y extranjeros. El segundo, y tal vez el principal, es que se despoje al pueblo colombiano del derecho a tener un arte y cultura nacionales y se exima al Estado de sus obligaciones. En Colombia el presupuesto del Ministerio de Cultura representa solo el 0.16 por ciento del presupuesto general.
El país tampoco cumple con las mínimas recomendaciones de la Unesco de la cual somos miembros. La Convención de la Unesco para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, del 2005, especifica “que las actividades, los bienes y los servicios culturales son de índole a la vez económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben tratarse como si solo tuviesen un valor comercial”. La Declaración Internacional sobre la Condición del Artista aprobada en Belgrado en 1980 y ratificada en París en 1997, dice: “Sin dejar de apreciar el creciente interés del sector privado hacia el apoyo a la creación sobre todo cuando su contribución evita que se pierdan talentos creadores por falta de medios, reafirmamos la importancia de mantener la financiación pública de las artes”.
Desoyendo estas y otras recomendaciones, lo que se pretende imponer es la ley del más salvaje y del “sálvese quien pueda”, ante la arremetida voraz de los monopolios impulsadores de la banalidad, lo trivial y lo vacuo, lo cual busca reforzar su perniciosa ideología y el concepto de contra-cultura a nivel mundial.
La cultura y el arte necesitan una legislación que esté acorde con su estado actual y que impulse y defienda la creación nacional y sus aportes a la sociedad. Ante esta ley y las demás del ramo, ya sea que estén aprobadas o en proyecto, es fundamental realizar un amplio debate en el que participen todos los actores involucrados; retirar el arte y la cultura de los tratados de libre comercio y del bloque de la llamada Economía Naranja y evitar su entrega a las multinacionales; se debe crear una Política Pública Cultural del Estado y una Nueva Ley General de la Cultura y el Arte que incluya el fortalecimiento y la promoción del artista y su trabajo, a la vez que defienda todo el arte colombiano y, por supuesto, la producción de las industrias culturales nacionales. En definitiva: proteger la soberanía cultural nacional.
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* Unidad Nacional de Artistas
1 La ley Lleras 6.0 ya fue aprobada el 22 de mayo tras ser tramitada con un mensaje de urgencia del gobierno, para cumplir las exigencias de EEUU que había condicionado su aval para que Colombia ingresara a la Ocde, a la aprobación de la misma. Debido a la protesta de amplios sectores, se le hicieron pequeñas reformas de maquillaje (a las bibliotecas se les posibilitó el préstamo público y se les permite tener terminales para disponer “in sito” de contenidos; las Medidas Tecnológicas de Protección (MTP) impuestas son menores de la ley aprobada en 2012 pero las excepciones son muy limitadas; se amplió de 3 a 10 años la prescripción para los dineros que las sociedades de gestión deben distribuir a los autores identificados; el capítulo que se ocupa de obras huérfanas (aquellas de las cuales no se conoce o no se halla el autor) contempla una mínima parte de ellas y en forma restrictiva; no se incluyó el concepto del “fair use” (uso justo), el cual sí se aplica en EEUU; el castigo de prisión para la piratería se aplicará a aquellos que supone que actúen no sólo con intención sino que tengan escala comercial o interés de lucro.) El fondo del problema se dejó intacto, manteniendo la propiedad y el manejo y la distribución del conocimiento en manos de las grandes empresas multinacionales de la comunicación y ampliando sus derechos de propiedad de 50 a 70 años.
2 El 12 de junio, el proyecto de Ley de Convergencias 174, también recomendación de la Ocde, tuvo que ser retirado por el gobierno debido a la masiva protesta de los sectores del audiovisual y de organizaciones de la cultura como la Unidad Nacional de Artistas. En él se proponía un único regulador que se ocupe de la TV, las redes y la infraestructura de las telecomunicaciones, acabando de tajo el concepto de las comunicaciones como un servicio de interés social y dejando sin garantía de financiación a los 10 canales de la televisión y a los medios audiovisuales públicos; se liquidaban la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC– y la Autoridad Nacional de Televisión –Antv– y se fusionaban El Fondo para el Desarrollo de la Televisión y las Comunicaciones y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, creando un nuevo Fundo Universal Único –FUU– y la Autoridad Nacional de Regulación de Comunicaciones –Anrc–, administrados con criterios políticos por el gobierno de turno a través del Mintic; se reducían drásticamente los aportes al fondo de parte de los prestadores con título habilitado, al reducir sus aportes en más de 3 puntos y establecer una senda de decrecimiento de los mismos; y se ampliaban los permisos para el uso y explotación del espectro a 30 años renovables. Al ser una recomendación de la Ocde y bajo los criterios de la Economía Naranja impulsados por el Presidente elegido, Iván Duque, es seguro que se intentará hacer aprobar el proyecto en la próxima legislatura, razón por la cual las asociaciones del sector y la sociedad en general, deben estar alertas para rechazarlo de manera categórica.
Fuente: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/34717-la-economia-naranja-y-el-modelo-de-maquila-cultural.html
