El patrullero que se le rebeló a las injusticias de la Policía
Rubén Darío Rozo tiene a la institución encima por atreverse a publicar videos rodeado de uniformados encapuchados
Por: Karla Arcila
Hasta el 6 de noviembre, Rubén Darío Rozo fue patrullero de la subestación de policía del corregimiento La Dolores, de Palmira. Un uniformado de esos que andan en moto persiguiendo delincuentes y velando por la seguridad de la zona. Ahora está en la puerta del complejo de la Policía Valle, en la calle 1 con carrera 21, en el norte de Cali, haciendo requisas en turnos de ocho horas. Sus compañeros lo miran raro, le voltean la cara, tampoco lo saludan por temor a que los relacionen con él y los más osados lo felicitan a espaldas de los oficiales y en voz baja. Todo por cuenta de los videos que subió a YouTube, los que en pocas horas alcanzaron miles de visitas y donde aparece rodeado de policías encapuchados portando el uniforme y él, a la cabeza, denunciando las irregularidades que se cansó de aguantar.
De don José Santiago Rozo, un agente de la Policía que murió de viejo, Rubén Darío heredó el don del servicio y el amor por la institución, de la cual dice, se lo ha dado todo. Soñaba con seguir los pasos de su papá y ser un notable oficial, sin embargo, no lo ha logrado por la propia institución que no se parece a la policía de los tiempos de su papá. No ha llegado ni a subcomisario, grado que se alcanza sólo cuatro años después de ingresar según la norma que entró en vigencia en 1995. Diez y nueve años y siete meses después, desde que se hizo miembro de la policía, y sigue siendo un patrullero. Han pasado casi veinte años de su carrera y sigue en el mismo grado, el más bajo del nivel ejecutivo de la policía, con el mismo sueldo, $1.250.000 y, pese a que está casado y tiene hijos, no recibe ninguno de los beneficios que los oficiales sí.
De los oficiales, que son aquellos que pueden llegar a ser Generales (Subteniente, Teniente, Capitán, Mayor, Teniente Coronel, Coronel, Brigadier General, Mayor General, Teniente General y General) el que menos gana es el Subteniente, que recién salido de la escuela recibe $1.550.000. Cuando un oficial se casa le dan un subsidio del 30% por la esposa, cuando tiene un hijo, le aumentan un 5% y 4% adicional por cada hijo siguiente. El subsidio de vivienda de los patrulleros es de 34 millones de pesos, mientras que el de los oficiales es de 78 millones.
A los oficiales se les paga la prima de vuelo, una prestación que reciben quienes pilotean las aeronaves policiales, representada en un 20% más del sueldo y cuando cumplen tres mil horas de vuelo la incrementan al 30%. No tienen el mismo beneficio los tripulantes que los acompañan como fusileros y los de mantenimiento, que pese a que corren el mismo riesgo, están expuestos a la misma altitud y velocidad no reciben nada porque en su mayoría los que ejercen esa labor son patrulleros de la policía, que no son ungidos con dichas ventajas.
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El curso de Rozo duró un año, intentó hacer el de los oficiales, que dura tres, pero no fue aceptado en la Escuela de Cadetes de la Policía Francisco de Paula Santander, donde dice que sólo los hijos de los altos mandos o con buenas amistades logran acceder porque no encuentra méritos para ser rechazado, al contrario, en el 2010 fue postulado como el mejor policía del Valle por su operatividad. Capturas por diferentes delitos, incautaciones de armas y de alucinógenos predominan en su hoja de vida. Antes de regresar a su tierra natal-Es de Tuluá- a Rozo le tocó duro en el departamento de Casanare. Durante cuatro años, entre el año 98 y el 2002, sorteó con valentía los hostigamientos de la guerrilla y se salvó, de puro milagro, de ser carne de cañón de las FARC, cuyos blancos predilectos eran los uniformados. Ha recorrido todas las estaciones del departamento, incluso algunas de las más difíciles como Buenaventura, con sus bandas criminales alborotadas, y Cartago, con la herencia del cartel del norte del Valle.
Al patrullero en los tiempos de vacas flacas no le alcanza ni para comer, hasta le ha tocado acostarse con el estómago vacío, pero ha aprendido a embolatar el hambre con buñuelo y café. Su esposa, Luz Marina Rodríguez, vende zapatos, sin su ayuda sería imposible subsistir con dos hijos de 4 y 13 años de edad. La policía le da un subsidio de estudio para ellos de $25.000 por cabeza, cuando el colegio de la Policía con transporte incluido le sale a $150.000 por estudiante.
Sin la ayuda de su esposa, Luz Marina Rodríguez, sería imposible subsistir con dos hijos de 4 y 13 años de edad.
Rubén Darío Rozo tiene por delante tres semestres para concluir su carrera de abogado en la Universidad Cooperativa de Colombia. Cuenta pues con las herramientas para defenderse de la presión de la institución por haber publicado las denuncias. Y lo está haciendo de la investigación disciplinaria que le abrieron y se prepara para otra penal que le han anunciado llegará por los presuntos delitos de amenazas, injuria y utilización ilegal de uniformes.
La solicitud de suspensión del cargo no se ha materializado como anunció la Policía porque Rozo tomó medidas. Recusó al capitán Rubén Darío Gaitán Camela, Jefe de la Oficina de Control Interno de la Policía Valle, encargado de su investigación por no haberse declarado impedido frente a las presiones que ha recibido de su superior, el comandante encargado de la Policía en el departamento, Javier Martín Gámez.
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El patrullero se prepara para los tiempos difíciles que se anuncian y espera que la investigación disciplinaria la asuma la Procuraduría para garantizarle el debido proceso. De lo contrario está seguro, terminará destituido. Si llegara a ocurrir piensa vender su casa de Tuluá para concluir sus estudios y trabajar como asistente jurídico hasta que tenga su tarjeta profesional. Trabajo no le faltará para defender a sus propios compañeros inconformes.
La institución quiere cobrarle caro su rebelión contra las situaciones que él y muchos en la institución consideran francamente injustas y que quiere subsanar con sus denuncias. Según él hay 158 mil uniformados en circunstancias similares desde que en 1995 entraron en vigencia las normas sobre el régimen salarial del personal de la Fuerza Pública y la asignación de retiro que obliga a muchos, quienes cumpliendo el tiempo requerido, de dos décadas, deben costear cuantiosas cuentas de abogado para pelear la salida. A Rozo le ha salido caro cantarle la tabla a sus superiores para que se cumpla el decreto 0991 expedido por el Presidente en el 2007 y en el que dejaron por fuera a los patrulleros, quienes por miedo guardan silencio o no dan la cara como los encapuchados del video que se expresan a través de una pancarta que dice “Gobierno Santos enemigo de la Fuerza Pública”
Twitter: @karlaarcila
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