Un episodio de gravedad histórica
Edgardo Mocca
No tiene sentido argumentar lo obvio: la condena a Lula no es otra cosa que una proscripción política. Pensar la cuestión de otro modo llevaría a asumir como cierto no solamente que el ex presidente es corrupto -lo que está lejos de haber sido probado- sino que es el único miembro corrupto de la clase política brasileña, lo que claramente se evidencia como absurdo apenas se repara en la trayectoria del individuo que hoy ejerce la máxima magistratura en ese país. Igual que en estos pagos: la “corrupción” siempre está de un solo lado del tablero.
Por la magnitud del hecho y por el lugar estratégico y geopolítico del país en el que tuvo lugar, no cabe duda de que estamos ante un episodio de gravedad histórica, un punto de inflexión en la historia política latinoamericana que pone en un cono de sombras el futuro del proceso de redemocratización abierto en 1983. La señal es clara e indudable: el proyecto de restauración del orden neoliberal en América Latina no reconoce un límite en el respeto por la institucionalidad democrática; por el contrario la señal es que el establishment local y global considera que la continuidad institucional solamente es compatible con el dominio oligárquico y con un sistema político arrodillado ante sus designios.
Claro que la existencia de ese proyecto conservador no remite a estados mayores plenamente sincronizados ni se reduce a la simple y pura conspiración de ciertos servicios de inteligencia (aun cuando la existencia de ambas cosas está largamente probada y documentada). Lo que funciona es una coalición política de facto que articula elencos de gobiernos de derecha, grandes corporaciones económicas, emporios periodísticos y poderes judiciales colocados en el lugar de garantes jurídicos de un régimen que solamente es legal en sus formas; en su esencia es profundamente ilegal y autoritario. Esta coalición –la verdadera forma política actual de la derecha neoliberal en la región y en el mundo– ha entrado en una dinámica agresiva y prepotente que parece no imaginar siquiera la posibilidad de que la actual tendencia se altere y en plazos visibles tengan que rendir cuenta de sus delitos. No es una coalición para la “alternancia” sino un bloque político dispuesto a cerrar por muchos años toda posibilidad de discusión pacífica y democrática del futuro de nuestros países. Confían en el enorme poder de seducción y de extorsión que les confiere el dominio de los lugares estratégicos del poder. El poder político, económico e ideológico está concentrado en manos de ese bloque, lo que contraría el postulado liberal que advierte las consecuencias autoritarias de esa concentración. Está muy claro que el bloque conservador advierte el dramatismo de la puja política de alcance regional en estos días. Actúan sin escrúpulo alguno. Confían en la dinámica que se ha abierto y no parecen tener ningún plan B: si el populismo no es erradicado a como dé lugar, es imposible el orden político necesario para la reestructuración neoliberal. No tienen en su agenda ninguna previsión táctica para el caso de que el populismo gane una elección y retome el gobierno; simplemente juegan todas sus cartas a cerrar a cal y a canto cualquier posibilidad de que ello ocurra.
De alguna manera el acontecimiento se une a la saga inaugurada con el golpe institucional contra Dilma Roussef y está indicando también una nueva estrategia política en el plano regional. La cuestión de la legalidad democrática ha perdido relevancia relativa en el discurso frente a lo que se entiende hoy como la prioridad del funcionamiento de una economía “de mercado” y el enfrentamiento a las fuerzas del populismo que junto con el terrorismo conforman el enemigo mundial a derrotar. Puede conservarse el régimen legal de partidos, coaliciones y alternancias en los lugares y en los tiempos en que ese régimen no sea amenazado por fuerzas “antisistema”. No es muy difícil percibir el delicado aroma a doctrina de seguridad nacional que emana de este discurso. ¿Dónde está entonces la novedad? Está en la sofisticación y eficacia que ha ido alcanzando el frente de agitación y propaganda masiva puesto en marcha por los poderes reales, en nuestros países y en el mundo. Claro que no se trata simplemente de las técnicas puestas en juego, sino también y sobre todo de las transformaciones operadas en la vida social de nuestros países. La competencia, el éxito, el mérito y por fin el dinero. A eso se reduce el sentido de la existencia. Ese es el logro principal de la ofensiva neoliberal comenzada a sangre y fuego hace más de cuatro décadas y que expandió su dominio cultural en la década del noventa del siglo pasado. Y para asegurar esos logros hay que enfrentar lo público, lo que intenta equilibrar el balance de fuerzas, lo que procura relativizar las desigualdades y hasta, en algunos casos, permitirse el intento de erigir otros valores y otros modelos de desarrollo individual y comunitario. Lula es también, en este sentido, un poderoso símbolo. El símbolo del ascenso de un simple obrero metalúrgico a la presidencia de la principal potencia latinoamericana. Un ascenso que no se aseguró alineándose al frente de los ganadores y los exitosos, a la política como vacío espectáculo mediático, sino viviendo una historia de luchas, de compromisos y de entrega a su clase y al pueblo. Lula es el hambre cero, el reconocimiento de las ciudadanías no blancas, el representante del postergado nordeste brasileño, la tradición del sindicalismo combativo. Es también el amigo de Chávez, de Evo, de Correa, de Néstor y de Cristina. El promotor principal de la Unasur, cuyo vaciamiento político es una prioridad de las nuevas derechas de esta parte del mundo. Es el interlocutor de los países del BRICS, el líder intelectual y moral de una de las potencias emergentes del planeta. A partir de este 24 de enero, es también un emblema global de la lucha contra el poder de las corporaciones, contra el ataque a las instituciones democráticas, por el respeto irrestricto de la voluntad popular.
