Con engaños, gobierno Santos promueve quiebra de las licoreras colombianas, denuncia senador Robledo
Proyecto de ley busca la ruina de la industria licorera nacional; no es cierto que Colombia discrimine entre licores nacionales e importados; gobierno les concede a las transnacionales rebaja de impuestos y supresión del monopolio de licores protegido por la Constitución; Santos y sus ministros Cárdenas y Correa se ponen del lado de las transnacionales en detrimento del trabajo y la producción colombiana, denuncia el congresista del Polo.
El senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo, afirmó que la quiebra de la industria licorera en el país es otra pésima decisión del presidente Santos. Es un atropello despojar a los departamentos del aporte de sus industrias licoreras para la salud. Hay que rechazar la falsa moral de las transnacionales de los licores que actúan contra la producción y el trabajo nacional, precisó.
Explicó que el proyecto de ley 152 de 2015, que busca la quiebra de la industria licorera nacional, está siendo promovido con falsos argumentos por parte de los importadores de licores extranjeros, la Unión Europea y Estados Unidos. Ese proyecto de ley, de autoría de los ministros Mauricio Cárdenas y Cecilia Álvarez Correa, viola el artículo 336 de la Constitución que establece el monopolio rentístico de licores con el objeto de financiar la salud y la educación, señaló el congresista del Polo.
Uno de los engaños consiste, precisó Robledo, en decir que los licores foráneos pagan más impuestos que los nacionales, razón por la cual Colombia estaría violando el principio de Trato Nacional y no discriminación acordado en el TLC con la Unión Europea y EE.UU. El actual sistema impositivo no discrimina entre nacionales e importados, sino que grava en función al grado de alcohol de cada licor. Los que superan los 35º, sin importar su origen, pagan más porque su daño a la salud es mayor. Como el 99% de los licores extranjeros supera ese límite, las compañías gringas y europeas presionan para que se les rebajen los impuestos y se suprima de facto el monopolio rentístico de licores, lo que terminará en la ruina de la industria y la pérdida de miles de empleos e ingresos fiscales para los departamentos.
Es muy grave que el gobierno nacional se ponga del lado de las compañías extranjeras aunque no se esté violando el principio del Trato Nacional, se quejó Robledo. Al respecto, puntualizó, la jurisprudencia del Consejo de Estado dice: “Las tarifas son progresivas para todas las bebidas alcohólicas con rangos de porcentajes de acuerdo con el grado de alcohol, independientemente de la procedencia o tipo de producto”. Y agrega: “El hecho de que en el país existan o no bebidas alcohólicas con un grado superior (a 35°) es un argumento circunstancial que no afecta la legalidad de la tarifa”. (Sentencia 2001-00123, Sep.16.10).
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