La reforma agraria y el problema de las tierras sin resolver en Colombia
Históricamente el problema de la tenencia y control de la tierra ha carecido de soluciones efectivas que garanticen la sostenibilidad del campo colombiano
El despojo a manos de los paramilitares y las grandes multinacionales – aliadas en muchos casos con los primeros – que se dedicaron a expandir sus unidades bélicas y productivas
Las voluntades políticas giran en torno a los intereses de grandes multinacionales que mediante mecanismos legales amañados buscan apoderarse de grandes porciones de tierra fértil
Los conflictos territoriales son un asunto histórico de difícil resolución, para hacernos a una idea del problema es necesario recordar la época en que se originaron las disputas por el control y la tenencia de la tierra
Por: Edwin Gutiérrez Barrero
En agosto de 2015 el DANE dio a conocer los resultados del tercer censo nacional agropecuario después de 45 años del último informe realizado en 1970. El estudio revela – entre otros aspectos – el uso del suelo, las características de las unidades productivas, los factores productivos y una caracterización general de los productores agropecuarios y la población rural dispersa del país. Sin duda alguna constituye una herramienta de alto valor para la toma de decisiones tendientes a implementar una reforma agraria eficiente y eficaz ya que hablar de reforma agraria en tiempos de posconflicto es obligatorio como quiera que la propiedad de la tierra ha sido y es un factor determinante del conflicto armado Colombiano. Implica devolverse a momentos históricos que explican el origen, los propósitos que perseguía y el porqué de los fracasos en cada intento de implementación de esta política.
Los conflictos territoriales son un asunto histórico de difícil resolución, para hacernos a una idea del problema es necesario recordar la época en que se originaron las disputas por el control y la tenencia de la tierra.
Durante la conquista española, en el año 1499, se adelantaron una serie de expediciones que pretendían explorar nuevos territorios. 26 años después se fundó Santa Marta, la primera ciudad Colombiana, construida sobre una bahía que facilitaba el arribo de galeones de la Corona que luego zarpaban repletos de riquezas que extraían del territorio perteneciente al pueblo Tayrona considerada la comunidad más avanzada de América durante la época prehispánica pues sus principios y creencias hicieron que desarrollaran técnicas agrícolas y urbanísticas en perfecto equilibrio con el planeta.
El choque cultural que produjo el encuentro entre los conquistadores europeos y esta comunidad inicialmente dio para establecer algunas relaciones cordiales que luego se convirtieron en batallas por el control territorial frente a las tropas de despojadores comandadas por personajes a los cuales se les rinde homenajes durante la conmemoración de la fundación de algunas ciudades en la actualidad.
Los españoles querían aprovechar los recursos disponibles para alcanzar sus propósitos expansionistas y para lograrlo se valieron de las “Capitulaciones de Santa Fe” que consistían en un pacto entre Cristóbal Colon y la realeza cuyo objetivo era apropiarse de las tierras descubiertas para fundar allí poblaciones.
Este modelo puede catalogarse como la primera reforma agraria que existió y transformo una estructura tradicional de propiedad indígena basada en la subsistencia de los pueblos a través de la agricultura en un sistema caracterizado por la presencia de relaciones de poder entre patrones europeos y peones nativos de los territorios descubiertos.
Después de las “capitulaciones de Santa Fe”, aparecieron otra serie de mecanismos para legitimar la propiedad: las “cedulas Reales del Pardo”, “las leyes de Indias” y su libro IV que se ocupaba entre otros asuntos del reparto de tierras, las “cedulas de San Lorenzo e Ildefonso y por último, en 1821, la aparición de los títulos de propiedad y del concepto “baldios” como se le denominaba a aquellos terrenos que carecían de dicho documento que acreditara la propiedad.
100 años después, hacia la década de 1920, muchos campesinos decidieron irse a las ciudades en búsqueda de oportunidades distintas a las que ofrecían los terratenientes o grandes hacendados para suplir la demanda de mano de obra del desarrollo capitalista propiciado por los excedentes del café y la creciente inversión pública.
Dicho fenómeno migratorio traería consigo consecuencias más graves que los mismos problemas de carencia de fuerza de trabajo pues el campo paulatinamente se fue quedando solo; los procesos de tenencia y concentración de la tierra fueron modificados dando pasó a otros fenómenos como el de la colonización de territorios desolados, ocasionados por varias circunstancias de orden social y político, entre los más importantes se destaca que los campesinos que trabajaban en las grandes haciendas de los latifundistas o los que tenían pequeñas parcelas en arrendamiento no participaron de los beneficios que trajo consigo el desarrollo y la modernización capitalista pues no poseían tierras, y por tanto no podían establecer monocultivos como el café que aseguraban los mayores ingresos.