Cualesquiera sean las formas que asuma el desarrollo de la situación política en Brasil, no caben dudas de que el país vecino ha entrado en una etapa políticamente crítica. La suerte del “operativo proscripción” –cuyo vínculo con nuestra escena local aparece con gran nitidez– no está definida, sino que, más bien, tendrá que enfrentar un esperable clima de rechazo y una fuerte amenaza de inestabilidad política. Es importante pensar en los costos que esta línea de acción puede acarrear a quienes la impulsan. Ya se escucha a los sectores más razonables del establishment alertar sobre las consecuencias que puede traer la decisión tomada por los jueces en el aumento de la cantidad y la intensidad de la adhesión popular al líder proscripto. Algo puede enseñar la experiencia argentina al respecto. La oligarquía argentina soñó en 1955 con la apertura de una era posperonista en nuestro país. Exilado el líder, proscriptos sus símbolos y su nombre, perseguidos sus simpatizantes y prohibida cualquier participación electoral, el peronismo se construyó como una potente y duradera identidad, capaz de convertirse en un recurso –el principal– de la expresión política de las clases subalternas. La tarea de cerrar a cal y a canto la experiencia popular-nacional de los primeros años del siglo en esta región no es de sencillo cumplimiento. La prepotencia autoritaria de los poderosos tiende a correr el velo con el que se cubrieron durante las últimas décadas, el velo del republicanismo, del respeto a las instituciones, de su condición de guardianes de la paz y la estabilidad. No son los valores socialistas ni nacionalistas los que están pisoteando: son las premisas más elementales del liberalismo democrático, el suelo ideal en el que se apoyaron desde el resurgimiento de las democracias en los ochenta para desde allí deslegitimar cualquier intento de transformación política y social. Ese suelo está sufriendo una dura erosión. Es necesario que los valores liberal-democráticos –el respeto por la vida, la supremacía de la ley y la constitución, la defensa del sufragio libre de coacciones y de exclusiones, la libertad de asociación y manifestación– vuelvan al centro de la vida política. Justamente porque está quedando demostrado cuáles son las fuerzas sociales y políticas que creen en esos postulados y cuáles los usan como decorado de sus prácticas de dominio.
De la proscripción judicial a la candidatura de Lula se deriva toda una serie de acciones judiciales, denuncias, impugnaciones y contraimpugnaciones. Es justo recorrer ese camino para mostrar el carácter ilegal de lo actuado y deslegitimar la decisión. Pero la batalla principal está en la política. En la movilización popular en sus más variadas formas. En el combate comunicacional contra la manipulación y la intoxicación permanente de la conciencia colectiva que llevan a cabo los medios: desde el boca a boca hasta el uso de las nuevas formas de difusión habilitadas por internet. Es el tiempo de la desobediencia civil. Pacífica, paciente, inteligente, innovadora, transparente. El pueblo de Brasil y todos los pueblos de la región no reconocemos lo actuado por ese poder judicial. Consideramos que es una proscripción, una discriminación y un abuso de poder y que, por lo tanto no debe ser reconocido en su carácter vinculante. No habrá legitimidad ni legalidad democrática en Brasil hasta que la proscripción sea revertida en forma definitiva. Pero lo que está en juego no es solamente la democracia brasileña. Todo el tejido social y político latinoamericano –y acaso también mundial, dado el carácter de jugador global que adquirió el país hermano en las últimas décadas– es el que se estremece ante este nuevo golpe institucional.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/91615-un-episodio-de-gravedad-historica
Criminalizar a la oposición
Por Mario Wainfeld
Imagen: EFE
El cumplimiento estricto de las reglas electorales es condición necesaria (aunque no suficiente) para la existencia de una democracia constitucional. Dicho de otro modo: sin comicios libres y sin proscripciones es imposible hablar de democracia. La decisión de excluir al ex presidente Lula da Silva de las elecciones de octubre a las que llegaba como favorito termina de redefinir al sistema político brasileño.
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Tres camaristas ignotos intentaron cerrar el círculo que otros trazaron. Tenían poder para proscribir a Lula, jamás para resolver su segunda reelección, supeditada a la decisión del pueblo soberano. La sentencia es un ejemplo acabado de la perversa judicialización de la política. Los jueces suplieron al cuerpo electoral, lo privaron de sus derechos.
