PARAMILITARISMO HOY: RASGOS COMUNES ENTRE ANTIGUAS Y NUEVAS ESTRUCTURAS
La presente columna se centrará en tres aspectos que buscan demostrar algunos rasgos comunes entre las antiguas estructuras paramilitares y los actuales grupos post-desmovilización, responsables de una gran parte de la violencia sociopolítica que se presenta actualmente, especialmente amenazas y desplazamiento forzado por motivos relacionados con liderazgos sociales y políticos.
Camilo Andrés Galindo
Fuente de la imagen: www.las2orillas.co
En días recientes ha vuelto a cobrar importancia el debate acerca del carácter paramilitar o no de los grupos armados que el Gobierno nacional ha denominado Bandas Criminales Emergentes (Bacrim) mientras algunos organismos de derechos humanos han llamado grupos post-desmovilización. El aumento de las amenazas contra líderes sociales y políticos a manos de estas estructuras, así como las demostraciones de un fuerte control territorial en la costa Caribe, Antioquia y Chocó, son situaciones que ameritan una definición clara del carácter y los alcances de estos grupos, más aun, cuando la lucha contra el paramilitarismo es un tema esencial dentro del punto de fin del conflicto de la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).
En el marco de este debate, la presente columna se centrará en tres aspectos que buscan demostrar algunos rasgos comunes entre las antiguas estructuras paramilitares y los actuales grupos post-desmovilización, responsables de una gran parte de la violencia sociopolítica que se presenta actualmente, especialmente amenazas y desplazamiento forzado por motivos relacionados con liderazgos sociales y políticos.
El primer aspecto que nos permite identificar la continuidad entre grupos paramilitares y los grupos post-desmovilización es que su relación con el Estado persiste. En primer lugar, porque los nexos con la fuerza pública siguen presentándose en diversas zonas del país. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló en su informe 2012 que “la capacidad de estos grupos armados para corromper e intimidar ha debilitado mucho la respuesta del Estado en muchas zonas rurales y urbanas marginadas y ha afectado a ámbitos como las autoridades locales, la policía, los militares y la justicia penal. La acción de las autoridades civiles locales en contra de estos grupos es escasa”1.
En segundo lugar, siguiendo la línea argumentativa expuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia “Pueblo Bello vs. Colombia”, el Estado no solo es responsable por las acciones paramilitares en razón a su origen legal, sino que se encuentra obligado a “adoptar medidas de prevención y protección2” cuando tenga “conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y […] posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo”3. En el caso de los nuevos grupos paramilitares, el Estado ha sido informado por múltiples organismos sobre su accionar y el riesgo que corren poblaciones y víctimas en las zonas donde operan estas estructuras. La OACNUDH ha sido reiterativa en sus informes anuales, desde 2007 hasta 2015 al respecto.
En tercer lugar, la responsabilidad estatal se configura porque los nuevos grupos, al igual que las AUC, presentan una fuerte filtración en la esfera política. En las elecciones regionales de 2007 se pudo establecer que, a pesar de que las antiguas estructuras se habían desmovilizado, cinco partidos políticos investigados por sus nexos con grupos paramilitares avalaron 27.000 candidatos a corporaciones regionales, de un total de 86.000 personas que se presentaron a la contienda electoral4.
Para las elecciones locales de 2011 la influencia de los nuevos grupos persistió. La Corporación Nuevo Arco Iris pudo determinar que en zonas como la región caribe “Los Urabeños”, “Los Rastrojos”, y las “Águilas negras” apoyaron diferentes candidatos, dependiendo del departamento; esta situación también se presentó en el Valle y Antioquia. Adicionalmente, en nueve de los 32 departamentos se estableció que al menos dos de los candidatos a cada gobernación habían sido aliados de políticos judicializados por sus nexos con los antiguos grupos paramilitares5.
