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Leopoldo Santos Ramírez
En Venezuela están ocurriendodos guerras, una económica y la otra política. En ambos campos participan las fuerzas internas de derecha y de la izquierda, pero no solamente ellas, sino, además, fuerzas externas perfectamente ubicadas. La guerra económica es impulsada por la burguesía nativa y las grandes trasnacionales, incluyendo a aliados en el aparato de Estado. Se expresa en una galopante inflación inducida, en las sanciones económicas y comerciales de carácter internacional al Estado venezolano, en el acaparamiento de productos de primera necesidad, pero también en la reducción de la producción de alimentos, lo cual lleva a la pobreza a miles de familias.
Es una guerra en toda la extensión bélica de la palabra: con ataques a la moneda, a los centros de distribución de efectivo, al Internet, con especulación de comestibles y medicinas, lo cual vuelve dramática la existencia para los más vulnerables.
La otra guerra, la política, abarca el campo electoral, pero no solamente, pues incluye a la Asamblea Nacional Constituyente recientemente electa en octubre pasado por más de 8 millones de votantes. Es aquí donde entran todos los actores que tratan de influir en la vida política y social de los venezolanos. En este campo, en condiciones no hegemónicas participan igualmente quienes sostienen la guerra económica, pero con un margen de maniobra disminuido debido a la negativa de la oposición a participar en las elecciones de octubre y de sabotearlas con actos criminales que no parecen tener su correlato en la aplicación estricta del derecho penal venezolano, hasta ahora.
En ambos frentes, el económico y el político, un sujeto social sui géneris ha sido clave para resistir la andanada de golpes a la estructura del Estado y para salvaguardar la cohesión social en medio de la violencia desatada por parte de los extremistas de la oposición antichavista. Este sujeto se constituyó con la creación de los Consejos Comunales, a iniciativa del presidente Chávez. Si bien puede ser cuestionado como un proyecto instrumentado de arriba hacia abajo, su adopción casi inmediata por sectores populares y más adelante por sectores de la clase media lo legitimó.
En términos sencillos, un consejo comunal es un medio de participación ciudadana, un mecanismo de participación popular, cuyo objeto central es que el pueblo ejerza directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos relativos a una determinada comunidad. Está conformado por tres instancias: el banco comunal, una unidad de contraloría social y un órgano ejecutivo con un número variable de voceros. Todos sus integrantes son electos por la asamblea de ciudadanos de la comunidad y en el caso de comunidades indígenas, éstas se organizan según sus costumbres a partir de diez familias. Pero si bien este concepto es fácil de explicar, en la práctica encuentra un obstáculo formidable en las estructuras políticas municipales y estatales que tienen también la función de administrar los presupuestos y proyectos relativos al conjunto de la población.
Vistos desde fuera, parecería que los consejos comunales se encontrarían bloqueados solamente por las autoridades estatales y municipales de la oposición antichavista, pero no es así. Independientemente del partido que administra las demarcaciones, la pugna entre comunas y autoridades municipales y estatales se presenta e intensifica casi por igual. Es decir, y aquí lo interesante del asunto, hay una lucha territorial por el poder entre comunas como organizaciones sociales horizontales y las estructuras tradicionales de la administración del poder como las conocemos los latinoamericanos desde la Colonia. ¿Está allí el nudo que habría que desatar para a su vez liberar las fuerzas sociales que impulsen las transformaciones necesarias a la realidad de América Latina? Parece que los venezolanos están intentando ese camino con aproximadamente 40 mil Consejos Comunales en funcionamiento, con el intento de crear economías alternativas al capitalismo. Regionalmente los consejos muestran desarrollos distintos, así como es la diferencia entre áreas rurales y urbanas, y en los lugares donde tradicionalmente ha dominado la oligarquía nativa. Pero no hay duda de que tanto en lo económico como en lo social los consejos juegan un papel determinante. Tanto así que fueron centrales para impedir que poblaciones enteras agraviadas con la violencia salieran a la calle a enfrentar la provocación de la derecha en octubre. También resultaron eficaces para orientar el voto de los ciudadanos en las pasadas dos elecciones. ¿Cómo desatarán el nudo de la contradicción entre las comunas, en esencia democráticas y populares, y por otra parte las estructuras y demarcaciones políticas tradicionales, por naturaleza excluyentes?
Este es un enigma que solamente la práctica política cotidiana les ayudará a resolver, pero de antemano puede concluirse que, a diferencia de los países donde sus habitantes se han convertido en zombis como en México, Venezuela está viva, remando contra la corriente.
