La marcha blanca de vendedores en el espacio público
Allan Enrique Bolivar Lobato
Miles de vendedores salieron a la calle de la capital el 29 de febrero para protestar en contra de las medidas represivas adoptadas en su contra desde el inicio de la administración de Enrique Peñalosa. Decomiso, multas y encarcelamientos son algunos de los ingredientes de la estrategia del Alcalde para “recuperar” –a nombre de todos los habitantes de la ciudad– el espacio público, disfrutado de forma inequitativa por los ciudadanos de la capital. Derecho al trabajo, a la vida, la alimentación, salud, educación (entre otros) vs. Espacio publico. En pugna por su sobrevivencia resisten miles de trabajadores independientes y precarios de la capital. Mientras aquí aprieta, en el otro espacio público, el de los humedales y zonas verdes, cede ante los empresarias de la construcción.
El 29 de febrero Bogotá amaneció refrescada con aires de protesta. Desde cuatro puntos distintos de la ciudad partieron alrededor de 18.000 personas hacia la Plaza de Bolívar, sede de la alcaldía de la ciudad, en una concurrida marcha que tapizó de rostros populares, vestidos de blanco, y arengas reivindicativas por el derecho al trabajo y al pan algunas de sus calles más importantes. Inmensa población: según datos del Instituto para la Economía Social (Ipes) hasta junio del 2015 estaban censados en Bogotá 47.800 vendedores informales; las localidades de Suba con 1.494, y la de Chapinero con 2.284, es donde existe mayor concentración de los mismos.
La masiva concurrencia no era casual. Miles de quienes tienen que rebuscarse por cuenta propia, disimulando el desempleo y la precariedad laboral que reina en el país, sin ingresos seguros ni seguridad laboral ni seguridad social alguna, están cansados que por orden del nuevo alcalde de la ciudad –que le cumple así a los grandes comerciantes que lo financiaron– la policía no los deje ofrecer sus mercancías con tranquilidad.
Su paso fue constante, y sus voces fuertes. Una y otra vez gritaron su rechazo a las pretensiones del alcalde Peñalosa, la cual los excluye, desconociendo el derecho que todo ciudadano colombiano tiene para ganarse la vida de forma honrada, mucho más cuando el Estado no supera su incapacidad para ofrecer condiciones mínimas para la sobrevivencia de miles de familias de escasos recursos.
Según sus organizadores, esta marcha es la primera jornada multitudinaria a partir de las cuales exigen un diálogo abierto y franco al Alcalde. Por su lado el mandatario capitalino sigue insistiendo ante los medios de comunicación en que lo realizado cada día por los vendedores ambulantes es una “invasión del espacio público”, lo cual deforma e impide que Bogotá sea la ciudad que él sueña: una pulcra capital, desprovista de pobres, ojalá proscritos a la lejana periferia capitalina.
Tal vez en sus noches de insomnio, en las cuales suma los beneficios que recibe por los negocios derivados de cada una de las medidas que toma en beneficio de los más ricos de la ciudad, el Alcalde, habitante consuetudinario de ciudades gringas y europeas, olvida que en estas tierras del Divino Niño y del Sagrado Corazón de Jesús, ni el pan, ni el techo, educación o salud, han sido garantizados por el Estado, siquiera en los mínimos necesarios para conservar la dignidad de sus ciudadanos, por lo cual la urbe desde hace décadas, terminó por ahogarse chapoteando entre los legamos del neoliberalismo.
Algo que muchos no alcanzan a comprender. Cuando millones de ciudadanos han sido abandonados a su suerte por parte del Estado, al azar de las escasas posibilidades de encontrar compradores para su fuerza de trabajo poco calificada, sigue siendo legitimo, tal y como lo sostuvieron los vendedores, ocupar el espacio para ganar los recursos que les permita sobrevivir en esta selva de cemento.
El problema es complejo, los vendedores desarrollan un tipo de trabajo precario pero las condiciones socioeconómicas de muchos distan de serlo, es cierto. Además de esto en diversas zonas de la ciudad algunos tienen que pagar alquiler a parceladores de andenes para que les permitan trabajar. Sin embargo no son todos, ni siquiera la mayoría como pregona el Alcalde; mucho menos puede predicarse que los ambulantes sean los sujetos infractores, dúctiles, maleables, sin consciencia, que devela el imaginario de Peñalosa por cuenta de sus intervenciones. Son hombres, mujeres, jóvenes, padres de familia, líderes barriales, estudiantes, subvalorados ciudadanos, ponderados por la abusiva métrica de lo que entorpecen y no por aquella con que contempla lo que aportan a la sociedad.