Lula estará hoy en las tapas de todos los medios del mundo pero ayer se condenó también (acaso principalmente) a millones de personas comunes del país hermano. Tal vez la sentencia se revise o revoque en otras instancias pero el panorama judicial parece sombrío.
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La táctica de criminalizar a la oposición dista de ser una exclusividad brasileña: es compartida por la derecha regional.
El Poder Judicial es uno de los arietes de coaliciones amplias, encabezadas por los poderes económicos concentrados, los medios hegemónicos y la dirigencia política que los acompaña. La delación premiada, los pactos espurios con delincuentes buchones, constituye una de las herramientas predilectas.
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La evidente sincronía de los procesos políticos no autoriza a sindicarlos como idénticos. El presidente Mauricio Macri fue ungido y revalidado en elecciones libres: sus legitimidades de origen y de ejercicio son diferentes (superiores) a las de su colega Temer. Pero en la Argentina también se criminaliza a la oposición, se procura sacarla de la competencia. No vencerla sino excluirla.
A pocos días de asumir, el macrismo ordenó la encarcelación sin condena de la dirigente social Milagro Sala. Lleva dos años de prisión, apenas aliviados por una chirle y tardía decisión de la Corte Suprema de Justicia.
A dos años de gestión, hay una veintena de presos políticos sin condena.
Santiago Maldonado murió en circunstancias atroces, todavía no develadas del todo. Ocurrió en un contexto de una represión salvaje e ilegal, comandada por el Poder Ejecutivo. El homicidio calificado de Rafael Nahuel echa nueva luz sobre la muerte violenta de Santiago, un hilo conductor los liga. Sobran similitudes, minga de casualidad: hay un patrón de conducta. El Gobierno ordenó disparar a mansalva en la misma geografía, en el mismo pseudo conflicto. Hasta ahora no hay ningún represor o instigador procesado. El oficialismo incitó la violencia, la encubrió mientras pudo, la justificó y bancó siempre. La arquetípica traducción institucional fue el ascenso de uno de los gendarmes que persiguió a Maldonado, blandió armas, participó del operativo.
De nuevo: eso no equipara al gobierno con una dictadura genocida pero sí como una democracia imperfecta, en creciente degradación.
En los próximos meses se medirá si la pérdida de calidad institucional se ameseta, se acrecienta, disminuye. En principio, será sencillo hacerlo. Bastará con contar la cantidad de presos políticos sin condena, de manifestantes gravemente heridos en ejercicio del derecho de protesta social, de detenidos al voleo. Ojalá que no haya que lamentar nuevas muertes causadas por el accionar brutal de fuerzas de seguridad, premiadas desde la Casa de Gobierno.
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En aras de una discusión precisa y de precaver chicanas, formulamos dos aclaraciones. La primera es que consideramos que en Venezuela, con otras coordenadas, la calidad democrática también está en caída creciente.
La segunda, más relevante, es que este análisis crítico no incluye la aplicación de programas político– económicos de derecha. Los ajustes, las reformas económicas regresivas o reaccionarias forman parte de las incumbencias de los gobiernos. Oponerse férreamente a ellos no equivale a equipararlos con la ruptura de las reglas del sistema. Hay mecanismos para enfrentarlos, impugnarlos y hasta derogarlos.
Nos centramos en conductas estatales anti sistema, en privaciones crecientes de derechos esenciales. Elegir autoridades o ser electo, ejercer la protesta social, ser libre salvo que medie una condena firme. Vivir, tan luego.
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No hay motivo para someterse a esquemas binarios o simplistas: el presidente en ejercicio Michel Temer no es (hasta hoy) un dictador idéntico a los que asolaron este Sur en la etapa del terrorismo de estado. Pero ya se parece más al ex presidente uruguayo José María Bordaberry (líder de la transición al autoritarismo pleno) que a Lula o Dilma Rousseff cuando ejercieron su cargo. Los debates que vendrán tipificarán ese régimen. La magnitud de su involución está por verse, el cambio cualitativo es indudable.
Lula da Silva y el presidente Evo Morales son ejemplos de ascenso social y político inédito en la región. Dos estadistas que llegaron desde los sectores sociales más castigados. Las presidentas reelectas de Argentina, Brasil y Chile fueron pioneras, elegidas en una etapa democrática. No en tiempos de insurgencia u olor a pólvora.
Esos y otros gobiernos populares y progresistas de la región cumplieron o cumplen con las reglas democráticas. Sus adversarios pudieron (y pueden) organizarse, expresarse, competir en elecciones libres. Hoy en día, fuerzas de signo opuesto quieren revertir dicha “pesada herencia”. Brasil es un caso extremo pero no una excepción. Las campanas doblan por nuestro gran vecino, por Lula, por otros dirigentes, por otros partidos, por los pueblos de otros países.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/91415-criminalizar-a-la-oposicion
