Nueva prueba en contra de Álvaro Uribe por la masacre de El Aro2
Una nueva prueba en contra del Senador Álvaro Uribe por los hechos relacionados con la masacre de El Aro, obligó a la fiscalía a solicitar a la Corte Suprema de Justicia que estudie la viabilidad de abrir una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe.
La prueba se fundamente en la declaración de un desmovilizado del bloque Calima de las Autodefensas identificado como Albeiro Usuga Graciano alias Robinson. En las declaraciones el desmovilizado asegura que el expresidente y su hermano Santiago Uribe tendrían relación directa con la masacre de El Aro en 1997.
Un Fiscal de justicia y Paz obtuvo la declaración en octubre de este año y se suma a otras que hace dos meses desataron una polémica por parte el Centro democrático que señaló la decisión de persecución política.
El fiscal remitió las declaraciones a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y será allí donde definan si habrá o no contra el expresidente una nueva investigación.
Cometimos la masacre de El Aro por rescatar a Mario Uribe: Francisco Villalba3
Mario uribe
La tormenta desatada por la decisión del Tribunal Superior de Medellín que ratificó la orden de expedir copias para investigar la actuación de Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia en relación con los hechos que rodearon la masacre de El Aro, ha provocado que salgan a la luz las declaraciones de los testigos y paramilitares implicados en los hechos ocurridos entre el 24 y 31 de octubre de 1997 en el municipio de Ituango.
Tal es el caso del testimonio ofrecido en el 2008 por el paramilitar Francisco Villalba ante la Comisión de Acusación, en su versión el paramilitar que fue asesinado en el municipio de La Estrella Antioquia en el 2009, involucró al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe y aseguró que esa masacre terminó ejecutándose cuando los paramilitares a su mando intentaban rescatar al primo del gobernador, Mario Uribe, que había sido secuestrado por la guerrilla.
Noticias Uno buscó la declaración del paramilitar que no fue muy difundida por los medios de aquel entonces.
Francisco Villalba Hernández, alias ‘Cristián Barreto’, también declaró que la aeronave “amarilla”, de la Gobernación de Antioquia, sobrevoló la zona y ante la inquietud que le generó esa presencia, dijo que se comunicó con Carlos Castaño para verificar: “él me dijo que andaban dos señores de la Cruz Roja y el Gobernador”.
Tras conocer la decisión del Tribunal Superior de Medellín el senador Álvaro Uribe Vélez cuestionó las decisiones de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín y acusó al magistrado Pinilla Cogollo de dicho tribunal.
“El magistrado Pinilla Cogollo, miembro de juventudes subversivas, me condena sin oírme, por razones electorales. Se declaró mi enemigo desde joven”, señaló Uribe quien además dijo, “seguramente si me hubiera reunido con paramilitares habríamos acabado con la guerrilla, pero no; siempre actué bajo la legalidad”, agregó.
El senador desmintió los hechos por los que se le acusa en el pronunciamiento del Tribunal a través del magistrado Pinilla Cogollo, entre los que figuran la masacre de El Aro y la Operación Orión.
“Lo que pasa es que estamos a pocos días de elecciones y el editorial de ese magistrado en el que me condena es el reflejo de los intereses políticos a pocos días de las elecciones”, afirmó el senador
Con toda tranquilidad y a sabiendas de que nada se interpondría entre ellos y la matanza, los paramilitares cazaron y torturaron a sus 17 víctimas, quemaron 42 de las 60 viviendas del pequeño caserío y se robaron 1.200 reses que pasaron por varias veredas y por la Troncal de Occidente pese a que para la fecha, el Ejército y la Policía ya estaban enterados de lo sucedido.
“Miembros del Ejército tenían conocimiento del hurto y traslado del ganado e incluso impusieron un toque de queda a la población en Puerto Valdivia, cerrando los negocios comerciales nocturnos”… para evacuar las reses, por plena vía pública y sin testigos, los militares también se lucraron del robo, “pues dispusieron de unos semovientes para su consumo interno”, señaló el informe de la CIDH.
De acuerdo con la Comisión y el fallo judicial, el teniente Bolaños, con informaciones falsas suministradas a funcionarios de la Gobernación sobre el origen y el destino del ganado, habría facilitado el tránsito.
“El ganado provenía de fincas entre Puerto Valdivia y El Aro, las cuales quedaron sin ningún animal… Fue montado en camiones y trasladado a Caucasia”, dictaminó la CIDH. El paramilitar Villaba Hernández dijo que el destino final fue un predio de Salvatore Mancuso, ubicado entre Montería y Tierralta (Córdoba).