Han prometido los vendedores callejeros una larga lucha, un prolongado pulso que puede ir calentándose ante las persistencia del poder local por negar, ignorar, despreciarlos como ciudadanos que bregan en las calles para sobrevivir, pero que deben ser reconocidos como acreedores de plenos derechos al igual que cualquier ciudadano de vestido o alpargatas en este país. Así lo entendieron instancias jurídicas cuando fallaron tutelas a favor de vendedores ambulantes, quienes a pesar del crujir de dientes de la administración distrital, retornarán con sus carros y chazas a repoblar el espacio público de la capital para seguir ganando su sustento.
Poco les falla la memoria a los vendedores. Aún lcargan nítidas en sus cerebros y retinas el recuerdo de las persecuciones, golpes, encarcelamientos, multas y decomisos que sufrieron durante la primera administración de Enrique Peñalosa ¬–1997-2000–, pero en esta oportunidad están dispuestos a defenderse, y para ello están mejor organizados y dispuestos a desplegar acciones de mayor contundencia. Siguen dispuestos a hablar, llaman al Alcalde a la creación de una mesa de concertación que permita construir soluciones entre todos, que el Distrito renuncie a la imposición unilateral de la voluntad del burgomaestre apoyada en los gases y el bolillo de sus perros del Esmad.
La larga maracha blanca ya empezó...
http://www.desdeabajo.info/colombia/item/28281-la-marcha-blanca-de-vendedores-en-el-espacio-publico.html
GRANDIOSA ASAMBLEA DISTRITAL
A la asamblea de los vendedores ambulantes que colmó el auditorio de la sede sur de la ADE el pasado 15 de febrero, concurrieron, el representante a la Cámara por la Alianza Verde, Inti Asprilla, los concejales Manuel Sarmiento y Hollman Morris. El edil de la localidad Antonio Nariño Víctor, la Edilesa de Engativá Lilia Avella y el profesor de la universidad Nacional de Colombia Cesar Giraldo.
Los representantes de los sectores políticos de izquierda expresaron que acompañarán la justa lucha de los trabajadores informales de la capital de la República, al tiempo que desde ya exigieron soluciones dignas por parte de la administración distrital a la problemática laboral de este vulnerable sector social, el cese de la represión policial y la instalación de una mesa de concertación.
EL AMBULANTE, ÓRGANO DE EXPRESIÓN DEL COMITÉ DISTRITAL DE VENDEDORES AMBULANTES
circula sin licencia Valor $500= Responsable: Comisión de Prensa y Propaganda
EL QUE CORRE PIERDE. TODOS A DEFENDER EL SITIO DE TRABAJO DE LA AGRESIÓN PEÑALOSISTA
La venta popular en el espacio público es una actividad social y económica que conforme a lo dispuesto en el Artículo 116 del Código Nacional de Policía (Decreto 1355 de 1970) debe ser reglamentada por las normas locales de policía. La falta de reglamentación NO LAS HACE ILICITAS, siempre que se trate de venta o prestación de servicios lícitos.
Ha sido tanta la estigmatización de los medios de comunicación y de las autoridades tipo Peñaloza y Mockus, que el vendedor ambulante, estacionario o semi- estacionario piensa que su actividad puede ser objeto de persecución y por ello cuando ve un camión de la policía sale a correr abandonado su sitio de trabajo pues quedarse allí le significa la persecución de los uniformados, el decomiso de sus mercancías y elementos de trabajo e incluso hasta la detención.
La condición necesaria para que la venta ambulante finalmente sea reconocida, respetada y reglamentada por las autoridades es la presencia de los vendedores en sus sitios de trabajo, en valiente defensa de su derecho al trabajo,
Por lo antes dicho hacemos un urgente llamado a todos los vendedores y vendedoras informales de Bogotá, para que permanezcan en resistencia civil en sus puestos de trabajo, no debemos correr, que corran los delincuentes, nosotros somos trabajadores, no nos pueden detener por el simple hecho de estar vendiendo productos lícitos en el espacio público; la retención y decomiso de mercancías son ilegales e inconstitucionales tal como lo dicen las sentencias judiciales. Aprestémonos junto con todas las organizaciones y dirigentes del sector a las movilizaciones pacíficas y a las acciones jurídicas que adelantaremos en forma unificada en defensa de nuestro sagrado derecho al trabajo y a mínimo vital.
DECOMISO DE MERCANCÍAS Y DETENCIONES SON INCONSTITUCIONALES
El artículo 213 del Código Nacional de Policía dispone que los Alcaldes o quien haga sus veces puede imponer el decomiso:
1o) De elementos tales como puñales, cachiporras, manoplas, caucheras, ganzúas y otros similares.