En las elecciones locales de 2015, la Misión de Observación Electoral estableció que el riesgo electoral por causa de grupos armados post-desmovilización para los municipios de riesgo alto pasó de 71 identificados en 2011 a 129 en 2015, es decir, un aumento de 82%. Así mismo, determinó que “de los 32 departamentos del país, cinco se encuentran directamente impactados por esta alerta, por tener más del 90% de municipios en riesgo, estos son en su orden Arauca, Caquetá, Guaviare, Cauca y Chocó”6.
Un segundo aspecto es el control territorial y la presencia estable por parte de los grupos post-desmovilización. Desde los primeros informes de la Misión de Acompañamiento al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), se visibilizó que las nuevas estructuras estaban haciendo presencia en las zonas antes ocupadas por las AUC. Ante esto, voceros del Gobierno nacional señalaron que, si bien es cierto tal recopamiento militar, esta es una característica común de los procesos de negociación política, pero no es prueba por sí sola de la continuidad del fenómeno paramilitar7.
Como respuesta a esta objeción es pertinente señalar que, si bien es cierto que los procesos de negociación con grupos armados implican algún grado de rearme o aparición de nuevos actores armados, lo ocurrido con los grupos post-desmovilización es diferente, en tanto estos respondían directamente a mandos paramilitares encarcelados o prófugos que continuaban con el control de zonas históricamente bajo su poder. La MAPP/OEA rastreó que durante los primeros años de la transición entre las AUC y las nuevas bandas, el mando de estas últimas recayó en antiguos líderes paramilitares. En departamentos como Meta, Casanare y otras zonas de los llanos orientales las nuevas estructuras respondían al mando de comandantes como Vicente Castaño, Ever Veloza (alias “H.H.”), alias “Cuchillo”, alias “Don Mario” y alias “Martín Llanos”8.
Así mismo, en otras regiones, la dirigencia de los nuevos grupos quedó a cargo de mandos medios de las antiguas AUC, quienes, dada su poca visibilidad política durante el proceso de negociación, lograron mantenerse en la clandestinidad y realizar alianzas con traficantes de drogas ilícitas para fortalecer su presencia regional y sus finanzas. Esta dinámica se presentó con mayor fuerza en los departamentos de Putumayo y Nariño, la costa pacífica colombiana, y la región de Urabá9.
Un tercer aspecto que permite sustentar que el fenómeno paramilitar en Colombia no ha cesado es que el accionar de los nuevos grupos genera procesos de victimización similares a los ocurridos bajo la presencia de las AUC. Primero, porque el ataque a sectores sociales considerados como enemigos por parte de los antiguos grupos continúa por parte de los nuevos, es decir, los objetivos militares siguen siendo los mismos: líderes campesinos y étnicos, sindicalistas, y defensoras/es de derechos humanos. Y, segundo, porque las modalidades de ejercer la violencia son similares: homicidios selectivos motivados en sus roles de liderazgo, y amenazas por la supuesta militancia de las víctimas en los grupos guerrilleros o por ser un obstáculo para proyectos de desarrollo económico.
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1OACNUDH, “Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, A/ HRC/22/17/Add.3, 7 de enero de 2013, párr. 87.
2Corte IDH, Caso de la masacre de Pueblo bello vs. Colombia. sentencia de 31 de enero de 2006. Serie c no. 140.
3Ibíd.
4Comisión Colombiana de juristas, Ibíd., p. 87.
5Corporación Nuevo Arco Iris, Ibíd., p. 99.
6Misión de Observación Electoral, Mapas y Factores de riesgo Electoral. Elecciones de autoridades locales Colombia 2015, Bogotá, Colombia, 2015, p. 26, enhttp://moe.org.co/home/doc/Observatorio/Mapas%20de%20Riesgo%20electoral%202015.pdf
7Fundación Ideas para la Paz, “Narcotráfico: Génesis de los paramilitares y herencia de bandas criminales”, Bogotá, Colombia, enero de 2013, p. 20.