Con el comienzo de la violencia partidista en 1948 también empezó a generarse el desplazamiento de las comunidades rurales hacia las zonas urbanas, dicho fenómeno obligo al gobierno de turno a implementar una ley que reactivara la economía que se había visto afectada por el surgimiento del conflicto armado y de paso detuviera la ola de invasiones a propiedades privadas.
La ley de reforma social agraria pretendía dotar de tierras a los campesinos despojados o sin títulos de propiedad, incluirlos dentro del aparato productivo nacional y proveerlos de servicios sociales para garantizar su permanencia en el campo.
Fue en el año de 1961 que Carlos Lleras Restrepo sanciono la ley 135 de reforma agraria con un enfoque reformista que buscaba darle fin a la violencia de los años 50 y dar paso al desarrollo rural. Para dar viabilidad a la ley, fue creado el INCORA y el IDEMA, dos institutos de carácter público que tenían como misión implementar y ejecutar la reforma agraria.
Entre sus funciones estaban la compra y titulación de predios a campesinos despojados o sin propiedad y la creación de factores propicios para el buen uso y aprovechamiento de la tierra, también la regulación de mercados y fijación de precios, la creación de grandes cadenas productivas y comerciales para el mercadeo de los productos agropecuarios, la importación de faltantes de producción y en general todas aquellas condiciones que garantizaran la sostenibilidad y productividad de las explotaciones campesinas conocidas como unidades agrícolas familiares.
Como era de esperarse, los intentos por consolidar la reforma fracasaron, problemas tan graves como la corrupción y la desidia administrativa volvieron ineficientes los organismos recién creados. El INCORA, por ejemplo, era un organismo con excesiva carga burocrática producto del clientelismo político, la corrupción era un fenómeno demasiado común por aquella época (en la actualidad aún más) y la ineficiencia de este “elefante” gubernamental terminó por enterrar una reforma que nunca alcanzo los objetivos trazados a causa de múltiples factores, entre los más graves, los que acabo de citar y el interés de los grandes terratenientes en que no se restituyera ni se otorgara tierra a pequeños productores que llevaban muchos años trabajando el campo.
Históricamente el problema de la tenencia y control de la tierra ha carecido de soluciones efectivas que garanticen la sostenibilidad del campo colombiano, las voluntades políticas giran en torno a los intereses de grandes multinacionales que mediante mecanismos legales amañados buscan apoderarse de grandes porciones de tierra fértil para establecer allí monocultivos o extraer minerales, una modalidad agrícola y extractiva lesiva y peligrosa para la seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades tanto rurales como urbanas.
Esto sin mencionar que en Colombia se ha venido dando algo a lo que los teóricos llaman reconfiguración cooptada del estado que se da cuando grupos al margen de la ley y demás actores violentos inciden en la política local de poblaciones en todo el territorio nacional para poner los aparatos gubernamentales al servicio de intereses oscuros, entre estos el despojo de tierras y por ende el desplazamiento forzado.
En este caso es necesario mencionar el despojo a manos de los paramilitares y las grandes multinacionales – aliadas en muchos casos con los primeros – que se dedicaron a expandir sus unidades bélicas y productivas en muchos territorios y corredores estratégicos despojando de sus propiedades a campesinos y colonos asentados durante muchos años allí.
Casos como el de multinacionales petroleras, mineras y agroindustriales al igual que de grupos paramilitares aún se repiten en nuestro país, basta con dar una mirada a varias zonas en las que se desarrollan monocultivos de caña de azúcar y alcohol carburante, palma de aceite, banano, café, etc. Y a grandes yacimientos de petróleo o minas de diversos minerales, entre estos el oro, este último reviste gran importancia al momento de explicar muchos conflictos dentro de las regiones pues su extracción se lleva a cabo de manera artesanal, legal, ilegal y a gran escala lo que origina diversos fenómenos sociales que trae implícitos la minería al momento de llegar a las comunidades a desarrollar sus actividades.
http://www.las2orillas.co/la-reforma-agraria-problema-las-tierras-sin-resolver-colombia/