2o) De tiquetes o boletas para espectáculos cuando se pretenda venderlos por precio superior al autorizado.
3o) De bebidas, comestibles y víveres en mal estado de conservación, sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar.
PERO NO AUTORIZA EL DECOMISO DE LAS MERCANCÍAS LICITAS DE LOS VENDEDORES Y VENDEDORAS INFORMALES.
En sentencia C-790 de 2002, la Corte Constitucional definió el poder de policía como la facultad de hacer la ley policiva mediante la expedición de normas jurídicas objetivas de carácter general e impersonal dictadas por el órgano representativo con el fin de limitar los derechos individuales en función del bienestar general. Entonces, es el Congreso de la República quien principio expide las normas policivas dentro de los límites de la Constitución, sin embargo las asambleas y los concejos distritales, de una manera residual y subsidiaria, dentro de los límites de la Constitución y la Ley, pueden dictar normas de policía dentro de su ámbito territorial.
La Corte Constitucional al estudiar la legalidad de los numerales 12 y 13 del artículo 164 del acuerdo 079 de 2003 (Código de policía de Bogotá), advierte que como el único que puede crear medidas correctivas es el Congreso de la República, estos numerales al consagrar como medidas correctivas la retención de bienes y el decomiso de bienes están contrariando el principio de reserva de ley y en consecuencia vulneran la Constitución y es por esta es una de las razones por las que en Bogotá NO SE PUEDEN DECOMISAR NUESTRAS MERCANCÍAS Y ELEMENTOS DE TRABAJO LÍCITOS.
En nuestro país solo pueden ser detenidas las personas por orden de autoridad competente, esto es una orden judicial y por tal razón la retención o detención que hacen las autoridades de policía a quienes se desempeñan como vendedores informales es abiertamente ilegal, es de recordar que en el numeral sexto de la sentencia T-772 de 2003 nuestra Honorable Corte Constitucional dispuso: ORDENAR al Comandante del Grupo de Espacio Público de la Policía Metropolitana de Bogotá que adopte todas las medidas necesarias para asegurar que, a partir de la notificación de esta sentencia, los agentes uniformados de policía que desarrollan operativos de recuperación del espacio público se abstengan de aplicar la medida de retención transitoria a quienes se desempeñan en el comercio informal, sin que existan motivos claros, razonables y objetivos que la justifiquen, adicionales al hecho de ejercer el comercio informal, de conformidad con las pautas precisadas por la jurisprudencia constitucional y con plena observancia del debido proceso.
NUESTRO PLIEGO DE PETICIONES
La asamblea distrital de vendedores informales celebrada el 15 de febrero en el auditorio de la Asociación Distrital de Educadores APROBÓ presentar un PLIEGO DE PETICIONES al alcalde mayor, doctor ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO con dos puntos:
1. SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LOS OPERATIVOS DE DESALOJO DE VENDEDORES Y VENDODARAS INFORMALES Y CESE DEL DECOMISO DE MERCANCÍAS Y ELEMENTOS DE TRABAJO
2. INSTALACIÓN DE UNA MESA DISTRITAL DE CONCERTACIÓN.
Estas dos justísimas peticiones cuentan con la aprobación de todos los vendedores ambulantes, estacionarios, semi—estacionarios, y del transporte público de la ciudad y se fundamentan en nuestro ordenamiento constitucional que el señor alcalde dice acatar.
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE NUESTRO PLIEGO
La suspensión de los operativos policiales y la persecución a los vendedores informales
La Honorable Corte Constitucional en reiteradas sentencias de tutela a ordenado a los alcaldes que antes de desalojar a los vendedores informales deben garantizar efectivamente políticas, programas y proyectos que amparen a este sector vulnerable de la población.
Esta administración debe cumplir las ordenes de la Corte y por ello debe suspender en forma inmediata los injustos e inconstitucionales desalojos tal como lo han reiterado y lo seguirán reiterando los viejos y nuevos fallos de tutela.
INSTALACIÓN DE UNA MESA DISTRITAL DE CONCERTACIÓN
La participación de los afectados en la elaboración de una política pública, es una condición que efectivamente ha sido establecida por la jurisprudencia como un elemento fundamental que permite que la misma esté acorde con los postulados constitucionales.