8MAPP/OEA, Noveno informe trimestral del Secretario general al Consejo permanente sobre la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, OEA/Ser.GCP/doc. 4237/07, 3 de julio de 2007. Y décimo informe trimestral del Secretario general al Consejo permanente sobre la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, OEA/Ser.GCP/doc. 4249/07, 31 de octubre de 2007, p. 3.
9Comisión Colombiana de juristas, Ibíd. p. 95.
http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/paramilitarismo-hoy-rasgos-comunes-entre-antiguas-y-nuevas-estructuras?category_id=138
“El paramilitarismo sigue vivo”
Semana.com
En entrevista con Semana.com el padre Javier Giraldo expuso las conclusiones del informe anual sobre derechos humanos elaborado por el Centro de Investigaciones y Estudios Populares, CINEP.
El padre Giraldo, que lleva más de 30 años trabajando con la comunidad jesuita en la defensa de los derechos humanos en Urabá, recientemente fue señalado por el expresidente Álvaro Uribe como colaborador de las FARC. A pesar de que cuenta con el apoyo de toda la comunidad jesuita del país, después de las declaraciones de Uribe aparecieron grafitis en Bogotá en su contra y han aumentado las amenazas. Habló en exclusiva con Semana.com.
Semana.com: ¿Cuáles son los principales hallazgos del informe que acaba de presentar el CINEP sobre Derechos Humanos?
Padre Javier Giraldo: En el informe evidenciamos el peso del paramilitarismo en las violaciones de los derechos humanos y en las agresiones a los defensores de derechos humanos. El año pasado hubo 1.889 violaciones a los derechos humanos por persecución política, abuso de autoridad e intolerancia social, lo cual implica amenazas, atentados, desapariciones, torturas y violencia sexual, entre otros delitos. La mitad de esas violaciones fueron cometidas por ‘paras’, lo cual evidencia que –contrario a lo que se afirma—el paramilitarismo en Colombia sigue vivo.
Semana.com: ¿Cómo han cambiado las lógicas de actuación paramilitar en los últimos años?
P. J. G.: En los años anteriores los paramilitares trabajaban de manera más articulada con el Ejército, la Policía y otros agentes del Estado, pero ahora tienen mayor peso propio. No quiere decir que los paramilitares sean autónomos porque precisamente la palabra “paramilitar” se diferencia de las Bacrim en eso, en que su cercanía a algunas fuerzas del Estado hace que no se puedan remitir al campo de la delincuencia común. Nuestro informe evidencia que no es cierto que las Bacrim hayan desplazado a los paramilitares, sino que estos siguen vivos. El lenguaje de la mayoría de amenazas a defensores de derechos humanos es el que han usado los paramilitares toda la vida: contrainsurgente, anticomunista, de respaldo al statu quo y la fuerza pública, de apoyo a las empresas multinacionales. ¿Por qué una banda criminal habría de legitimar a la Fuerza Pública? Las amenazas a los líderes sociales provienen de paramilitares con ideología política que ahora, a diferencia de años anteriores, no defienden al Gobierno.
Semana.com: ¿La relación de los paramilitares con las élites locales ha cambiado o sigue siendo la misma?
P. J. G.: Creo que no ha cambiado y sigue siendo la misma. En Urabá, por ejemplo, siguen siendo muy fuertes los bananeros y ahora hay empresas mineras que quieren entrar a la región. Que apoyan a los paras, es vox populi. Incluso se dice que la Chiquita Brands, que había aportado miles de fusiles para los paramilitares en el pasado y fue sancionada en Estados Unidos, tiene representantes en la región a través de pequeñas empresas. La complicidad del sector minero con los paras, siempre ha sido evidente.
Semana.com: ¿Cuál es el papel de los paramilitares en el proceso de restitución de tierras?