Además de los asesinatos y el saqueo, los paramilitres desplazaron a 702 habitantes.
Por las difíciles condiciones topográficas, los hombres de las AUC debieron recibir apoyo, ya que se les estaban agotando las municiones y pertrechos de guerra, por tal motivo cobra especial importancia el tema de los helicópteros que fueron avistados por los sobrevivientes que huían del lugar, pues sin ellos el abastecimiento no hubiera sido posible. Sin embargo, no hay consenso sobre cuántas naves sobrevolaron la zona de la masacre durante la operación paramilitar.
Según Salvatore Mancuso, él mismo, en su helicóptero, apoyó a sus hombres por orden de Castaño, según su versión, no fue la única aeronave en la zona. “No fueron dos helicópteros en el área, como dicen, hubo cuatro helicópteros”, precisó ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz en enero de 2007.
Masacre de los paramilitares en El Aro, Ituango, Antioquia. (1997) Foto: Jesús Abad Colorado
En el área de operaciones se observaron tres helicópteros más: uno al servicio de las Farc, otro del Ejército y uno más de la Gobernación de Antioquia. Según Mancuso, la aeronave de la guerrilla recogió en la zona al comandante Iván Márquez, quien en ese momento lideraba una facción insurgente con presencia en el Urabá antioqueño.
Un funcionario de la Alcaldía de Ituango que prefirió mantenerse en el anonimato , supo que uno de sus superiores, el secretario de Gobierno local, Alberto Calle Gallo, quien fue asesinado 11 años después de la masacre, se comunicó con El Aro el sábado 25, pero alguien en la otra línea le dijo que todo estaba bien, que llamara al día siguiente.
El funcionario repitió la llamada la noche del domingo y antes de que le quitaran el teléfono, la recepcionista le alcanzó a informar de la muerte de cuatro personas. El funcionario pidió ayuda de inmediato a la Gobernación, en donde le dijeron que iban a realizar una reunión secreta el miércoles 29 de octubre para analizar la situación de El Aro. Posteriormente llamó a la base militar del corregimiento Santa Rita y luego al Batallón Girardot, donde le respondieron que debido a la escasez de tropa, toda destinada para la vigilancia de las elecciones para alcalde y concejo del domingo 26, el contingente más cercano se demoraría tres días en llegar a pie.
El teniente Carlos Emilio Gañán Sánchez, comandante de la Policía en Ituango, le dijo a la Fiscalía que poco pudo hacer para proteger a los habitantes de El Aro, pues tenía la orden de no enviar a ninguno de sus hombres a la zona rural, debido a la situación de orden público del momento.
Por la masacre del Aro se produjeron tres sentencias, proferidas en un solo fallo el 22 de abril de 2002, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Antioquia: contra Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso Gómez, condenados a 40 años de prisión, como determinadores del homicidio agravado, desplazamiento forzado, y del hurto calificado y agravado.
Carlos Castaño no cumplió la condena pues fue asesinado en abril de 2004. Y a Salvatore Mancuso, el gobierno de Uribe lo extraditó en mayo de 2008 para que fuera juzgado primero por el delito de exportación de cocaína a Estados Unidos.
La otra condena, a 33 años y cuatro meses de prisión, recayó sobre Francisco Enrique Villalba Hernández, conocido en las filas de las AUC como Cristian Barreto quien, movido por sus culpas, se entregó a la Fiscalía casi cuatro meses después de la masacre.
La justicia sólo abrió investigación penal a dos militares: al teniente del Ejército Everardo Bolaños Galindo y al cabo primero Germán Alzate. A ambos, la Procuraduría General los destituyó y sancionó disciplinariamente por haber “colaborado y facilitado”, con conocimiento de causa, la incursión paramilitar.
El 10 de agosto de 2001 la Procuraduría archivó la investigación disciplinaria contra el general Carlos Alberto Ospina Ovalle, comandante de la IV Brigada para la época, y luego hizo lo mismo en el proceso al que estaba vinculado el teniente coronel Germán Morantes Hernández, ex comandante del Batallón Girardot, con jurisdicción en el norte de Antioquia.
En el 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, condenó al Estado colombiano a pagar una indemnización de 3.400 millones de pesos a favor de los 123 familiares de las víctimas de El Aro. También le ordenó que les rindiera un homenaje público y que persiguiera a quienes tuvieron responsabilidad en los hechos.
Según la CIDH, quedó demostrada la responsabilidad del Estado, por acción y omisión, en especial, en la violación “a los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad privada, la circulación y la residencia”.
La Declaración de Villalva contra Uribe por la masacre del Aro sólo llegó a manos de un investigador
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