Reforma tributaria: crónica de una crisis anunciada
Illimani Patiño Giraldo, Medellín
Mientras la atención del país se avoca hacia los acuerdos de paz y su refrendación, el gabinete de tecnócratas santistas, y en especial el Ministro Mauricio Cárdenas, alistan una nueva reforma tributaria con la intención de, según ellos, sanear el déficit fiscal de más de 24 billones de pesos, causado por el descenso en los ingresos de las rentas petroleras, una crónica que se repite por tercera vez en el actual gobierno, pero en la cual se añade un componente especial: la mayoría de variables macroeconómicas de los últimos años arrojan un resultado negativo para el país, en otras palabras ¡Estamos ad portas de una crisis!
Y es que la nueva reforma no estará diseñada para resolver los problemas estructurales de los impuestos en Colombia, caracterizados por ser inequitativos, indirectos y regresivos. Al contrario, planea ser desarrollada como un “tapahuecos” coyuntural, resultado del derroche presupuestal de los años de bonanza, en donde, para colmo de males, se ahondó en el modelo económico extractivista, benefactor de los grandes capitales extranjeros pero que desprotegió la producción agrícola e industrial nacional, al mejor estilo de la enfermedad holandesa.
Las cifras lo confirman: reducción en 34.9% de las exportaciones en el último año, inflación del 8.1% acumulada (la más alta de los últimos 10 años), aumento en las importaciones de alimentos (ya vamos por 12 millones de toneladas anuales), todo esto resumido en un doble déficit: en la cuenta corriente por un lado (salen más dólares de los que entran) y el ya mencionado déficit fiscal, resultado de una economía dependiente de los precios internacionales de materias primas y no de la generación de dinámica económica y formación de capital de índole interna, con industria, manufactura y tecnología a la cabeza. Es decir, no producimos lo que deberíamos producir y ese déficit lo cubrimos con deuda, entonces el problema a resolver en este caso deja de ser coyuntural, y pasa a ser estructural. Si antes pensábamos en proteger a los “huevitos”, ahora matamos a la gallina.
La nueva reforma tributaria transfiriere los costos de la crisis a quienes más la han padecido: la clase media y los más pobres (71% del nuevo recaudo provendrá de aumento en impuestos indirectos) quienes tendrán que cargar con el aumento del IVA del 16% al 19%, la aplicación de IVA a los productos de la canasta familiar, la aplicación de este impuesto a los libros y la inclusión de más de 2 millones de colombianos a declarar y pagar impuesto de renta, propuestas congruentes con las recomendaciones de la OCDE, el BID y el FMI, pero lesivas para los intereses de nuestro país. Además de esto, la propuesta de reforma plantea la eliminación del CREE, dejando a la deriva la financiación de instituciones como el SENA y el ICBF. El empresariado colombiano tampoco se beneficia, mientras se mantienen las exenciones fiscales a quienes se lucran con la especulación, incluyendo a los grandes capitales foráneos.
Resulta paradójico encontrar que antes de la presentación de esta reforma, se anuncie el préstamo de 11 mil millones de dólares por parte del FMI, que agravaría la condición de dependencia de capital externo y cuyo pago es el principal rubro de inversión del gasto público nacional (54.3 billones para 2017). Con todo esto, queda claro que esta reforma sigue la senda de las políticas que causan la crisis, y cuya solución requiere un viraje total en la política económica, en el entendido que tanto quiere negar la tecnocracia colombiana: los problemas económicos tienen soluciones políticas.
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