Los procesos de decisión, elaboración, implementación y evaluación de la política pública deben permitir la participación democrática. En tal sentido, la jurisprudencia ha considerado inaceptable constitucionalmente que exista un plan “‘que no abra espacios de participación para las diferentes etapas del plan’, o “que sí brinde espacios, pero éstos sean inocuos y sólo prevean una participación intrascendente. Una de las manifestaciones del principio democrático son los derechos de participación, cuya importancia radica en que “…las posiciones derivadas de los derechos fundamentales democráticos atribuyen al ciudadano un poder jurídico para obtener del Estado y del Derecho la modificación de una situación jurídica, como reacción a su conducta participativa.
LOS PUNTOS CENTRALES QUE SE DEBEN DISCUTIR EN LA MESA DE CONCERTACIÓN:
1. GARANTÍAS.
1.1. Garantías para el pleno respeto a los Derechos Humanos de los vendedores informales.
1.2. Equiparar la población de vendedores informales con otro tipo de poblaciones vulnerables (desplazados, mujer, niñez, entre otros), para que de igual manera se implementen programas que los beneficie directamente, bajo los criterios de discriminación positiva.
2. Política Pública
2.1. A nivel Político Administrativo (instituciones y normas)
2.2.1. En desarrollo del estado social de derecho reconocer y reglamentar el oficio de los vendedores informales conforme a la recomendación 204 de la O.I.T.. de 2015.
2.2.2. Estudiar y analizar la normatividad distrital vigente y en especial el Acuerdo 079 de 2003 (Código de Policía), el articulado del Decreto 456 (Octubre de 2013) y la resolución 234 de 2014 (DADEP), para modificarlos, reglamentarlos o derogarlos en lo pertinente a la relación entre espacio público y ventas informales.
2.2.3. Presentar un proyecto de acuerdo de iniciativa del Gobierno Distrital, al Concejo de Bogotá, concertado con los vendedores ambulantes para modificar la estructura, las funciones y los alcances del IPES.
2.2.4. Modificar transitoriamente, en consonancia con el punto anterior, la conformación de la Junta Directiva del IPES, garantizando una mayor participación democrática de los representantes de los vendedores ambulantes y reintegrar al DADEP en dicha Junta.
2.2.5. Realizar el Censo Distrital de Vendedores Informales en compañía de las organizaciones.
2.2.6. Vincular de manera efectiva y concertada a los integrantes del sector en los programas desarrollados por la Administración.
2.2.7. Crear una sub dirección en el IDPAC conformada de manera mixta entre los profesionales de apoyo y líderes de las organizaciones de vendedores informales que trabajen todos los temas de organización y participación.
2.2. A nivel Fiscal, Financiero y Presupuestal:
2.2.1. Crear un mecanismo fiscal que distribuya los beneficios que obtienen las grandes empresas nacionales y multinacionales que comercializan sus productos a través de las ventas ambulantes en el espacio público.
2.2.2. Retomar la propuesta de crear el Banco de la Economía Popular.
2.2.3. Por directiva del nivel central se apropien recursos en los planes de Desarrollo Local para programas y proyectos de vendedores informales.
2.2.4. Establecer mecanismos para la elaboración y desarrollo de Presupuestos Participativos para el sector.
2.3. A nivel Territorial:
2.3.1. Regulación del espacio público con base en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
3. OTRAS:
3.1. Vinculación de mano de obra calificada o no calificada, extraída del sector informal, en las obras o acciones que emprenda la Administración.
3.2. Creación de la red de comercialización de bienes y servicios vinculando al sector.
3.3. Vincular a los hijos de los vendedores a un sistema de subsidio Distrital y otorgarles cupos en la Universidad Distrital.
El 17 de marzo habrá paro nacional
Las centrales obreras fijaron para el próximo 17 de marzo la realización de un paro nacional de 24 horas, esto en rechazo a las últimas decisiones económicas del Gobierno Nacional.
El Paro Nacional que convocan las organizaciones sindicales será pacifico, pluralista y democrático y busca mediante un pliego de peticiones: el incremento del salario mínimo, la reducción de los aportes de los pensionados a la salud del 12% al 4%, la disminución de los precios de los combustibles, congelación de los productos de la canasta familiar, cumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos firmados con las organizaciones campesinas y camioneros, el rechazo a la venta de Isagén y la condena a la corrupción en Reficar, así como un no rotundo a una reforma tributaria que lesione a los sectores populares. Para la movilización ya confirmaron su participación las centrales obreras CGT, CUT y algunos sectores como las dignidades agropecuarias, los camioneros, los estudiantes, Fecode, etc.
Los vendedores ambulantes, estacionarios, semi-estacionarios y del transporte publico, como trabajadores que somos PARTICIPAREMOS ACTIVAMENTE EN EL PARO NACIONAL para que también nuestras peticiones sean escuchadas.
Alfredo Manchola Rojas
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