A pesar de la evidencia en este momento muy pocas personas en el país se atreven a aseverar la relación entre el megaproyecto energético en Antioquia y su relación con el paramilitarismo.
Hace unos meses Eurodiputados en visita al megaproyecto energético de Hidroituango mostraron su preocupación por el proceso de inundación de la represa que se debería llevar a cabo el 1 de julio del presente año. La preocupación estaba dada por la posibilidad de que cientos de familiares de víctimas de desaparición forzada en el norte de Antioquia tal vez se queden sin hallar a sus seres queridos.
Al parecer los vestigios de la memoria de las acciones de las autodefensas en Antioquia se pretenden ahogar en el proyecto energético. El megaproyecto guarda una línea de hechos con un denominador común, el senador Alvaro Uribe Velez, veamos cómo:
La semana pasada la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró como de lesa humanidad la masacre de la Granja y de San Roque, perpetrada en 1996, y la masacre del Aro, ocurrida en 1997. La decisión la tomó la Sala Penal en el marco de la indagación previa, que cursa en el radicado 45.110, en contra el senador Álvaro Uribe Vélez desde el año 2014 por presuntos nexos con grupos paramilitares.
La masacre del corregimiento del Aro, en el Municipio de Ituango, fue perpetrada por el bloque Mineros de las autodefensas con el apoyo de las fuerzas militares y gubernamentales del departamento de Antioquia; realizaron una matanza colectiva de 19 campesinos y desplazaron más de 1400 personas de dicho territorio.
Según el paramilitar Francisco Villalba, el entonces gobernador de Antioquia Alvaro Uribe Velez habría dado la orden de “acabar con el pueblo” y habría enviado dos helicópteros para desplazar paramilitares a la zona, tiempo después el paramilitar Villalba fue asesinado.
Según el portal Verdad Abierta, la Magistrada del Tribunal de Justicia y Paz solicitó investigar hasta qué punto acciones militares de las AUC beneficiaron el proyecto energético de Hidroituango.
La legalización estuvo a cargo de Patricia Hernández, Fiscal 15 de la Unidad de Justicia y Paz, quien afirmó que “el principal obstáculo para este proyecto, fue la presencia de la guerrilla. En 1996 entró el Bloque Mineros a Ituango y justo dos años después se constituyó la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A.”.
Continúa: “Pero a la par que evolucionaba el proyecto, el avance paramilitar también lo hacía. La Fiscal 15 detalló que entre 1996 y 1998 se perpetraron por lo menos 15 masacres en los municipios de influencia de la futura hidroeléctrica. Las primeras tres ocurrieron en 1996; en 1997, se perpetraron cuatro más; y en 1998, se realizaron ocho asesinatos masivos. Los municipios afectados fueron Ituango, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Briceño, Olaya, Yarumal y San Andrés de Cuerquia, entre otros. Luego, hasta el año 2002, la constante fue asesinar campesinos de manera selectiva, acusados de auxiliar a las guerrillas de las Farc y el Eln.”
De manera particular se observa que el año en el que se da la incursión paramilitar y la masacre en la zona de Ituango, como lo ha evidenciado el columnista Yoir Akerman, se dio vida al proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, por parte de la asamblea departamental de Antioquia:
El 29 de diciembre de 1997, el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ejecutó la Ordenanza No 35 de la Asamblea Departamental para crear la “Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero S.A.” definiéndola como una zona de reserva natural, turística y ambiental.
Además de lo anterior, el mismo columnista muestra cómo la adjudicación del proyecto, realizada en 2010 (último año del segundo periodo presidencial de Alvaro Uribe), por el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, (exjefe de debates del candidato presidencial Ivan Duque y acusado por la Corte Suprema de Justicia por financiar y apoyar grupos paramilitares), facilitó las ofertas de firmas constructoras de Brasil, generando irregularidades en la licitación, en la cual quedarían como oferentes únicas Odebrecht y Camargo Correa, empresas implicadas en actos de corrupción a través del pago de coimas a funcionarios de gobiernos de América Latina, en particular a los gobiernos de Alvaro Uribe y Juan Manuel Santos en Colombia.
La composición acccionaria de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, que quedó distribuida de la siguiente manera: el Instituto para el Desarrollo de Antioquia tiene el 52,89%; Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC) el 46,47%; y un restante 0,64% está en poder de otros accionistas, entre públicos y privados.
Aún falta observar el acervo probatorio que al respecto la Magistrada de la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín le solicitó en 2011 a la Fiscal 15, que permita identificar “quiénes son esos otros accionistas” de HidroItuango, con el fin de investigar si alguno tuvo relaciones con los paramilitares o se vio beneficiado por las acciones perpetradas por las Auc, a través del Bloque Mineros.
A pesar de la evidencia en este momento muy pocas personas en el país se atreven a aseverar la relación entre el megaproyecto energético en Antioquia y su relación con el paramilitarismo, la presión ejercida por sectores políticos cercanos al senador Uribe en Antioquia, cómo lo es el alcalde de Medellín Federico Gutierrez, hoy tratan de encubrir y suavizar con el apoyo de los medios de comunicación privados del país, una tragedia enterrada, ahogada y anunciada con un solo denominador común, ALVARO URIBE VELEZ.
Fuente: https://lapipa.co/hidroituango-masacres-desplazamiento-corrupcion-y-un-denominador-comun-alvaro-uribe-velez/