P. J. G.: Es un papel muy activo, uno ve en el Urabá muchos reclamantes de tierras muy amenazados. Una de las líderes principales, Carmen Palencia, tuvo que salir. El 9 de abril, día de las víctimas, hubo un homenaje en Apartadó realizado por el Tribunal Superior de Antioquia y ella no pudo estar. Algunas organizaciones están asesorando a los reclamantes y también las han amenazado. En el pasado hubo mucho despojo de tierras por parte de los paramilitares, ahora hay rumores de que los mismos paramilitares quieren reconquistar esas tierras por medio de testaferros o por víctimas que son cooptadas por ellos para argumentar que nunca fueron despojadas.
Semana.com: Usted argumenta que Bogotá es la zona más afectada por los paramilitares. ¿Por qué?
P. J. G.: En Bogotá la cifra de crímenes paramilitares es muy grande. Sobre todo en la zona del sur donde hay muchos desplazados y refugiados internos: en Soacha, Bosa, Ciudad Bolívar, han resultado muchísimos grupos de asesinos donde se hacen matanzas en series, sistemáticas. Zonas cercanas, como Facatativá, también están dominadas por paramilitares encargados de limpieza y exterminio de activistas. Los más damnificados son los defensores de defensores: personas que se encargan de asesorar a quienes defienden los derechos humanos o el medio ambiente.
Semana.com: ¿Paramilitarismo en la ciudad?
P. J. G.: Sabemos que desde el gobierno anterior, cuando estaba de vicepresidente Francisco Santos, hubo unas negociaciones con líderes paramilitares de nivel nacional para que crearan el Bloque Capital. Eso fue público, tanto que creo que a Francisco Santos le han abierto un proceso en la Fiscalía por eso. Desde esa época se viene organizando el paramilitarismo en la ciudad y se vienen desarrollando y fortaleciendo ese tipo de actividades paramilitares.
Semana.com: ¿Cuáles son las perspectivas del paramilitarismo con la firma de la paz?
P. J. G.: El paramilitarismo en este momento es un problema muy serio para las negociaciones de paz porque el gobierno durante varios años en la mesa de La Habana se ha dedicado a decir que eso ya no existe, que los paramilitares se desmovilizaron y que lo que existe son bandas criminales privadas y de delincuencia común. Pero, el paramilitarismo, no solo sigue siendo un problema, sino que está creciendo de una manera muy preocupante y precisamente está creciendo en la perspectiva de los acuerdos de paz. En zonas donde se sabe o se sospecha que van a haber puntos de concentración de la guerrilla, ahí está muy activado el paramilitarismo. Es como una especie de control de territorios. Los paras dicen: si aquí van a venir los de las FARC a hacer política, les cerramos el paso de una vez.
Semana.com: ¿Que solución tiene el tema?
P. J. G.: La única solución es que haya una decisión política del Gobierno, y del Estado, de evitar la convivencia entre paramilitares y fuerza pública. Los paramilitares deben ser perseguidos, y cualquier actuación conjunta con el Ejército y la Policía, debe ser castigada.
Semana.com: el informe incluye datos sobre la violencia contra defensores de medio ambiente
P. J. G.: Sí, particularmente contra aquellos líderes sociales que cuestionan mega proyectos que destruyen el medio ambiente. Por ejemplo, en Cajamarca van como 5 asesinatos de los líderes que están defendiendo el medio ambiente contra la minería de La Colosa. En Marmato, Caldas, el mismo párroco fue asesinado por tomar posición en contra de la destrucción del poblado por parte de Colombia Gold. Los líderes ambientales de Santurbán, en Santander; los del Quimbo, en el Huila; y los de Buenaventura, han sido asesinados. Estos últimos, en casas de pique. Todas las formas de resistencia frente a la destrucción de medio ambiente son hoy en Colombia un blanco de amenazas, asesinatos o desapariciones.
Semana.com, Bogotá.
http://www.polodemocratico.net/noticias/nacionales/10218-el-paramilitarismo-sigue-vivo
