Atención a la desnutrición no da espera al posacuerdo
No se puede ‘guajirizar’ la problemática en torno al hambre y la malnutrición, porque esta mapea todo el país y es el resultado de deudas sociales acumuladas que deben atenderse antes del posacuerdo de paz.
Agencia de Noticias UN-
Las deficiencias de micronutrientes (hambre oculta) la sufren en poblaciones de la costa y zonas afro e indígenas.
‘La forma de pago’ no son solo medidas tendientes a garantizarles comida en cantidad a los niños con falencias nutricionales y a sus familias, sino a formas que proscriban la inequidad, a partir de alternativas integrales de intervención.
Así lo conceptúa la directora del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia, Sara Eloisa Del Castillo, durante el “Ciclo de conferencias sobre alimentación para el posconflicto”, organizado por la U.N.
“Se están dejando fuera de la agenda problemáticas muy profundas que, pese a una eventual firma, pueden resultar muy difíciles de superar por parte del Gobierno y sus instituciones”, afirma.
Año tras año, el país reporta un crecimiento del PIB, e incluso la disminución de la pobreza multidimensional. No obstante, los 4.470 niños y niñas fallecidos en el país durante los últimos ocho años –según cifras dadas a conocer recientemente por la Procuraduría- así como los 37 mil menores en condición de desnutrición para 2014, según datos de la Defensoría del Pueblo, ponen de manifiesto una paradoja de marginalidad social en medio de la riqueza.
En efecto, según el DANE, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional -medición más integral que la pobreza monetaria, pues va más allá del ingreso y tiene en cuenta factores como la escolaridad, salud, empleo y acceso a servicios- disminuyó 1,7 puntos porcentuales en el país, pues pasó de 21,9 % en 2014 a 20,2 % el año pasado.
Sin embargo, en zonas como La Guajira, se continúan registrando muertes de infantes; las últimas, las de dos niños wayú de 10 y 2 años, en clínicas de Barranquilla, a comienzos de febrero pasado, por neumonía y anemia –respectivamente-, asociadas a la vulnerabilidad nutricional.
Solo en este departamento, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha identificado 900 casos de menores con desnutrición aguda y severa en los últimos dos años, tras una evaluación en 1.500 rancherías.
Según la docente, los programas de asistencia alimentaria no han funcionado en el país, y el componente estructural se resuelve con el ataque a la falta de empleo, la insalubridad y la superación de la pobreza.
Tal paradoja tiene su respuesta en tres razones fundamentales: una concentración de los recursos, una distribución inequitativa persistente de los mismos y la corrupción.
Al Estado, sostiene la profesora Sara Eloisa del Castillo, le faltan controles, monitoreo y seguimiento, en torno al andamiaje de la seguridad alimentaria de los niños, independientemente de la forma en que lo tenga que hacer.
Asimismo, explica que, en el caso del Programa de Alimentación Escolar, el Estado se ha desentendido en la medida que considera suficiente la descentralización, poniendo a los entes territoriales y a sus gobernantes locales como titulares de una responsabilidad estatal.
Al hacer un escaner en todo el territorio desde 2010, el país registra que la situación de inseguridad alimentaria alcanza el 42,7 %, y en zonas como la costa del Pacífico, el Caribe y en algunas áreas con población indígena y afro, esta inseguridad supera el 60 % en todos los niveles: leve, moderada y severa.
Hasta 2010, según la encuesta de situación nutricional, los departamentos con mayores índices de inseguridad alimentaria fueron Nariño (67.7%), Chocó (64.2%), Sucre (62.9%), Bolívar (61.7%) y Magdalena (61.4%).
Por: FIN/HV/MLA/JAAH)N.° 560
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