La criminalización del pensamiento
La Jornada
Pensar trae consecuencias. Su ejercicio no ha sido una facultad bien vista. Hoy está en peligro de extinción. Resulta significativo que entre los crímenes de lesa humanidad figure la persecución ideológica y política. Desde el castigo bíblico hasta nuestros días, la acción de pensar se castiga. Dos esferas de la realidad política son las más afectadas. La educación y el periodismo. En ambas, sus representantes son objeto de las iras del poder institucional y la violencia. Las universidades, en tiempos de dictaduras militares o cívico-militares, sufren las consecuencias de la criminalización del pensamiento. Maestros y profesores han sido perseguidos y asesinados. Durante la segunda República en España se expulsó a miles de las aulas del magisterio y qué decir del México actual. En cuanto al periodismo, se mata directamente al mensajero. El más reciente informe de la Federación Latinoamericana de Periodistas destaca que sólo en México, durante 2015, fueron ultimados 14 informadores. La lista es larga. Honduras presentó 10 casos, Brasil ocho, Colombia cinco y Guatemala tres. Al mismo tiempo, la Federación Internacional de Periodistas apunta que de 1990 a 2015 se contabilizaron 2 mil 297 asesinatos de comunicadores. En esa lista vuelve a destacar México con 120 casos, Rusia reporta 109 y Brasil 62.
Todos los días nos enteramos, por los medios de información, de las arbitrariedades del poder político a la hora de criminalizar cualquier opinión discrepante. Sobre todo si en ella se vierten críticas al orden social, a la violación de los derechos humanos y a las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado. Basta con que la policía emita informes imputando a organizaciones, personas o movimientos sociales de propagar ideologías disolventes para que sus dirigentes sean detenidos, investigados y encarcelados. Asimismo, cualquiera puede levantar falso testimonio y lograr credibilidad cuando la acusación deriva en el ámbito del pensamiento y las ideas.
Si en los siglos XIX y XX el apelativo de terrorista recayó en los movimientos anarquistas y anarcosindicalistas, extendiéndose a socialistas y comunistas, en pleno siglo XXI se han roto dichas fronteras ideológicas. Ya no asistiremos a un montaje judicial para justificar la persecución ideológica. No hace falta encubrir el motivo. Abiertamente se imputa al políticamente incorrecto la condición de antisistema. Basta recordar el reciente caso del cómico alemán Jan Böhmermann, acusado de injurias por el presidente de Turquía, Recep Erdogan, al haber escrito un poema satírico. Lo peor no es la acusación, sino el consentimiento de Angela Merkel, canciller de Alemania, de facilitar la apertura de un proceso judicial por injurias. En la persecución del pensamiento no hay fronteras. En una sociedad de ciegos, el tuerto no es el rey, está preso.
En la sociedad occidental, democrática y civilizada se criminaliza la crítica y el pensamiento se tilda de subversivo y antisistémico. Adjetivos que predisponen al uso de la violencia y la razón de Estado para su represión. En Colombia, la Escuela Nacional Sindical entregó un estudio detallado a congresistas estadunidenses subrayando que entre el 7 de abril de 2011 y el 31 de marzo de 2015 habían perdido la vida en atentados 105 militantes pertenecientes a diferentes sindicatos. Asimismo, la Confederación Sindical Internacional, en su informe anual sobre los derechos sindicales en el mundo, denuncia que fueron asesinados 101 trabajadores por ejercer actividades del gremio. De esos 101 asesinatos casi la mitad, 48, se registraron en Colombia, 16 en Guatemala, 12 en Honduras, seis en México, seis en Bangladesh, cuatro en Brasil, tres en República Dominicana, tres en Filipinas, uno en India, otro en Irak y uno más en Nigeria. Dicho texto no considera las amenazas e intentos fallidos de ejecuciones.
El miedo y la violencia, al igual que la autocensura, se apoderan de quienes emiten opiniones contrarias al poder dominante. Desde los atentados a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, el fantasma del terrorismo se convirtió en excusa para controlar la crítica política y el ejercicio de la libertad de expresión. En el saco del terrorismo se incorporan todo tipo de acciones y pensamientos. La vara de medir está bajo mínimos. Cuando más democracia y libertades se dicen reconocer, más se reprime la facultad de pensar. Ya no se diferencia entre pensamiento crítico y terrorismo. El poder no distingue y, lo que es peor, no quiere ejercer dicha distinción.
La crítica teórica y la reflexión han sido materialmente despreciadas, su praxis se condena, constituyen una amenaza. El poder político se siente propietario de las formas de pensar y actuar. Quienes practican la noble actividad de pensar a contracorriente, militantes políticos, sindicales, deportistas, científicos, periodistas, escritores, actores, artistas plásticos, grupos musicales, etcétera, son objeto de escarnio y presiones. Existe una guerra declarada al pensamiento en todas las dimensiones de la vida social.
El ejercicio crítico de pensar subvierte el orden y cuestiona el statu quo. Personas y medios que lo impulsan son atacados por el poder. Las medidas aplicadas van de la censura a la clausura de medios de prensa, programas de radio y televisión. Todo es bienvenido si con ello se acallan las voces discordantes. Hoy, los servicios de inteligencia y los aparatos de seguridad del Estado realizan la búsqueda de irredentos. Intervienen correos electrónicos, teléfonos móviles, graban en aulas de clase, restaurantes y centros comerciales. Ningún espacio público está exento de vigilancia. El pensamiento crítico debe ser controlado en corto. Quienes lo denuncian son objetivo militar y político. Es el caso de Julián Assange, fundador de Wikileaks, quien pidió asilo a la República de Ecuador por temor a ser extraditado a Estados Unidos, bajo acusaciones falsas de violación. Lleva recluido desde el 19 de junio de 2012 en la embajada de Ecuador en Londres. Otro ejemplo es el de Edward Snowden, ex empleado de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, quien hizo públicos los programas de vigilancia masiva a escala mundial desarrollados por la SNA y la CIA. Perseguido y acusado de criminal, se exilió en Rusia, donde reside actualmente. Su vida está en peligro.
Las guerras del siglo XXI amplían el espectro de los genocidios civilizatorios. Tecnologías de muerte. Drones y armamento de última generación se utilizan para acallar voces e imponer valores imperiales. Pensar se ha convertido en delito, su ejercicio se ha criminalizado y sus defensores han sido condenados.
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/07/opinion/018a1mun
